¿Demasiadas renovables o demasiado caras?

El Gobierno pone coto a nuevos proyectos de energías limpias para evitar burbujas especulativas - Las pequeñas empresas creen que los grandes grupos han ganado la partida

La mitad de la electricidad que se produce en España procede de fuentes que prácticamente no existían hace una década: molinos de viento, centrales que queman gas e instalaciones de cogeneración (producen calor y electricidad a la vez). Más aún: el pasado año, la quinta parte de la producción neta de electricidad (20,5%, de acuerdo con las cifras del Instituto de Diversificación y Ahorro Energético) fue limpia. Como entre 1995 y 2008, en un país que carece de combustibles fósiles, la demanda eléctrica creció un 90%, el resultado puede calificarse de espectacular. Las energías renovables, y especialmente la energía eólica, están detrás de ese cambio que ha llamado incluso la atención de la nueva Administración estadounidense. Pero, ¿a qué precio se paga el éxito?

En euros, las renovables costaron a todos los usuarios en 2008 más de 3.300 millones de euros en primas. Los datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) especifican que 1.144 millones fueron a la energía eólica, 968 millones a la solar, 716 millones a la cogeneración y el resto a la hidráulica, la biomasa y el tratamiento de residuos. Un reparto polémico. La razón es que dos tecnologías, la eólica y la fotovoltaica, se llevan dos tercios. Pero una, la eólica, produce mucho más que la otra. En 2008, los molinos de viento (16.549 megavatios de potencia instalada) cubrieron aproximadamente el 11% de la demanda, con puntas de producción de hasta el 30% (11.200 megavatios, según datos de Red Eléctrica). La energía solar fotovoltaica, con 3.120 megavatios de potencia instalada en 2008, seis veces más que en 2007, tiene como horizonte lejano alcanzar una producción del 1%.

La conclusión a la que ha llegado el Ministerio de Industria es que en determinadas tecnologías se ha creado una burbuja especulativa insostenible, con crecimientos de hasta el 450% anual como sucedió en el negocio fotovoltaico hace un año. Y hay que cortar por lo sano. En septiembre pasado, Industria revisó el pago de primas en el sector de la energía solar y este mismo mes, con un real decreto ley que ha sido convalidado en el Congreso con el apoyo de PSOE, CiU y PNV, ha decidido sujetar las riendas con más firmeza aún. Todos los proyectos de energías renovables tendrán que inscribirse en un registro y probar con documentos que cuentan con permisos, financiación (al menos del 50% del proyecto) y con los equipos necesarios antes de solicitar apoyos.

El resumen de la situación, desde el punto de vista del Gobierno, está recogido en el decreto aprobado. Según el texto de la norma, la tendencia que siguen las tecnologías renovables "podría poner en riesgo, en el corto plazo, la sostenibilidad del sistema, tanto desde el punto de vista económico por su impacto en la tarifa eléctrica como desde el punto de vista técnico". Traducido, el párrafo quiere decir que el Gobierno cree que determinadas tecnologías encarecen el recibo de la luz, fomentan la especulación y dificultan la circulación de la energía por la red eléctrica.

¿Tiene razón el Gobierno? Sólo en parte. Porque la mayor parte del déficit entre ingresos y gastos del sistema eléctrico (16.000 millones de euros) se debe a dos hechos que discurrieron en paralelo: mientras el precio del petróleo pasó de 20 a 147 dólares en cinco años (de 2003 a 2008), el recibo de la luz se rebajó un 26% de 2000 a 2004. Y desde entonces, creció al ritmo de la inflación.

Javier García Breva, director general de Solynova Energía, ex director del IDAE y ex diputado socialista, cuestiona la decisión de Industria por "incoherente". Representante de una de las 1.300 empresas que trabajan en el sector de la energía solar, cree que las renovables en general, y la energía fotovoltaica en particular, no son actividades económicamente sospechosas. "En la tarifa eléctrica", sostiene García Breva, "hay cargas, desde impuestos autonómicos, a la gestión de residuos nucleares", que han contribuido a descompensar el sistema más que las renovables. "El Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía", prosigue, "jamás han reconocido que consumir renovables sea beneficioso para el país". Más aún, precisa, "pese al aparente esfuerzo realizado, en 2003 el consumo de energía primaria [término estadístico que contabiliza la energía antes de su transformación] cubierto con renovables llegó al 7% y hoy sólo llega al 7,6%". Conclusión: hay que invertir más, apoyando a todas las tecnologías y no sólo a aquellas que, probadas y con éxito, están siendo desarrolladas por grandes grupos empresariales.

Porque los números cantan. Según un estudio realizado por Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica (AEE) -en la que se integran los señores de los molinos, como Iberdrola o Endesa-, una vez hecha la cuenta de primas cobradas (950 millones), toneladas de gases de efecto invernadero no emitidas (20 millones), importaciones de petróleo no realizadas (500 millones de toneladas equivalentes de petróleo, tep) y exportaciones logradas (2.500 millones), el negocio se puede calificar de redondo.

Son datos más que interesantes para un país con un déficit comercial de 94.000 millones de euros (año 2008), de los cuales el 47% corresponde a importaciones de gas y de petróleo. Y más que importantes si se tiene en cuenta que España depende en un 80% del exterior para su abastecimiento de energía y es el país europeo que más se aleja del cumplimiento de los compromisos del Protocolo de Kioto.

"Lo mismo que tenemos un mix de generación de electricidad diversificado [nucleares, centrales térmicas y renovables]", dice García Breva, "habría que apostar por una cesta de renovables también diversificada". Aunque no lo dice, el directivo de Solynova Energía desliza así una idea más que asentada entre las empresas -1.300 según los registros- que tratan de hacer negocio con la energía solar: que los grandes grupos (Iberdrola, Acciona, Endesa, Abengoa...) han logrado llevar el agua a su molino en Industria, cortando las expectativas de los que tratan de ir por libre.

El consejero delegado de Iberdrola Renovables, Xavier Viteri, no comparte esta idea. En su opinión, el real decreto aprobado por el Gobierno, con la obligación de registro previo de proyectos de renovables, "garantiza el crecimiento ordenado del sector" y el derecho a la retribución "de aquellas empresas que hayan hecho bien las cosas y que tengan idea de persistir".

En opinión de Viteri, está fuera de toda duda que tiene que haber apoyo a las renovables. Porque lo contrario sería suicida. Viteri conoce al dedillo las tesis del economista Nicholas Stern en el estudio que realizó en 2006 para el Reino Unido. Stern defendía la necesidad de invertir el equivalente al 1% del PIB mundial para mitigar los efectos del cambio climático porque, de no hacerlo, el mundo se expondría a una recesión cercana al 20% del PIB.

España, asegura Esteban Morrás, el primer ejecutivo de Acciona Energía, debe de tomarse en serio el desafío. "Podemos tener una posición de liderazgo", aunque "es importante determinar dónde está el sector" para que el Ejecutivo determine "nuevos objetivos e incentivos". Acciona, como las grandes del sector, cree que las decisiones de Industria van en dirección correcta.

Todo lo contrario de lo que cree la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y Greenpeace. Ambas organizaciones presentaron esta misma semana un anteproyecto de ley para el fomento de las energías renovables que propone alcanzar en 2020 el 30% de renovables sobre el consumo final bruto.

Tanto el presidente de APPA, José María González Vélez, como el presidente de Greenpeace, Juan López de Uralde, creen que el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y su secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, se equivocan en sus planteamientos al limitar el desarrollo de buena parte del sector. González Vélez piensa incluso que la política de Sebastián responde al movimiento de "alguna mano negra que no quiere que avancen las renovables para que funcionen los ciclos combinados [centrales de gas]".

Con el precio del petróleo al alza -en torno a 60 dólares por barril, el máximo de seis meses- y el temor a que una próxima recuperación de la actividad económica internacional vuelva a disparar las cotizaciones, la apuesta por las renovables mantiene toda su vigencia. A pesar de que su gestión, como afirma el presidente de la compañía Red Eléctrica, Luis Atienza, no sea fácil. Un ejemplo: el pasado 19 de mayo, en pleno anticiclón, los más de 16.000 megavatios eólicos instalados sólo produjeron 300. "La variabilidad" en la producción de los parques eólicos, explica Atienza, oscila entre el 43% y el 1% de la demanda. Todo un reto de gestión. Pese a las dificultades, las inversiones y el riesgo de especulación, las renovables son el futuro. Para los escépticos, un dato: Abu Dhabi, sobre un océano de petróleo, quiere acoger la sede de una agencia internacional para las energías renovables.

La dependencia es una losa

España es muy dependiente energéticamente. En el último año, el grado de autoabastecimiento ha sido del 21,6%, según datos oficiales. Y en esa situación, salta el debate entre pronucleares y antinucleares y la polémica en torno a las energías renovables y su coste.

La Fundación Ideas, que dirige el ex ministro socialista Jesús Caldera, ha elaborado un estudio en el que aboga por cerrar las nucleares en España a medida que agoten su vida útil. Es una posición que puede chocar con Industria, y claramente enfrentada a lo que defienden las empresas energéticas. "Sólo faltaba", señala un destacado ejecutivo del sector, "que la política entre de lleno en el debate y los dos grandes partidos se aferren, uno a la defensa de las nucleares y el otro a la defensa de las renovables. Sería un desastre". Porque, por el momento, la idea más extendida es que el Ejecutivo acabará por aprobar una prolongación de la vida útil de las nucleares para salvaguardar el 18% del suministro que suponen.

En palabras -"a título personal"- del presidente de Red Eléctrica de España, Luis Atienza, extender la vida útil de una central como la de Garoña "tiene sentido económico". Y es que, como explica el secretario de Estado Pedro Marín, "el problema de nuestra dependencia energética del exterior pesa como una losa sobre nuestra economía y hay que resolverlo". "Vamos a atajarlo", asegura, "por una doble vía: de una parte, conteniendo el consumo energético, para lo que nos hemos centrado en políticas de eficiencia energética, y de otra, incrementando la producción energética nacional. Nuestro territorio no es rico en combustibles fósiles, por lo que las energías renovables deben desempeñar un papel esencial en el futuro energético".

Pero como en la guerra todo vale, el Instituto Juan de Mariana (Universidad Rey Juan Carlos) ha elaborado un documento en el que sostiene que por cada cuatro empleos que se creen en la economía verde que defiende el nuevo presidente de EE UU, se destruirán nueve. Más madera.

La terminología

- Eólica. Energía generada por el viento. Los aerogeneradores transforman en eléctrica la energía cinética procedente de las corrientes de aire.

- Cogeneración. Procedimiento por el que se obtiene, al mismo tiempo, electricidad y calor útil.

- Termosolar. Sistema por el que se concentra la energía solar, mediante espejos, para producir vapor capaz de mover una turbina.

- Fotovoltaica. Se obtiene electricidad mediante paneles con dispositivos semiconductores que reaccionan a la radiación solar.

- Biomasa. Obtenida a partir de residuos y plantas. Bien por conversión en etanol o bien mediante combustión.

- Ciclo combinado. No forma parte de la tecnología renovable, pero ha sido la gran apuesta en los últimos años en España para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Las centrales así denominadas queman gas natural. Utilizan las altas temperaturas generadas en la turbina de gas para alimentar una turbina de vapor.

Somos una familia

Cada uno de nosotros se ve empujado hacia Cristo por una modalidad diferente de amor. Pero no solemos reconocer a nuestro Dios en los otros tipos de amor de otras personas. Podemos despreciar su fe por juzgarla tradicional o progresista, sentimental y mojigata, o intelectual y abstracta. Podemos verla como una suerte de amenaza que debemos combatir con la expulsión. Pero allí, al pie de la cruz, somos una misma familia…Se nos ha encomendado la labor de sobrepasar todas las fronteras y hostilidades que dividen a los seres humanos y de decir: "Aquí tengo a mi hermano", "Aquí tengo a mi hermana”.

Timothy Radcliffe en Las siete últimas palabras, ed. Desclée Brouwer.

Cómo impulsar reformas en plena crisis

La recesión dificulta, más que favorece, las reformas. Las clases populares y medias temen que los poderosos, a los que culpan de la situación, les amarguen aún más la vida. Se precisa, pues, un liderazgo persuasivo

Es evidente que la economía española tiene cosas que no funcionan del todo bien. Los economistas les llaman "ineficiencias". Su efecto es aumentar los costes y reducir la productividad. Cambiarlas podría mejorar el crecimiento económico y el bienestar social.

Sin necesidad de ser experto, a cualquier ciudadano le es fácil identificar algunas de esas ineficiencias en instituciones como el mercado laboral, el sistema financiero, los impuestos, las pensiones, los servicios, la energía, la vivienda, la enseñanza, la justicia, las Administraciones, y así una larga lista que cada uno puede completar a su gusto.

La crisis, como hacen las lluvias de otoño con las setas, ha hecho que brote una verdadera plaga de reformadores. Expertos, académicos, economistas, empresarios o grupos de presión ofrecen sus recetas para reformar las reglas de juego con las que funcionan esas instituciones.

Pero, a la vez, está surgiendo un fuerte rechazo social y político. Los sindicatos han anunciado que las reformas serán casus belli. También en la Universidad y otras instituciones está surgiendo un malestar creciente contra las reformas. Pero el punto álgido ha sido el encontronazo entre el Gobierno y el gobernador del Banco de España a propósito de la reforma del mercado de trabajo y de las pensiones. Y particularmente la acusación de "chantajistas" que el presidente del Gobierno ha lanzado contra los reformadores.

Algo no funciona en el debate sobre las reformas. Pero, dado que es necesario mejorar el funcionamiento de nuestras instituciones, hemos de plantearnos cómo se podrían cambiar las cosas sin provocar ese rechazo.

La economía política ofrece enseñanzas útiles acerca de los factores sociales y políticos que hacen que una reforma sea políticamente posible y socialmente aceptada. Permítanme mencionar sólo cuatro, extraídas de la nueva teoría del crecimiento y de la moderna economía experimental.

1. Contrariamente a lo que se supone, la crisis actual dificulta, más que favorece, las reformas. La razón está en el resentimiento de las clases populares y la clase media contra la corrupción y la mala fe en los negocios y la concentración de la renta y la riqueza que se ha producido. En ese contexto y cuando se están dedicando enormes cantidades de fondos públicos para salvar bancos y empresas, las reformas sociales, como las del mercado de trabajo y las pensiones, son vistas por muchos ciudadanos como una forma de añadir injuria al dolor de la crisis. Algo que acentúa el resentimiento y la percepción de injusticia.

Hay que evitar el oportunismo reformador basado en el "cuanto peor, ¡mejor!". Algunos piensan que cuando el desempleo llegue a los cinco millones las reformas serán más fáciles. Aprovechar la crisis para imponer cambios en las reglas de juego institucional es una estrategia perversa. Este oportunismo provoca esa percepción sindical y gubernamental de estar sometidos a un chantaje de reformas.

Para vencer el resentimiento y la resistencia, las reformas en un ámbito concreto tienen que encuadrarse en el marco más general de una política que sea capaz de reconstruir el bien común y generar confianza en un futuro compartido.

2. En las democracias avanzadas como la nuestra, el marco institucional general, que regula los derechos y deberes y las relaciones entre los diferentes actores sociales, está consolidado y aceptado. No se necesitan grandes reformas institucionales, sino imaginación para innovar dentro de cada una de las instituciones existentes.

Tanto la evidencia empírica como la teoría económica nos dicen que las grandes reformas no funcionan ni en los países de bajo nivel de desarrollo ni en las democracias avanzadas, aunque por causas diferentes. Sólo en el caso de los países de desarrollo intermedio parecen tener cierto éxito. Ése fue el caso de las reformas económicas, sociales y políticas (Pactos de la Moncloa) llevadas a cabo en España en la Transición de los setenta y ochenta.

Por lo tanto, las democracias avanzadas no necesitan dictadores benevolentes que impongan a la sociedad reformas que ellos consideran beneficiosas para los ciudadanos, pero que éstos rechazan por violentar sus preferencias. Lo que necesitan son líderes del cambio, capaces de promover la innovación institucional y de persuadir a todos los actores que forman parte de esas instituciones -ya sea la empresa, la enseñanza o el sistema de pen-siones- para que orienten su conducta al cambio innovador. La reforma surge así de forma interna, mediante pequeños cambios graduales y acumulativos desde dentro de cada organización.

Los economistas, sin embargo, tienen un gen, no sé si innato o adquirido en las facultades, que les hace proclives a comportarse como dictadores benevolentes. Pero, en todo caso, acusen a los economistas de ser malos reformadores, no a la ciencia económica, que no tiene dogmas, sino una variada gama de instrumentos para el cambio.

3. Hay que tener en cuenta que las reformas provocan ganadores y perdedores. Los beneficios, si existen, son a largo plazo, mientras que los costes se manifiestan en el corto y están mal repartidos. De ahí que una buena estrategia de reforma debe distinguir el corto del largo plazo. En situaciones de crisis, cuando el desempleo provoca la pérdida de ingresos para muchas familias, hay que ir con cuidado con reformas que pueden acentuar esa pérdida de ingresos. De ahí la necesidad de contemplar mecanismos de apoyo a los más débiles para evitar su resistencia al cambio.

Por muy fuertes que sean las ineficiencias hay que evitar la ansiedad reformadora. Las reformas impuestas se vuelven como violento boomerang contra quien las impulsa. Recuerden la huelga general de 1988 contra la reforma laboral. Debilitó de forma permanente la capacidad de cambio del Gobierno de Felipe González, por más que permaneciese en el poder hasta 1996.

4. Por último, los reformadores deben evitar la tentación de querer solucionar las ineficiencias propias copiando de forma mimética las mejores prácticas de otros países. Acostumbra a ser un fracaso. La economía del desarrollo nos dice que lo mejor (las best practices) es enemigo de lo bueno (second best institutions). Y que lo bueno surge de la idiosincrasia y de las capacidades existentes a nivel local.

¿Qué podemos aprender de estas enseñanzas que nos ofrece la ciencia económica a la hora de buscar los remedios a nuestras deficiencias institucionales? Nos dicen que el camino del cambio no es ya tanto el de las grandes reformas propuestas por dictadores benevolentes e impuestas desde arriba, como el de un liderazgo institucional capaz de promover la imaginación para el cambio. Un liderazgo capaz de persuadir y de coordinar las motivaciones de todos los actores en la dirección de la mejora de la eficiencia de cada institución.

Dicho de otra manera, lo que necesita una democracia como la española para mejorar el funcionamiento de las instituciones no son ya grandes operaciones de cirugía reformadora. Necesita medicina homeopática que induzca el cambio desde dentro de cada institución. ¿Se imaginan lo que hubiese ocurrido en la SEAT de Barcelona si se hubiese impuesto desde fuera las reglas de flexibilidad y moderación salarial libremente negociadas y aceptadas por los trabajadores? Ése es el camino.

Los reformadores españoles no deben refugiarse en el fácil expediente de reclamar la intervención del Gobierno para que haga el trabajo sucio de la reforma. Es contradictorio querer flexibilizar las instituciones mediante el intervencionismo del Estado. Deben investigar cómo incentivar el liderazgo y la imaginación institucional, ya sea en el mundo laboral, la enseñanza o las pensiones.

Ahora bien, ese liderazgo innovador a nivel institucional ha de ir acompañado de un liderazgo político a nivel de Gobierno. Un liderazgo que marque el rumbo del cambio, que una y que restaure la esperanza. Vamos, una versión autóctona del "Yes, we can".

Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.

Hasta dejarlo todo

Hace poco, leyendo sobre San Pablo, encontré: “... el resultado es que Saulo de Tarso, que se dedicaba a ‘perseguir sobremanera’ las comunidades cristianas –según sus propias palabras-, tuvo un testimonio que lo marcó.

Literalmente se pasó al enemigo para ser el principal difusor del cristianismo arriesgando su vida, sufriendo encarcelamientos y, finalmente, morir decapitado en Roma”.

Una conversión así nos llama la atención cuanto menos, si no nos asombra de manera importante. Pero aún sin pasar ‘de un bando a otro’, hoy en día encontramos conversiones que continúan asombrándonos.

Yo tuve la suerte de tener dos amigos que vivieron una preciosa historia de conversión –o más bien ‘re-conversión’- que les llevó a dar la vida por los demás y a dejar unas huellas imborrables.

Julián y Santino habían crecido en dos familias acomodadas de Burgos; viviendo historias de esas de ‘los ricos también lloran’ y descubriendo las alegrías, placeres, dolores y sorpresas que la vida te va mostrando. Tenían en común una educación en los Jesuitas y una fe cristiana que les acompañó siempre. Pero aún con todo, cumplidos ya los 40, decidieron, cada uno por su lado, intercambiándose consejos, hacerse esa pregunta clave que asusta y que en numerosas ocasiones no tiene respuesta: “¿Qué hago con mi vida?”. Y se fueron a buscar la respuesta por el camino de Santiago.

Y no sólo encontraron la respuesta de aquella maldita pregunta sino que se hicieron unas cuantas más. Las contestaron, y sus vidas no volvieron a ser las mismas. Esa fe se fortaleció hasta el punto de dejarlo todo –comodidades, familias, amigos y lujos- para dar y recibir amor de los pequeños de la Tierra –que en su caso se encontraban en India y Etiopía-.

La Madre Teresa les habló y escuchó, y encauzó todo ese potencial de entrega con el que llegaban dos personas ‘re-convertidas’ por una llamada como la que sintió Pablo; les enseñó a acompañar al débil, a intentar hacer digna la poca dignidad con la que llegan los pobres a las casas de las Misioneras de la Caridad. Julián y Santino no venían del bando enemigo, pero sí dieron el salto de una vida a otra, y aunque no perseguidos sí fueron incomprendidos. El hecho de que el Camino que les transformó para siempre también los llevara al Padre –en un accidente que aún hoy nos estremece- creo que es señal de que todo pasa por alguna razón y de que ése era el día en que los demás íbamos a empezar a descubrir todo lo que ellos habían hecho y nunca habían dicho; porque si su fe era grande, su humildad infinita.

Beatriz González Mena en pastoralsj.

Intenta

Intenta
tentativas,
experimentos
transformaciones,
escapes
huidas
descargas
liberaciones,
cambios
mutaciones
meditaciones
hasta que te gustes a ti mismo
y en un trozo del espejo que rompiste
te verás desnudo,
envuelto
en un sudario de paz

Gloria Fuertes

Patios traseros

Las opciones de la Unión Europea no son ni muchas ni fáciles, y empeoran con el tiempo

Europa tiene un patio trasero. Y la verdad, no tiene muy buen aspecto. Como en todos los patios traseros, en él se amontonan sin mucho orden trastos viejos heredados del anterior propietario y regalos de dudoso gusto que uno no supo o no pudo devolver. El problema de este patio es doble. Para comenzar, en él viven 75 millones de personas, así que no se trata de ninguna minucia. Pero además, resulta que tenemos un vecino que tiene los ojos puestos en ese patio, y tiene toda la intención de atraer o mantener a esos vecinos hacia su órbita.

Hablamos del arco que se extiende desde Bielorrusia a Azerbaiyán, pasando por Ucrania, Moldavia, Armenia y Georgia. Son los seis vecinos orientales de la UE, algunos de los cuales no han terminado de volver del frío, con los que la UE se ha reunido sin mucho éxito este jueves pasado en Praga para intentar mejorar sus relaciones.

En Bielorrusia tenemos al último dictador de Europa, Alexandr Lukashenko, que ni siquiera se ha molestado en fingir un poco y así lograr un ingreso de su país en el Consejo de Europa que le legitime mínimamente ante la población. De hecho, en las últimas elecciones tuvo la genialidad de invitar a inspectores rusos como (únicos) observadores de la limpieza del proceso (algo así como poner a Madoff al frente de la caja de la Seguridad Social).

En Ucrania, la ilusión de la llamada revolución naranja se ha esfumado. El país se encuentra partido en dos, con una clase política que se ha repartido el país mucho antes de haber logrado que hubiera algo digno que repartir y una crisis económica descontrolada que pone en evidencia el sinnúmero de reformas pendientes de abordar.

La situación en Moldavia es incluso peor: el país está anclado en la lógica de la guerra fría, como si nada hubiera cambiado. Pero aquí, la división es física, con un territorio (Transdniéster) que continúa bajo ocupación rusa y una minoría rusófona que se niega a integrarse. Este mes pasado, los jóvenes moldavos, fanáticos de Internet, se han rebelado contra el continuismo y la falta de futuro y han asaltado el Parlamento, pero el régimen sigue ahí.

Saltando al Cáucaso, la situación no es mucho mejor. Armenia y Azerbaiyán mantienen desde hace años un conflicto irresuelto por el territorio de Nagorno Karabaj, un enclave armenio situado dentro de Azerbaiyán. Armenia, que necesita la protección de Rusia para sobrevivir, se encuentra completamente hipotecada ante Moscú, habiéndose convertido en su leal servidor. Por su parte, en Azerbaiyán, la familia Aliev ha logrado el sueño de todo tirano: una república vitalicia hereditaria con inmensos recursos petrogasísticos. No sólo no han tenido que preocuparse por ganar elecciones, sino que la estabilidad del régimen está descontada: Europa difícilmente levantará la voz ante alguien que ofrece una alternativa a su dependencia energética de Rusia y Moscú hará todo lo posible por halagar al Gobierno de Bakú.

Pero el colofón, sin duda, lo pone Georgia, un país que durante la revolución de las rosas nos hizo pensar que podía ser una democracia avanzada y modélica para toda la región, pero que ha entrado también en una espiral autodestructiva bajo el liderazgo mesiánico de Saakashvili, un presidente que puso en bandeja a Moscú la amputación de una parte significativa de su territorio (Abjasia y Osetia del Sur) y ha destruido lenta pero eficazmente sus credenciales y legitimidad democrática. Las opciones de la Unión Europea no son ni muchas ni fáciles y, además, empeoran con el tiempo. En la década de los noventa, Rusia estaba en declive y la Unión Europea en expansión, por lo que la visión dominante en Bruselas era que con pequeños incentivos, estos países se orientarían naturalmente hacia Europa. Pero ahora las cosas han cambiado. Rusia ha resurgido y pretende recuperar su influencia en la zona, para lo cual no duda en usar la coacción (económica o militar) aunque también los incentivos (inversiones o incluso becas). Por su parte, la Unión Europea ha retirado la promesa de la ampliación de la mesa y se muestra tacaña a la hora de conceder visados o pacata a la hora de apostar económicamente por estos países, lo que disminuye notablemente su atractivo y capacidad e influencia.

La asociación oriental nace, pues, con los mismos problemas que lastraron en su momento la Unión por el Mediterráneo: las suaves maneras posmodernas de Bruselas, basadas en el comercio, la cooperación técnica y la búsqueda permanente del consenso mediante un sistema de continuas negociaciones, todo ello bajo el principio de legalidad, chocan con las rudas maneras de estos vecinos, más pendientes de la supervivencia que del qué dirán y acostumbrados a un juego de poder clásico en el que la testosterona todavía no ha pasado de moda.

José Ignacio Torreblanca

Que se sepa quién mueve los hilos

La UE pone coto a los ’lobbies’ con un registro y más transparencia - Cada proyecto recogerá la huella legislativa: quién participó en su diseño

Los lobbies son y serán parte del paisaje del poder de Bruselas. Pero su actuación deberá estar sometida a luz y taquígrafos si triunfa la propuesta que el Parlamento Europeo vota esta semana. "Creo que la democracia está seriamente amenazada por la acción de los lobbies. Muchas de las normas que aprobamos en el Parlamento Europeo han sido precocinadas o redactadas previamente en un despacho de abogados por encargo de alguna gran empresa o grupo de presión". Con esta crudeza expone la realidad del proceso legislativo David Hammerstein, eurodiputado español del Grupo de Los Verdes, especialmente preocupado por la poderosa influencia de los grupos de intereses. Nacido en Los Ángeles, y sociólogo de profesión, advierte: "No estoy en contra de los lobbies o de los profesionales que defienden determinados intereses". "Pero lo que queremos", precisa "es transparencia y que la opinión pública conozca el papel de los lobbies y cómo actúan en todas las instituciones de la Unión".

Con el propósito de lograr esta anhelada transparencia en la producción de directivas y reglamentos, la Eurocámara debatirá y aprobará esta semana en su sesión plenaria un informe decisivo para establecer el marco de actuación de los lobbystas en todas las instituciones comunitarias. El 8 de mayo llegará la hora de la verdad para medir la fuerza real de los elegidos democráticamente.

La transparencia se ha convertido en la pócima mágica para curar todas las deficiencias del actual proceso legislativo. Un proceso en el que, junto a los 785 eurodiputados, participan con trepidante intensidad y recursos ilimitados unos 3.000 lobbystas permanentes y otros 2.000 temporales que, con su acreditación oficial correspondiente, deambulan, aconsejan, sugieren y presionan por los pasillos, despachos, salas de reuniones y debates del Parlamento Europeo.

El combate entre legisladores y los grupos de intereses es aún más desigual si se tiene en cuenta que en Bruselas operan unos 15.000 lobbystas y 2.500 organizaciones, según el propio informe parlamentario. Daniel Guéguen, reconocido especialista en asuntos públicos europeos y autor de European Lobbying, eleva a 100.000 el número de lobbystas que con frecuencia trabajan a tiempo parcial. En su opinión, se trata de una cifra no exagerada, ya que sólo corresponden 4.000 por cada Estado miembro. Las batallas más duras de las multinacionales para defender su territorio se libran en los parlamentos y la mayoría pasan inadvertidas. En su libro Les lobbies à l’assaut de l’Europe, Bernard Lecherbonnier señala el peso dominante de los lobbies en la presentación de iniciativas legales. Así, cita un trabajo de Christian Lequesne que sostiene que, en 1996, sólo el 3% de las 507 propuestas legislativas de la Comisión correspondían a iniciativas espontáneas de sus servicios.

Uno de los objetivos que puede resultar más útil del informe es la recomendación de incluir la llamada "huella legislativa", para conocer las personas que han intervenido en el proceso legislativo. "El ponente", señala el documento, "puede, si lo considera adecuado (con carácter voluntario), emplear la huella legislativa; por ejemplo, incluir una lista (adjunta a los informes del Parlamento) de los representantes de intereses que fueron consultados y tuvieron una significativa aportación durante la preparación del informe". Y considera "especialmente aconsejable que tal lista sea incluida en los informes legislativos". Añade que "aún es más importante que la Comisión adjunte esta huella legislativa en sus iniciativas legislativas".

El informe apoya también la propuesta de la Comisión de crear "un servicio único de registro" de lobbystas para la Comisión, el Parlamento y el Consejo, y demás instituciones comunitarias. Este registro "incluiría una completa revelación de los recursos financieros empleados por los lobbies, un mecanismo común de expulsión del registro y un código de conducta". Esta regulación colocaría a la UE como una de las instituciones más avanzadas en la regulación de los grupos de intereses. Actualmente, además del Parlamento Europeo, sólo el Congreso de Estados Unidos, Canadá y Alemania tienen regulaciones sobre los representantes de intereses.

Alexander Stubb, diputado conservador finlandés, ponente inicial del informe, tiene "una visión muy positiva de los lobbies". Stubb, que tuvo que dejar recientemente su escaño en el Parlamento Europeo para hacerse cargo de la cartera de Asuntos Exteriores de su país, considera que "es importante que la gente, las compañías y las organizaciones presionen, pero estima más importante aún que cada diputado saque sus propias conclusiones".

En una conversación con EL PAÍS antes de dejar el Parlamento, Stubb justifica la elevada concentración de lobbystas en la capital belga "porque hay mucho poder en Bruselas". "Los lobbies han comprendido", dice, "que la mayor parte de la legislación, especialmente en cuestiones de medio ambiente y economía, se hace en Bruselas". "Si tú eres una compañía como Telefónica", añade, "y no tienes un lobbysta en Bruselas, no estás haciendo correctamente tu trabajo como buen empresario".

La realidad es que todas las grandes compañías, especialmente en el sector químico, las telecomunicaciones o el influyente grupo agrícola, elaboran una redacción muy detallada y muy bien documentada de las directivas que van a salir y que luego hacen llegar oportunamente a sus grupos políticos más afines. Hoy día no hay ningún sector económico, incluido el de los medios de comunicación, que no dé a conocer sus intereses a los diputados para que sean tenidos en cuenta en Bruselas.

El Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento asegura que "el 75% de las medidas de política económica y social que afectan a los ciudadanos europeos se preparan en Bruselas".

Pero para Stubb lo importante es que se conozcan las actividades de los lobbies, y que "exista total transparencia sobre su actuación". Y, en relación con la "huella legislativa", predica con el ejemplo. Al final de su informe ha incluido la lista de las 15 organizaciones, instituciones o empresas que han sido consultadas, entre las que figuran nada menos que Business Europe (la patronal europea); el Consejo Europeo de la Industria Química, el Consejo de Abogados y Sociedades Legales de Europa, UK LawSociety; las cámaras de Comercio Americana y de Francia; Toyota Motor Europe, Exxon Mobile, ALTER-EU (Alianza para la Transparencia y Regulación Ética y la Comisión Europea).

No deja de sorprender la participación de dos gigantes de la automoción y del petróleo en la regulación de una normativa que no afecta directamente a sus intereses. "¿Qué ocurrirá cuando se trata de regular una actividad concreta como puede ser la producción química o las emisiones de CO2?".

Carlos Carnero, eurodiputado socialista y ponente en la sombra del informe, recuerda que cuando se celebraron las sesiones abiertas de la Comisión de Asuntos Constitucionales, "la sala estaba abarrotada de lobbystas". Su intensa participación en las instituciones parlamentarias fue puesta de relieve la semana pasada por el portavoz de la Comisión Europea Mark Gray al comentar la nueva regulación para el acceso a los documentos públicos de la Unión Europea. El año pasado, la Comisión registró más de 4.000 solicitudes. "Se trata, sobre todo", precisó Gray, "de facilitar el acceso de los documentos a todos los ciudadanos, y no de que sólo vengan los lobbystas".

Carnero concede especial relevancia a la enmienda incluida en el informe que "subraya que se podrán aplicar sanciones a los lobbystas que violen el código de conducta". Para ello deberá disponerse "de recursos suficientes (personal y financiación) con el objetivo de verificar la información del registro". Las sanciones pueden incluir la expulsión del registro y la posibilidad.

"Todos los actores representantes tanto de los intereses públicos como privados fuera de las instituciones de la UE entran dentro de la definición de lobbystas", según el informe, y son tratados de "la misma manera". La lista incluye a "los lobbystas profesionales, compañías de lobby; ONG, think tanks, asociaciones de comerciantes, sindicatos, patronales, asociaciones con afán de lucro y sin afán de lucro, y abogados que no actúan en la defensa de un caso legal concreto". Un aspecto que seguramente será polémico en el plenario.

Carnero señala "la necesidad de distinguir entre los profesionales que defienden intereses privados de las organizaciones como sindicatos y ONG que persiguen la defensa de intereses generales".

Siim Kallas, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Administrativos, Auditoría y Antifraude, celebra que el informe del Parlamento haya recogido su iniciativa de un registro común de los lobbystas para todas las instituciones comunitarias. En su reciente intervención en la American European Community Association definió esta actividad como "una profesión honorable que no tiene nada que ocultar". Y manifestó su satisfacción por el hecho de que los diputados habían recogido sus propuestas sobre la definición de las actividades de los lobbies, el código de conducta, sanciones y revelación de los recursos financieros.

A diferencia del sistema más exhaustivo de Estados Unidos, Kallas considera que es suficiente el registro de las empresas y los intereses representados, sin que sea necesario incluir los nombres individuales. Un aspecto que había despertado notables expectativas, ya que el registro de nombres hubiera permitido determinar posibles conflictos de intereses. El comisario fue rotundo al señalar que para asegurar la independencia e imparcialidad de los funcionarios existen normas obligatorias mucho más claras. "He decidido", precisó, "paralizar la actual posibilidad de aceptar como personal de la Comisión a expertos de compañías privadas. Mi convicción es que cuando la Comisión precisa tales expertos, debe pagarlos". Una advertencia que muchos daban por supuesta.

Kallas, que desde 2005 promueve la Iniciativa Europea por la Transparencia, aseguró que la propuesta de la Comisión de presentar un registro de representantes de intereses y código de conducta durante la primavera de 2008 se cumplirá. "Lo haremos antes de que la primavera se convierta en verano", indicó. Le queda un mes y medio.

Sobre la obligación de revelación de los recursos financieros, el Comité de Control Presupuestario estima que las firmas legales y lobbies que actúan en las instituciones comunitarias deben declarar "la facturación vinculada a la actividad de lobby, así como el peso relativo de sus clientes y su volumen de negocio". Para las ONG y think tanks, el conjunto de su presupuesto y análisis de sus principales fuentes de financiación (subvenciones públicas, donaciones y cuotas de sus miembros).

Manual del buen lobbysta

1. Anticipación. Actuar antes de que la Comisión Europea, a quien corresponde legislar, haya tomado ninguna decisión. Conviene estar al corriente de los documentos previos y reglamentos.

2. Sugerencias. Mejor aún que la anticipación es sugerir a los responsables de un área la conveniencia de regular determinadas actividades. Es importante participar en los grupos de trabajo previos.

3. Conocimiento. Dominar el proceso legislativo y el papel de cada institución. Hay que tener una estrategia para cada una.

4. No despreciar al Parlamento. Cada vez tiene más influencia. La Eurocámara dio como una vuelta al calcetín a las directivas de servicios y REACH (seguridad y registro de productos químicos). Con el nuevo Tratado de Lisboa, aún tendrá más peso.

5. Contactar con las personas adecuadas. Es un error pretender acceder a los comisarios o a los directores generales. Muchas veces no conocen los asuntos al detalle. Hay que trabajar con las personas que llevan los temas.

6. Precisión y claridad. Huir de informes difíciles de leer o interpretar. Lo mejor es que todo se explique en una hoja con las ideas claras y bien desarrolladas.

7. Transparencia. El lobbysta tiene que decir claramente qué intereses representa, para qué empresa trabaja o grupo de presión y explicitar lo que pretende con claridad.

8. Argumentar científicamente. Hay que defender las posiciones con argumentos científicos y explicaciones razonadas. Los funcionarios actúan con criterios profesionales.

9. No mentir nunca. No deben darse informaciones distintas a diferentes niveles. Se deben poder defender en cualquier lugar.

10. Tener en cuenta a todos los grupos políticos. No despreciar a los grupos pequeños. Pueden ser determinantes para cambiar una votación.Éstos son los criterios que emplean algunos lobbystas consultados en sus actividades profesionales en Bruselas.

Andreu Missé en El País.

Periodismo sin causa

La sociedad que se deja entretener por la prensa envilecida va hacia la esclavitud

Los defensores de todas las causas andan siempre reclamando el compromiso activo de la prensa, quieren enrolar a los medios de comunicación al servicio de esa empresa. Lo mismo da quienes se afanan en la lucha contra el sida, que los empeñados en la supresión de las barreras arquitectónicas, que los defensores del transporte público, que los antinucleares, que los partidarios de las energías limpias, que los profesores de lenguas clásicas, que los investigadores, que los editores, que los de acción contra el hambre, que los entregados a la erradicación de la malaria o que los hermanos de San Juan de Dios. Todos endosan la responsabilidad de los desastres a los medios de comunicación, se quejan de la desatención de la prensa hacia las justas causas de los pueblos oprimidos. Todos consideran que si tuvieran el favor de la prensa, si encontraran el eco merecido en sus páginas, la causa que ellos abanderan se abriría paso y lograría prosperar.

De forma que los periodistas están siempre solicitados para que desempeñen el papel de promotores, para que ofrezcan espacios de mayor relevancia a los asuntos con causa, como la cinta roja de los juzgados indica la prioridad de atención debida a las causas con preso. Pero esa solicitud sólo puede satisfacerse postergando a su vez otros asuntos que compiten por ese mismo privilegio. Porque sabemos que la atención es un bien escaso. De la imposibilidad de dar satisfacción a esa ingente demanda, resulta que todas las causas se sienten huérfanas del apoyo que en buena ley deberían recibir. Además, hay una hipersensibilidad característica de los beligerantes en busca de espacio público, según la cual, el elogio, incluso el más desmesurado, es siempre escaso, y la crítica, por muy benévola que sea, se percibe como excesiva.

En todo caso, como explica Eugenio Trías en su libro Tratado de la pasión hay sujetos que bajo esos efectos entran en un estado de entontecimiento cegador, mientras que a otros les provoca arrastres de la más extremada lucidez. Así sucede también en los periódicos, a los que debe negarse indulgencia alguna cuando al enamorarse de sus propias noticias acaban aturdidos y contagiando de aturdimiento a sus lectores. Porque los periódicos deben en última instancia cultivar la tendencia que les haga independientes incluso de sus propietarios y de sus periodistas. De modo que al procesar sus noticias, también las más exclusivas, deben hacerlo respetando las pautas de ponderación que merece siempre su audiencia. Porque la exclusividad en absoluto confiere de antemano a una información el valor de un titular en primera página a seis columnas. Porque muy por delante de esos aspavientos, destinados tal vez a elevar la moral de la propia tropa periodística, están los deberes imprescriptibles con aquellos a quienes el periódico se dirige.

Nos queda el ejemplo de Albert Camus en Combat, donde se negó a ejercer un poder injusto, resistió la tentación de banalizar la distribución de censuras y elogios y se opuso al culto de la moda y al espíritu de la época, además de desautorizar la denigración convertida en sistema. Supo siempre que la información decisiva exige la apuesta por interesar al lector y conseguir su fidelidad, haciéndole pensar sin halagar nunca el gusto por la pereza y la vulgaridad. Tuvo claro que una injusticia no se repara con otra y que la compasión para con la víctima en ocasiones amenaza con convertirnos en verdugos. En resumen, sucede como ha escrito el último de sus biógrafos, Jean Daniel, que todo cuanto degrada realmente la cultura acorta la distancia que nos separa de la servidumbre y que una sociedad que soporta ser entretenida por una prensa envilecida se desliza hacia la esclavitud, aunque lo haga en medio de las protestas de las personas que están contribuyendo a ese proceso.

Todo lo anterior para nada empece que odiemos ver una bendición en el fracaso, ni tampoco que con Camus enumeremos entre las desviaciones del periodismo el sometimiento al poder del dinero, la obsesión por agradar a cualquier precio, la mutilación de la verdad con un pretexto comercial o ideológico, el halago a los peores instintos, el gancho sensacionalista y la vulgaridad tipográfica. Es decir, el desprecio a los interlocutores. Aquellos órganos de prensa escrita que se vean arrumbados a la playa de la insignificancia, en expresión de Julio Cerón, no podrán culpar al viento de la historia o de las nuevas tecnologías, sino al abandono de su misión. Es decir, a su dimisión.

Miguel Ángel Aguilar