Un concierto homenaje reivindica a las víctimas como conciencia crítica del Gobierno

La Fundación para la Libertad y la Fundación Víctimas del Terrorismo organizan hoy, junto a Radio Televisión Española, un concierto homenaje a las víctimas del terrorismo con el fin de reivindicar su papel público como "conciencia crítica" de cualquier Gobierno.

El concierto, que se celebra a las 20:30 horas de hoy en el Auditorio de Zaragoza, estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, dirigida por Adrian Leaper y con la participación de la pianista Ingrid Fuzjko Hemming.

Interpretarán un programa compuesto por "Paseo al Jardín del Paraíso", de Frederick Delius; "Concierto número 5 para piano y orquesta", de Beethoven, y "Sinfonía número 6" de Tchaikovsky.

El concierto es gratuito y quien esté interesado en acudir puede reservar sus entradas llamando al número de teléfono 976 218 083 de 10:00 a 13:00 horas.

En la rueda de prensa de presentación del concierto de Zaragoza la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundúa, hizo hincapié en la necesidad de las labores de sensibilización de la población hacia las víctimas, que tienen una doble naturaleza, privada y pública.

Cada uno podría ser en un momento dado víctima de los terroristas, quienes, advirtió, buscan "que nos acobardemos, que nos aterroricemos, que sacrifiquemos nuestras libertades, que busquemos negociar cualquier cosa".

El concierto en Zaragoza busca, en primer lugar, homenajear a las víctimas del terrorismo en Aragón, pero también que éstas vean que una parte importante de la sociedad, las instituciones y los ciudadanos están con ellas.

Es un acto simbólico que va "más allá de las palabras" y que busca, agregó, "emocionarse conjuntamente y expresar que somos fuertes y que estamos unidos".

La experiencia de los conciertos anteriores (dos al año desde hace cinco años) demuestra que las víctimas salen del acto "confortadas, con nuevas energías" y "se sienten arropadas" en un acto "hermoso" porque "frente a la barbarie está la capacidad para el arte".

Por su parte, Nicolás Redondo, presidente de la Fundación para la Libertad, reivindicó a las víctimas como una de las "pocas zonas de consenso" de los españoles, uno de sus "denominadores comunes", y por tanto no son objeto de "confrontación política".

Sí que deben erigirse, a su juicio, en la "conciencia crítica" de la acción de cualquier gobierno.

Fundación Víctimas del Terrorismo
Fundación para la Libertad

Diálogo

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Antonio Machado

Nacionalistas de todos los partidos

COMO se sabe, el Camino de Servidumbre -biblia del pensamiento económico liberal- de Friedrich August von Hayek publicado originalmente en 1944, está dedicado a los «socialistas de todos los partidos». Hoy, una posible biblia del pensamiento constitucionalista español merecería ser dedicada a los «nacionalistas de todos los partidos», porque el síndrome nacionalista ha penetrado profundamente en el modo de entender la política no sólo de los partidos nacionalistas, sino incluso de los partidos de ámbito nacional que más alejados podríamos suponer de aquél.

Varios ejemplos recientes lo confirman. Con alcance general, el socialismo que nos gobierna -contra una buena parte de la tradición no sólo histórica sino también reciente (Felipe González) del PSOE- se ha decantado por un gaseoso entendimiento de la llamada España plural, cuyos frutos tangibles corresponden sin embargo a la física del estado sólido, como el polémico Estatuto de Cataluña atestigua. Pero no sería justo limitar esa deriva al PSOE. Hemos asistido hace semanas a la propuesta del máximo dirigente de UPN de desvincular a sus parlamentarios del Grupo Popular al que pertenecen «para evitar que la única voz de Navarra que se escuche en el Parlamento sea la de Nafarroa Bai». Y horas después de expresar una sensata oposición a esa propuesta, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, justificó su interés de formar parte de la candidatura popular al Congreso en «dar más voz a Madrid en el Parlamento».

Cabe preguntarse si estamos ante una malformación ideológica inevitable, amargo fruto a largo plazo de la propia configuración del Estado de las Autonomías, o más bien, como pienso, se trata de una secuela no de esa configuración genética, sino de las malformaciones de su declinación política, que han dado lugar al surgimiento de una dinámica no ya de emulación entre Comunidades -lo que sería políticamente salutífero- sino directamente de confrontación de tipo «suma-cero» entre las comunidades autónomas.

Eso deriva de la percepción de que la capacidad de presión particularista sobre el Gobierno de la Nación es una función de la importancia de los grupos de identidad nacionalista en el Congreso de los Diputados, que inviste y ante quien responde ese Gobierno.

La desmesurada influencia alcanzada así por las minorías nacionalistas, especialmente en las frecuentes ocasiones en que ningún partido ha disfrutado de mayoría absoluta (cinco legislaturas, incluidas la Constituyente y la actual) manda la señal equivocada sobre incentivos y recompensas asociados a esa «voz propia» de las Comunidades, que excita un gen nacionalista de tipo instrumental, que se desarrolla inquietantemente en todos los partidos.

Hay que recordar en este punto una obviedad constitucional. Las Cámaras son la representación del pueblo español en su conjunto y, si bien el Senado se define como Cámara de representación territorial, ni siquiera los senadores lo son sólo de la provincia o Comunidad que les otorga el mandato. Pero desde luego, el Congreso de los Diputados es una arena política cuya función constitucional se relaciona más con la garantía de la libertad y la igualdad de los ciudadanos que con la exaltación de las diferencias territoriales. Eligiendo y controlando al Gobierno de la Nación, y aprobando las Leyes del Estado que deben hacer realidad los valores y principios que inspiran la Constitución, los diputados -desde el punto de vista del sistema político- realizan una función esencialmente nacional.

En todo caso, conviene preguntarse si esta situación tiene remedio. Para algunos, éste pasa por una reforma electoral encaminada a reducir al límite o eliminar la presencia nacionalista en el Congreso de los Diputados. Otros piensan que es más adecuado propiciar una reforma constitucional que «blinde» contundentemente las competencias estatales frente a la insaciabilidad de las pretensiones nacionalistas. Muchos no rechazarían una combinación de ambos tipos de iniciativas. Por último, hay quienes piensan que la solución más conveniente es propiciar un partido bisagra de ámbito nacional, que fuera una muleta alternativamente utilizable por los partidos hegemónicos de la derecha y la izquierda que evitara el que uno u otro cayera indefectiblemente en los brazos de fuerzas nacionalistas para poder gobernar.

Comenzando por esta última posibilidad -que actualiza estas semanas el nacimiento del partido que promueve Rosa Díez- lo cierto es que no se adivina cómo una formación de este tipo pudiera drenar votos nacionalistas a partir de una posición abiertamente anti-nacionalista. Si, como parece, no es ese el caso, nos encontraríamos al cabo de la calle respecto al problema que nos ocupa. Es decir, incluso un estimable resultado de esa nueva fuerza no tendría por qué aparejar una disminución del poder de los partidos nacionalistas, con lo que la suma de mayorías sin recurrir al nacionalismo adolecería de la misma dificultad que ahora, o incluso de una mayor, ya que la introducción de un nuevo elemento en el reparto entre los partidos de ámbito nacional reduciría la prima de representación de que ahora gozan los dos mayoritarios de ese alcance (PSOE y PP).

Una reforma electoral penalizadora de los partidos nacionalistas tiene graves problemas. Podría establecerse por ley, en efecto, un umbral de esterilidad nacional adicional al existente (que es de ámbito provincial) y que, si reprodujera el nacional (3 por ciento), dejaría hoy por hoy fuera a todas las minorías nacionalistas salvo a CiU. Pero ese escollo -cuya introducción podría suscitar cuestiones de constitucionalidad en relación con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución- sería además fácilmente salvable por la vía de las coaliciones de nacionalistas de distintas comunidades (tal como se viene haciendo en las Elecciones al Parlamento Europeo) y no tener efecto práctico alguno. Por encima de ello, la lógica democrática de esa barrera adicional sería en extremo cuestionable: el nacionalismo de cualquier tipo que hoy se sienta en el Congreso representa el 10,2 por ciento de los votos a candidaturas en las elecciones de 2004 y sus escaños suponen el 9,4 por ciento del total. No hay pues globalmente una prima de representación a los nacionalistas, sino simplemente un alto valor estratégico de esa representación.

La reforma constitucional sería una solución parcial, aunque importante. La ambigüedad consustancial al compromiso apócrifo alcanzado en la redacción de los artículos 148 a 150 de la Constitución, que regulan las competencias estatales y de las comunidades autónomas, precisa de una clarificación que haga indelegables las competencias centrales que el Estado debe reservarse y salvaguarde el mínimo de estatalidad que requieren el mantenimiento de la operatividad y la eficacia del propio Estado.
Pero lo importante va más allá. Lo importante es el acuerdo político de fondo entre los dos grandes partidos estatales para evitar el ser arrastrados por la deriva nacionalista que sus propias élites regionales empujan. En un sistema de Estado compuesto, en el que los mesogobiernos regionales tienen un gran peso político, la autonomía de esas élites y la persecución por las mismas de intereses propios es punto menos que inevitable. Su obligado contrapunto es la existencia de direcciones centrales fuertes capaces de imponerse a la presión permanente de esas élites.

Naturalmente ello requiere que las direcciones nacionales estén convencidas de esa necesidad de preservar el núcleo de competencias estatales y frenar el expansionismo natural del nacionalismo instrumental de sus dirigentes regionales. En esta legislatura se ha echado de menos esa convicción. En el ámbito del PSOE, por la ensoñación de la España plural y las vacilaciones nacionales de Zapatero. En el del PP, ciertamente en grado mucho menor, por falta de firmeza en la imposición de una conducta a las direcciones regionales coherente con el concepto de Estado defendido por la dirección nacional. Quizá las próximas elecciones brinden la oportunidad de una clarificación de estos asuntos que nos evite en los años venideros el triunfo definitivo de los nacionalistas de todos los partidos.

José Ignacio Wert es sociólogo.

Adolfo Suárez. 75 años

El 3 de julio de 1976 se abrió una etapa decisiva en la reciente historia española. El Rey designó a Adolfo Suárez presidente del Gobierno para que sacara a España del largo túnel del franquismo y materializara el establecimiento de un sistema democrático con elecciones por sufragio universal y pleno respeto a los derechos de las personas. Suárez superó grandes dificultades para conseguir que ese proceso, que tiene en la Constitución de 1978 su punto culminante, se haya convertido en un modelo para países que se inician en la democracia. En enero de 1981 presentó la dimisión de forma abrupta, un misterio pendiente todavía de aclaración definitiva. Ocho destacados ministros que colaboraron intensamente con él analizan para este periódico la personalidad y los momentos decisivos en la trayectoria de este singular político que hoy cumple 75 años sumido en una cruel enfermedad.

"Era una persona arrebatadora con una gran capacidad de convicción y una simpatía extraordinaria. Además era el ministro secretario general del Movimiento y el Rey vio claro que el desmontaje del franquismo nadie podía hacerlo mejor que Adolfo Suárez". Con estas palabras Alberto Oliart explica las razones por las que el Rey nombra a Suárez presidente del Gobierno el 3 de julio de 1976 y le encarga un objetivo inaplazable: restablecer la democracia en España. La opinión de Oliart, que ocupó varias carteras ministeriales en los gobiernos de la transición, la comparten con términos similares otros destacados ex ministros que tuvieron un papel muy activo en llevar a buen puerto la travesía hacia un sistema democrático.

Alfonso Osorio, vicepresidente en el primer Gobierno de Adolfo Suárez, no duda en afirmar que el Rey le nombró porque tuvo actuaciones muy destacadas durante su etapa ministerial con Carlos Arias, como la defensa que hizo de la ley de asociaciones políticas, pero sobre todo "porque se necesitaba a alguien que pudiera hacer girar la llave del Consejo Nacional del Movimiento, que conformaba en enorme medida las Cortes que deberían aprobar la reforma política".

Rodolfo Martín Villa apunta además el factor generacional como dato a tener en cuenta: "Con la llegada del Rey, de alguna manera, se jubila toda una clase política, por ello tenían que aparecer personas de su generación en el Gobierno". "Suárez", precisa este veterano político que ocupó la cartera de Gobernación en los primeros años de la transición, "es biológicamente y políticamente hijo de una determinada época en la que pienso que no tenía duda alguna en la necesidad de entenderse con los otros, en hacer posible una amnistía política y conseguir desde el propio régimen anterior una apertura a las libertades. Cualquier otro, con distintas características personales y con los mismos propósitos, habría fracasado".

"Muchos pensábamos que Areilza podía ser uno de los candidatos a la presidencia del Gobierno, pero creo que el Rey optó por un cambio. Independientemente de cuales eran las filiaciones que pudiera tener, Suárez era un hombre joven, entusiasta, abierto, con una voluntad clara de ir a un sistema plenamente democrático", precisa Marcelino Oreja, el primer ministro de Exteriores de Suárez.

Landelino Lavilla, que colaboró con Suárez de una manera decisiva desde el Ministerio de Justicia en el desmantelamiento de las estructuras franquistas, aunque a partir de 1980 mantuvo notables diferencias con él, sostiene igualmente que fue el hombre que el Rey necesitaba: "Respondió muy bien, tenía los valores del hombre estrictamente político, su capacidad de percepción, de intuición y su voluntad al servicio de todos, hicieron que fuera la persona capaz de hacer una operación política importante. Adolfo lo hizo de una manera espectacular en su primera fase".

La vinculación de Suárez con órganos del franquismo es en opinión de José Pedro Pérez Llorca, ponente constitucional, portavoz parlamentario de UCD y varias veces ministro, una razón fundamental para que el elegido fuera el político abulense. "El Rey sabía que era una situación llena de esperanza y de peligro y que debía avanzar partiendo de los mimbres que había, necesitaba un hombre del sistema, que no fuera excéntrico y que tuviera su confianza. Era más el futuro que el pasado".

Rafael Calvo Ortega, ex ministro de Trabajo, secretario general de UCD y que se mantuvo fiel a Suárez cuando éste abandonó su partido para emprender una nueva aventura con la creación del CDS, destaca en el ex presidente una virtud sobre todas: la intuición. Otro político que resalta la clarividencia como una de las principales armas de Suárez es Rafael Arias Salgado. El que fuera también secretario general de UCD y tiene en su currículo haber sido ministro con los tres presidentes del centro-derecha (Suárez, Calvo-Sotelo y Aznar) estima que Suárez poseía una capacidad de análisis muy notable. "Tenía unas ideas muy claras de los objetivos que quería alcanzar, además de una gran capacidad de captación de sus interlocutores". Arias Salgado opina que el Rey conocía todo esto y piensa en él "fundamentalmente para esa parte del proceso, que es el más difícil, el paso de la ley a la ley a través de la reforma política que introduce los principios para el cambio de régimen".

Para formar su primer Gobierno Suárez se encontró con varias negativas, como Eduardo García de Enterría, y muchas reticencias ante su vinculación con el franquismo. "Le dije después de largas conversaciones, estoy dispuesto si hay un compromiso firme de ir a unas elecciones generales por sufragio universal y luego una constitución, si no, no", recuerda Landelino Lavilla. Marcelino Oreja por su parte planteó varias cuestiones antes de aceptar: "¿Quiénes vamos? ¿A qué vamos?". Si el nombramiento de Suárez causó inicialmente estupor y rechazo en la oposición democrática, su Gobierno no recibió un trato más favorable. Cuando quedó constituido el 8 de julio de 1976 fue calificado de grupo de penenes (profesores no numerarios), gente de tercera división. El recelo comenzó a quebrarse el 16 de julio cuando el Gabinete presenta una declaración programática claramente rupturista con el régimen anterior: amnistía para los delitos políticos y de opinión, elecciones generales antes del 30 de junio de 1977, establecimiento de un sistema democrático basado en el respeto a la libertad y los derechos cívicos.

Aquel fue un verano de intensa actividad política en el que se redactó el borrador de la Ley para la Reforma Política, el instrumento que permitió desmantelar las estructuras del franquismo. El texto inicial fue elaborado por Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, un personaje fallecido en 1980 que tuvo un papel decisivo en hacer viable lo que entonces se llamó el paso de la ley a la ley. Rodolfo Martín Villa relata una anécdota que Fernández Miranda expuso a un grupo de amigos para describir la transición: "Comentó Torcuato que la transición había tenido un empresario que era el Rey, un autor que era él y un actor, Adolfo Suárez". "En las buenas representaciones teatrales", puntualiza ahora Martín Villa, "los actores se hacen -¡y en que medida!- con los papeles y al final lo que es una representación se transforma en una realidad. Eso fue pasando día a día con Adolfo Suárez. Fue actor y autor a la vez".

"A Torcuato", señala Alfonso Osorio, "le sentó mal ver que Adolfo iba a ir a las elecciones del 77 con un partido político, me parece que pensó que él podía ser árbitro entre UCD y AP".Con las elecciones del 15 de junio de 1977 se cumplió el gran compromiso contraído por Suárez al asumir la jefatura del Gobierno. Para acudir a ellas el presidente y sus ministros crearon Unión de Centro Democrático (UCD), "una empresa más que un partido político", en palabras de Martín Villa.

Los integrantes de aquel primer Gobierno de Suárez reivindican con orgullo su esfuerzo para el retorno a un sistema de libertades. "Todos veníamos de un pasado un tanto turbulento y se produjo la coincidencia en luchar para construir un sistema de convivencia que impidiera la repetición de épocas pasadas", precisa Landelino Lavilla. También Martín Villa se muestra satisfecho a la hora de recapitular: "Ese Gobierno, en menos de un año, consigue que donde no había partidos políticos los haya, donde no había sindicatos plurales los haya, que se constituyan Cámaras elegidas por sufragio universal y se disfrutan desde el punto de vista real las libertades que luego consagraría la Constitución". Marcelino Oreja coincide en la valoración de sus compañeros de antaño. "El primer Gobierno para mí fue el mejor", subraya, "era una tarea muy ilusionante, teníamos un objetivo, un método y una convicción".

El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones. UCD se alzó con la victoria al lograr 166 escaños y el 34,6% de los votos. Una semana después de tomar posesión el Ejecutivo formado tras el 15-J, donde Enrique Fuentes Quintana figura como vicepresidente económico, decide devaluar la peseta en un 20%. "La crisis era tremenda", relata Alberto Oliart, "con una inflación que a veces superaba el 40%, protestas laborales continuas, una industria que sobrevivía en su mayor parte gracias a las subvenciones y con el petróleo a un precio inasequible para la economía española".

Fuentes y su equipo desde el primer momento tratan de convencer al presidente sobre la urgencia de ir a una política económica consensuada. El 25 de octubre los dirigentes de los grupos parlamentarios firman los Pactos de la Moncloa para reordenar la economía española.

Sentadas estas bases, la elaboración del texto constitucional pasa a primer plano. Pérez Llorca resalta el gran interés de Suárez por el texto que se iba fraguando en tensas e interminables reuniones dentro y fuera del Parlamento: "No impuso nada y se ocupó de todo. Le preocupaba que hubiera unos gobiernos estables, que hubiera la figura de un presidente fuerte y se consiguió". "Le preocupaba mucho", prosigue el que fuera ponente centrista, "el tratamiento de la Corona; puedo decir que en aquel momento hubo indicaciones, no en torno a la exclusión de la mujer, que nunca ha estado excluida en España, sino del respeto a los derechos del Príncipe de Asturias. En ese momento se nos presentó como un problema no quitar los derechos adquiridos. Le preocupaba el tema autonómico, que todos nos dimos cuenta de que era el gran tema. Constantemente me decía `esto tiene que funcionar bien’".

Descarta Landelino Lavilla que UCD hubiera actuado de otro modo si los resultados del 15-J le hubieran dado la mayoría absoluta: "En nuestra operación estaba descartado el tópico, que ha sido una realidad en la historia de España, de que el ganador impusiera una Constitución al perdedor. Teníamos claro que cualquiera que fuera el discurso político que se tuviera había que hacer una Constitución por consenso".El 6 de diciembre los españoles aprobaron en referéndum la Constitución. Días después Suárez anunció la celebración de elecciones generales para el 1 de marzo y municipales el 3 de abril.

La campaña para las generales del 79 fue agitada y el presidente vio con preocupación que las encuestas vaticinaban un empate virtual en la intención de voto para UCD y para el PSOE. En su última intervención televisiva antes de las votaciones Suárez echó mano de sus artes de comunicador y reclamó el voto del miedo acusando a los socialistas de ambigüedad y radicalismo. Aquel discurso, que dio de nuevo la victoria a los centristas (168 diputados), irritó sobremanera a los socialistas (121 diputados) confiados en hacerse con el triunfo y emprendieron una intensa ofensiva contra Suárez que tuvo su momento culminante en la moción de censura que presentó Felipe González el 21 de mayo de 1980, moción que no prosperó.

Aquel fue el annus horribilis de Adolfo Suárez. Había comenzado con una escalada terrorista similar a la desencadenada por ETA en los primeros meses del año anterior. Los atentados etarras provocaban desasosiego en la sociedad civil y ruido de sables en los cuarteles. Algunos mandos militares no se privaban de airear sus críticas al Gobierno, que tachaban de incapaz.

Arias Salgado tiene claro que el terrorismo era el problema más delicado de aquella etapa. "Para nosotros fue traumático, pensamos que la democracia acababa con el terrorismo. Hicimos unas leyes de amnistía supergenerosas y pensamos que con ellas y la puesta en marcha de la democracia el terrorismo desaparecería. Nos equivocamos."La implacable escalada terrorista y los problemas económicos llevaron a buena parte de la opinión pública y a muchos dirigentes políticos al convencimiento de que el proyecto de Suárez había llegado al límite. Empezó a afianzarse en los líderes centristas la idea de que era imprescindible un cambio de rumbo, quizás con otro capitán al frente del barco.

"Todos servimos para lo que servimos", apunta Martín Villa al recordar aquellos meses, "y Adolfo Suárez es un personaje excepcional para una etapa excepcional que es la transición. Pero una vez terminada esa etapa, seguramente, lo que se requiere son personas más normales para gobernar en normalidad". Marcelino Oreja sostiene una tesis parecida: "Fue llamado para un determinado papel, como un ejecutivo brillante al que se contrata para una operación trascendental y luego no es capaz de gestionar lo que ha sido una iniciativa muy importante".

A lo largo de 1980 Suárez cambia tres veces su Gabinete por plantes de algunos ministros, para satisfacer las exigencias de las familias centristas y tratar de enderezar la situación. En medio de ese ambiente los principales dirigentes del partido Fernando Abril, Rodolfo Martín Villa, Rafael Calvo Ortega, Landelino Lavilla, Pío Cabanillas, Francisco Fernández-Ordóñez, Joaquín Garrigues -que fallecería poco después a causa de una leucemia-, Fernando Álvarez de Miranda, José Pedro Pérez Llorca y Rafael Arias Salgado, agrupados en la Comisión Permanente, se reúnen con el presidente los primeros días de julio en una finca situada en la localidad madrileña de Manzanares el Real, bautizada por la prensa como La casa de la Pradera. Allí discutieron la posibilidad de un cambio de líder, en algunas ocasiones Suárez se ausentó para facilitar los debates.

Rafael Arias Salgado destila amargura al revisar aquellos encuentros: "Fueron una manifestación de gran irresponsabilidad por parte de gente muy valiosa y muy preparada. Aquello me pareció un disparate porque no se podía conspirar contra el líder". En las reuniones los barones reclamaron una dirección colegiada en las tareas de gobierno y concluyeron que en aquel momento no se podía prescindir del liderazgo de Suárez.

Pérez Llorca describe las dificultades que tenía el presidente con su grupo parlamentario. "Adolfo Suárez la mera actitud díscola de algún diputado que no le saludaba o le hacía feos le descomponía mucho". Oliart suscribe una opinión similar: "Él nunca bajó al partido, creo que le resbalaba, no quería meterse en esos asuntos, no los entendía".Martín Villa también resalta la incomodidad de Suárez para dirigir la organización centrista. "Teníamos más presentes los intereses del Estado que el partido, ello tuvo sus ventajas pero llega un momento en el que si estamos en un régimen de partidos, hay que saberse esta asignatura. Suárez contribuye esencialmente a traer la democracia, las libertades, pero al menos en su comienzo Adolfo no sabía, o no sabíamos, movernos muy bien en el mundo partidario. Si nos lo hubiéramos sabido mejor, habríamos sido más parciales y eso hubiera sido malo".

A finales de enero de 1981, Suárez decide tirar la toalla. Días después de la dimisión el partido centrista celebró su esperado congreso en Palma de Mallorca. La tensión presidió los debates en los que se impusieron los hombres más fieles a Suárez. Agustín Rodríguez Sahagún se hizo con la presidencia de UCD y el cargo de secretario general fue para Rafael Calvo Ortega. Así se llegó al 23 de febrero y el asalto de Tejero al Congreso de los Diputados cuando se votaba la investidura de Calvo Sotelo para presidente del Gobierno. Toda España pudo ver a Suárez intentando enfrentarse a los golpistas. Fue tal la sorpresa y la irritación que le ocasionó la intentona que Suárez por un momento pensó en recuperar la jefatura del Gobierno pero la marcha atrás ya era inviable.

Un misterio sin respuesta
El gran enigma, pendiente todavía de una aclaración definitiva, surge el 26 de enero de 1981. Suárez anuncia a la comisión de UCD encargada de preparar el congreso de Palma su intención de dimitir y les pide máxima discreción porque no ha comunicado su decisión al Rey.

Rodolfo Martín Villa considera que el cansancio provocó la retirada: "El Suárez de los últimos tiempos ya no aguanta aquello. Las razones por las que no aguanta las desconozco". Marcelino Oreja apoya el criterio de que fue decisivo el desgaste que le produjo al presidente comprobar que no controlaba el partido y deja entrever una cierta pérdida de confianza por parte de don Juan Carlos. "Él pensaba que el Rey creía que ya no podía seguir realizando un papel como el que había realizado hasta entonces, aunque a mí eso no me consta, no tengo ningún dato".

Alfonso Osorio pone como momento decisivo las reuniones de la Casa de la Pradera, "cuando se le sublevaron los barones". En aquel reducido grupo que recibió la primicia de la dimisión estaba José Pedro Pérez Llorca, que iba a presidir el congreso de Palma. Enumera entre las razones de la retirada "el ruido mediático". Probablemente una de las personas que puso mayor empeño en tratar de convencer a Suárez para que no dimitiera fue Rafael Arias Salgado.

Arias, que habitualmente preparaba algunos discursos del presidente, comió con él en Moncloa el día 29 para revisar el mensaje de despedida que Suárez iba a grabar para su difusión por TVE. "Las correcciones finales las hicimos Pío Cabanillas y yo", recuerda con precisión, "y desde luego puedo asegurar que saqué del texto la célebre frase ’no quiero que la democracia sea una vez más un paréntesis en la historia de España’ porque era demasiado dramática, pero él la volvió a meter".

Diario El País

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El 'síndrome de las ventanas'

El sistema operativo que utilizamos la mayoría es el denominado Windows. Si la marca se hubiese registrado en castellano diríamos: yo utilizo el Ventanas, ¿y tú? El nombre escogido por Microsoft tiene su razón de ser. Este sistema fue concebido para que el usuario pudiera tener activas varias ventanas a la vez. Cada una de ellas constituye un canal de comunicación a través del cual una persona desarrolla una tarea determinada. Hay personas que mantienen abiertas más de veinte al mismo tiempo. Basta con accionar un solo botón para saltar de una tarea a otra: el usuario graba un fichero, contesta un correo electrónico, avanza en un texto a medias, abre un e-mail entrante, lo reenvía, visualiza un vídeo, luego imprime una fotografía, minimiza esa ventana y se va a una hoja de cálculo para proseguir con ciertas operaciones...

Este modo de enfrentarse al trabajo se ha ido extendiendo al mundo real. Cuando un joven se comunica, lo hace con diversas personas y a través de distintos canales al mismo tiempo. Desde su ordenador chatea en dos o tres ventanas distintas con diferentes grupos de personas; tiene abiertos dos blogs; contesta un sms en su móvil, comiéndose letras para comprimir el espacio del mensaje, y todo ello mientras juega con la Play y dialoga a voces con su madre desde la habitación contigua.

El sistema de ventanas abiertas simultáneamente ha provocado un cambio formidable en las habilidades personales. Se ha desarrollado, sobre todo entre los más jóvenes, una inaudita velocidad para cambiar de asunto. Se aumenta la adaptabilidad y capacidad de descodificar en pocos segundos los estímulos recibidos. Procesamos y reaccionamos ante la información a mayor velocidad. También ha mejorado la posibilidad de avanzar varias tareas en paralelo, la denominada multitarea (multitasking), una especie de pluriempleo de las neuronas. Asistimos a lo que podría denominarse horizontalización de la concentración. Es decir, abarcamos muchos más frentes.

Pero no hay mejora que no suponga una renuncia. "Quien mucho abarca, poco aprieta", dice el refranero. La tendencia a abrir más y más frentes simultáneos desemboca en una reducción de la capacidad de concentración. Más amplitud supone menos profundidad. Se pasa por la información de puntillas, quedándonos con lo esencial, sin ir a la esencia y causas primeras de las cosas.

La multitarea ha traído el denominado síndrome de las ventanas, que debe su nombre a las ventanas de Windows. Un síndrome que provoca ansiedad por abrir el máximo de canales de comunicación o áreas de trabajo posibles. Inconscientemente buscamos pasar menos tiempo en una tarea determinada y, si es posible, aumentar el número de frentes abiertos. Desacostumbrados a profundizar, buscamos sentirnos útiles aumentando el número de temas que abordamos de forma somera y superficial. Una persona ante un ordenador con una sola ventana abierta tiene la sensación de que está siendo poco eficiente, de que le faltan estímulos, de que permanece ociosa.

Investigaciones recientes han demostrado que la multitarea tiene un límite. Neurólogos, psicólogos y profesores de escuelas de negocios norteamericanas sugieren que deberíamos controlar el número de tareas que atendemos en paralelo. Jonathan B. Spira, analista jefe de Basex, una empresa de investigación sobre prácticas empresariales, estimó que en Estados Unidos el coste de las interrupciones debidas a la multitarea rondaba los 650.000 millones de dólares al año. Un coste calculado a través de la pérdida de productividad que supone el cambio constante de frentes a los que se presta atención.

Los síntomas del síndrome de las ventanas son muy similares a los de los niños con déficit de atención. Recientemente se ha hablado mucho sobre el aumento de niños con síntomas de hiperactividad. Educadores y profesores denuncian que la capacidad de concentración de los jóvenes alcanza niveles inferiores a los exigidos en los planes de estudios. La semana pasada, un profesor de instituto me comentó que encontraba problemas para lograr la concentración de sus alumnos. Todavía más sangrante es el caso de una madre cuyo hijo preparaba un examen, pero no lograba concentrarse. El problema, me decía, era que deseaba concentrarse, pero no sabía cómo hacerlo. Su mente había perdido el hábito. No hay más hiperactivos, sino más jóvenes normales con efectos secundarios debidos al síndrome de las ventanas.

La importancia de concentrarse no puede ser subestimada. En el año 2005 se realizó en Cuba una prueba científica con dos muestras de deportistas. Se midió previamente su capacidad de concentración según la técnica de los anillos de Landford. Los resultados demostraron empíricamente que los deportistas con mayor capacidad de concentración lograban mejores resultados en las competiciones.

Sin duda, el día de mañana, la capacidad de concentración de una persona será un factor de éxito, algo que marcará la diferencia. No es de extrañar que, ante esta realidad, estén apareciendo nuevos conceptos de academias para enseñar y ejercitar la concentración mediante juegos y aplicaciones de las matemáticas.

Capacidad de concentración

Algunos consejos para desarrollar la capacidad de concentración: fomentar lectura de libros (no de textos comprimidos en pantallas) y marcar con una señal las frases que han sido comprendidas (no pasar a la siguiente si la anterior no está marcada, para evitar leer entre líneas y saltar frases reteniendo sólo algunas partes del texto). Es importante obligarse a un mínimo de tiempo diario de trabajo en una sola tarea, aislándose de otros estímulos externos. En ese sentido, más que estudiar ocho horas seguidas es preferible hacerlo en bloques de veinte minutos con descansos de cinco, para recuperar la capacidad de atención.

Fernando Trías de Bes es profesor de Esade, conferenciante y escritor.

El derecho como placebo

Asistimos hoy a un profundo deterioro del Estado de derecho, y su característica más paradójica es que se realiza, precisamente, mediante la constante invocación del Derecho. Podría definirse, parodiando la lejana época del uso alternativo del Derecho, como la época del uso populista del Derecho ¿Y en qué consiste? En haberse llegado a convertir el proceso burocrático y parlamentario de producción de leyes en un mero discurso propagandístico, cargado de mesianismo y rasgos salvíficos, con el que los actores políticos hacen creer a la sociedad que curarán todos sus males. Hacer leyes se ha convertido en una operación de imagen, una actuación orquestada para convencer a la ciudadanía de que la incansable actividad y la omnipotente capacidad de los gobernantes resolverá cualquier género de problemas... mediante la producción incesante de nuevo Derecho. No bien los medios introducen en la agenda un nuevo problema, los políticos se lanzan ávidos a legiferarlo y prometen con ello nada menos que su definitiva erradicación. Da igual que se trate de maltrato de género, accidentes de tráfico, contaminación, abusos infantiles o la paz mundial; en cualquier caso, la respuesta del sistema político es "el Derecho a bote pronto".

Este uso populista del Derecho, como todos los mecanismos perversos, se retroalimenta indefinidamente. Pues a una sociedad compuesta de ciudadanos impecables (como los definió Rafael del Águila) le fascina la limpia exactitud de la ecuación "problema social = norma = juez = solución". De forma que, al cabo de poco tiempo, no concibe otro método de resolución de problemas que no sea la ley y la justicia. Esta demanda la abastecen los políticos, encantados, incluso un poco maravillados en el fondo, por la facilidad con que se aplaca la opinión pública, pero en cualquier caso entusiastas de un sistema que les permite demostrar una capacidad de gestión superlativa. ¿Se resuelven de verdad los problemas, qué pasa después con todas esas normas jurídicas? Parece que eso es lo de menos, pues lo importante es el efecto placebo que posee la actitud legiferante: la ciudadanía se siente atendida, al tiempo que el sistema político se legitima simplemente por su estajanovismo normativo.

El populismo es especialmente acusado en el terreno del Derecho Penal. Aquí se ha abandonado toda reserva, toda cautela y, también hay que decirlo, toda ideología, de forma que no hay cuestión desagradable que no pueda abordarse y tratarse mediante el Código Penal. Se trata sólo de tipificar como delito más y más conductas que se perciben vagamente como molestas o inadecuadas, exacerbar las sanciones, proclamar la "tolerancia cero" con el villano de turno, considerar como auténticos enemigos del género humano a categorías enteras de personas, borrosamente definidas. Hasta cierto punto, entraba en la lógica que esto acabara sucediendo: pues si se propala la idea de que al hacer leyes tenemos en las manos el más poderoso de los martillos, la opinión tenderá a percibir la realidad social como un conjunto de clavos precisados de ellas. Y, efectivamente, a pesar de que las estadísticas dicen lo contrario la sociedad está convencida de que la criminalidad aumenta, de que la inseguridad ciudadana crece. El discurso de la seguridad compra votos, no hay más que escuchar a los políticos. Y compra también... más Derecho Penal.

En la práctica médica los placebos no curan, pero tampoco causan daño a la salud. Desgraciadamente, en la práctica política el uso populista del Derecho como placebo ocasiona severos daños, tanto al Derecho mismo como a la democracia. Para tener un ejemplo de lo primero basta mirar en derredor y observar las distorsiones a que se conduce a la opinión pública respecto a lo que es un proceso penal. Estremece que las palabras que el tribunal dirige amenazador a un acusado ("le permito hablar lo justito para cumplir su derecho de defensa, nada más") pasen sin más comentario que el de alabar su mano firme y, en cambio, la limitación de palabra al Ministerio Fiscal cuando desea introducir cuestiones periféricas sea motivo de críticos editoriales que reclaman su libertad de expresión. Estremece que el clima de exaltación de la víctima como nuevo fetiche social llegue a hacer olvidar que el proceso penal es la Carta Magna de los delincuentes y no la Carta Magna de las víctimas. ¿Cómo es que estamos olvidando tan rápido una verdad que costó tantos años construir? ¿Simplemente por un discurso populista sobre "el enemigo"?

Los griegos consideraban como índice de degeneración de una politeya el crecimiento desmesurado de su acervo de normas y leyes: "Se gobiernan bien aquellos que se atienen a leyes establecidas de un modo sencillo, no los que prevén en las leyes todos los casos posibles, para provecho de los sicofantes", decía Eforo, según recoge Estrabón. En nuestras modernas sociedades, donde la complejidad normativa es consustancial, este aviso podría sin embargo aplicarse todavía: cuantas más leyes, menos y peor Derecho; cuanto más placebo populista menos conciencia ciudadana.

José María Ruiz Soroa