Marbury contra Madison

El proceso del Estatut de Cataluña ha sido llevado con notable insensatez por la mayoría de la clase política

Muchos creen que el constitucionalismo moderno nació en Estados Unidos a raíz de una sentencia de la Corte Suprema, el llamado "caso Marbury contra Madison", que dejó por primera vez establecido, con total claridad, que la Constitución debe prevalecer sobre cualquier otra ley y que debe existir un tribunal que sea garante de esa primacía, con capacidad para declarar inválidas disposiciones del Parlamento, leyes de la nación y cualquier tipo de normas que, a su criterio, sean contraria a la Carta Magna.

Desde entonces, 1803, las Cortes Supremas de muchos países democráticos, sobre todo los federales, han declarado inválidas, total o parcialmente, leyes aprobadas por Congresos o respaldadas por votos populares. No es habitual, por supuesto, pero tampoco un escándalo, que en Estados Unidos de América o en Alemania una ley aprobada por el Parlamento o por los cuerpos legislativos de los estados federados sea corregida por decisión de su propia Corte Suprema o equivalente.

Es evidente que las Constituciones no son intocables. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, decía que la norteamericana parecía estar ahí para siempre, pero que "lo único realmente seguro son la muerte y los impuestos". De hecho, la Carta Magna de Estados Unidos, un documento intelectual formidable, que ha inspirado la moderna democracia en todo el mundo, pero que fue aprobada casi por los pelos en algunos Estados de la Unión, ha sufrido una treintena de enmiendas (incluida la limitación de dos periodos para la presidencia, acordada en 1951). Pero mientras que no se ha modificado, la Corte Suprema se ha empeñado en exigir que el texto fundamental prevaleciera sobre cualquier otro, por encima incluso del voto parlamentario y "a pesar de lo que establezcan en contra las leyes o las constituciones de los estados federados", según explicaba el fallo de Marbury contra Madison.

Algo muy parecido es lo que acaba de suceder en España con la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el nuevo Estatut de Cataluña. Los miembros de la Corte han reiterado la primacía de la Constitución sobre cualquier otra norma, aunque haya sido aprobada por el Parlamento y refrendada por el voto popular, y han estimado que era necesario corregir un determinado número de artículos. A la espera de conocer el fallo completo, parece que han sido tocados aspectos muy delicados pero que una parte muy sustancial del nuevo Estatut se mantiene en pie, por lo que debería ser posible, para unos y otros, mantener una cierta dosis de sensatez.

En cualquier caso, la primera impresión debería ser de alivio porque existe una sentencia, después de cuatro terribles años en los que las posiciones tan enconadas de los distintos sectores representados en el TC impidieron el acuerdo, y alivio porque se mantiene la línea del Marbury contra Madison y el principio de prevalencia de la Constitución. Nadie ha puesto en duda la primacía de la voluntad popular, como se afirma en Cataluña, sino que bien al contrario, el fallo ha defendido sobre todas las cosas esa voluntad popular soberana: simplemente ha reiterado que recae sobre el conjunto del pueblo español, único capacitado para cambar la Constitución.

Pero, pasada esa primera sensación, queda también la amargura de constatar el coste político e institucional que ha tenido este proceso, llevado a cabo con una notable insensatez por parte de la mayoría de la clase política, tanto en el conjunto de España como en Cataluña. Unos, por pretender ignorar los elementos de inconstitucionalidad que existían en el Estatut, como demuestra la sentencia. Y otros, por pretender ignorar el deseo legítimo de una buena parte de la sociedad catalana de encontrar cauces para ampliar ese autogobierno. Una mirada sin obcecación a lo ocurrido en estos cuatro años debería animar a los dirigentes políticos a no tentar más al diablo y a mantener una actitud más lúcida. Estos no son tiempos para permitirse más acometidas ciegas.

Soledad Gallego-Díaz 

 

Derecho a la huelga, sí; servicios mínimos, también

La única ley orgánica prevista en la Constitución sin desarrollar es la que regula la huelga - El decreto en vigor es de 1977 - El escollo es definir qué servicios mínimos son esenciales y cuáles abusivos

Largas caminatas para llegar al trabajo. Esperas interminables bajo las atestadas marquesinas de las paradas de autobús. Multitud de taxis con la luz verde apagada. Son las imágenes que dominaron Madrid el pasado martes y miércoles. La huelga del metro en la capital tras la ruptura del convenio por la Comunidad de Madrid ha acabado provocando un paro total del suburbano madrileño, en el que los trabajadores tan siquiera han respetado los servicios mínimos. La consecuencia más visible ha sido el caos e imágenes que recordaban las vividas hace 18 años, también en Madrid, con la huelga salvaje de los autobuses públicos que se prolongó durante 66 días. Pero también ha traído un debate viejo: la falta de una ley de huelga.

"Puedo entender parte de lo que dicen pero no puedo aceptar en ningún caso que se tenga que parar una ciudad", empezó por clamar el presidente del Senado, el socialista Javier Rojo, el miércoles, para reclamar que se "abra un debate sobre esta cuestión". Un debate que necesariamente pasa por cumplir uno de los mandatos de la Constitución: elaborar una ley orgánica de huelga, algo que casi 32 años después de que se aprobara el derecho todavía ningún Gobierno ni Parlamento ha sacado adelante.

"Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad", reza el artículo 28.2 de la Constitución. Ahí se enmarca con claridad por dónde debe discurrir el debate que reclama Rojo: tratar de conjugar dos derechos que, como se ha visto estos días, pueden colisionar entre sí.

Hasta ahora, la legislación española sobre un derecho fundamental, como es el de huelga, y sobre los servicios mínimos, se asienta en un decreto ley de 1977. No obstante, como se apresura a apuntar Enrique Lillo, abogado laboralista vinculado a Comisiones Obreras, esta norma está adaptada a la legalidad democrática por sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, como explica el catedrático de derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz Villalón, "la existencia de servicios mínimos no puede impedir que haya huelga. No pueden dictar que se funcione al 100%. Incluso se tiene que determinar si el servicio es esencial o no. Y, en el caso del transporte, si hay vías alternativas o no".

Pero lo cierto es que lo sucedido en Madrid estos días con el metro, o lo visto hace años en huelgas de los servicios de basuras o de autobuses urbanos demuestra que hacen falta cambios. "El sistema actual no funciona", concluye el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense, Jesús Lahera. Su opinión, y la necesidad de sacar adelante la única ley orgánica que resta en la Constitución -la ley de huelga- es amplia entre la comunidad académica. "Hay unanimidad", concluía el pasado miércoles Cruz Villalón. Contesta al teléfono desde el aeropuerto de Barajas, donde está de paso. "Tenía intención de acercarme a la ciudad, pero me han dicho que es un caos".

El académico se ha convertido en uno más de los dos millones de afectados por el paro que ha provocado un debate guadiana en la democracia española. "Siempre que se produce un episodio de estos, surge", explica Juan Carlos Aparicio, antiguo ministro de Trabajo con el Partido Popular. La misma queja plantea Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT. "Siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena", refranea el sindicalista, para argumentar que este es un tema sobre el que conviene no legislar "en caliente".

Y lo cierto es que ahora el ambiente se ha calentado en exceso. Lo sucedido en Madrid ha desembocado en la apertura de expediente a 400 trabajadores de Metro. ¿Por qué? "Una vez se fijan los servicios mínimos estos se tienen que cumplir. El trabajador tiene el deber de cumplirlos. Si no lo hace, incumple el contrato. Eso puede dar lugar a una sanción que puede pasar por la suspensión de empleo y sueldo o por el despido", explica Lahera. Y los trabajadores de Metro incumplieron los servicios mínimos el martes y el miércoles.

La norma actual es difusa. Para empezar no fija en qué sectores son necesarios los servicios mínimos. La Constitución habla de "servicios esenciales para la ciudadanía". El decreto de 1977, de "cualquier género de servicio público o de reconocida e inaplazable necesidad". En un artículo de 2008, Raquel Quintanilla, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, detalla cómo la jurisprudencia y los diferentes Gobiernos han ido declarando esenciales sectores como eléctrico, la radio o la televisión. También lo es el transporte, estratégico en las sociedades modernas capaces de provocar escenas como las vividas en Madrid estos días. Esto provoca una de las primeras quejas sindicales con la norma. "Es la autoridad gubernativa, como dice el decreto, la que dicta que es un servicio esencial", declara Lillo.

La otra queja es la más escuchada estos días. "La Administración se ha instalado en imponer servicios mínimos abusivos para que las huelgas no tengan efecto. Y estas se tienen que notar, si no se merma el derecho", argumenta Ferrer, de UGT. Es su justificación sobre lo sucedido en Madrid.

Una justificación y apoyo a los trabajadores de Metro que no solo ha llegado del número dos de UGT. También los líderes de los dos sindicatos mayoritarios, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, lo han hecho. Y con el mismo argumento: las comunidades autónomas y el Gobierno suelen dictar servicios mínimos que en la mayoría de ocasiones los jueces estiman "abusivos". Pero, sobre todo, los sindicalistas lamentan que la sentencia llega tarde. Con años de retraso, cuando la huelga y sus efectos han quedado muy atrás, con lo que el derecho de huelga ha quedado dañado. Fue el caso de los servicios mínimos del sector eléctrico fijados para la huelga general de 2002 que se declararon abusivos años después.

"Tan constitucional es el derecho a la huelga como asegurar el mantenimiento de los servicios mínimos fundamentales. Está en el mismo artículo de la Constitución, pero hay quien lee la constitución de forma sesgada", responde el ex ministro Aparicio.

No obstante, José Manuel Ruiz, juez de lo contencioso-administrativo de Madrid, admite que "las sentencias siempre llegan con posterioridad a la huelga". Cierto que se pueden tomar medidas cautelares, pero no son habituales. Los plazos y los trámites propios de todo procedimiento jurídico y los "juzgados desbordados", son los argumentos que esgrime Ruiz.

Así que la primera reclamación sindical a la hora de fijar los servicios mínimos es que se negocien. La tradición y los consejos de los tribunales dictan que se haga. De hecho, cuando una huelga afecta a un servicio esencial, el periodo de consultas es de 10 días, el doble que para una huelga ordinaria. Pero lo cierto es que las autoridades no tienen la obligación de hacerlo.

Precisamente por este punto comienzan las recomendaciones de los académicos a la hora de elaborar una ley de huelga. Lahera habla de "autorregulación" para implicar a los sindicatos en el establecimiento y cumplimiento de los servicios mínimos.

Cruz Villalón propone que se elabore una lista de sectores "esenciales para la comunidad" y que se cree algún tipo de órgano mediador. Las tres iniciativas se miran en el espejo italiano, donde más desarrollada está la legislación sobre las huelgas, con la participación de las centrales a la hora de fijar los límites de los paros.

Esas propuestas también se apoyan en el único intento serio de sacar adelante una regulación sobre el asunto en España. Un intento que decayó justo en el último paso, su votación en el Congreso de los Diputados, cuando el proyecto, pactado por el grupo parlamentario socialista y los sindicatos, ya había vuelto del Senado. Justo entonces, en 1993, Felipe González disolvió las cortes y no tuvo interés en recuperar el proyecto en la siguiente legislatura.

Entre los contenidos de este proyecto se establecía una lista de 17 sectores que se consideraban esenciales: entre ellos figuraban la sanidad, la recogida de basuras, los transportes, la radio y las televisiones públicas o los servicios eléctricos. También se daba un plazo de un año para que en cada uno de estos sectores se fijaran criterios básicos a la hora de fijar los servicios mínimos antes de que llegaran los conflictos.

Si el modelo a seguir fuera el apuntado hace casi dos décadas, los sindicatos no tendrían inconveniente en negociar una ley de huelga. "No tenemos ningún problema en sentarnos a hablar sobre esto. Pero cuando hablan de regular el derecho de huelga, en realidad piden recortarlo. Y es un derecho fundamental", explica Ferrer. Trata así de responder a quienes, desde instancias académicas y políticas, les señalan como los principales responsables de que hasta ahora no se haya ido más allá.

Aparicio, el antiguo ministro del PP, duda de esta disposición. "En 2002 propuse esto en la mesa del diálogo social y no vi ánimo por ninguna de las partes", se arranca, "nunca ha habido buen ánimo, y ahí incluyo a sindicatos y a patronal. Estamos en una situación anómala".

Un antiguo responsable de relaciones laborales de CEOE y actual consejero de Cuatrecasas Abogados, Fernando Moreno, admite que por parte de la patronal nunca ha habido una apuesta unánime por entrar en este terreno: "Hay quien piensa que la mejor ley de huelga es la que no existe", pero él no está de acuerdo. Cree que "algún tipo de concreción legal tiene que haber", sentencia. Pero conforme avanza en sus argumentos se distancia de los sindicatos. "Los daños no pueden ser desproporcionados con los fines que se exigen. El problema es que muchas huelgas devienen en ilegales cuando comienzan por la acción de los piquetes". Dicho de otra forma, para este abogado, el problema fundamental no reside en los servicios mínimos.

Menos entusiasta de la regulación es el ex secretario general de Empleo Valeriano Gómez. Para él, la existencia de una ley preconstitucional ha frenado el desarrollo de una nueva. Pero apunta que problemas como el de estos días en el metro de Madrid no tienen solo su origen en el ámbito legal, también apunta a los medios de comunicación. "Cuando hay una huelga y se cumplen los servicios mínimos, la prensa no debería de hablar de normalidad, sino destacar el cumplimiento de los servicios mínimos", argumenta, tratando de explicar que los conflictos laborales también se dirimen en el ámbito de la opinión pública, y que poner el acento en la normalidad no refleja la disputa.

Tampoco es muy partidario uno de los negociadores de la ley nonata de 1993, Francisco González de Lena, antiguo alto cargo del Ministerio de Trabajo. "No sería bueno que una regulación se centrara solo en el cumplimiento o incumplimiento de los servicios mínimos. Además, no hay un vacío legal. En el anteproyecto se planteaba fijar criterios, pero no se establecía un catálogo detallado. Siempre habrá que establecerlos para cada caso y en cada huelga, haya o no una nueva regulación: por ejemplo, no es lo mismo una huelga de una hora, de media jornada, de un día, que sea en fin de semana. Todo eso requiere un tratamiento específico que no puede determinar una ley. Pensar que desaparecerá el conflicto porque haya una ley es un error".

Manuel V. Gómez para El País.

Indiferencia

¿Cuál será la huella que me lleve hasta tu encuentro?

No quiero vivir errante y vacío quedándome sólo en tus huellas.

¿Se llamará salud, o enfermedad?

¿Se presentará con el rostro del éxito o con el cansancio golpeado del fracaso?

¿Será seca como el desierto o rebosante de vida como el oasis?

¿Brillará con la transparencia del místico o se apagará en el despojo del oprimido?

¿Caerá sobre mí como golpe de látigo o se acercará como caricia de ternura?

¿Brotará en comunión con un pueblo festivo o en mi indecible soledad original?

¿Será la historia brillante de los libros o el revés oprimido de la trama?

No importa cuál sea el camino que me conduzca hasta tu encuentro.

No quiero apoderarme de tus huellas cuando son reflejo fascinante de tu gloria, ni quiero evadirlas fugitivo cuando son golpe y angustia.

No importa lo que tarde en abrirse el misterio que te esconde, y toda huella tuya me anuncia.

Todo mi viaje llega al silencio y a la espera de mi «no saber» más hondo. Pero «yo sé» que ya estoy en ti cuando aguardo ante tu puerta.

 

Ejercicios espirituales. San Ignacio de Loyola

Duelo por la República Española

Las matanzas en el bando antifranquista durante la Guerra Civil no fueron de los republicanos, sino de los partidarios de una revolución social que, de haber triunfado, también hubiera supuesto el fin de la República

En la noche del 22 al 23 de agosto de 1936, Manuel Azaña y su amigo y abogado Ángel Ossorio mantuvieron una larga y dramática conversación en el Palacio Nacional. Habían llegado a Palacio las noticias de las atrocidades cometidas por milicianos en el asalto a la cárcel Modelo de Madrid, donde fueron abatidos o fusilados varias decenas de presos, entre otros Melquíades Álvarez, antiguo jefe político de Azaña en el Partido Reformista. Azaña no puede soportar el duelo inmenso por la República, la insondable tristeza que le produce la matanza y siente veleidades de dimisión. Ossorio, que ha sido llamado por Cipriano de Rivas, cuñado del presidente, intenta tranquilizarlo recurriendo a un argumento que irrita a su amigo, pero que acaba por calmar su ansiedad: las muertes de aquellas personas, muchas de ellas encarceladas con el único propósito de garantizar su seguridad, entraban en la "lógica de la historia".

Esa conversación, que Azaña reproducirá en su diario y en La velada en Benicarló, condensa como ninguna otra el drama político y de conciencia vivido por un puñado de republicanos -y por algunos socialistas- ante la enormidad de los crímenes cometidos en los territorios que habían quedado bajo autoridad nominal del Gobierno legítimo. Lo vivían, ese drama, quienes, sabiendo de los crímenes y sintiendo repugnancia por tanta sangre derramada, decidieron mantenerse leales a la República. No se lo plantearon los que mataban, que consideraban la muerte de los representantes del viejo orden social como una exigencia de la revolución; tampoco quienes, sin matar, los justificaban por alguna necesidad histórica o porque antes de la revolución fue la rebelión, como el católico y jurista Ossorio; ni, en fin, quienes apoyándose en su comisión se apresuraron a poner tierra por medio para refugiarse en una tercera España que se pretendía neutral y se constituía, en París, como reserva de futuro.

De modo que el debate sobre la naturaleza y alcance de los crímenes cometidos en territorio de la República como consecuencia inmediata de la rebelión militar es tan viejo como aquellas semanas de julio y ha suscitado no solo apasionados enfrentamientos, sino grandes obras literarias, como el paseo por Madrid del profesor particular de filosofía Hamlet García, un álter ego de Paulino Masip; o la atormentada angustia de un joven juez durante los Días de llamas, de Juan Iturralde; o los cortos, magistrales, relatos de Manuel Chaves Nogales. Tal vez si nos situáramos en esa larga y honda corriente y abandonáramos la vana pretensión de decir algo grande y definitivo -esa "puñetera verdad" a la que se refiere Javier Cercas- que no se haya dicho ya mil veces sobre nuestro horrible pasado, evocaríamos los crímenes entonces cometidos en zona republicana como una tragedia por la que todos tendríamos que hacer duelo. Porque el duelo del que hablaba Azaña obedecía a la evidencia -insoportable para quienes esperaron algún día que la República significara el amanecer de un nuevo tiempo-, de que esas matanzas nada tenían que ver con su defensa ni con los valores por ella representados, sino con el comienzo de una revolución social que, entre otras catástrofes como acelerar la derrota, significaría, de triunfar, el fin de la misma República. Cuando se comparan los crímenes de los rebeldes con los de los leales, al modo en que Ossorio se lo decía a Azaña: ellos comenzaron; o se insiste en que fueron menos: ellos matan más; o se reducen a desmanes de incontrolados: ellos planifican; lo que se olvida es que esos crímenes obedecieron a una lógica propia, reiteradamente publicitada desde discursos de líderes anarquistas, comunistas y socialistas, repetidos cada vez que se cometía un crimen masivo: que era preciso destruir desde la raíz el viejo mundo, prender fuego a sus símbolos y proceder a la limpieza de sus representantes.

De esta suerte, muchos miles de asesinados en las semanas de revolución no lo fueron por franquistas ni por apoyar a los rebeldes: de lo primero no tuvieron tiempo ni de lo segundo, ocasión. Murieron porque quienes los mataron creían que una verdadera revolución -que es una conquista violenta de poder político y social- solo puede avanzar amontonando cadáveres y cenizas en su camino. Fue en ese marco y movidos por estas ideologías y estrategias por lo que se cometieron en territorio de la República, durante los primeros meses de la guerra, crímenes en cantidades no muy diferentes y con idéntico propósito que en el territorio controlado por los rebeldes: la conquista, por medio del exterminio del enemigo, de todo el poder en el campo, en el pueblo, en la ciudad. Luego, desde los hechos de mayo de 1937 en Barcelona, la guerra continuó, la República consiguió rehacer un ejército y un mínimo aparato de Estado y, aunque no se puso fin a las ejecuciones sumarias, al menos se controlaron las matanzas.

Solo ahí comienza la verdadera diferencia en la que tanto insisten quienes califican de desmanes los crímenes de unos y de genocidio o crimen contra la humanidad los de otros. La diferencia consiste en que, a pesar de su rearme, la República no logró conquistar nuevos territorios, y dentro del suyo la limpieza ya había cumplido la tarea que se le había asignado sin que la revolución social hubiera culminado como revolución política: en un territorio progresivamente reducido era inútil -y ya no había a quién- seguir matando a mansalva, como en las primeras semanas de la revolución. Los rebeldes, sin embargo, cada vez que ocupaban un pueblo, una ciudad, proseguían la implacable y metódica política de limpieza valiéndose de la maquinaria burocrático-militar de los consejos de guerra. Eso fue lo que cavó un abismo entre la rebelión triunfante y la República derrotada, un abismo en el que sucumbieron otros 50.000 españoles fusilados tras inicuos consejos de guerra una vez la guerra terminó.

Uno de los vencedores, Dionisio Ridruejo, definió hace ya varias décadas la política de limpieza realizada por su propio bando como una operación perfecta de extirpación de las fuerzas políticas que habían patrocinado y sostenido la República y representaban corrientes sociales avanzadas o movimientos de opinión democrática y liberal. Una represión, escribía Ridruejo, dirigida a establecer por tiempo indefinido la discriminación entre vencedores y vencidos. ¿Cómo se podía derribar esa barrera divisoria, cómo se podía iniciar un proceso que clausurara esa discriminación? La historia se ha contado ya mil veces: no existía posibilidad de reconstruir la mínima comunidad moral en que consiste cualquier Estado democrático si gentes procedentes de los dos lados de la barrera no establecían una corriente en ambas direcciones para sentarse en torno a una misma mesa, hablar, negociar y llegar a algún acuerdo sobre el futuro.

Y eso empezó a ocurrir, en España y en el exilio, desde los contactos de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas y del PSOE con la Confederación Monárquica al final de la II Guerra Mundial, y siguió con los encuentros de hijos de vencedores y vencidos en las universidades desde mediados los años cincuenta, con la política de reconciliación aprobada por el Partido Comunista en junio de 1956, con el coloquio de Múnich de 1962, con las reuniones de las comisiones obreras -entonces todavía con artículo y minúsculas- y de movimientos ciudadanos en locales facilitados por parroquias y conventos, con las iniciativas de diálogo y colaboración entre comunistas y católicos en los años sesenta y las Juntas Democráticas de los setenta. En todos estos encuentros se trataba de mirar al futuro sin dejarse atrapar por la sangre derramada en el pasado, de hablar por eso un lenguaje de democracia que daba por clausurada la Guerra Civil o, para decirlo como entonces se decía, que consideraba la Guerra Civil como pasado, como historia, no como algo presente que pudiera determinar el futuro.

Esta visión, y las consecuencias políticas de ella resultantes, es lo que está a punto de ser arrojada al basurero de la historia con la creciente argentinización de nuestra mirada al pasado y la demanda de justicia transicional 35 años después de la muerte de Franco. Denostada hoy como mito y mentira, la Transición fue el resultado de una larga historia española iniciada por un sector de quienes fueron jóvenes en la guerra y continuada por un puñado de quienes fueron niños en la posguerra. No es una historia de miedo ni de aversión al riesgo; consistió más bien en mirar adelante, recusando la herencia recibida, y no a los lados, desde donde no se esperaba ningún impulso democratizador. Esas gentes construyeron una democracia -imperfecta, deficitaria, como todas- sobre una experiencia política de diálogo y reconciliación en la que nadie pretendió defender las razones que pudieran haber asistido a sus padres cuando empuñaron las armas. Si cada cual, a la muerte de Franco, hubiera puesto encima de la mesa su puñetera verdad, es posible que todos nos hubiéramos ido a hacer puñetas dejando como única herencia el lamento por otra gran ocasión perdida.

Santos Juliá

Retar a la crisis

Tenemos que ser críticos con los liderazgos nocivos aunque combatamos con organismos poderosos

La mayor parte de los 36.000 asociados y cerca de 100.000 antiguos alumnos de Deusto, Comillas-Icade y Esade son actuales directivos, ejecutivos y profesionales que tejen el entramado social y empresarial de nuestro país. Lo que une a las tres instituciones es un pasado común, las tres están vinculadas a la Compañía de Jesús, y un futuro representado por un proyecto amplio y compartido y por esos 100.000 antiguos alumnos, el valor más preciado para una universidad o escuela de negocios. El proyecto en el que queremos caminar juntos pasa por retar al futuro. Retar a la crisis debe ser la tarea de nuestras instituciones y del mundo universitario en general. Estas nacen para retar a la cultura y las prácticas dominantes y para proponer constantes mejoras en ellas, no para "reproducirlas". Con una última intención: hacer la empresa y la economía entornos más humanizados, que generen "valor económico" y también "valor social".

Las tres instituciones que representamos, y especialmente sus respectivas asociaciones de antiguos alumnos, acaban de firmar un acuerdo para constituir una gran confederación. La idea es que, partiendo de unos mismos valores, esta confederación promueva una alianza estratégica. No olvidemos que si en España nuestras organizaciones docentes representan un potencial importante al servicio de la sociedad, a nivel internacional la red es, sin duda, la más numerosa, con 100 escuelas y 202 universidades. Es una alianza, no una fusión.

Pero ¿qué pueden aportar las universidades y las escuelas de negocios vinculadas con la Compañía de Jesús a la sociedad española? Porque esta es, en definitiva, la razón de fondo de aunar los esfuerzos de Deusto, Comillas-Icade y Esade, partiendo de la base de la defensa de unos valores humanistas comunes que reten a la crisis para ayudar a superarla entre todos.

Es frecuente oír que la gran crisis económica que padecemos hunde sus raíces en una crisis de valores. Nosotros también lo creemos. Por eso, como un elemento característico de nuestra formación empresarial, introducimos y queremos introducir cada vez más las dimensiones de responsabilidad social, personal y corporativa, nacional e internacional, como parte de la solución en la construcción de un modelo económico y social más justo y solidario. Siguiendo a Peter Hans Kolvenbach, anterior prepósito general de la Compañía de Jesús, "en un mundo globalizado como este, con sus inmensas posibilidades y sus profundas contradicciones, la ’persona completa’ se entiende de manera diferente a como se entendía en la revolución industrial o en el siglo XX".

En nuestro ADN existe una fuerte y constante petición de humanizar la realidad económica y empresarial. Por eso nuestras instituciones y el mundo universitario en general deben seguir con su compromiso de favorecer esa humanización.

Más allá de las modas, lo que hay detrás de la responsabilidad corporativa, de los valores dominantes actualmente y la necesidad de liderazgos responsables deben ser temas de estudio y, sin duda, de formación. En nuestro espacio universitario debe favorecerse una seria crítica a las malas prácticas de liderazgo empresarial y a todos aquellos liderazgos nocivos que buscan más el seguimiento de la persona que los objetivos empresariales o institucionales o la propia finalidad de la empresa. Hemos de ser críticos con ellos aunque tengamos que combatir con situaciones difíciles u organizaciones poderosas.

Nuestras aulas y despachos deben ser lugares de formación y de reflexión sobre aquel liderazgo que es más útil a la sociedad, un liderazgo eficaz, que es un liderazgo de éxito, pero a la vez consciente de su impacto social y humano, un liderazgo que tiene una conciencia cívica claramente desarrollada.

La sociedad española debe salir de la crisis cuanto antes. Y tan importante como esto es que el camino que se elija sea el apropiado desde un punto de vista económico-empresarial. Dentro de este enfoque, el espíritu emprendedor como dinamizador de la sociedad es básico. Pues es un activo de las sociedades y distingue a las que progresan de las que se estancan. El primer compromiso de nuestras instituciones debe ser con la creación y el estímulo emprendedor a través de la docencia y la investigación. Porque de la miseria, de la crisis económica, se sale de la mano de más empresa, no de menos empresa.

Hay otros dos retos que nuestro país tiene pendientes: la competitividad y la productividad. En economías avanzadas como la nuestra, se debe competir desde un buen número de palancas de productividad; a través de la innovación de servicios, productos y procesos, y a través de la internacionalización. Internacionalización e innovación deben ser otros dos compromisos propios de nuestras instituciones si queremos aportar algo al tejido productivo.

Quizá aquí vendría bien el "magis ignaciano" (no conformarse con lo que hacemos bien, sino buscar siempre un mejor servicio y de más calidad y excelencia).

Ante los grandes retos de este siglo, caracterizado por la globalización, la profunda crisis económica y la búsqueda de un nuevo modelo económico y social más justo, solidario y sostenible, debemos unir las fuerzas de nuestras universidades y escuelas de negocios para poder ofrecer a esta sociedad una formación empresarial excelente. A eso nos comprometemos las tres instituciones.

Jaime Oraá es rector de Deusto, José Ramón Busto es rector de la Universidad Pontificia de Comillas y Carlos Losada es director general de Esade.

Una sentencia en el camino

Tenemos, pues, sentencia. Pero no puede hacer imposibles: no puede transformar un Estatuto ambiguo, con alma de Constitución y cuerpo de reglamento, en una norma irreprochable desde el punto de vista técnico

No es que confiara mucho, pero bastantes de las reacciones ante la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de autonomía me han defraudado, pues se mueven inoportunamente en un registro que no es el que corresponde en este momento. Me atrevo a pedir algo de fineza en el análisis y no manifestar una mera opinión política, lo que creo que es especialmente exigible a algunos cargos institucionales, que se han limitado a saludar, o no, a veces con destemplanza criticable, el fallo desde una óptica exclusivamente partidista.

Lo que debemos hacer es juzgar al Tribunal exclusivamente en términos jurídicos, que son los únicos conforme a los cuales debe operar. Sin caer en la cuenta de que el terreno en el que se presenta la cuestión ahora es el jurídico, sin llevar a cabo dicha distinción, sutil pero cierta, no vamos a ningún sitio. Ello no significa que se ignore que el control de un Estatuto de autonomía tiene alcance político y que, por ello, presenta una dificultad especial. Tampoco pretendo excluir una repercusión política de la sentencia, aunque no tendrá predominantemente el significado de un reproche o censura de este tipo, pues todo el mundo sabe que un tribunal no es la instancia que en el Estado constitucional pone o quita los Gobiernos.

Desde un punto de vista jurídico, lo que la sentencia significa es sin duda el funcionamiento regular de un órgano del Estado que ha cumplido con su función constitucional. El Tribunal Constitucional está para asegurar la regularidad de todo el ordenamiento del que forman parte importante los Estatutos de autonomía. Para afirmar la supremacía constitucional, se contempla un sistema de recursos que, interpuestos por quien tiene legitimación, acaban en un fallo del Tribunal. A todos nos hubiera gustado una sentencia menos tardía y que dispusiera de un clima de aceptación más sereno. No ha sido posible: como nos ocurre a las personas, las instituciones han de actuar a veces en condiciones que no son las óptimas. Ha de tenerse en cuenta que el Tribunal ha debido pronunciarse sobre diversos recursos al respecto y que se trata de impugnaciones bien complejas y abundantes; por no referirnos al acoso indebido a que se ha sometido irresponsablemente a sus miembros. Esta instancia, mientras tanto, ha debido de reaccionar en otras oportunidades urgentes, por ejemplo decidiendo, en un servicio a la democracia impagable, sobre el Plan Ibarretxe, etcétera.

Por lo que se refiere a la composición del Tribunal, cuestión planteada ventajístamente por algunos, a mi juicio, la salida no era la renovación a toda costa, pues la decadencia obligada de los asuntos hubiese parecido un desperdicio de medios que se habrían ido por la borda con el Tribunal saliente, pudiendo parecer que el cambio de componentes del órgano jurisdiccional, máxime contando con diversos precedentes de renovaciones retrasadas, obedecía a maniobras tácticas, tendentes a evitar un fallo no deseado.

Tenemos, pues, sentencia. Ahora bien, lo que no puede hacer la sentencia es imposibles: no puede transformar un Estatuto ambiguo -con alma de Constitución y cuerpo de reglamento, se ha dicho acertadamente- en una norma irreprochable desde un punto de vista técnico. Lo que puede hacer el Tribunal es depurarla, eliminando aquellos aspectos que manifiestamente no caben en el marco jurídico de la Constitución, proponiendo en cambio una comprensión adecuada de aquellos preceptos entendibles, aunque sea con algo de esfuerzo, conforme con la Norma Fundamental.

Me parece que la sentencia se moverá de acuerdo con dos ideas básicas: no es un buen planteamiento contraponer Cataluña y España ni el Estatuto a la Constitución: el desarrollo de la personalidad de Cataluña, se califique como se quiera su identidad, no tiene en el orden constitucional un límite sino una garantía. Un gran vasco, a quien vamos a homenajear dentro de unos días en la universidad de verano donostiarra, José Miguel de Azaola, lo expuso hace tiempo con total pertinencia: fortalecer a los integrantes de España -él pensaba sobre todo en el País Vasco y Cataluña- es hacer a esta más sana, más equilibrada, más fuerte. Pues decía el bilbaíno, "no hay incompatibilidad alguna entre ambos robustecimientos de las partes y el conjunto: al contrario, se complementan y necesitan el uno al otro".

Debería entenderse bien la poda de los elementos identitarios a que procede la sentencia, tipo de ingredientes que por otra parte son un hallazgo necesario y conveniente en las normas estatutarias: la circunscripción espiritual de la condición nacional de Cataluña, el reconocimiento del catalán sin demérito del castellano, también lengua de Cataluña como de toda España, la apreciación correcta, pero no constitucional como en el caso vasco y navarro, de los derechos históricos.

La segunda idea que creo resulta obligada asumir para entender la sentencia del Tribunal se refiere a lo siguiente. El Estado autonómico es una forma cultural, política, que necesita de una cierta sintonía entre sus partes, como decíamos. Pero es también una forma u orden que requiere de homogeneidad y capacidad de actuación suficientes, especialmente en coyunturas como la presente de crisis, solo abordable con protagonismo internacional, europeo mayormente, pero no solo. Si el Estado es una unidad de decisión, ha de incrementarse su articulación, que descansa sobre dos elementos: una homogeneidad mínima compartida y un liderazgo político indudable.

Esto quiere decir que el Estado compuesto que es nuestro Estado autonómico no puede construirse, sin poner en riesgo su unidad funcional, mas allá de un cierto grado de complejidad. Se ha de fomentar, por tanto, de modo inexcusable, el momento de la cooperación, de la colaboración a todos los niveles, conteniendo, por ejemplo, las duplicidades, lo que yo llamo la opulencia administrativa o burocrática. Cierto que la unidad no excluye la colaboración plural en su consecución, pero tal unidad compleja ha de armarse y constituirse a través de un esfuerzo explícito, inevitable en los Estados compuestos como es el nuestro. Esto significa: eliminación de aquellos elementos del Estatuto que ponen en cuestión el funcionamiento integrado del Estado. Sin duda en ese terreno se explica la anulación de una planta independiente del poder judicial en Cataluña, o la declaración de inconstitucionalidad ateniente al carácter vinculante a los dictámenes del Consejo de Garantías, o el rebajamiento del significado, todavía más, de las comisiones bilaterales, o el rechazo por parte del Tribunal Constitucional de que desde una parte del Estado, Cataluña en este caso -pero, ojo, otros Estatutos como el de Extremadura o el no nato de Castilla-La Mancha-, se impongan objetivos o trabas a las decisiones sobre el gasto público de la Hacienda general. O la atribución estatutaria de competencias exclusivas que, según jurisprudencia constitucional constante, no existen salvo en los casos de autoorganización. O la denuncia de una comprensión estatutaria sobre las bases de la legislación, que no son solo principios sino guías y, en su caso, regulación mínima del Estado, cuyo respeto se impone por la Constitución al Estatuto.

Esta sentencia consolida el desarrollo del Estado autonómico, tal como ha tenido lugar hasta este momento, en su aspecto competencial, confirmando la seriedad de nuestra descentralización, pero el pronunciamiento del Tribunal inaugura un segundo momento de nuestra forma política que no es de negación sino de superación de lo recorrido. El empeño, aunque sea difícil, y a veces pueda estar planteado en términos discutibles, bien merece la pena.

Juan José Solozábal es catedrático de Derecho Constitucional en la UAM.

Contra el desapego ciudadano

Para evitar que continúe la erosión de la confianza y del bienestar en España se requiere de un ’compromiso histórico’ entre fuerzas diversas, sin sujetar su contenido a una ideología concreta

El tono vital de la sociedad española atraviesa un momento alarmante. Lo manifiesta el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que reitera la siguiente valoración: una mayoría piensa que la situación económica es mala o muy mala y que dentro de un año será igual o peor; la mayoría entiende también que la situación política es mala o muy mala y que dentro de un año será igual o peor; y cuando se pregunta cuáles son los principales problemas que tiene este país, se responde mayoritariamente que el paro, la situación económica y la clase política. Si se extendiese esta opinión más allá de la coyuntura provocaría en la ciudadanía una especie de nihilismo, la anomia en su intervención pública; en definitiva, el desafecto, que es una de las condiciones para que disminuya la calidad del sistema democrático.

Una medición cuantitativa de la democracia española se hace desde hace tres años en el Informe sobre la Democracia en España (IDE), que edita la Fundación Alternativas. Se trata de una especie de auditoría democrática, concebida por el Human Rigths Center de la Universidad de Essex y adaptada a nuestro país, que trata de evaluar la calidad de la democracia atendiendo a dos criterios básicos: la igualdad política y el control social, entendido este como el derecho de los ciudadanos a influir en las decisiones públicas y en el proceso político. Pues bien, en los dos últimos años -que coinciden con la primera fase de la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero- los expertos que contestan consideran que la calidad de la democracia en España ha disminuido casi medio punto (del 6,2 al 5,8 sobre 10) y todos los indicadores ofrecen la misma tendencia descendente.

Pero hay dos campos en que esa tendencia se profundiza en el IDE-2010: los de la economía y la corrupción. Se valora muy negativamente la capacidad del sistema democrático para solucionar la crisis económica; cada año empeora la percepción sobre la verdadera autonomía del Gobierno en el desarrollo de sus políticas frente a los intereses económicos externos; se deteriora de forma acusada la confianza en la acción del Gobierno para resolver los principales problemas de los ciudadanos. En el caso de la corrupción, la profundidad del caso Gürtel es abrasiva y muestra que las irregularidades políticas no solo están directamente vinculadas al urbanismo, sino también a la contratación pública; se multiplica la captura de políticas, el control por grupos de interés de áreas en la política dentro del Estado, de modo que los gobernantes no pueden formular políticas autónomas en ese ámbito. La política urbanística en España ha sido un ejemplo de política capturada por los propietarios del suelo.

No sólo de economía vive el hombre, pero la economía es hoy el principal problema español, y de su mejora depende mucho todo lo demás, incluida la marcha general del sistema democrático, golpeado de modo muy directo por las dudas ciudadanas en torno a la calidad de las respuestas políticas a la crisis, en términos de eficacia y de reparto de las cargas. La profundidad de la crisis interpela al propio sistema democrático y a la percepción ciudadana sobre el mismo. Los principales datos son suficientemente conocidos: estancamiento de la producción, un paro que afecta a una de cada cinco personas de la población activa y que en buena parte se está convirtiendo en estructural, un déficit público superior al 11% del PIB, un endeudamiento público y privado que equivale al 390% del PIB (cerca de cuatro billones de euros), etcétera. De todos ellos, el más excepcional, el que más nos diferencia del resto de los países de nuestro entorno, es la extraordinaria tasa de paro (que se dobla para los menores de 25 años). En la anterior recesión, la de la primera mitad de los años noventa del siglo pasado, España llegó a tener un porcentaje de desempleo del 24,5%; tan sólo 13 años después, en el segundo trimestre del año 2007, esa tasa llegó a bajar al 7,95% (la más baja de la democracia) y se colocó en porcentajes similares a la media europea. Se necesitaron 13 años para igualarnos con la media europea y ello creciendo a porcentajes medios superiores al 3%. Aunque el tamaño, grado de apertura y flexibilidad de la economía española es diferente hoy a la de los años noventa, los agentes sociales tienen más experiencia y las empresas se han internacionalizado, no parece demasiado arriesgado pensar que un esfuerzo similar podría ocupar a nuestro país cerca de una década, un tiempo demasiado largo para aceptarlo como inevitable.

Es por ello que se considera imprescindible un gran acuerdo, un compromiso histórico entre las fuerzas políticas, económicas y sociales en torno a las iniciativas indispensables para el saneamiento y la reforma de la economía española. Un gran acuerdo entre fuerzas diversas, que representen a la mayoría de los ciudadanos, sin sujetar su contenido a una ideología concreta, para evitar la erosión de la confianza y del bienestar, y romper con el desafecto creciente. Un pacto transversal que recorra los distintos ámbitos de la Administración (Estado central, comunidades autónomas y ayuntamientos) y que supere el ámbito de una legislatura para que, gobierne quien gobierne, pueda aplicar lo consensuado durante el tiempo que sea necesario. Un pacto de austeridad compartido, de saneamiento y reformas. No sea que se repita en el siglo XXI lo que Indalecio Prieto describe en sus Convulsiones de España: "No entender políticamente el mundo de la crisis económica y no presentar ante él una política económica coherente constituyó una de las causas del fracaso de la II República".

No sólo la economía y la corrupción desmoralizan a los ciudadanos y les hacen valorar lo que ahora estamos sufriendo como una crisis institucional. La politización de la justicia en sus más altos niveles, el mercadeo de cargos en una especie de lottización, la tardanza en resolver algunos de los casos (el más paradigmático, el de la constitucionalidad del Estatut de Cataluña, que ha renovado algunas de las visiones más esencialistas en latente conflicto sobre la estructura territorial del Estado) conducen a un amplio desapego ciudadano, un deterioro de las relaciones sociales y el desgaste de algunas de las instituciones centrales del sistema constitucional.

Y también, y en primer plano, la actitud de los principales partidos ante esta situación. Hasta ahora, ha prevalecido el desgaste del contrario mucho más que el interés por el bienestar general de los ciudadanos. Las principales formaciones políticas no parecen haber entendido esta situación de excepcionalidad y emergencia. Un Gobierno no puede presentarse a unas elecciones generales con las variables económicas citadas, con garantías de ganarlas: el nivel de riesgo es muy alto. Y una oposición responsable tampoco, so pena de empezar a gobernar tras los comicios con un rápido deterioro de sus apoyos políticos y sociales, por tener que aplicar una política de austeridad extrema, más que un programa de ajuste clásico. Sería un suicidio, y sin embargo es previsible que ello vaya a sobrevenir; hasta ahora es lo que ha acaecido.

Pocas veces se ha tenido la sensación de que el Ejecutivo de Zapatero se haya esforzado en ese gran acuerdo (excepto en el caso de la educación) ni el PP de Rajoy ha comparecido cuando la sociedad se lo ha demandado. Con compromiso histórico o sin él, un momento excepcional como el que atraviesa el país requiere liderazgos claros. Un liderazgo que solo sirva para enardecer a los propios con el fin de unirlos férreamente y para enervar al contrario es un liderazgo de corto vuelo; un liderazgo incapaz de proporcionar una visión de hacia dónde se va y de hacer reformas dolorosas, aunque sean impopulares, no es un verdadero liderazgo. Ello vale para el Gobierno y para la oposición.

Hace poco, en unas declaraciones a este periódico, el politólogo Iván Krastov lo resumía de este modo: "Como testigos de un colapso de la confianza en las élites políticas y empresariales (...) las elecciones están perdiendo su significado de opción entre alternativas y se transforman en procesos a las élites. Así, la democracia ya no es cuestión de confianza sino más bien de gestión de la desconfianza".

Joaquín Estefanía ha dirigido el Informe sobre la Democracia en España 2010, de la Fundación Alternativas.

Todo esto deseo

Que mi oído esté
atento a tus susurros.
Que el ruido cotidiano
no tape tu voz.
Que te encuentre,
y te reconozca
y te siga.
Que en mi vida brille tu luz.
Que mis manos estén abiertas para dar y proteger.
Que mi corazón tiemble con cada hombre y mujer que padecen.
Que acierte para encontrar un lugar en tu mundo.
Que mi vida no sea estéril.
Que deje un recuerdo cálido en la gente que encuentre.
Que sepa hablar de paz, imaginar la paz, construir la paz.
Que ame, aunque a veces duela.
Que distinga en el horizonte las señales de tu obra.

Todo esto deseo, todo esto te pido, todo esto te ofrezco, Padre.

José M. R. Olaizola