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cuatrodecididos

La certeza

Qué ciego estuve, habiendo como hay
tanta luz, tantos signos
que en todo instante la verdad nos dicen.

Hay que abrir los ojos para ver,
aguzar el oído
para oír lo que importa.

Cada vez se apodera
de mí con más pujanza y más dulzura
la certidumbre de que sólo hay vida.

¿Quién que respire y que haya acumulado
en su pecho alegrías y dolores,
noches y días, no intuye
–sin que por ello en ocasiones arda
esa lumbre con llama vacilante–
que no hay muerte que pueda
desdecir y anular eso que somos?

Canta en mi corazón una esperanza
que llena mi presente y me sostiene:
no, la muerte no mata; es también vida,
un misterioso trámite de sombras
que transforma lo vivo,
lo limpia y lo redime.

Eloy Sánchez Rosillo

Los municipios ahogan a las constructoras

Los municipios ahogan a las constructoras

Las empresas de servicios abandonarán contratas de Ayuntamientos medianos por la deuda, que calculan en 3.425 millones - Los grupos prevén despidos tras el verano

Si Urbaser cumple su promesa, los 210.000 habitantes de Jerez de la Frontera se quedarán en unos meses sin servicio de recogida de basura y limpieza. Esta filial del grupo ACS , harta de que el Ayuntamiento estirara los pagos hasta el infinito, ha anunciado que abandonará la concesión el próximo 23 de enero. La alcaldesa negocia in extremis con la empresa el pago de la deuda de 29 millones de euros y está segura de que finalmente llegará a un acuerdo.

La ciudad gaditana, una de las primeras en plantear una regulación de empleo, padece como pocas la asfixia financiera municipal. Pero el de Jerez no es un caso aislado: grandes constructoras ya han avisado de que renuncian a prestar servicios si no cobran. "Nuestro sector vive ahora la situación más grave desde el inicio de la democracia", dice Francisco Jardón, presidente de Aselip, la asociación de empresas de limpieza pública. Este representante de la patronal añade los nombres de Humanes, Alcalá de Henares, Huelva, Lepe o Chipiona a la lista de municipios que han recibido amenazas de las empresas para rescindir los contratos. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares dice haber alcanzado ya un acuerdo para que no se vaya Sacyr, la empresa que le presta servicios.

El problema no es nuevo. Los primeros alcaldes de la democracia ya exigían al Gobierno a finales de los años setenta que se hiciera cargo de la deuda municipal. Pero si entonces las corporaciones locales debían a las contratas de limpieza, recogida de basuras y otros servicios medioambientales lo que hoy equivaldría a unos 150 millones de euros, la cantidad ascendía el pasado marzo a 3.425 millones de euros, según los datos que maneja Aselip, la asociación que reúne a gigantes como FCC , ACS , Ferrovial o Sacyr Vallehermoso , y cuyos miembros trabajan para 6.500 Ayuntamientos y dan empleo a 110.000 personas.

La patronal calcula que de estas facturas pendientes de pago con una antigüedad superior a 60 días, más de 1.000 millones de euros corresponden a servicios que se deberían haber pagado hace más de un año. FCC arrastra el fardo más pesado. Le siguen por orden de importancia las filiales de ACS , Ferrovial y Sacyr Vallehermoso . Las cuantías varían tanto como el paisaje de una localidad u otra. Mientras que San Sebastián de los Reyes y Aranjuez adeudan una decena de millones, Granada y Zaragoza llegan a los 40, y Alcalá de Henares, León o el Puerto de Santa María a los 50, según los datos de Aselip. Madrid, con una cantidad de varios cientos de millones, es la ganadora absoluta.

Hace meses que los números rojos se mantienen más o menos estables en torno a los 3.500 millones de euros, pero el sector denuncia que otros factores contribuyen a que la situación sea ahora más insoportable que nunca. Porque muchos municipios, asfixiados por la falta de fondos, han renegociado los cánones que pagan a las empresas. Un ejemplo destacado es el de Madrid, que ha reducido en un 15% la factura que paga a FCC por la recogida de basuras. Las empresas devuelven el golpe ofertando menos servicios y, en algunos casos, prescindiendo de trabajadores. Además, la sequía en los mercados internacionales de crédito dificulta que los grandes grupos obtengan la financiación necesaria para disimular este agujero en sus cuentas.

Todo ello hace que el presidente de Aselip y directivos de varias empresas que prefieren mantener el anonimato auguren un otoño caliente -despidos, empeoramiento sustancial en los servicios, quejas vecinales...- si no se soluciona el problema.

Tanto las empresas como las corporaciones locales están interesados en que se dé publicidad a esta situación -las primeras para que les paguen y las segundas para presionar al Gobierno con la esperanza de que les permita acceder a vías alternativas de financiación-, pero individualmente no les gusta ofrecer sus cifras: ninguno quiere aparecer señalado como el que más debe o al que más le deben.

"La morosidad es una lacra de las administraciones públicas españolas que no tiene parangón en ningún país europeo. Solo se podría acercar Italia. Ha sido siempre alta, pero con la crisis ha aumentado un 20%", sostiene Jardón, el presidente de Aselip. La diferencia entre Ayuntamientos es abismal. Es prácticamente inexistente en Navarra y País Vasco. Y Cataluña tiene unas tasas de morosidad aceptables. Pero en el extremo opuesto aparecen los municipios del sur y el levante. "Andalucía tarda en pagar una media de año y medio; y Madrid, casi nueve meses. Por el peso económico de la capital, este retraso tiene una importancia brutal", añade Jardón.

Por ejemplo, solo en jardinería Madrid debe 65 millones, de los que siete se deben únicamente a los intereses por el retraso, según denunció hace poco la patronal del sector para justificar los despidos que las empresas abordarán en los próximos meses. En toda España, la deuda por conservación y mantenimiento de jardinería pública asciende a 300 millones. "Las medidas legales ante las negativas del Ayuntamiento a pagar resultan ineficaces. Y la duración de los pleitos y demandas contra los deudores reclamando los intereses de demora hacen ineficaces las reclamaciones", aseguró el líder de la patronal del sector, Francisco Javier Sigüenza. Ni las reuniones entre los representantes de Aselip y los de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ni los escritos remitidos a la vicepresidenta Elena Salgado y a sus dos secretarios de Estado han dado por ahora el resultado esperado.

Los impagos más acuciantes se centraban hasta hace poco en municipios pequeños y algunos medianos. Pero la ola de facturas que nadie hace efectivas ha llegado a muchas ciudades donde antes se pagaba razonablemente a tiempo. Los Ayuntamientos asumieron con naturalidad durante los años de vacas gordas que los ingresos que les proporcionaba el sector inmobiliario durarían para siempre, en lugar de considerarlos como ingresos extraordinarios. Pero con el crash del ladrillo, esta fuente de financiación, que en algunos municipios alcanzó hasta el 40% o el 50% del total de ingresos, se desplomó. Lo que arrastró a empresas pequeñas, medianas y grandes, incapaces de asumir unos impagos tan elevados. "Nuestro trabajo ha cambiado totalmente. Antes nos preocupábamos de buscar clientes y ofrecerles los mejores servicios. Ahora la mayor parte del tiempo lo consumimos gestionando los cobros", admite un trabajador de un gran grupo constructor.

Empresarios del sector apuntan que, pese a la asfixia financiera, el número de despidos no será demasiado elevado. Las contratas acuerdan un número determinado de operarios con los Ayuntamientos. Y solo los pueden reducir si el municipio acuerda reducir el canon que reciben la empresa. Así, los despidos no llegarán aunque la morosidad siga por los cielos, sino por las nuevas condiciones que impongan los alcaldes a las empresas.

Y los poderes locales, ¿qué dicen de todo esto? "Estamos tomando medidas de ajuste en cada Ayuntamiento, pero con el ahorro no basta. Los Ayuntamientos hemos acordado pedir al Gobierno que nos permita endeudarnos para el gasto de reposición y para las inversiones ya aprobadas", asegura Pedro Castro, presidente de la FEMP y alcalde de Getafe. Pero esto son parches que no solucionan el problema. Castro considera fundamental la aprobación del estatuto de autonomía local y la financiación local. "Aunque estos se pusieran en funcionamiento en 2014, permitiría a los entes locales ir a una entidad financiera y decir que tienen un plan viable para obtener recursos", añade Castro.

Mientras la nueva financiación local llega -y las restricciones de gasto para los próximos años hacen prever que esto no va a suceder en un futuro cercano- las empresas pequeñas, medianas y grandes esperan el próximo cobro por los servicios que ofrecen. "Es muy injusto. Ahora que los ingresos de los Ayuntamientos se han desplomado, nos hemos convertido en una vía de financiación fácil para ellos. Y actúan desde la mayor impunidad, porque son inembargables. Si un ciudadano deja de pagar su hipoteca, tiene sus consecuencias. Pero eso no ocurre cuando eres una administración pública", protesta Francisco Jardón, que pretende acercar las tasas de morosidad de las administraciones públicas españolas a los niveles europeos. Los municipios alemanes y los holandeses pagan a 30 días. Eso aún queda muy lejos.

Una factura milmillonaria

- La asociación de empresas de limpieza, que agrupa a los grandes grupos del país, estima en 3.425 millones de euros el dinero que les deben los Ayuntamientos. La deuda total de todas las Administraciones Públicas con los empresarios asciende a 12.300 millones, según los datos de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda.

- Las facturas pendientes de pago con una antigüedad que oscila entre dos y seis meses llegan a 1.698 millones de euros. De seis a 12 meses, 675 millones. Y los Ayuntamientos adeudan 1.052 millones desde hace más de un año. Solo los Ayuntamientos de Grecia superan a los españoles en los plazos de pago, según la patronal catalana Pimec.

- Las empresas de Aselip ofrecen sus servicios de limpieza, recogida de basura, jardinería, etc. a 6.500 Ayuntamientos con unos 110.000 operarios (fijos y eventuales).

- Aselip tiene registrados 11 millones de euros de deuda en Aranjuez y San Sebastián de los Reyes; 19 en la Diputación de Granada; 20 en Algeciras y Palma de Mallorca; 25 en Las Palmas; 28 en Valencia; 33 en Benidorm; 36 en Huelva; 40 en la Diputación de León y Granada; 42 en Zaragoza; 50 en Parla, Alcalá de Henares, León y Puerto de Santa María; 65 en Jaén...

- Las empresas que trabajan en Humanes, Huelva, Lepe, Alcalá de Henares, León, Chipiona y Jerez de la Frontera han iniciado los trámites para rescindir sus contratos con los Ayuntamientos.

- FCC es la más afectada por la morosidad. Le siguen Urbaser (filial del grupo ACS), Cespa (Ferrovial), Sufi S. A. (Sacyr Vallehermoso) y S. A. Agricultores de la Vega de Valencia.

- Los Ayuntamientos de Andalucía tienen una morosidad media que ronda los 18 meses. La asociación empresarial atribuye a Madrid una tardanza de "nueve meses largos", aunque el Ayuntamiento reduce esta cifra a seis o siete. Barcelona, con cuatro o cinco meses, está en una situación mucho mejor.

- El sector de la limpieza pública es intensivo en mano de obra; en algunas ramas como la de limpieza de las calles llega a invertir el 80% de sus gastos en pagar a sus operarios.

Luis Doncel para El País.

Debates imposibles

Debates imposibles

Carecemos de la información mínima para poder juzgar la eficacia y gestión de nuestros gobernantes

Supongamos, que ya es mucho suponer, que es posible un debate público sobre la fiscalidad en España con unos gobernantes socialistas que en menos de dos años han pasado de decir que se podía devolver a los ciudadanos parte de sus impuestos, porque sobraba recaudación, a afirmar ahora que los ciudadanos pagan pocos impuestos para financiar los servicios públicos. Supongamos, que ya es mucho suponer, que es posible un debate sobre la cuestión con unos gobernantes que utilizan como argumento el dato bruto de la presión fiscal comparada entre países distintos, cuando cualquiera sabe hoy que la única comparación válida entre países es la del índice de esfuerzo fiscal de la población, ese que tiene en cuenta la distinta capacidad para pagar impuestos en función de la renta disponible.

Pues bien, aun suponiendo lo anterior, resultaría que a los ciudadanos nos falta un elemento de juicio esencial para poder debatir razonablemente sobre la relación entre impuestos y servicios públicos, un elemento que se nos oculta con alevosía y premeditación por nuestros gobernantes de toda laya, sean los estatales, los autonómicos o los locales. Hablo de los datos económicos sobre la eficiencia del gasto público en la prestación de los diversos servicios, es decir, de los datos que nos muestren cuánto invierten nuestras Administraciones Públicas para lograr unos determinados servicios, cuál es el coste comparativo de un mismo servicio tal como una operación cardiaca concreta prestado en España o en Suecia, o en Bilbao y Sevilla. Porque hablar solo del volumen del gasto público, sin contar con los datos mínimos acerca de la eficiencia de ese gasto, es un diálogo de tontos.

En uno de los pocos sectores en que existe una comparativa internacional continuada en el tiempo acerca de resultados del gasto público a nivel internacional, como es el sector de la enseñanza no universitaria, los sucesivos Informes PISA han puesto de manifiesto que no existe relación ninguna entre volumen total del gasto público por alumno y la competencia cognitiva o aprovechamiento obtenido por éstos (Julio Carabaña). Que hay países, como Dinamarca y Noruega, que obtienen peores resultados que otros que invierten mucho menos que ellos, como la República Checa. Que hay Comunidades Autónomas que invierten 8.858 euros anuales por alumno (País Vasco) y obtienen peores resultados que otras que invierten 5.791 (La Rioja). Que la enseñanza concertada obtiene los mismos resultados educativos que la pública con un coste inferior en más de un 40%. Vamos, que la calidad de los servicios públicos no depende en exclusiva del volumen global de la financiación a ellos destinada, sino también depende mucho de la eficiencia de la organización y gestión del servicio.

Y sobre este punto carecemos de datos: con lo que llegamos a la escasamente democrática situación de que a los ciudadanos se nos piden los impuestos, pero no se nos facilitan a cambio los índices de eficiencia comparativa de los Gobiernos en la gestión de esos impuestos. Se nos trata en esta cuestión (mejor dicho, nos dejamos tratar) como súbditos y no como ciudadanos.

En una reciente obra sobre la financiación de las autonomías, el hacendista Carlos Monasterio ha puesto de manifiesto la perversión a que ha conducido la falta de información contrastada y fiable sobre el grado de eficiencia en la gestión de los servicios públicos por los Gobiernos autonómicos, que son los que prestan la mayor parte de ellos (sanidad y educación, por ejemplo). Los ciudadanos carecemos de la información mínima para juzgar la gestión de nuestros respectivos Gobiernos, no sabemos si lo hacen peor o mejor, no podemos someterles a un verdadero juicio político en su gestión. Esa famosa democratic accountability que los políticos no se quitan de la boca en sus discursos, la hacen en realidad imposible en su práctica cotidiana.

Es más, nuestros gobernantes autonómicos han conseguido algo verdaderamente pasmoso: no solo que no podamos juzgar su gestión y corregirla en su caso en las urnas, sino que han logrado que el debate público se desplace siempre a la presunta cicatería de la Administración Central en la financiación. El mensaje que propalan y que ha calado en un público indefenso es el de que cualquier deficiencia de gestión se debe a una insuficiente provisión de financiación procedente del Estado, nunca a su gestión mejor o peor del dinero a su disposición. Con lo que el juego político permanente que presenciamos es el de la permanente renegociación de la distribución de recursos entre Estado y Comunidades, como si esa fuera la cuestión relevante y no la gestión que realmente se hace de los recursos disponibles.

Para poder establecer un debate público serio e informado sobre impuestos y servicios públicos es preciso que los gobernantes nos muestren la parte de la cuestión que sistemáticamente nos ocultan: la de sus índices de gestión y resultados. Sin ellos lo que tenemos no es debate, sino palabrería barata.

José María Ruiz Soroa es abogado.  

 

Ascensor social: fuera de servicio

Ascensor social: fuera de servicio

La movilidad entre clases se ha estancado en España desde los años sesenta - El origen familiar es aún determinante y los cambios son de corto alcance

Sergio acaba de cumplir 32 años. Cada mañana coge la bicicleta para llegar a su trabajo en la Universidad Centroeuropea, en Budapest. Es investigador, uno de los pocos que trabaja en Europa en el campo de la pobreza energética. Largo camino desde que terminó la carrera de Ciencias Ambientales en la Universidad de Alcalá. Pero más largo aún desde que su abuelo se marchara a trabajar en una fábrica de Baviera de gastarbeiter -como llamaban los alemanes a los jornaleros extranjeros- y su padre comenzara de ayudante de fontanero a los 14 años, mientras vivía en el Pozo del Tío Raimundo, un barrio madrileño de chabolas que acogió a muchos emigrantes que venían a buscarse la vida desde toda España.

Una sociedad abierta es aquella sociedad ideal en la que los orígenes de los padres no determinan el destino de sus hijos. La historia de Sergio podría ser un ejemplo del camino hacia este horizonte final. Pero la realidad es diferente. En España, las posibilidades de remontar de clase social son las mismas que durante la industrialización de los sesenta, según una reciente investigación de los sociólogos Ildefonso Marqués y Manuel Herrera, publicada en el último número de la revista del Centro de Investigaciones Sociológicas. Se trata del tercer gran estudio sobre la cuestión que se hace en el ámbito nacional y el primero que se centra en las generaciones que adquirieron su madurez laboral desde 1965 en adelante.

A pesar de los profundos cambios estructurales de las últimas décadas -paso de una sociedad agrícola a una industrial y luego a otra posindustrial- no hay un mayor grado de apertura: "Por supuesto que en la España de hoy en día hay un mayor número de directivos y funcionarios y menos campesinos y obreros que en la mitad del siglo XX. Pero, si en los ochenta había cuatro plazas de directivos, estas venían ocupadas por tres hijos de las élites y solo una por alguien de una clase más baja. Ahora hay ocho plazas y la relación es de seis a dos; en este sentido España es un país inmóvil, no ha aumentado la igualdad", explica Marqués.

En las antípodas de Sergio se encuentra Julián, que también tiene 32 años. Su padre dejó los abruptos barrancos de una zona agrícola de Tenerife para mudarse a La Laguna a buscar un futuro mejor. Ahí terminó de asalariado en una empresa de seguros y viviendo en uno de los barrios obreros de la ciudad. Julián, que acabó la secundaria, pasa ahora los días intentando lidiar con la crisis y trabajando de forma precaria en la compraventa de repuestos de coche. Su situación académica y laboral es muy similar a la de sus padres, como le ocurre al 32,9% de los españoles. "Si no tienes estudios universitarios no hay nada que hacer. Llevo trabajando desde los 16 años porque mis padres no podían pagarme nada y 15 años después las perspectivas son iguales o peores", según Julián.

El porcentaje de adultos que a los 30 años -la edad que los sociólogos consideran el principio de la madurez laboral- pertenece a una clase social diferente a la de sus progenitores es del 67,1 %. Los movimientos entre clases sí son frecuentes, pero no de largo recorrido y se producen en su mayoría entre clases limítrofes.

La situación en España se encuentra en el entorno de la media europea, según la European Social Survey sobre el periodo 2002-2006. Mejor que Italia o Portugal. Pero aún lejos de los países escandinavos o Gran Bretaña. En este último país, por ejemplo, la posibilidad de que el hijo de un obrero poco cualificado llegue a ser directivo es mayor que la que tiene el hijo de un trabajador español. "En España se produce un ejemplo marcado de lo que Max Weber llama cierre de clase. Las élites intentan mantener sus privilegios subiendo los requisitos para entrar en ellas", dice Marqués.

"Por mucho que estudies, los hijos de papá siempre lo tendrán más fácil. Ellos son los que pueden hacer una formación extra que les asegura un buen puesto. Para acceder a esto, nosotros tenemos que endeudarnos con un banco", afirma Carmen, madrileña de 26 años. En 2008 acabó la carrera de Filología Inglesa y desde entonces hace todo tipo de trabajos precarios. Su situación es un avance, si se piensa que sus padres empezaron a trabajar con 11 y 14 años y su abuela vivió parte de su vida en una cueva murciana con sus ocho hijos.

Con mucho esfuerzo, su madre ha conseguido llegar a ser administrativa, pero Carmen siente que hay un tapón social difícil de sortear. "La educación hace que la desigualdad no aumente, pero ella sola no puede disminuirla. Cuando hay una inflación de títulos universitarios, los representantes de las clases altas defienden su estatus mandando a sus hijos a MBAs [Master of Business Administration] o a estudiar al extranjero y los colocan gracias a su entorno social", señala Marqués.

Carmen es la mileurista paradigmática: joven universitaria que vive en una gran ciudad y cuyo salario mensual no supera los 1.000 euros. La pertenencia a una determinada clase social también influye en la configuración del mileurismo. "No es simplemente una cuestión de gente joven. Es sobre todo un problema de gente humilde", afirma José Saturnino Martínez, profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna. Un estudio que presentó recientemente demuestra que entre los jóvenes de 25 y 35 años esta condición se da mucho menos en los universitarios tradicionales -varones hijos de universitarios- y más en los nuevos universitarios -mujeres y jóvenes de familias de bajo nivel de estudios-. En el primer caso, el porcentaje de mileuristas es del 26,1 %. En el de los varones hijos de no universitarios, del 42,3 %. En lo que se refiere a las mujeres, la diferencia es menor: 44,1% frente al 53,6%. "A las mujeres de orígenes populares, le pesan más sus orígenes, pero para las de clases altas, les pesa más el género", afirma Saturnino.

Para Julio Carabaña, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, el problema fundamental no es el entorno social sino el tipo de estudio que se elige: "Las carreras de Ingeniería y Medicina son frecuentadas más por hijos de las clases altas. La familia determina más el ingreso a la universidad, pero a la salida el título de estudio vale más que las diferencias de clase. Un médico hijo de obreros tiene en ese momento las mismas perspectivas cara al mundo laboral".

El estancamiento de la movilidad social coincide sin embargo con el desarrollo del Estado de bienestar en España. Para Ildefonso Marqués, la familia y ciertos mecanismos de la economía de mercado determinan más los movimientos entre clases que cualquier política equilibradora: "El único caso en el mundo occidental donde se ha producido una auténtica movilidad ha sido Suecia, sobre todo entre los años treinta y setenta del siglo pasado, aunque ahora se ha estancado. Pero para ello se necesitaron varias décadas de Gobierno socialdemócrata que permitieron a la cultura de lo público hacer brecha en la sociedad. En España, esta mentalidad está aún muy poco madura y ha sido cuestionada desde sectores liberales desde su nacimiento".

No se pueden negar, sin embargo, los beneficios de muchas de las políticas públicas que ha habido en España. Solo en el ámbito educativo, el número de titulados universitarios entre 25 y 35 años ha pasado de 812.000 en 1991 a casi dos millones en 2008. Para Saturnino, no hay que reducir todo a una lógica monetarista: "Aunque un título universitario no se traduzca en una mayor riqueza, sí garantiza el acceso a la educación, a la cultura e, incluso, a mejor calidad de vida y salud".

Una de las cuestiones más curiosas es que EE UU, donde el modelo de políticas distributivas públicas europeas se mira con recelo, mantiene tasas de movilidad muy similares. "La tierra de las oportunidades no lo es más que Europa", afirma Marqués. Pero también se puede ver de otra manera; la ética de la autorrealización individual, la mística de la eterna frontera estadounidense es tan imperfecta como el espíritu social que nutre el modelo europeo, pero cumple las mismas funciones.

Para el sociólogo Luis Moreno, profesor de investigación del CSIC, lo que caracteriza al modelo estadounidense de movilidad social son los acusados itinerarios de "arriba-abajo". Es decir, los individuos con movilidad ascendente se dan más que en el viejo continente, pero también se empobrecen con más rapidez cuando la movilidad es descendente. El modelo europeo ofrece una mayor seguridad contra los riesgos sociales a los ciudadanos con rentas bajas, situación posibilitada por sus sistemas redistributivos de progresividad fiscal.

¿Cómo facilitar la movilidad y aumentar la igualdad? Para Carabaña la educación sigue siendo el verdadero determinante: "Lo único que hay que hacer es seguir apostando por ayudas al estudio y facilitar el acceso al mundo universitario". Para Saturnino, sin embargo, es necesario también profundizar en las políticas redistributivas: "No solo basta con una educación pública, porque la escuela es un reflejo de las desigualdades que hay en la sociedad. Hay que ir más allá y universalizar cuestiones claves en el ascenso social como el acceso a los idiomas". También es importante una política distributiva equilibradora; según datos del OCDE de 2007, el total de los impuestos sobre el PIB es del 48,9% en Dinamarca y del 20,5% en México. En España es del 37,2%. "La cuestión es si queremos ser daneses o mexicanos", zanja Saturnino.

Desde Budapest, Sergio no cree que su éxito profesional se deba exclusivamente a una cuestión de esfuerzo personal. Los procesos sociales y políticos que ocurrieron en el Pozo de Tío Raimundo cambiaron la vida de su familia: la llegada en los años cincuenta del cura José María Llanos , que luego fundó la Escuela Profesional 1º de Mayo, permitió que mucha gente sin recursos pudiera estudiar. De ayudante de fontanero, su padre pasó a trabajar en una pequeña imprenta y consiguió sacarse allí el graduado escolar. "Gracias a eso, mi padre no fue albañil, sino trabajador cualificado y a largo plazo yo también he salido beneficiado", relata Sergio. Para él, lo que ocurrió en su barrio durante los años sesenta y setenta fue mucho más allá de lo económico: "La educación siempre fue fundamental. Pero además, se formó un capital social y cultural para que la gente tuviera un aprecio por todo lo que va más allá de lo material e inmediato".

"El padre Llanos llegó al Pozo siendo franquista y queriendo adoctrinar a la clase obrera. Y se fue de este mundo cristiano y comunista", cuenta Carlos Méndez, director de la Escuela 1º de Mayo. Alrededor de mil personas acuden hoy a este mítico centro, entre ellas 500 chavales de entre 12 y 16 años que cursan la secundaria y otras 500 personas en cursos de formación ocupacional para intentar salir del paro. Méndez es maestro industrial y dejó su puesto en la compañía de teléfonos Ericsson para volver a trabajar por el barrio. Según él, la movilidad entre clases que se produjo aquellos años en El Pozo hay que enmarcarla dentro de un contexto de transformación política que impulsó otras aspiraciones sociales. Ellos tuvieron "la suerte, si se puede llamar así" de nacer en una dictadura y vivir el cambio hacia la democracia. Hoy quizá, esas garantías que da el Estado de bienestar adormecen ese afán de conquista: "La búsqueda de los intereses personales tiene mucho más sentido cuando se expresa dentro de la lucha de los derechos colectivos".

Riccardo Iori y Jorge Berástegui para El País.

Una salida sostenible

Una salida sostenible

Una crisis económica constituye un desafío práctico para la Humanidad, pero también es un reto teórico en la medida en que pone a prueba nuestra capacidad de hacernos cargo conceptualmente de una disfunción no prevista. Se habla mucho acerca de cuánto va a durar la crisis -haciendo referencia con ello a las principales magnitudes económicas (paro, recesión, etcétera)- y tal vez hayamos reflexionado todavía muy poco sobre lo que va a durar la crisis en lo que se refiere a los cambios sociales que va a producir de manera duradera, incluso a los cambios de ciclo que ahora se inician, y que persistirán aunque el desempleo se hubiera reducido a los mínimos históricos que hemos conocido recientemente y aunque iniciemos una senda de fuerte crecimiento económico.

Mi hipótesis es que hay algo en la crisis actual que nos impide caracterizarla simplemente como una crisis cíclica, algo que reviste un carácter inédito y la convierte en indicio de mutaciones más profundas. Seguramente nos esperan fases alternativas de euforia y pesimismo, pero lo más lógico es que estemos ante un periodo relativamente largo de estancamiento, ya que nos hace falta absorber los excesos de endeudamiento pasados (privado) y presentes (público). Pero la respuesta más radical a cuantas previsiones queramos plantearnos depende de la contestación que demos al interrogante: ¿Estamos ante una crisis más en forma de burbuja o ante una crisis sistémica que significaría literalmente la quiebra del actual capitalismo financiero? Si se trata de una crisis sistémica, como la del 29 (aunque la comparación deba detenerse aquí), entonces debe corresponder a un cambio de paradigma.

La principal consecuencia social de la crisis económica, la exigencia colectiva que más imperiosamente se nos plantea apunta en la dirección de una profunda revisión de nuestro modelo de crecimiento económico, cuya fijación en la inmediatez del corto plazo se ha revelado como la causa de su insostenibilidad. En este sentido es muy lógico que la salida de la crisis esté vinculada con los imperativos ecológicos, con la necesidad de pensar de otra manera el progreso y el crecimiento, es decir, la economía en su conjunto. La confluencia entre economía y ecología no es casual; nos indica que tendríamos que abordar la economía con una serie de criterios que hemos aprendido en la gestión de las crisis ecológicas. Si hemos conseguido pensar sistémicamente tratándose de cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, ése es el aprendizaje que tenemos que realizar las sociedades en el manejo de los asuntos económicos.

De alguna manera, lo que ha sucedido es que la crisis financiera ha jugado un papel revelador de la crisis ecológica general. La tiranía del corto plazo nos ha hecho desatender los deberes vinculados a la larga duración, tanto en el plano medioambiental como en el ámbito financiero. Por un lado, el consumo excesivo de los recursos naturales por las actuales generaciones constituye un insulto a las generaciones futuras. Paralelamente los beneficios excesivos que se obtenían estos últimos años de los productos financieros han reducido a casi nada el tiempo largo que debe ser el horizonte de las finanzas. De ahí que la restauración del equilibrio entre el corto y el largo plazo sea la clave para la resolución tanto de la crisis financiera como de nuestros problemas ecológicos.

La ecología proporciona así un modelo de pensamiento y acción sistémicos que debería servir de criterio para equilibrar nuestra idea de crecimiento, incluido el crecimiento económico. La crisis nos obliga a reinventar el progreso, a cambiar nuestras prioridades, una vez realizada la experiencia de que el modo de consumo de nuestras sociedades no está a la altura del mundo que emerge. No es tanto que haya que reducir el consumo como que hay que organizarlo de otra manera, integrando el imperativo ecológico en la ambición de crecimiento.

A estas alturas son evidentes también las dificultades de un ’crecimiento verde’: de entrada, un eventual compromiso ecológico concierne a las generaciones futuras que, por definición, no están presentes para forzar un compromiso. En segundo lugar, el tiempo de la economía no es el de la ecología. Hay quien piensa (y éste ha sido el pensamiento dominante en el periodo anterior a la crisis) que el sistema de precios es capaz de emitir signos que anuncien una crisis futura vinculada al agotamiento del medio ambiente, pero lo cierto es que esos signos aparecen siempre demasiado tarde, de lo que es buena muestra el caso del cambio climático, tan tardíamente advertido e introducido en nuestra agenda política. Y, en tercer lugar, no deberíamos infravalorar los conflictos de intereses nacionales vinculados al arbitraje entre mejora del nivel de vida y preocupaciones ecológicas. Los países en vías de rápida industrialización no quieren verse limitados por las exigencias ecológicas impuestas por los organismos internacionales, y Estados Unidos ha frenado durante mucho tiempo la toma en consideración del imperativo ecológico en la reorganización de su propia economía. Nos esperan discusiones muy intensas en torno a la cuestión de la ’justicia climática’. Y sería de desear que afrontáramos con valentía los problemas que tienen que ver con la solidaridad intergeneracional (que han comenzado ya a suscitar unas controversias sobre la viabilidad de las pensiones o la edad de jubilación), unos problemas que, por cierto, el mercado no es capaz de organizar, que exigen decisiones políticas.

El mercado es víctima del corto plazo; nuestro gran desafío consiste en instalar el largo plazo (la perspectiva sistémica) en la economía de mercado. Me permito aventurar que ésta es la dirección de los cambios sociales, políticos y de valores que deberíamos acometer.

Daniel Innerarity es Catedrático de Filosofía Política y Social de la Universidad de Zaragoza.

Su hijo es un bien de interés público

Su hijo es un bien de interés público

El equilibrio del Estado de bienestar peligra con el envejecimiento de la población - La inmigración no es la solución - Urge una política de natalidad multidireccional y paritaria

No es verdad que las mujeres españolas hayan dejado de tener hijos. Pero sí que tienen menos de los que les gustaría -1,4 de media-, según declaran ellas mismas. Tampoco es verdad que la inmigración sea la solución para subir la natalidad. Apenas eleva el índice que mide el número de hijos por mujer que nacen en España. La media de alumbramientos está por debajo de la media europea, aunque algunos países, como Italia, Portugal o Hungría, tienen el mismo problema. Las tendencias demográficas de las sociedades más evolucionadas son insostenibles a medio y largo plazo, insisten los expertos, sobre todo en el sur y el este de Europa, pero también en naciones del centro como Alemania o Austria. El cálculo es que España necesita alcanzar la tasa de 1,9 hijos por mujer para que el Estado de bienestar sea sostenible en esta cuestión, que no es menor. El desequilibrio entre la baja natalidad y la larga esperanza de vida puede hacer tambalear en el futuro todas las prestaciones, incluidas las vinculadas a cuatro derechos universales: educación y asistencia sanitaria gratuitas, pensiones y atención a las personas dependientes. Se olvida que los niños son también personas dependientes. Y, dada la escasez de ayudas y políticas dirigidas a su atención, parece que se cuidan solos. ¿Es sostenible una sociedad con unas tasas de envejecimiento del 25% o 30%, como predice la tendencia actual, con una natalidad tan baja? O se emprenden reformas sustanciales o esa situación se pagará cara, económica y socialmente, advierten los expertos. Hace falta un nuevo modelo y también una nueva mentalidad. El mensaje es multidireccional: a los poderes públicos, las empresas y las familias. El análisis de los expertos ayuda a romper tópicos. La demógrafa del CSIC Margarita Delgado, una de las principales expertas en fecundidad del país, empieza por resquebrajar el primero: el confiar en que se produzca una recuperación de la natalidad gracias a la inmigración. "Una cosa es la natalidad, es decir, el número de nacimientos que se producen, y otra la tasa de fecundidad. Las mujeres extranjeras contribuyen a aumentar la natalidad. Así, el porcentaje de nacimientos en España de extranjeras en 1996 representaba el 3,26%, mientras que en 2008 suponía el 20,82%", explica Delgado. "Sin embargo, lo que las extranjeras contribuyen a la fecundidad representa poco más del 6 centésimas". Y lo explica: "El promedio de hijos por mujer en España, con datos de 2008, era de 1,44; entre las españolas es de 1,36 y entre las extranjeras, de 1,85. La diferencia entre ambas es, por tanto, del 6%, que es la contribución de las extranjeras. Si pensásemos en fiar la recuperación de la natalidad en España a la aportación de las extranjeras sería una meta inalcanzable", sentencia Delgado cifras en mano. La inmigración tiene un impacto en la demografía que es su propia presencia. Otro dato es el que refleja cómo las extranjeras adoptan, al poco tiempo de llegar, los patrones españoles: en 1996, tenían de media 2,2 hijos por mujer, ahora tienen 1,85. Las inmigrantes acuden a España a trabajar y se encuentran con los mismos problemas (o mayores) que las españolas a la hora de compatibilizar el trabajo y el cuidado de los hijos. Cabe resaltar que no se puede meter a todas las inmigrantes en el mismo saco, tampoco en esta cuestión. Algunas proceden de países que ya tienen una tasa de natalidad baja. Destaca el ejemplo de Rumania, con una tasa de hijos por mujer de 1,3. "No es panacea el efecto de la inmigración. Puede aliviar la situación, pero no puede frenar el envejecimiento, solo ralentizarlo", explica el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en inmigración y demografía, Joaquín Arango. "Para que la inmigración afectara a la tasa de fecundidad tendría que haber flujos muy caudalosos, muy sostenidos y mucho más grandes. Pero, además, si vienen para volver luego a sus países, entonces no contribuyen a largo plazo al envejecimiento de la población, pero, si se quedan en España, se convertirán en perceptores de pensiones, con lo cual aumenta la población pasiva", expone este experto. Situando el tema de la natalidad en el marco europeo, España está por debajo del nivel medio de reemplazo de la UE, que es de 1,5 niños por mujer. Con 1,44 de tasa de fecundidad, es uno de los países de la Europa comunitaria que la tiene más baja, según datos de Eurostat. Pero hay otras naciones en una situación parecida, con una tasa que ronda el 1,4: Austria, Bulgaria, la República Checa, Alemania o Grecia. E incluso peor que España, rondando 1,3 nacimientos por mujer, están Italia, Hungría, Portugal, Rumania o Rusia. Los ejemplos a seguir están, como suele ocurrir en la mayoría de las políticas sociales, en los países nórdicos (donde la tasa de fecundidad es de 1,8 a 2,1 hijos por mujer). En este caso, también se encuentran en Francia (2,0) y en Islandia (2,1). Visto el mapa, el siguiente paso es analizar qué han hecho los que tienen esas tasas más altas. "En Francia tienen dos hijos por mujer de media. Y eso que ha descendido, pero es que nunca estuvo tan baja como la de España", explica Margarita Delgado. "Los nórdicos tienen políticas más generosas que en el sur de Europa, por ejemplo, a la hora de la reserva de puestos de trabajo, dar recursos para la maternidad o programar una amplia oferta de plazas de guardería". "Lo que pasa es que han cambiado los modelos familiares en el mundo desarrollado. El tradicional, con una división sexual estricta, ha saltado por los aires y el trabajo de las mujeres fuera de casa es cada vez más irrenunciable para la economía familiar", resalta la politóloga Laura Nuño, que dirige la cátedra de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. "Pero la incorporación de las mujeres al espacio público sigue sin estar secundada de forma generalizada por la de los hombres al trabajo doméstico. La consecuencia de esta situación es que las mujeres tienen menos hijos y más tarde", explica. Esta experta hace hincapié en otra cuestión: "El bebé es un dependiente, por lo tanto, alguien lo tiene que cuidar. Sin embargo, las políticas públicas se organizan a espaldas de esta realidad". "El problema es que la gestión social del cuidado se ha trasladado a las unidades familiares y apenas hay permisos retribuidos. Con el modelo laboral que tenemos, los trabajadores deben estar disponibles totalmente para el mercado laboral y hay una mano invisible que se ocupa del cuidado de los niños y del trabajo doméstico". Nuño también habla de "chantaje emocional" a las mujeres: "El Estado, el mercado y los hombres se resisten al cambio y se sigue sobrentendiendo que el cuidado es una obligación moral de las mujeres, se les hace un chantaje emocional tremendo, sea consciente o inconscientemente". La situación es complicada y la solución pasa por emprender cambios eficaces, más que gigantes. "Hacen falta políticas sociales como las denominadas en los países anglosajones family friendly policies, es decir, amistosas para la familia, que la ayuden", opina Joaquín Arango. "Son políticas sociales que se justifican por sí mismas porque el bien de los hijos es un bien de interés público. Pero además pueden ser muy eficaces. Hacen falta más guarderías públicas y una política fuerte que concilie la vida familiar con la profesional, con excedencias adecuadas, permisos de maternidad y paternidad relevantes, flexibilidad horaria en los trabajos...", prosigue Arango. "Iniciativas de este tipo son las que crean un entorno apropiado para la reproducción, pero también deberían sumarse a ellas otras medidas como una mayor seguridad laboral, la disminución de la precariedad y de los contratos de poca duración, la promoción de los contratos a tiempo parcial, como hay en Holanda. Porque la reproducción necesita de cierta seguridad, de estabilidad en el empleo y de flexibilidad en los horarios laborales". ¿Y qué se puede hacer mirando los ejemplos de otros países? "Si se quiere potenciar la fecundidad, las personas deben poder tener los hijos que quieran y cuando quieran", defiende Delgado. En este punto se rompe otra de las creencias: la de que las españolas han dejado de tener hijos. La realidad es que solo entre el 8% y el 12% de las mujeres que han acabado su ciclo reproductivo se quedan sin tener hijos. Y este dato no ha variado con el tiempo. Lo que sí ha variado, y es aquí donde está el problema fundamental, es en que tienen menos que antes, como se ve en la Encuesta de Fecundidad y Familia 2006, del CIS, una reveladora muestra, ya que analiza la situación de las mujeres de más de 15 años, con lo que se ve el comportamiento de las distintas generaciones. Las españolas tienen además los hijos más tarde, básicamente por el nivel educativo más alto de las mujeres, con un tiempo más prolongado dedicado al estudio, y por el aumento de las mujeres trabajadoras, que además luchan por tener empleos gratificantes y bien remunerados. A esto se une la falta de ayudas como permisos de maternidad más largos, escasa oferta pública de plazas de educación infantil de cero a tres años y de actividades extraescolares educativas y de ocio públicas, que cubran la jornada laboral de los padres. La encuesta muestra que es abismal la variación en número de hijos entre generaciones y cruza, además, ese dato con el nivel educativo. Se ve, por ejemplo, que las mujeres nacidas entre 1966 y 1970, que tenían en el momento de la encuesta entre 35 y 40 años, habían tenido su primer hijo de media a los 27 años, cuando tenían un nivel de estudios elemental; a los 28, cuando tenían estudios medios, y a los 33,5, con estudios superiores. Además, la encuesta revela qué pasaría si se adoptaran políticas efectivas para el fomento de la natalidad: las mujeres jóvenes dicen que tienen menos hijos de los que desearían y las mayores, más de los que hubieran querido. Las jóvenes lo relacionan con problemas económicos y organizativos, como las dificultades para conciliar horarios. Lo primero que habría que promover, por tanto, son políticas que favorecieran que las mujeres tuvieran hijos más jóvenes. Para ello harían falta medidas que promovieran, por ejemplo, la formación y el empleo a tiempo parcial; las ventajas en el acceso a la vivienda para las parejas que quieren convivir, facilitar el acceso al primer empleo, compensar el aumento del tiempo dedicado a la formación con posibilidades de empleo y dirigir todas estas medidas tanto a los hombres como a las mujeres, porque se ha visto ya que las mujeres de las nuevas generaciones no van a renunciar a sus aspiraciones laborales por tener más hijos. Los datos reflejan que se sacrifican hasta que tienen uno, pero no más. Arango apunta hacia dónde deben ir las soluciones: "Hay que hacerse a la idea de promover cambios, como el aumento de la edad de jubilación, porque es una evidencia que la esperanza de vida es mucho mayor y, a la vez, se deben diseñar unas políticas de admisión de inmigrantes más sensatas y equilibradas y menos restrictivas. Un ejemplo sería Canadá. Cada año fija un número y establece un proceso de selección pensando en las necesidades de la sociedad a medio plazo, y busca los perfiles más convenientes, compensando además a los países de origen del inmigrante con políticas específicas". Margarita Delgado apunta los ámbitos en los que se debe actuar: "En todo este asunto hay tres actores y tres niveles en los que incidir. En primer lugar están los poderes públicos, que deben aumentar las medidas de calado que favorezcan que las personas puedan tener los hijos que quieran, legislando con medidas efectivas, no con incentivos directos, como el de los 2.500 euros". Ese incentivo, el desaparecido cheque-bebé, benefició a cerca de un millón de españoles en los dos años que estuvo en vigor, y costó unos 2.500 millones de euros. En segundo lugar, continúa Delgado, están los empleadores, y "en este terreno se deben promover medidas de conciliación y se debe modificar la cultura empresarial, eliminando estereotipos. Y en tercer lugar están las familias. Debe haber una transformación en el ámbito doméstico para que haya una responsabilidad real compartida en la crianza de los hijos, lo que a su vez ayudaría a romper estereotipos en el ámbito laboral. En la familia hace falta también un cambio, que es siempre difícil y tiene costes emocionales. Porque muchas parejas han sido educadas por mujeres que no tenían estos patrones". Estos comportamientos familiares son, a veces, inconscientes, pero se reflejan en el día a día. Un ejemplo cercano para terminar: cuando se pregunta en un colegio de quién es el teléfono de contacto que tienen de cada niño para las emergencias, la respuesta es unánime, en casi todos los casos es el móvil de la madre.

Susana Pérez de Pablos para El País.

La Nación Balón

La Nación Balón

La sentencia del TC es menos confusa, tramposa e intervencionista que el mismo Estatut

Los votantes son más fáciles y precisos de contar que los manifestantes

Cierto día algún osado preguntó a Leo Messi por sus preferencias literarias y el pequeño gran hombre repuso: "Una vez quise leer un libro y a la mitad no pude más". Le comprendo perfectamente, a mí me pasó lo mismo cuando intenté ver en televisión un partido de fútbol. Ni su confesión deroga la lectura ni desde luego la mía el fútbol. Todo entusiasmo que nos subleva contra la muerte y sus rutinas merece aprecio. Cuando su prosaico amigo comerciante preguntó a Stendhal para qué servía la cúpula de San Pedro del Vaticano que tanto acababa de encomiarle, el escritor repuso: "Sirve para conmover el corazón humano". Ese objetivo siempre debe ser tenido por noble, aunque como los humanos somos afortunadamente distintos nuestros corazones tengan diferentes preferencias emocionales...

Pero sin duda lo que establece cierta superioridad de la lectura sobre otras aficiones es que nos permite disfrutar virtualmente con lo que en la práctica nos aburre. Por ejemplo, yo lo paso muy bien leyendo la emoción futbolística de buenos escritores, como Javier Marías (Alfaguara acaba de reeditar ampliada su colección de artículos Salvajes y sentimentales), Juan Villoro o el genial y divertidísimo rosarino Roberto Fontanarrosa. Los lectores más jóvenes (aunque ¿qué buen lector no permanece siempre joven?) seguirán con gusto la senda iniciática de un portero de la selección ganadora del mundial -aunque no sea Iker Casillas- en El portero de la selva de Mal Peet (Ed. Salamandra), relato en el que se combinan épica y fantasía. Claro que tampoco viene mal curarse de idealizaciones excesivas de este deporte multimillonario y enterarse de sus bajos fondos, revelados en Juego Sucio. Fútbol y crimen organizado, de Declan Hill (Ed. Alba), un documento que ha llevado a muchos profesionales ante los tribunales y que decidió a Michel Platini a crear un departamento anticorrupción en la UEFA. Por mi parte, nunca olvido que en King Lear (acto 1, escena 4) se pone en su sitio a un atrevido bribón llamándole "vil futbolista", aunque no hay traductor que se atreva a perpetuar literalmente el dicterio. No deja de ser divertido que lo que en tiempos de Shakespeare fue insulto hoy se vea convertido en el destino profesional más universalmente envidiado...

Y luego está toda la fanfarria esa de los colores nacionales, la bandera y el patrioterismo de balón. Antes de ir más allá recomiendo la lectura de El hígado de Shakespeare, un cuento de Francisco López Serrano incluido en su libro de igual título editado por DVD. Trata de un joven español, español, que elige un pub londinense lleno de hooligans para ver un partido entre las selecciones de España e Inglaterra: una fábula a lo Chesterton que hace primero reír y luego pensar. Pues bien, cuentos aparte, el triunfo en el mundial ha propiciado en muchos una especie de envidia por la coherencia y capacidad de colaboración mostradas por el equipo nacional, tan añoradas en los demás terrenos de juego social, mientras que otros ven en el entusiasmo popular ante nuestros colores la realidad auténtica de un país que se quiere y se siente de una pieza en contra de las permanentes políticas disgregadoras de los separatistas. Puede que "el menos acertado de los artículos constitucionales" sea el que reclama "la indisoluble unidad de la nación española" -acabo de enterarme leyendo un reciente editorial de este periódico- pero lo cierto es que la mayoría de los ciudadanos son tan ingenuos que sigue valorándolo por encima de los demás.

Sin embargo, ese aprecio por lo que tenemos en común (frente al estúpido regodeo en lo que Freud llamó "el narcisismo de las pequeñas diferencias") no suele ir políticamente más allá de celebrar júbilos folclóricos. Sabido es que las victorias encuentran muchos más jaleadores que las derrotas comprensivos solidarios: entiendo la reserva escéptica del maduro entrenador ante el domingo de ramos que le tributan quienes quizá se hubieran apresurado a crucificarle en otras circunstancias. Como los londinenses enfrentados por barrios en El Napoleón de Notting Hill de Chesterton, necesitamos un adversario exterior para sabernos habitantes de una misma ciudad. Y nuestra unión se sustenta más en estandartes y clamores jubilosos que en la defensa razonada de derechos y garantías compartidas. En El miedo a los bárbaros, Tzvetan Todorov señala que en nuestras democracias acomodadas hay más personas dispuestas a defender con su vida una trinchera dando vivas a la patria eterna, al honor, a la libertad o a otras entidades igualmente abstractas y glamurosas (por ejemplo, la selección nacional de fútbol) que en arriesgar el pellejo cuando llegue el caso vitoreando a la seguridad social, a la educación general obligatoria o a la igualdad de los ciudadanos ante la ley, conquistas prosaicas y devaluadas por carencias burocráticas. En España sobran héroes a la hora gloriosa de los laureles, pero hay déficit de ciudadanos para respaldar y reclamar las obligaciones comunes del día a día...

Nuestro momento triunfal en el universo futbolístico tuvo lugar 24 horas después de la manifestación en Barcelona contra la sentencia del Estatut, la mayor concentración reaccionaria en la Ciudad Condal (100.000 personas según los cómputos no publicitarios) desde aquella que pidió el "diálogo" con ETA tras el asesinato de Ernest Lluch, organizada por los mismos. La tentación de contrarrestar una demostración de irredentismo manipulador nacionalista con clamores no menos oportunistas que pretenden fundar la Constitución en el gol de Iniesta puede ser irresistible para los trivializadores de la política pero en sí mismo es insano y triste. No podemos jugarnos el Estado a los penaltis...

Y no nos engañemos, es del Estado de lo que se trata y no de la nación. En un Estado democrático puede haber muchas naciones, sean culturales o sociales. Nuestros clásicos hablaban de "la nación de los peces" y "la nación de los pájaros", de modo que bien puede haber la nación de los catalanes o de quien se apunte después. En cambio lo que Cataluña no puede ser en las presentes circunstancias es una nación política, como afirma Zapatero (que en estas cuestiones dice lo que sabe pero no sabe lo que dice), porque eso equivale a Estado nacional y esa casilla ya está ocupada por España... con Cataluña incluida, claro. Las naciones son a veces cosa de sentimientos, pero los Estados son instituciones y tienen su reglamento legal llamado Constitución. Eso es lo que mejor o peor ha recordado la sentencia del TC, que con todos sus fallos y ambigüedades es menos confusa, tramposa e intervencionista que el Estatut mismo que ha debido considerar.

Las instituciones pueden cambiarse, claro que sí, porque los balones botan y los ciudadanos votan. Dentro de tres meses hay elecciones en Cataluña y es el momento de que los partidos que quieran cambiar el modelo de Estado lo propongan de forma explícita e inequívoca, para que sepamos cuántos ciudadanos catalanes están a favor de esa aventura. Lo bueno de los votantes es que son más fáciles y precisos de contar que los manifestantes. Si existe una mayoría de respaldo a una propuesta concreta, será el momento de plantear una reforma constitucional a quien puede hacerla: no los partidos con su toma y daca ni por la puerta trasera de estatutos de autonomía que falsean su papel, sino al conjunto de los ciudadanos españoles, que son los sujetos políticos de la soberanía nacional. Por derecho el sí o el no, sin echar balones fuera.

Fernando Savater

Lo que necesito de ti

 

No sabes cómo necesito tu voz;
necesito tus miradas
aquellas palabras que siempre me llenaban,
necesito tu paz interior;
necesito la luz de tus labios
! Ya no puedo... seguir así !
...Ya... No puedo
mi mente no quiere pensar
no puede pensar nada más que en ti.
Necesito la flor de tus manos
aquella paciencia de todos tus actos
con aquella justicia que me inspiras
para lo que siempre fue mi espina
mi fuente de vida se ha secado
con la fuerza del olvido...
me estoy quemando;
aquello que necesito ya lo he encontrado
pero aún !Te sigo extrañando!


Mario Benedetti