¿Un mundo fuera de control?

La idea de un mundo interconectado, que nos ha servido como lugar común para designar la realidad de la globalización, implica, en principio, un mundo de responsabilidad limitada, cuando no difusa o abiertamente irresponsable, sobre el que no puede establecerse ningún control y del que nadie se hace cargo. La interconexión significa, por una parte, equilibrio y contención mutua, pero también alude al contagio, los efectos de cascada y la amplificación de los desastres, como es el caso de la reciente crisis financiera. El mundo interconectado es también ese "mundo desbocado" del que hablaba Giddens a la hora de calificar los aspectos menos gratos de la globalización.

En el caso concreto de la reciente crisis financiera la irresponsabilidad ha comenzado por la imprevisión. Han funcionado muy mal los sistemas de advertencia y prevención de riesgos. Las autoridades correspondientes han tenido una mala percepción de la gravedad de la crisis. Esta falta de anticipación revela no tanto un problema moral o político cuanto una grave deficiencia cognoscitiva, pues es difícil entender por qué no se sacan las conclusiones lógicas de una historia saturada de burbujas especulativas con consecuencias desastrosas. Tenemos muy reciente la crisis de la nueva economía y no hemos aprendido la lección: entonces se nos anunciaba una nueva era económica muy prometedora. Cuando domina la euforia financiera la hipótesis de una crisis parece lejana y por tanto incapaz de provocar las reacciones que aconsejaría la prudencia. La primera explicación antropológica de esta inadvertencia es que los profetas de las malas noticias no son nunca bienvenidos. Pero hay también una explicación ideológica y es que los defensores de la teoría de la eficiencia financiera llevan mucho tiempo diciendo que el mercado no se equivoca nunca y celebrando "la sabiduría de las masas" (Surowiecki). Y eso desincentiva la creación de instrumentos de regulación.

No sé si es una falta de memoria financiera, como ha dicho alguno, o una ceguera ante el desastre. En cualquier caso, está claro que prevenimos muy mal los desarrollos catastróficos y eso que no andamos faltos de cálculos matemáticos sofisticados. No disponíamos de una cartografía precisa de los riesgos que permitiera anticipar su encadenamiento irracional. Una parte de los riesgos había sido dispersada en el mercado, de manera que las instituciones financieras apenas podían medirlos y estimar su impacto futuro. Cuando el horizonte temporal se estrecha y sólo es tenido en cuenta el interés más inmediato es muy difícil evitar que las cosas evolucionen catastróficamente. Tanto desde el punto de vista informativo como de control, los mecanismos de autorregulación se han revelado como insuficien-tes. Lo que todo esto pone de manifiesto es que no sabemos todavía detectar, gestionar y comunicar los riesgos globales.

La crisis financiera es, en última instancia, una crisis de responsabilidad y el procedimiento que mejor lo ha representado ha sido la extensión de productos financieros como la titulización, que traducían la voluntad de desplazar los riesgos hacia el infinito, es decir, aceptar riesgos sin querer asumir las consecuencias. Se trataría de algo que podríamos denominar como "riesgos sin riesgos". La titulación ha actuado como un mecanismo global de irresponsabilización, que diseminaba y disimulaba a la vez los riesgos, haciendo opacos los mercados. Éste y otros productos financieros permitían evacuar o neutralizar los riesgos de las operaciones de préstamo transfiriendo la carga hacia los mercados de naturaleza especulativa. La opacidad de los mercados impedía el control y toleraba riesgos excesivos, títulos opacos cuyos riesgos nadie era capaz de evaluar. De este modo se ha constituido un mercado financiero global en el que los accionistas minoritarios de las empresas han presionado para obtener unas tasas de rentabilidad cada vez más elevadas. La irrealidad de los intercambios económicos ha revelado que la globalización financiera es mucho más frágil que la globalización comercial.

Todo ello no hubiera sucedido si, al mismo tiempo, no hubiera habido una dejación de responsabilidad por parte de los Estados, de los bancos centrales y las instituciones financieras mundiales. Los dirigentes económicos y financieros han cometido el error de confiar absolutamente en la capacidad autorreguladora de los mercados financieros y han aceptado esta irresponsabilidad de los mercados de crédito, sometidos al mismo modelo de comportamiento que el que funciona en las Bolsas. A esto se han añadido unas operaciones de rescate que serán inevitables pero que no van a servir para promover las conductas responsables. Se han beneficiado de esas medidas aquellos actores económicos que pueden asumir riesgos excesivos sin tener que sufrir las consecuencias en virtud de las catástrofes en serie que su quiebra podría producir en el resto de la economía.

La crisis nos exige construir una nueva responsabilidad financiera, algo que se llevará a cabo más a través del control y la supervisión que mediante la regulación normativa. Nuestros dirigentes deberían comprender que les corresponde poner a los grandes actores económicos y financieros cara a sus responsabilidades: responsabilidad de los prestamistas, limitando la titulización, es decir, la opacidad de los riesgos en el mercado de los productos derivados, de manera que las deudas no sean instrumentos de especulación; responsabilidad de los accionistas, reservando el derecho de voto a quienes se comprometen establemente con la empresa para permitirle llevar una verdadera estrategia; responsabilidad de los Estados que se deben entender sobre un sistema de paridades estables, impidiendo así las oscilaciones violentas de divisas, desconcertantes para los agentes económicos; responsabilidad de los bancos centrales, que deben aceptar someter su gestión a la aprobación de los Estados democráticos, con la preocupación de tomar en cuenta todos los grandes parámetros decisivos para la marcha de las economías: producción, empleo, precios, endeudamiento, saldo presupuestario y saldo exterior.

Pero conviene no perder de vista que estos compromisos han de conseguirse en medio de una red cada vez más densa de dependencias, donde las obligaciones pierden visibilidad y nitidez. Al mismo tiempo, un mundo de crecientes interdependencias aumenta también el número de consecuencias de las acciones que no resultan fáciles de imputar. Este conjunto de circunstancias y otras similares justifican la denominación de "irresponsabilidad organizada" (Ulrich Beck) a la hora de calificar a nuestras sociedades, aunque también cabe preguntarse si no se trata más bien de una falta de organización, de que no hemos sido capaces de organizar socialmente la responsabilidad a la vista de que algunas de esas dinámicas contradicen claramente muchos de nuestros derechos y nuestros deberes. La debilitación del sentido de responsabilidad no es una cuestión que pueda achacarse únicamente a los políticos o a la desafección ciudadana, sino que resulta más bien de esa mezcla de debilidad institucional y fatalismo que caracteriza a nuestros compromisos democráticos. Se pueden organizar muchas cosas para identificar la responsabilidad y transformar dinámicas ciegas en procesos gobernables.

Han cambiado las condiciones en las que se pensaba y ejercía la responsabilidad política. El problema estriba en cómo representar esa responsabilidad en un momento en el que ha perdido evidencia la relación entre mi comportamiento individual (como prestamista, consumidor, accionista, votante o cliente) y los resultados globales. La ilustración de esta nueva articulación entre lo propio y lo común sólo se conseguirá si desarrollamos un concepto de responsabilidad que haga justicia a la actual complejidad social y corresponda a nuestras expectativas razonables de conseguir un mundo que pueda ser gobernado, del que nos hagamos cargo.

Daniel Innerarity es profesor de Filosofía en la Universidad de Zaragoza y autor de El nuevo espacio público.

Ángeles caídos

Un profesor de antropología solía acabar las clases con esta máxima: “No robéis ni matéis”.

Y después de un breve lapsus, continuaba: “…no robéis una idea, no matéis una ilusión”.

Muchos construyen su reino sobre las ruinas de las ilusiones de los demás y aprovechan los cimientos de las ideas de otros para edificar su gloria. A muchos les conviene que los ángeles de los demás sean de barro y, a poder ser, caídos.

¿Qué tal si cambiamos la dinámica? ¿Qué tal si sostenemos las sanas ilusiones de los demás? ¿Qué tal si reconocemos y valoramos sus buenas ideas? ¿Qué tal si nos dedicamos a levantar los ángeles caídos?

Marco Lirio en pastoralsj.

Centros de internamiento de extranjeros

No hay delito ni esto es una cárcel. Pero le encerramos

Los inmigrantes irregulares son "retenidos" hasta 40 días en centros opacos y poco reglamentados

No cometen ningún delito. Huyen de la pobreza. Vienen en avión como turistas, o se juegan la vida en un cayuco. Alguno ha saltado la verja de Melilla. Según la ley, cometen una falta administrativa, como una multa de tráfico. Pero, durante un máximo de 40 días, estas personas son encerradas en centros que no son estrictamente cárceles, inquietan por su opacidad y no tienen reglas comunes. Una especie de limbo en espera de la temida expulsión. La gran fechoría de estos inmigrantes, ser ilegales, les lleva a un Centro de Internamiento de Extranjeros o CIE. ¿Cómo es posible que alguien termine detenido ("retenido" es el eufemismo legal) durante casi mes y medio por algo no mucho más grave que estacionar mal el coche? Pues ocurre. Y es legal, desde 1987, cuando el Tribunal Constitucional lo avaló.

El problema de España, sin embargo, es que adolece de una normativa detallada como sí existe en materia penitenciaria. Cada CIE es independiente de otro. Las normas las impone el responsable de turno, siempre una autoridad policial. "Las pone cada uno más o menos como puede", reconocían esta semana desde el sindicato policial SUP. "Hay una dispersión de las interpretaciones con respecto a las condiciones de internamiento. No hay una unidad de criterio definida", asegura José Antonio Moreno, abogado experto en extranjería. Porque a diferencia de una cárcel, donde los presos los controlan funcionarios, en un CIE la custodia de los internos está encargada a la policía. Y ésta, que no está entrenada para ese menester, aplica sus propios criterios de seguridad. Hay alternativas, modelos mejores. El más elogiado es el francés, porque los internos son controlados por trabajadores sociales. La policía sólo se encarga del perímetro de los centros.

Los que han estado encerrados en un CIE no lo recuerdan como unas vacaciones pagadas. En el de Carabanchel (Madrid), internos y ex internos, así como sus familiares, tienen quejas coincidentes. En las colas que se forman fuera del centro, auténticas torres de Babel, se lamentan en distintos idiomas y acentos de mala alimentación, frío, falta de atención médica y suciedad. Cuestiones que niega, una por una, el Ministerio del Interior.

El Defensor del Pueblo es uno de los que señala a Francia como un buen modelo para evitar que sea Interior (la policía) quien se encargue de los internos. Con esta institución coincide un estudio encargado por la UE a una empresa privada a finales de 2006. Nueve expertos de Steps Consulting Social, relacionada con Handicap Internacional, premio Nobel de la Paz en 1997, dibujaron un mapa de la situación de los centros de detención en Europa. La conclusión de Sara Prestianni, encargada del estudio en España, Italia y Eslovenia, es que el modelo francés provoca "menos tensiones". Algo que refleja el informe: "A lo largo de los años ha habido una mejora progresiva en el trato a los inmigrantes. Se debe en buena parte a la presencia en los centros de organizaciones humanitarias interesadas en los internos, y que actúan como testigos y contrapeso de las autoridades".

Justo lo que falta en España, aunque el Ministerio del Interior diga lo contrario. Un portavoz asegura que las ONG pueden pedir permiso y entrar en los CIE. No ocurre así en la práctica, aunque Interior se excusa a través de dos ejemplos. Primero: La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) era el partner del estudio de Steps para la UE, que sí entró a los CIE (criticándolos con dureza). Segundo: "Tenemos acuerdos con Cruz Roja". Sin embargo, ambos argumentos tienen importantes matizaciones de las partes interesadas. Mauricio Valiente, secretario general de CEAR, es una de las voces más críticas y asegura que no les dejan pasar al interior de los centros: "Si supiéramos que pasa algo, evidentemente, iríamos a un juzgado. Pero que los CIE estén cerrados a cal y canto nos da que pensar". Mientras, una portavoz de Cruz Roja asegura que no entran a los centros de retención: "Hace años que no pisamos uno de la Península. Sólo accedemos a los de Canarias cuando nos piden una ayuda puntual. Pero tener una colaboración asidua con ellos... no la tenemos".

Hay más ejemplos de prácticas positivas. En el único centro de detención de Finlandia, el de Metsälä, es el Departamento de Asuntos Sociales de Helsinki el que se encarga del mismo. "Esto significa que el personal no es percibido como policía", detalla el estudio de la UE. Mientras, en el país vecino, Suecia, "las condiciones físicas y de organización de los centros están entre los mejores". Son lugares pequeños, bien equipados y que no parecen prisiones ni son administrados como tal, asegura el mismo informe. Por último, Portugal, en su centro de Oporto, recibe ayuda de las ONG: "Hay un trabajador social, mediadores culturales, traductores y abogados; Médicos del Mundo proporciona ayuda médica y psicológica a los internos".

Precisamente desde Médicos del Mundo en Canarias se quejan de las dificultades con las que trabajan: "Desde 2006 hemos pedido entrar en los centros. Siempre hemos obtenido el silencio de Interior por respuesta", dice Carlos Arroyo, su portavoz en el archipiélago. No es el único que denuncia esa falta de transparencia. Dos ejemplos más. Enrique Santiago, del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (Iepala), o José Luis Rodríguez Candela, coordinador jurídico de Andalucía Acoge, quien dice: "No digo que pasen cosas raras. Pero el hecho de que no nos dejen pasar [al centro de Málaga] desde hace 14 años es raro". Los medios de comunicación también tienen vetado el acceso. Este periódico ha intentado conocer el CIE de Carabanchel en cuatro ocasiones. Sin éxito. Interior siempre lo ha negado, "por seguridad y para preservar la intimidad de los internos".

El ministerio niega la falta de transparencia, porque allí han entrado eurodiputados, el Defensor del Pueblo y la citada consultora privada para la UE, que concluye: "Las condiciones de detención son innecesariamente severas; en algunos casos las condiciones higiénicas son deplorables; la custodia corresponde sólo a policías; a veces falta un personal médico exclusivo para el centro, faltan trabajadores sociales..." El Defensor del Pueblo los visita a menudo por sorpresa: "Los centros han mejorado mucho en una década". Interior explica que el Gobierno ha destinado 26,3 millones de euros "para el funcionamiento, mejora y construcción de nuevos centros" en 2008. El eurodiputado del PP Agustín Díaz de Mera, que conoce centros por toda Europa, asegura que los españoles "son buenos comparativamente hablando. Puede haber más o menos colapso, pero sinceramente... son aceptables".

Seguramente no le falta razón. Aunque España merece sus críticas, la situación en el resto de países de la UE tampoco es prometedora. Desde el Reino Unido, donde los centros los gestionan empresas privadas, a Grecia, donde se denuncia una falta absoluta de transparencia, higiene, información legal, asistencia médica e inspecciones independientes, o Italia, Holanda y Polonia, donde las condiciones de internamiento son duras y en un régimen similar al de una prisión. O sea, que en todos lados cuecen habas.

Eso, sin embargo, no puede ser obstáculo para la crítica en nuestro territorio. El concepto de internamiento es cuestionado, a pesar de ser legal, desde Amnistía Internacional. "Son presos sin delito. Solo cometieron una falta administrativa. Entendemos que los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras, pero con respeto a los derechos humanos, que se están menoscabando progresivamente. La privación de libertad debe ser el último recurso. Se deberían tomar otras medidas, como la presentación periódica en alguna oficina o impulsar el retorno voluntario", señala Virginia Álvarez, responsable de Política Interior. El eurodiputado de IU Willy Meyer tampoco cree que la ley sea muy justa: "No puede haber ciudadanos en el limbo, detenidos de manera administrativa".

José Luis Rodríguez Candela, coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge, insiste en regular los CIE. "Lo llevamos pidiendo desde 1999. No están fijados el tiempo de aislamiento y ante quién recurrirlo, el tiempo en el patio, si un interno necesita o no la visita del médico... Hay que definir un catálogo de infracciones y sanciones, regular los vis a vis..." Los CIE son cárceles, se les llame como se les llame, pero sin regular: "No tiene sentido que tenga menos derechos un inmigrante que no ha cometido delitos que un preso". Interior dice que todo es legal y que cualquier cambio se anunciaría "en su momento".

Y cambios va a haber. España aumentará el periodo de internamiento en los CIE. Seguramente pase a ser de 60 días, aunque todavía se está estudiando. "No da tiempo, muchas veces, a completar los expedientes de expulsión", justifican. Cuando eso pasa, la ley obliga a dejar libres a los inmigrantes. Y el Gobierno no quiere que ocurra. Quiere poder expulsar a todos los ilegales que retiene. El año pasado, 3.847 de los 50.318 interceptados cuando trataban de entrar irregularmente en España, casi un 8%, no pudieron ser expulsados. Interior no facilita, sin embargo, cuántos se quedaron sin expulsar entre los que se detuvieron cuando ya estaban instalados en nuestro país.

El debate sobre los centros no se limita a España. El Parlamento Europeo votará el 5 de junio una directiva por la cual se aunarán criterios en la UE. Por ejemplo, los inmigrantes podrían ser retenidos un máximo de seis meses ampliables a 18. Esto significa poner límites a nueve países, que hasta ahora aplicaban periodos indefinidos, pero supone dejar las puertas abiertas a otros estados, entre ellos España, para endurecer sus normas en el futuro. No parece cercano, pero la reciente criminalización de los sin papeles en Italia no es un buen augurio para los que cruzan fronteras por hambre y necesidad. Ya es oficial, corren malos tiempos para la inmigración irregular en Europa.

Álvaro Corcuera en El País.

¿Qué hacer ante demandas separatistas?

Suele describirse la democracia como un procedimiento para resolver conflictos de manera no violenta, de acuerdo con reglas que permiten conjugar intereses diversos. Dichas reglas casi siempre derivan, de una forma más o menos directa, del principio de mayoría: si las partes no consiguen llegar a un acuerdo, se decide en función del apoyo popular que tienen las distintas posturas en litigio.

Uno de los conflictos más duraderos y enrevesados de la política española es el territorial. No hay un equilibrio institucional entre centro y periferia. De hecho, el Título VIII de la Constitución dejó este asunto sin cerrar y desde 1978 España se encuentra, por lo que respecta al asunto territorial, en una especie de fase constituyente permanente. En términos generales, esta naturaleza irresuelta del problema territorial no es sino un reflejo del tipo de Estado que tenemos, en el que ni el centro ni las regiones periféricas han tenido poder suficiente para imponer su punto de vista. Las regiones con demandas separatistas no han conseguido desmembrar el Estado, pero el Estado tampoco ha conseguido asimilar completamente a las minorías territoriales formadas por catalanes, vascos y gallegos, como lo prueba la supervivencia de lenguas propias, características diferenciales y demandas de mayor autogobierno o incluso de separación.

Dada esta inestabilidad institucional, creo que sería conveniente establecer un procedimiento que permitiera procesar ciertas demandas nacionalistas que, hoy por hoy, no caben en nuestra democracia. No me refiero a las reformas de los estatutos, a la financiación autonómica, o al reparto de competencias. Más bien, estoy pensando en la demanda última de ciertos nacionalistas, que no es sino el deseo de separarse de España. Dicha demanda no puede ser digerida por nuestro actual sistema democrático.

No vale de mucho alegar que todo es planteable y que la unidad de España puede discutirse de acuerdo con lo que establece la Constitución al respecto. Como bien se sabe, la Constitución de 1978, al igual que muchas otras del mundo, sanciona la indivisibilidad de la patria. Para poder dar cabida a una demanda separatista, sería necesario, por tanto, modificar el texto constitucional. Pero el procedimiento de reforma es tan exigente que no resulta un instrumento útil (ni aceptable) para resolver democráticamente la cuestión separatista en nuestro país.

Los nacionalistas, evidentemente, se aprovechan de este "punto ciego" de nuestra democracia y amagan con provocar una crisis institucional. Ahí están las dos ediciones del plan Ibarretxe, o los planes de ERC de convocar un referéndum de autodeterminación en 2014. Con objeto de ganar seguidores para su causa, se presentan como víctimas delcerrilismo u opresión política de España.

Tanto por razones democráticas como por la necesidad de desactivar ciertas coartadas que usan los nacionalistas para reforzar sus tesis, creo que es imprescindible plantear abiertamente la discusión sobre qué debe hacerse ante una demanda separatista que cuente con un cierto apoyo popular. A mi juicio, no vale de nada remitir a la Constitución, por las razones antes apuntadas: la Constitución impide plantear seriamente el asunto. Tampoco vale aducir que el separatismo es minoritario tanto en Cataluña como en el País Vasco, pues el grado de respaldo que tenga una demanda es algo contingente e históricamente variable.

No quiero sugerir con ello que las regiones tengan en España el derecho de autodeterminación. Los estudiosos del tema saben de sobra que tal derecho no existe, salvo en circunstancias muy especiales (situaciones de descolonización, invasiones bélicas, etcétera). Ahora bien, de que tal derecho no exista, no se sigue que una democracia pueda desentenderse sin más de una demanda separatista apelando a una Constitución que simplemente no deja espacio para esa demanda. Por supuesto, el hecho de que la Constitución no contemple la posibilidad de procesar dicha demanda no justifica ni legitima en absoluto el uso de la violencia, como muy bien han entendido los separatistas catalanes, no así los vascos.

¿Qué puede y debe hacerse frente a una demanda separatista? Ante todo, encauzarla y regularla según procedimientos democráticos aceptables. Resulta muy instructiva la sentencia del Tribunal Supremo canadiense ante las pretensiones separatistas de Quebec. Y no porque sean estrictamente comparables sin más las situaciones española y canadiense, sino por los principios generales que utilizaron los jueces en su razonamiento. En esencia, lo que dijeron es que a los habitantes de Quebec no les asiste derecho unilateral alguno a la secesión, pero que si hay un apoyo claro en favor de la misma, reflejado por ejemplo en un referéndum, Canadá no puede ignorarlo; en ese caso, deben abrirse conversaciones multilaterales con todas las partes afectadas para llegar a un acuerdo aceptable. El tribunal admitía así que si en una región de un Estado una mayoría clara no quiere permanecer en dicho Estado, no cabe obligar sin más a sus habitantes a vivir dentro de ese Estado en contra de su voluntad.

Es evidente que se trata de un asunto muy complicado, pues la ruptura de un Estado tiene consecuencias económicas y políticas para mucha gente. Por eso, el tribunal canadiense insistió en que la demanda de separación ha de ser clara y ampliamente mayoritaria, y que cualquier decisión al respecto debe tomarse tras una negociación entre todas las partes implicadas. A raíz de la sentencia del Supremo de Canadá, el Gobierno de aquel país trató de dar contenido a las recomendaciones generales sobre cómo abordar el conflicto mediante la llamada Ley de Claridad. Con todas las salvedades necesarias, algo similar podría ensayarse en nuestro país.

En primer lugar, debería especificarse que sólo podrá celebrarse un referéndum en ausencia de toda violencia. De este modo, si los vascos desean en algún momento realizar una consulta popular, deberán antes haber resuelto el problema del terrorismo de ETA. Esto no sólo me parece impecable desde el punto de vista democrático, sino que además constituye un acicate para que los nacionalistas vascos moderados se impliquen hasta el final, sin vacilaciones, en la estrategia de eliminación total del terrorismo.

En segundo lugar, un referéndum de separación no puede realizarse alegremente. Su propuesta debería requerir una mayoría clara y relativamente estable de las fuerzas políticas que lo propugnan. Además, debería consensuarse el texto de la pregunta y la mayoría a partir de la cual se dé por ganadora la respuesta a favor de la separación. Debería también especificarse cuánto tiempo ha de pasar entre la celebración de un referéndum y el siguiente, en caso de que los separatistas pierdan en la primera consulta.

El paso del tiempo no ha dado signos de que el problema territorial en España vaya a resolverse de una vez por todas. Es más, no parece disparatado afirmar que el problema ha ido agravándose y complicándose en los últimos años. Desde el Pacto de Lizarra en 1998 las cosas han ido a peor. A dicho pacto siguió un renacimiento orgulloso del nacionalismo español en la derecha y en buena parte de las élites intelectuales del país, coincidiendo, o provocando a su vez, una radicalización del nacionalismo catalán.

Estamos ante un asunto que consume muchísimas energías políticas y tiende a plantearse por ambas partes con retórica cerril e intransigente. Pero podría resultar conveniente atreverse a regular el asunto del separatismo de una vez por todas. Para que la democracia española tenga la conciencia bien limpia a la hora de negociar con los nacionalistas y para que los nacionalistas no puedan seguir jugando a amagar con planes rupturistas unilaterales.

En el momento en que haya unas reglas claras, todo el mundo sabrá a qué atenerse. Los poderes centrales, si quieren que España permanezca unida, tendrán que hacer los esfuerzos precisos para que la demanda separatista no aumente. Por su parte, los nacionalistas se cuidarán mucho antes de plantear a tontas y a locas la celebración de un referéndum. En definitiva, el debate se planteará con algo más de responsabilidad y atendiendo a unas reglas que respeten los principios básicos de un orden democrático.

Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.

Ya es navidad...

...y el adviento molesta

Si el adviento es ese tiempo litúrgico en el que nos preparamos para la navidad, es lógico que lo eliminemos. No necesitamos prepararnos, ni formarnos y muchísimo menos esperar. Dedicar un tiempo a esperar (esperanza) en lugar de obtenerlo inmediatamente está fuera de lugar; las recompensas deben ser rápidas, las esperas cortas, el esfuerzo mínimo y la formación googleliana. La navidad del siglo XXI debe adecuarse a los tiempos: llegar enseguida, disfrutarse al máximo y alargarse todo lo posible aunque el único poso que deje sea la cuesta de enero. Sin adviento, va a ser difícil recuperar la navidad.

KLANA en pastoralsj.

Hagamos de la Universidad un negocio

La vinculación de las facultades al nuevo Ministerio de Ciencia persigue rentabilizar la investigación - Se trata de un modelo que ya ha dado resultados en Andalucía y varios países europeos

Existe una leyenda sobre un tipo de bambú oriental cuya semilla, a pesar de que se riegue y cuide con esmero, no da ningún fruto durante seis o siete años. Nada sale de la tierra. La evolución es subterránea: una compleja estructura de raíces se está tejiendo en un largo periodo de hibernación para sostener la planta. Cuando por fin brota, en un par de semanas coge más de 15 metros de altura. Este relato -parábola del tesón, la paciencia y lo crucial que resulta contar con una base sólida- sirve al consejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, para explicar la unión de la industria del conocimiento y la sociedad de la información en un único departamento, un modelo que se adoptó en la comunidad autónoma hace cuatro años y que ahora se inicia en el Gobierno central con la integración de las universidades en el Ministerio de Ciencia e Innovación, que dirige Cristina Garmendia.

No es una visión novedosa. Un número importante de países, entre los que se suele citar al Reino Unido y Dinamarca, han recorrido ya un camino semejante, si bien ningún sistema es extrapolable al 100%. En España, empezó Andalucía, y más recientemente, Extremadura, Aragón y Cataluña.

¿Cuál es el balance en Andalucía? Siguiendo el símil del bambú oriental, aún no han transcurrido los seis o siete años de rigor, pero a juicio de algunos, ya se puede hablar de resultados, y sobre todo de cimentación. El investigador Ángel Cebolla es el director general de Biomedal, una empresa de biotecnología con alto contenido en I+D que trabaja habitualmente con las dos universidades públicas de Sevilla, la Hispalense y la Pablo de Olavide. Vende herramientas de laboratorio especializadas en la producción y purificación de proteínas y va a lanzar al mercado unas tiras reactivas que detectan con precisión y en pocos minutos la presencia en los alimentos de gluten tóxico no apto para celíacos. Su experiencia es un ejemplo de la colaboración de la Universidad y la empresa, en la que también ha tenido que ver mucho el impulso público. "Hay poca gente que esté dispuesta a poner dinero para la investigación, nadie arriesga, y menos a largo plazo". Los datos le dan la razón: en 2006, últimos del Instituto Nacional de Estadística, el gasto en I+D en España era de 11.801 millones de euros, el 1,20% del PIB, de los que el 42,5% proviene del sector público, y el 47,1% del privado, un porcentaje este último todavía débil, pese a que ha subido un 20% respecto a 2005.

El proyecto de detección del gluten de Biomedal lo ha financiado la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA). Promovida en 2005 por la Junta, se trata de una fundación privada gestionada por empresarios, con un fuerte componente público: la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa ha contribuido con unos 50 millones de euros (una cantidad similar a la que aportan las sociedades). También corre con los gastos de la estructura de operación, por lo que los empresarios tienen la garantía de que el dinero que colocan va exclusivamente a la financiación de proyectos. El requisito imprescindible para que CTA ponga fondos es que la empresa en su desarrollo cuente con la participación de un grupo o centro de investigación (al menos en un 15%). De este modo, la transferencia de tecnología entre Universidad y empresa está asegurada. "Nosotros sólo financiamos proyectos empresariales, no repartimos dinero, no patrocinamos nada. Nuestro objetivo no es dar dinero para que se haga investigación, es financiar proyectos que sean económicamente viables. Si no lo son, hay muchas otras entidades para facilitar ayudas", dice Joaquín Moya-Angeler, presidente de CTA y del Consejo Social de la Universidad de Almería. En sus dos años y medio de vida, CTA ha financiado 152 proyectos, de los que el 26% son en cooperación con distintas disciplinas, uno de los objetivos que se persiguen. El volumen de incentivos es de 43,8 millones de euros que movilizan una inversión en torno a los 150.

Moya-Angeler, ex presidente de IBM España y patrono y miembro del Consejo de Administración de COTEC, opina que el proceso, aunque en fase primigenia, ha tenido mucho éxito en cuanto a concienciación sobre la necesidad de invertir en I+D+i (investigación más desarrollo, más innovación): "Hemos conseguido que un millar de investigadores participen en proyectos empresariales y hay 160 grupos de investigación envueltos en 152 proyectos". Éste es uno de los pasos que ya son visibles: hace cuatro años apenas había en Andalucía un centenar de investigadores que trabajasen habitualmente con empresas. "La transformación de la cultura de la Universidad, donde no hace mucho al profesor que colaboraba con empresas se le llamaba pesetero, es un elemento clave. Si las competencias no llegan a estar juntas, habría sido imposible porque lo que hemos hecho es integrar", subraya Francisco Vallejo.

Otro avance cuantificable en Andalucía es la creación de spin-off universitarias (empresas que surgen de proyectos de investigación): de una sola en 2004 a 33 en 2006. En 2008 ya son 67.

Una de ellas es Teams, impulsada por el catedrático de Resistencia y Elasticidad de Materiales de la Universidad de Sevilla Federico París, ex decano de la Escuela de Ingenieros. En los últimos 20 años el equipo de París ha estado trabajando en investigaciones de aeronáutica. La escalada se fue extendiendo hasta hacer imposible atender la demanda. A través del Programa Campus, una de las líneas de créditos blandos de la Junta, recibió una ayuda de 100.000 euros para instalar una nave grande. Hacen ensayos de alta cualificación de lo que se llama "llave en mano". "Nos encargan una tarea; diseñamos el ensayo, lo realizamos y damos los resultados". Entre sus clientes están Airbus y EADS. A Federico París la integración de ciencias, innovación y universidades le parece casi perfecta. "Reconozco que estoy en un sector privilegiado, ya que la política de unir conocimiento y actividad está diseñada para nosotros, es decir, soy muy partidario, pero hay que tener en cuenta mi posición".

París ha puesto el dedo en la llaga. El nuevo Ministerio de Ciencias e Innovación ha sido recibido con entusiasmo entre los universitarios de la parte técnica y científica, pero también con prevención y cierto recelo desde las humanidades, rama en la que se ven pocas oportunidades de conexión con la empresa. Un portavoz del ministerio no detecta problemas: "Hay múltiples ejemplos de valorización del conocimiento de las ciencias sociales y las humanidades, en muchos casos a través de empresas del sector servicios, un sector en el que hay que impulsar el emprendimiento tecnológico".

Nerea Arqueología Subacuática, una spin-off de la Facultad de Geografía e Historia de Málaga, abunda en esta línea. Cuenta con 15 trabajadores estables (ha llegado a tener hasta 45) y se centra en investigaciones sobre el patrimonio arqueológico sumergido. La empresa obtiene unos resultados económicos bastante favorables. "Estamos en un sector de mercado sin explotar y muy primitivo", reconoce Javier Noriega, socio de Nerea, que ahora está desarrollando un sistema de vigilancia de pecios arqueológicos por satélite con Decasat, otra spin-off de robótica, para evitar el expolio de los cazatesoros. El proyecto, denominado Wypasat, ha pasado varios test de viabilidad técnica. Noriega cree que las humanidades necesitan de mucha tecnología e innovación, criterio que comparte Héctor García, miembro de Geografía Aplicada, SL, spin-off de la Universidad de Sevilla, que ofrece soluciones informáticas basadas en los sistemas de información geográfica (SIG) para el control de elementos móviles en el espacio.

No todas las ciencias tienen por qué tener el mismo recorrido, pueden quedarse en los libros. Para Carmen Vela, presidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), la generación de conocimiento per se es un instrumento muy válido, pues servirá para que se construyan otras cosas después. Vela, presidenta de la compañía Ingenasa, piensa que la integración de las universidades en Ciencia y Tecnología es "lo mejor que ha podido ocurrir, es un sueño tener en un solo ministerio todo lo que se hace en ciencias". Hay centros que ya están muy desarrollados, como CIMA (Centro de Investigación Médica Aplicada) de la Universidad de Navarra, que en su primer año ya tenía 326 personas y había generado 18 patentes.

¿Habrá dificultades de encaje de la Universidad en el nuevo ministerio? En Andalucía las hubo. El cambio fue complejo, más que nada por la sorpresa que causó en el estamento universitario. "Nos costó, hemos vivido un tiempo de adaptación de dos años, y otros dos de mejora y tolerancia. Ahora la situación es muy buena", apunta Adelaida de la Calle, rectora de la Universidad de Málaga.

Ángel Gabilondo, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), señala que se siente "en parte satisfecho" por la unión de la Universidad con la ciencia porque son dos campos íntimamente ligados que "deben avanzar de la mano". Sin embargo, opina que ahora más que nunca será necesario coordinar el nuevo ministerio con el de Educación, Política Social y Deporte: "La Universidad no puede quedar al margen de los procesos educativos y debe mantener un diálogo fluido para construir y contribuir conjuntamente a una sociedad de bienestar". "La educación no acaba a los 18 años, es un proceso de construcción que se alarga durante toda la vida. Y la Universidad es un punto clave dentro del proceso integral de educación. El hecho de que se dividan las competencias educativas en dos partes es simplemente una opción".

Una opción que no le gusta al catedrático de Economía Aplicada de Málaga Juan Torres, que fue director general de Universidades e Investigación de la Junta andaluza. "Que la Universidad esté en un ministerio distinto del de Educación no tiene tanta importancia como la filosofía que inspira, que viene a decir que la enseñanza universitaria tiene que estar al servicio del mercado. Eso es una aberración política, económica y humana. En la práctica, significa que cuando se evalúen las titulaciones se dé prioridad a las que más financiación tienen".

El ministerio asegura que habrá coordinación con Educación, y también con Industria, competencia que en Andalucía se integra con ciencia e innovación. "La innovación es un proceso de carácter horizontal, con el que múltiples sectores y ministerios tienen que estar comprometidos. Pero no todas las políticas económicas, educativas, sanitarias, caben en un solo departamento, por importantes que sean para crear un tejido social y económico favorable a la innovación", dice un portavoz.

Además de Corporación Tecnológica de Andalucía y otros instrumentos para que la oferta de I+D+i esté a disposición del tejido productivo de la comunidad autónoma -Andalucía ha multiplicado por siete su participación en el programa estatal de ayudas a la I+D+i, pasando de captar el 2,8% de los fondos nacionales en 2004 al 20% en la última convocatoria de 2007-, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa ha impulsado un nuevo sistema de financiación universitaria 2007-2011.

El criterio no es ya repartir el dinero en función del número de alumnos o metros cuadrados. Liga los recursos económicos a la consecución de objetivos: la calidad de formación que ofrezca la Universidad determina el 60% del incremento anual de su financiación; los méritos de investigación, el 30%; y el grado de innovación, el 10%.

La rectora de Málaga, Adelaida de la Calle, que es también miembro de la Permanente de la CRUE, sostiene que entre las universidades andaluzas y el resto de los departamentos de la Consejería de Innovación ya no existen barreras: "Estamos perfectamente adaptados". Y en eso ha contribuido sin duda el aumento de los fondos: hay más recursos que nunca. Si en 2001 lo que destinó la Junta a las universidades fueron 600 millones de euros, en 2007, año en el que se estrena el modelo, han sido 1.400 millones. En 2011, fecha de su conclusión, serán 1.960 millones, lo que significa triplicar en una década la financiación universitaria. "Un proceso de cambio como éste, que es sobre todo de mentalidad, no se puede hacer sin incrementar el presupuesto. Hay dinero para lo de antes y para lo nuevo", concluye el consejero Vallejo.

Isabel Pedrote en El País.

El capitalismo que viene

La economía de mercado, basada en la propiedad privada y en la libertad de empresa, cuanto más extendida mejor, no está en crisis; lo que está en entredicho son las pautas de conducta abusivas de algunos dirigentes, de las grandes corporaciones financieras y empresariales y las normas, o la ausencia de ellas, que las permiten o las hacen posibles.

Hablemos de los remedios. Para mí, el eje troncal es la responsabilidad social de la empresa (RSE), que se manifiesta a través de una nueva empresa responsable y sostenible y que se gestiona mediante un nuevo paradigma fundamentado en el humanismo, que necesariamente ha de complementar, que no sustituir, al tradicional economicismo capitalista. Éste ha de desarrollarse más allá de lo que las normas obligan a las empresas como mayores autoexigencias dentro de la voluntariedad, que hacen mejores a las empresas frente al mercado.

Es el momento de la verdad, de dejar de arrastrar los pies en la implantación de la RSE y de sus dimensiones fundamentales.

1. El buen gobierno corporativo y la transparencia informativa y contable. Todos sabemos cuáles son los elementos básicos que desde hace más de una década han enturbiado el buen funcionamiento de los mercados y producido sus mayores quebrantos. Aquellos que no nos atrevimos a regular y quedaron en recomendaciones que no se han cumplido correctamente. De los códigos de buen gobierno corporativo basta transformar en obligatorias las recomendaciones sobre la independencia de los consejeros y sobre la retribución, vinculando más la remuneración variable de los altos dirigentes a los resultados a largo plazo, al concepto de sostenibilidad en el tiempo propio de esta nueva empresa.

Habría que añadir la obligatoriedad de especialización para los consejos de las entidades financieras.

En el ámbito de la transparencia no basta con revelar los conflictos de intereses y que sea el mercado quien juzgue sobre ellos. Hay que regular y prohibir aquellos que desde décadas oscurecen la transparencia y generan abusos y fraudes. La prohibición de los nominees que ocultan identidades sobre la titularidad de las operaciones y la reconversión de los paraísos fiscales y financieros offshore en plazas transparentes.

Se trataría de prohibir los conflictos de intereses en la prestación de los servicios de auditoria de firmas que también los prestan de consultoría o asesoramiento legal y fiscal a las mismas empresas que auditan. Las empresas de rating que evalúan los riesgos y la solvencia de entidades vinculadas a sus propios accionistas. Las actividades de análisis financiero por parte de entidades que se analizan ellas mismas o a sus participadas y a sus clientes más estrechos, estableciendo recomendaciones sobre ellos. Procesos, todos ellos, en los que el conflicto de interés nubla el buen juicio y las valoraciones objetivas.

2. La competencia leal. Muchas son las empresas que desarrollan su modelo de negocio en ese territorio gris que se basa en realizar prácticas abusivas o desleales de competencia, porque sus beneficios compensan sobradamente las multas que han de pagar si pierden los pleitos en los tribunales de la competencia. Un aumento de los supuestos y sanciones en esta materia debería acometerse mediante una nueva normativa.

3. La lucha contra la corrupción. Sectores muy relevantes de nuestra economía desarrollan en muchas de sus empresas prácticas corruptas algunas ilegales y otras en ese terreno gris de la captura del funcionario al que luego se recoloca en puestos de nivel en el sector privado y un largo etcétera de actuaciones que no son responsables, ni se concilian con la ética de los negocios.

4. Las relaciones responsables con los medios de comunicación. Cuántas veces hemos oído decir: "A ver si el Gobierno prohíbe la telebasura, o los confidenciales basura, pretendiendo que se conculque uno de los derechos fundamentales como es el de expresión". O bien: "A ver si la dirección de tal o cual cadena de televisión prohíbe tal o cual programa, haciéndose el harakiri en el programa de más audiencia".

Ello sin valorar que la subsistencia de este tipo de programas y medios depende de la publicidad de las empresas. Las empresas responsables no deben poner su dinero en ese tipo de programas y medios donde se cometen delitos contra derechos fundamentales de los ciudadanos.

5. La protección ambiental. Está demostrado que la ciudadanía en general y los jóvenes en particular valoran cada vez más las actuaciones encaminadas a la protección de nuestro medio natural. Especialmente aquellas que van más allá de lo que las normas exigen y muestran a las empresas que las practican como entidades responsables y comprometidas con la problemática del cambio climático.

6. La innovación responsable y la ecoeficiencia. Es evidente que toda empresa tiene la responsabilidad de innovar. Y esto es especialmente necesario en nuestro país, que se sitúa en uno de los puestos de cola de la UE en innovación, mientras se le reconoce como una de las diez economías más grandes e importantes del mundo.

7. La acción social. Apoyar a los desfavorecidos y desarrollar planes de actuación en colaboración con sus empleados que den soluciones a las necesidades de las minorías marginadas y que sean catalizadores de motivación entre la plantilla.

8. El mecenazgo. En los países modernos es cada vez más frecuente el hecho de que sea el sector privado quien apoye el acervo cultural, histórico, patrimonial, artístico y deportivo de un país. El papel de las empresas responsables es crucial en ello y los retornos en ventas, que no sólo en imagen, suelen ser espectaculares.

9. Recursos humanos. Las empresas responsables y sostenibles desarrollan una política de compensaciones sociales más allá de las normas laborales, con la finalidad de aumentar la motivación de su plantilla, asegurar una fidelización mayor y mejorar la calidad de vida de sus empleados que redunde en una mayor efectividad de su trabajo.

Nuevos valores y principios empresariales. Para que este paradigma de empresa se consolide hace falta que se instalen en las organizaciones unos nuevos valores.

Aparecen nuevos fundamentos de la empresa responsable y sostenible, tales como la apertura y sensibilidad hacia el entorno, el sentido de comunidad, la capacidad de innovar, la consideración del largo plazo y la creación de valor. Para su implantación en las empresas se requieren nuevos valores y principios que son parejas de éstos, muy vinculados al humanismo y a las habilidades y sentimientos de los seres humanos, y de los tradicionales, que son complementados contraponiéndolos y potenciándolos entre sí: 1. Bien común y bien propio. 2. Colaboración y competitividad. 3. Emocional y racional. 4. Confianza y control. 5. Aprendizaje y eficiencia. 6. Coherencia e imagen. 7. Diálogo y comunicación. 8. Holarquía y jerarquía. 9. Diversidad y uniformidad. Ellos configuran la columna vertebral, el pulmón y el corazón de las nuevas empresas responsables y sostenibles, y definen su nueva misión como organizaciones orientadas al beneficio de todos los grupos de interés que participan en el mundo de la empresa, empezando por los accionistas, que son los más importantes pero no los únicos. Así, este nuevo modelo de empresa asegura y combina mejor la función económica que le es propia y la responsabilidad con la sociedad en la que desenvuelve su actividad. El diálogo permanente y fluido con todos los grupos de interés es otra de las características irrenunciables de esta nueva economía de la empresa, que la hace mucho más fuerte, flexible y eficiente y que potencia enormemente la estrategia empresarial y su sostenibilidad.

El compromiso de la sociedad civil. Hemos perdido mucho tiempo mirando para otro lado desde la sociedad civil en relación con este nuevo paradigma empresarial. Hemos dejado espacios de la libertad económica preciada y preciosa que no hemos sabido cubrir con responsabilidad y compromiso. Hemos permitido los excesos de un capitalismo economicista extremo porque hemos exigido autorregulación sin ejercer autocontrol y autocrítica. Y ésta es una ecuación que no puede funcionar, como desgraciadamente se ha demostrado.

Pero nunca es tarde si la dicha es buena y, a pesar de los vientos intervencionistas que soplan por doquier al socaire de la crisis financiera internacional, sería bueno para la nueva economía de mercado basada en la empresa responsable y sostenible que los políticos dejaran a los grupos de interés encabezados por los empresarios la iniciativa de desarrollar e implementar los contenidos de la RSE en las empresas, en un ejercicio sano de la libertad de empresa, y regular por una norma de transparencia la manera de reportar y trasladar al mercado la ejecución de la misma.

Aldo Olcese es presidente de la Sección de Ciencias Empresariales y Financieras de la Real Academia de Economía.

La cárcel es el manicomio del siglo XXI

La reforma psiquiátrica de los ochenta dejó lagunas sin resolver - La mayor atención a personas con problemas mentales evitaría delitos, pero faltan medios

A veces, al horror del encierro en la cárcel se le añade el de no poder huir de la propia mente. Tristeza infinita, angustia vital, impulso de infligirse dolor o voces imaginarias. Muchos comenzaron ese intento de fuga de sí mismos mucho antes de vivir entre muros y barrotes. Uno de cada cuatro reclusos españoles (el 25%) padece alguna enfermedad mental, según datos de Instituciones Penitenciarias, tal y como explica su secretaria general, Mercedes Gallizo. No sólo eso, la mayoría de ellos (el 17,6%) tiene antecedentes psiquiátricos previos a su ingreso en prisión. La falta de detección y de atención adecuada -muchas veces motivada por la saturación de los centros especializados- provocan que muchos de estos enfermos pierdan el contacto con la realidad, caigan en la marginalidad y terminen cometiendo algún delito. Dos décadas después de la reforma que cerró los psiquiátricos, muchos consideran que las prisiones se han convertido en los manicomios del siglo XXI.

"La reforma de salud mental no dio alternativas. Traspasó la responsabilidad del cuidado de esos enfermos a los familiares", sostiene el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo Cobo. Ese cambio era necesario, explica, pero el traspaso de la atención de estos enfermos a las comunidades no ha sido suficiente. El vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Miguel Gutiérrez, define esa reforma que derribó los psiquiátricos como "decisiva". Sin embargo, sostiene que queda mucho por hacer. "Hay enormes desigualdades en el tratamiento de estos enfermos en las comunidades. La reforma requiere una revaluación completa", cree.

Alberto Rodríguez no sabe de reformas ni de otras cuestiones técnicas. Pero conoce bien la cárcel. Pasea por el patio del centro penitenciario de Aranjuez y se ajusta la cazadora en un intento de alejar el aire gélido de la mañana. Han pasado seis años desde que pisó por primera vez ese patio que ahora podría reconstruir de memoria. Palmo a palmo, grieta a grieta. Falta un día para que le den el tercer grado y está eufórico. Sólo tendrá que ir a la cárcel a dormir. "Estoy encantado". Recuerda el momento en el que ingresó como si fuera ayer. "Me enviaron directo a la enfermería", cuenta. Diagnóstico: esquizofrenia paranoide.

El problema de Alberto era que escuchaba voces. Voces que no le decían "nada bueno". Un soniquete que se fue haciendo más pesado según iban apareciendo nuevas velitas en su tarta de cumpleaños. Una vez, cuando era pequeño, sus padres le llevaron a un psiquiatra. "No me gustó y no volví más". Se levanta la chaqueta, el jersey y la camiseta y enseña el pecho y los brazos llenos de cicatrices. "En las crisis que me daban me intentaba cortar, me tragaba cosas...", dice. Alberto dejó de estudiar y encontró un trabajo de camarero en un restaurante muy conocido de Madrid. Y las voces seguían, quedas y de cuando en cuando, pero hablaban. Empezó a tomar drogas. Sustancias que al principio lograban aplacar esas malditas voces. Pero luego fue peor. Un día "algo pasó" y se vio involucrado en un par de robos con violencia. El juez le condenó a ocho años y siete meses.

Como Alberto, un 2,6% de los 73.138 reclusos que hay en España tiene antecedentes de trastorno psicótico. Además, un 9,6% de los internos de las prisiones normales -los presos de los psiquiátricos penitenciarios no están incluidos- tiene precedentes de patología dual al sumar el consumo de drogas a su enfermedad. Una mezcla "cada vez más común", según Miguel Gutiérrez. El 6,9% tiene antecedentes de un trastorno afectivo y un porcentaje igual padece algún trastorno de la personalidad. La radiografía de cifras del último informe de Prisiones revela además que el 3,2% de los reclusos ha estado en algún centro psiquiátrico antes de su ingreso en prisión.

Eso, a pesar de que en España sólo queda algún resquicio de estos centros. El panorama es desigual. El País Vasco cuenta con tres. Andalucía los cerró todos. Por no hablar de que sólo existen 580 plazas para los reclusos con enfermedades mentales, en los dos únicos psiquiátricos penitenciarios (en Sevilla y en Alicante).

Pero detrás de estos fríos porcentajes hay historias de familias desbordadas. De ríos de lágrimas derramadas. De miedo. De desconocimiento. Para Mercedes Gallizo, muchos de estos presos "no habrían cometido ningún delito" si hubieran recibido el tratamiento psicológico que precisaban. También lo cree Orlanda Varela, psiquiatra en la cárcel de Valdemoro. "Si hubieran estado correctamente atendidos fuera, un altísimo porcentaje de los delitos podrían haberse evitado", dice. Pero no fue así, delinquieron y ahora viven en la cárcel. Un lugar "poco adecuado" para enfermos de este tipo, según Arroyo Cobo.

Pero, ¿qué está sucediendo para que enfermos que han dado señales de estarlo no estén recibiendo el tratamiento adecuado? "La búsqueda de la receta milagrosa que termine con el dolor cotidiano o la ansiedad inunda las consultas y desplaza en muchas ocasiones problemas más graves que quedan sin diagnóstico o sin el tratamiento adecuado", sostiene Gutiérrez. Una queja repetida por muchos expertos como Varela, con más de cuatro años de experiencia en centros penitenciarios. "No podemos psiquiatrizar la vida privada y pretender luego que se pueda dar prioridad a las enfermedades realmente graves", apunta. "Hay mucha patología de poca monta que satura los servicios", remata Arroyo Cobo.

Éste es uno de los motivos por los que el enfermo psicótico es el que menos prestaciones recibe, según el vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. "Otros lo han desplazado. Algo que habría que evitar poniendo filtros", dice. Pero no los hay y los psiquiatras están saturados.

"Faltan centros especializados. Hay muy poca oferta asistencial", opina el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria. Apunta otro motivo: "En España no se puede obligar a una persona a someterse a tratamiento. La única manera es inhabilitarle e ingresarle en un centro forzoso. Un proceso largo y que además no sirve como medida urgente. Por eso, aparte de que apenas existen lugares de internamiento, es necesario que haya más centros de salud mental y atención. Además, obligar a un enfermo a someterse a tratamiento es estigmatizador", dice.

La Federación de Asociaciones de Personas con Enfermedad Mental y Familiares (Feafes) también critica esa falta de medios. "Por cada 30.000 cartillas sanitarias debería haber un equipo completo de salud mental: un psiquiatra, dos psicólogos, dos enfermeros y dos auxiliares clínicos, un trabajador social, un terapeuta ocupacional y un auxiliar administrativo; es decir, 14 personas", sostiene su presidente, José María Sánchez Monge. "Las unidades que hay ahora mismo son tan incompletas que ni siquiera nos acercamos a esas cifras", analiza.

Carencias que también tiene en cuenta el Ministerio de Sanidad, que ha promovido una Estrategia en Salud Mental, un plan basado en la prevención y en la erradicación del estigma asociado a las personas que padecen enfermedades mentales. Pero la falta de detección y de atención de estas enfermedades no es el motivo único de que un alto porcentaje de los reclusos de las cárceles españolas lleguen con alguna enfermedad mental. "También hay que tener en cuenta otras variables, como el aumento de la población penitenciaria y el crecimiento de las personas que viven en una situación de marginalidad", asegura el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Y es que, según Feafes, entre el 20% y el 30% de las personas que viven en la calle padecen algún tipo de enfermedad mental.

Arroyo también menciona este factor. Tiene 20 años de experiencia en centros penitenciarios. Desde que, siendo aún estudiante de medicina, llegó a la enfermería de uno de ellos para investigar para su tesis hasta ahora, como subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria. Pero para él, que ha visto centenares de casos como el de Alberto, el punto fundamental que puede desencadenarlo todo es que el enfermo pierda el contacto con la realidad, abandonando, por ejemplo su casa. "Por eso es tan necesaria una actuación previa", sostiene.

Sin embargo, hasta llegar a ese punto el enfermo y su familia pueden haber dado bandazos de un centro a otro tratando de buscar un diagnóstico. Un monstruo muchas veces desconocido hasta que la palabra aparece escrita en el historial médico del ser querido.

Araceli Carrillo lo sabe muy bien. Nada sabía de enfermedades mentales hasta que a su amigo Rafael (nombre supuesto) le pasó lo que le pasó. El chico estaba triste y apático. Tenía 17 años y ya no quería salir. Ni estudiar. Ni nada. "No sabíamos qué le pasaba. Pensábamos que eran cosas de la adolescencia", dice. Hasta que las cosas se torcieron y recibieron una llamada que les avisaba de que Rafael estaba detenido y en el calabozo. "Ingresó en prisión a la espera de juicio. Nada más llegar le metieron en la enfermería", comenta. Tenía esquizofrenia. Araceli explica que Rafael sí había ido al médico. Pero nadie supo dar con lo que le ocurría.

Nadie lo supo hasta que llegó a la cárcel. Por eso Arroyo destaca el papel de la prevención. Pone de ejemplo el caso del Reino Unido. Allí, asegura, se ha implantado un mecanismo de control de problemas de salud mental en las comisarías. "En una ciudad como Bristol se dan 800 casos sospechosos al año. De ellos, un tercio terminan ingresados en algún centro", dice.

Pero, qué sucede una vez que estos enfermos entran en la cárcel, un ambiente que los expertos tachan de negativo. "Por mucho que se haga dentro, salen mucho peor de lo que entran", dice Carrillo, que desde que Rafael entró en prisión se ha hecho miembro de Feafes. El vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría también considera la cárcel un lugar inadecuado para estos enfermos. "Debería haber dispositivos intraprisón", sostiene.

Arroyo explica que para mejorar la vida de los enfermos mentales de los centros penitenciarios y evitar su estigmatización, Instituciones Penitenciarias ha creado el Programa Marco para la Atención Integral a Enfermos Mentales (Paiem). Se basa en la detección de los trastornos y, una vez diagnosticados, en mejorar la vida de los enfermos, aumentar su autonomía y la adaptación al entorno. Además, el Paiem intenta fomentar la reincorporación social de estos reclusos.

Es el caso de Gustavo. Tiene 37 años y acaba de empezar 2º de Derecho por la UNED desde la cárcel de Aranjuez. Tiene una enfermedad mental y lleva siete años y cinco meses en la cárcel. "Aún me queda casi otro tanto", dice. Ésta es su segunda condena. En la primera también tuvo tratamiento médico para su enfermedad. "Pero recaí en las drogas y todo se fue a la mierda...", dice. Reconoce haber experimentado los síntomas antes de su primera entrada en prisión, pero dice que nunca fue a que le diagnosticaran. "Tampoco nadie me dijo que podría ser una enfermedad", dice. Nada más llegar entró en el programa de Prevención de Suicidio, dentro del Paiem. "Lo pasé fatal... Cada día me levantaba con ganas de quitarme la vida", dice.

A Bernardino le pasó lo mismo. Con una diferencia. Sus problemas empezaron en la cárcel y por su condena. "Estoy aquí por homicidio imprudente. Era guardia de seguridad y dos personas murieron por mi culpa. Todos los días me digo que el que tendría que estar muerto soy yo", cuenta con lágrimas en los ojos. Bernardino, como Gustavo, también se ha decidido por estudiar Derecho. "A todos los presos nos da por lo mismo", intenta bromear.

Este recluso alto y espigado ya ha abandonado la enfermería del centro penitenciario de Aranjuez. Allí permanecen todavía otros como Miguel Ángel o Francisco. El primero tiene esquizofrenia paranoide; el segundo, una depresión grave. A los dos aún les queda bastante para salir. Lo matan estudiando. Francisco tiene sobre la mesa de su habitación una decena de libros sobre la Biblia. Miguel Ángel se dedica a la informática. "Me gusta mucho", dice. No quiere hablar de las crisis que le llevaron a la enfermería. Tampoco profundizar sobre el delito que cometió. "Pegué a mi novia". Algo, que, según los médicos que le tratan, tuvo mucho que ver con su enfermedad.

A Alberto no le importa recordar su etapa en la enfermería. "Lo pasé muy mal pero salí. Logré hacerlo...". Se acelera cuando habla de todo lo que le espera fuera. "Una ONG me ha buscado un trabajo y mis padres también me van a ayudar mucho". Se le iluminan los ojos. Lejos, muy lejos quedan ya las crisis que le dejaron el cuerpo cubierto de cicatrices y el miedo a su enfermedad.

María R. Sahuquillo en El País.