opinión

Momento y sentido del pos-arrupismo

CIEN años atrás y tal día como hoy, nacía en Bilbao quien refundaría la Compañía de Jesús. Ni más ni menos. Porque Pedro Arrupe, como Superior General de los jesuitas desde 1965 hasta ese 1981 en que sufre la trombosis que le deja inutilizado para el cargo y es sustituido por el P. Paolo Dezza en su calidad de Delegado del Papa, este recio creyente vasco llevará el cuerpo entero de la Compañía de Jesús desde la seguridad a la utopía, es decir, desde una fidelidad desleída al pasado a un compromiso radical con el futuro. Ésta fue su gestión histórica, jurídicamente cerrada cuando en 1983 y reunida la Congregación General de la Compañía como máximo órgano legislativo, elegiría al holandés Peter Hans Kolvenbach como nuevo Superior General. Hasta hoy mismo.

Arrupe vivió en la enfermería de la curia romana de los jesuitas toda una década, desde 1981 a 1991, cuando fallecía entre la admiración y la reticencia de la sociedad eclesial, de la sociedad civil y, por supuesto, de la sociedad jesuítica, tras diez años de sufrimiento y de una degradación progresiva de sus capacidades intelectivas pero también emocionales. Mientras tanto, la Compañía de Jesús experimentaba su propia travesía del desierto, en un intento permanente por demostrar su incondicional vinculación a la Santa Sede, en función de su vinculación específica al Sucesor de Pedro. Hay que reconocerle al Superior General Kolvenbach una capacidad de perseverancia inquebrantable en esta tarea nada fácil, en medio de problemas sin cuento. Ésta es la verdad y de nada sirve evitarla, entre otras razones porque, llegado Joseph Ratzinger al Papado como Benedicto XVI, la relación ha alcanzado de nuevo cotas de normalidad efectiva y afectiva. No en vano, el Papa teólogo concedía recién llegado al Vaticano permiso al Superior General Kolvenbach para convocar una próxima Congregación General a comienzos del ya inmediato 2008, en la que presentaría su inusual renuncia tras 25 años de gobierno y, en consecuencia, se elegiría a su sucesor. Todo un detalle de confianza con este holandés de rito armenio, experto en silencios discutidos y en vinculaciones exigentes.

Quiere decirse que, con esta convocatoria, la Compañía de Jesús se enfrenta de verdad al post-arrupismo, pues probablemente la gobernará un jesuita mucho menos determinado por la persona del líder carismático que fuera el bilbaíno Arrupe. El centenario de su nacimiento, así, coincide con una alternativa jesuítica de gran calado, de la misma manera que el mundo se ha transformado en esta centuria y la Iglesia experimentaba fluctuaciones profundas a lo largo del pontificado de Juan Pablo II: ya no es el mismo contexto que presionó la acción de Arrupe, y quien resulte elegido como Superior General de los jesuitas tendrá que enfrentarse a desafíos diferentes a los que viviera aquel hombre de nariz aguileña y ojos desafiantes. Tras los años intermedios de Kolvenbach, habrá llegado el momento de organizar la refundación arrupista como respuesta selectiva de las posibles acciones evangelizadoras, pero también como revisión de las articulaciones intrajesuíticas para alcanzar el dinamismo exigido por el momento histórico.

Entonces, ¿qué aporta Pedro Arrupe a esta cita histórica que quienes fueron sus jesuitas deben enfrentar con decisión y generosidad? En una reciente carta escrita por Jon Sobrino a Ignacio Ellacuría, como si éste permaneciera entre nosotros una vez muerto, le dirige estas palabras: «De la profundidad subjetiva de esa fe, nada puedo decir argumentativamente. Creo que el Padre Arrupe se puso siempre ante un Dios siempre mayor y siempre nuevo, y le dejó ser Dios». Probablemente, es lo mejor que el vasco tozudo y sencillo haya legado a sus sucesores: una fe en Dios tan radical que siempre esté por encima de todo, de todas las personas y de todas las eventualidades, como último argumento para hacer lo que se haga en la sociedad y en la Iglesia. Porque tal fe en Dios será, como ya sucediera con el mismo Arrupe, motivo de fidelidad al hombre en su ponerse histórico, sin evitar las complicaciones que la historia conlleve en todas las dimensiones de la vida: la fe en Dios es el trabajo por el ser humano donde esté y como esté, como ámbito donde refulge el rostro de un Dios hecho carne humana en Jesucristo. Quienes solicitan de los jesuitas un permanente compromiso histórico, harían bien en desear para ellos un correlativo compromiso metahistórico. Cuando ellos, en un desmedido afán de modernidad, se desvinculen de Dios, también lo harán de los hombres y de las mujeres del momento. Ahí, precisamente, radicaba el misterio de un Arrupe que, creyente radical, dejaba a Dios ser Dios, siempre, en cada instante de su vida como individuo y como gobernante.

¿Dónde quedaba, entonces, la Iglesia en cuanto tal en el imaginario de Arrupe? ¿Dónde situaba este intuitivo histórico las relaciones que vinculan a la Compañía de Jesús con el Sucesor de Pedro como signo de la unidad eclesial? Arrupe siempre declaró ser «fiel hijo de la Iglesia» e insistía a sus jesuitas para que lo fueran con absoluta transparencia en su vida y en sus actuaciones. Más todavía, si Pedro Arrupe pasó lo que pasó, que fue muchísimo, se debió a una profundísima vinculación a la Iglesia, a la que intentó servir desde una obediencia tan leal como inteligente, tan adherida como objetivante, tan filial como fraternal: un conjunto de matices que, más tarde, Kolvenbach definirá como fidelidad creativa. Y si pecó de ingenuidad, que muy probablemente pecó, se debió a que nuestro hombre pensaba que los demás vivían, procedían y deseaban con la misma puridad con que lo hacía él. Tal ingenuidad puede que le provocara actitudes y soluciones imprudentes desde un punto de vista político, pero precisamente este hecho obliga a reflexionar muy seriamente sobre la naturaleza evangélica de una posible ingenuidad cristiana. Se trata de entenderlo o no entenderlo.

Y desembocamos en la utopía, donde siempre se movió Pedro Arrupe como pez en el agua. Una utopía cristiana, de sabor muy tehilardiano y todavía más ignaciano, que le llevó a desear siempre más en el servicio de Dios en los demás, pero también que le condujo, como hemos intentado significar, a una vinculación eclesial cada vez más profunda desde la libertad. Pero vivir así, desde la utopía, exige una puridad interior tremenda, la puridad de los grandes santos, incluso de esos santos laicos con quienes tantas veces nos cruzamos los creyentes. Los jesuitas del futuro, como decía el gran Kart Rahner, serán místicos o no serán. Estarán tan afincados en lo nuclear de Dios, estarán tan relacionados con él que, sin poder evitarlo, optarán por las causas aquellas en que Dios se juega más y más en la historia humana, es decir, en las causas donde la urgencia de com-pasión adquieran dimensiones más fuertes. Una utopía creyente que produce compromiso con la justicia.

Este hombre tan baqueteado por unos y por otros alcanza los cien años cuando su Compañía de Jesús, según escribíamos antes, se encuentra ante un instante decisivo: la Congregación General que comenzará cuando 2008 despunte. Con ella verá la luz el pos-arrupismo histórico, según decíamos. Pero una cosa es que los jesuitas asuman este novedoso momento de su historia, y otra muy diferente que pasen página del legado espiritual y cristiano heredado de forma providencial: legado de divina utopía, con los pies del todo en la tierra de todos, camino de una sociedad y de una Iglesia más auténticas en el servicio y en la libertad. O tal vez, en el servicio de la libertad. Es decir, en fe de Jesucristo.

Norberto Alcover es profesor de Comunicación en la Universidad Pontificia Comillas

El Rey en su sitio

HAY momentos de la vida española en los que, cuando todos se ausentan, cuando nadie está en su sitio, cuando lo que debería funcionar no funciona, aparece el Rey. Con su autoridad moral y su jerarquía histórica manda, templa y para. Para un cuartelazo de unos militares sonacas, templa el desconsuelo de las víctimas del terrorismo o el diapasón crispado de una política fratricida, y manda callar a un gorila botarate que está insultando a un expresidente de España. Cuando el Gobierno se pierde o se achica en un mundo que su inepcia vuelve cada vez más ancho y ajeno, allí está el Rey. Cuando se necesita una mediación silenciosa o un arbitraje discreto que acolche un conflicto institucional, allí está el Rey. Cuando urge una gestión para que se ponga al teléfono alguien que no se lo descuelga a Zapatero, allí está el Rey. Cuando el Estado necesita una figura de prestigio que le otorgue la solvencia perdida en una política de vuelo pequeño y triste, allí surge el Rey como «ultima ratio» para sostener el respeto, el honor y la autoestima de una nación zarandeada.

Pero por más orgullo que esto produzca, por más serenidad que el quite real aporte a una mermada acción de Estado, por más ascendiente que la Corona se gane entre una ciudadanía que la valora muy por encima de la clase dirigente, las cosas no deberían ser así. La defensa de los intereses de España corresponde al Gobierno de España. La protección de la dignidad de los españoles es una responsabilidad del Gobierno que los españoles hemos elegido. Y si un golpista bananero insulta a una personalidad española, o si un grupito de dictadorzuelos mal reciclados descargan su matonismo chantajista sobre los intereses de las empresas españolas en América, o si un racimo de demagogos populistas se ciscan en el nombre de España para granjearse las simpatías de una chusma exaltada, el que tiene que poner pie en pared es el Gobierno de España. El que tiene que mandarlos callar es el presidente del Gobierno de España, al que se le llena la boca hablando del Gobierno de España, pero que se pone estupendo con el talante y las buenas maneras y los rodeos balbucientes de tolerancia, diálogo y buen rollito cuando se trata de defender al anterior presidente del Gobierno de España.

Y claro, pues queda el Rey. Para levantar el dedo y decir «tú te callas». Para irse de una mesa en la que un puñado de fantoches con guerrera, a los que nuestra diplomacia acostumbra a tratar con una humillante deferencia, ofende la honorabilidad de una nación democrática, de sus empresarios y de sus dirigentes públicos. Para erigirse en referencia de respeto. Para poner al país, con un par, en el sitio en el que no lo sabe situar su Gobierno.

Y ahora que vengan los tiquismiquis ventajistas o los fanáticos victimistas a sugerir que no pinta nada, a prenderle fuego a su retrato o a protestar de que no lo hemos elegido. Que sí lo elegimos: fue refrendado en la Constitución vigente. Ése no es el problema. El problema consiste en que a los que de verdad hemos votado para representarnos no saben estar a la altura que les corresponde.

Ignacio Camacho

Cobertura Agencia Efe

Vencer o convencer

¿Vale la pena salvar la integridad del Estatuto catalán al precio de hundir la credibilidad del Tribunal Constitucional (TC)? No, pero tampoco hundir el Estatuto catalán si el precio es la pérdida de credibilidad de ese tribunal. Los dos principales partidos, creyendo defender cada uno su propio interés, han logrado el efecto de perjudicar el de todos: cualquiera que sea la resolución del recurso sobre el Estatuto, nacerá deslegitimada por su demasiado visible intervención, lo que dará argumentos a la parte que se sienta perdedora para no aceptarla. Y eso es más grave que cualquier resolución, por errónea que se considere. Especialmente cuando, además, ha existido una clara voluntad de condicionar la decisión con propuestas como la de que, si prosperaba el recurso, en todo o en parte, habría que convocar un nuevo referéndum.

De entrada, una resolución adoptada tras un empate dirimido por el voto de calidad del presidente ya habría sido una mala solución. Los trabajos del Tribunal debieron haberse dirigido, como fue tradición en el pasado, a la búsqueda de un acuerdo mayoritario, pactado entre las distintas posiciones. Partiendo de esa actitud, la recusación de Pérez Tremps, por discutible que resultara, no habría tenido tanta importancia. Hoy parece evidente que hubiera sido mejor una resolución rápida que una congelación que ha favorecido estos enredos interminables.

Se viene dando por supuesto que una sentencia que declarase nulos artículos importantes del Estatut (o incluyera criterios interpretativos restrictivos) sería una derrota para los socialistas. La mayor derrota sería que, en aras de ese criterio, se diera luz verde a la generalización en todos los Estatutos de cláusulas tan dudosamente constitucionales como la fijación de las inversiones del Estado en función de la aportación de cada comunidad a la riqueza nacional: la parte no puede condicionar una decisión que corresponde al Estado. Constitucionalistas y economistas advirtieron en su momento de la inviabilidad del modelo autonómico si esa y otras disposiciones del Estatut eran imitadas en los de otras comunidades, lo que se consideraba probable. Esa previsión ya se ha verificado, y sus consecuencias disfuncionales comienzan a ser visibles.

Los nacionalistas deberían ser los más interesados en la coherencia del Estado autonómico en su conjunto. "Nos conviene que dure el Frente Popular el tiempo necesario para completar los traspasos y consolidar la autonomía de Catalunya", escribía Francesc Cambó en 1936, según ha recordado Pasqual Maragall (EL PAÍS, 9-10-2007). Que dure, añadía, "para aprobar los estatutos vasco y gallego y hacer los correspondientes traspasos y para crear otros núcleos regionalistas y a ser posible con Estatuto (Valencia, Aragón, etc.)". Es un planteamiento que recuerda al que hizo en las Constituyentes de 1977 el Arzalluz de entonces: "La autonomía de los demás es garantía de la nuestra".

La falta de un diseño lógico de la reforma ha provocado excentricidades como que los valencianos incluyeran una cláusula por la que se reservaban el derecho de reclamar cualquier competencia que se reconociera a Cataluña, o incoherencias como que los populares votasen a favor de un proyecto de Estatuto andaluz que reproducía decenas de artículos del catalán, recurrido por ellos. Conviene recordar, sin embargo, que ese voto fue el resultado de una fuerte presión de los socialistas para que la derecha andaluza se sumase al consenso, a fin de reforzar la legitimidad del proyecto. Esa presión tiñe de cierto oportunismo la pretensión ulterior del Gobierno de Montilla de que se diera por no presentado el recurso del PP contra el Estatuto catalán con el argumento de que el voto de los diputados populares al andaluz "daba por desaparecida" la causa del mismo.

Una vez suprimido el recurso previo de inconstitucionalidad, es lógico mantener la posibilidad de un recurso ulterior, incluso si es cierto que, situado después del referéndum de ratificación, plantea un problema político. Pero el propio ejemplo del Estatuto andaluz permite acotar el alcance de ese problema: por una parte, fue ratificado, pero con una participación de poco más de un tercio del censo. Y tal vez muchos diputados, no sólo del PP, que dudaban de la constitucionalidad de algunos de sus artículos copiados del catalán no hubieran dado luz verde a su aprobación en Las Cortes sin la garantía de una posible intervención final del TC.

Patxo Unzueta

Asignatura

Me cuenta una profesora de Historia de un colegio concertado cómo, apremiada por la insistencia de los padres en discutir si había que aceptar o no la Educación para la Ciudadanía, una de las religiosas que dirigen el centro, contestó: "No es un asunto urgente pero quiero que tengan claro que cuando la asignatura tenga que darse, se dará". La religiosa no se sumaba a la rebelión a la que algunos sectores defensores de las esencias católicas animan. Probablemente, sobre sus manos caerán asuntos como la homosexualidad, la inmigración o la violencia y los manejará sin el más mínimo problema, haciendo compatibles sus creencias con los principios que definen nuestra democracia. No es tan difícil. Como no es difícil entender que la sociedad suele ser mucho más transversal (por emplear un término tan en boga) de lo que nuestra clase política se cree. Los burdos intentos de estereotipar a los ciudadanos en monigotes de derecha o de izquierda que tienen su voto vendido de antemano hacen aguas según esta democracia, aún inmadura, cumple años y permite que cada español se organice su universo ideológico sin orejeras partidistas. Por suerte, no todos los creyentes responden a lo que quisiera la santa carcundia y sus voceros, ni al sambenito de reaccionarios que les atribuye a veces la izquierda. Otro tanto pasa con la ya cansina definición de pijo o de progre, términos que algunos creíamos guardados en el baúl de los recuerdos, pero que se han desempolvado para su uso en un momento en que hay tanto votante del PP que se aprovecha de las libertades individuales defendidas por la izquierda (progres), como votantes del PSOE que creen que el PP consiste en diez millones de pijos gangosos, lo cual haría de España un país inaudito: con una clase alta más numerosa que la trabajadora. Los socialistas dan por hecho que a los niños de los populares les va a venir de perlas que en la escuela les den un repasillo democrático, pero parecen obviar que es estupendo que a cualquier niño, incluso al propio, le corrijan las tonterías que escucha en casa, como por ejemplo, que todos los adversarios son imbéciles. Por desgracia, no se ha inventado en este mundo partido que te libre de ser un imbécil.

Elvira Lindo

¡Es la libertad, señor!

Hoy más que nunca entiendo por qué muchos movimientos civiles vascos y españoles han insistido en que el problema vasco no era un problema de paz, sino, ante todo, de libertad. Robando la vida de los considerados como enemigos de Euskal Herria, ETA ha atentado directamente contra la libertad de los vascos. Por su mera existencia, la banda terrorista ha sido una amenaza constante contra la libertad de los ciudadanos de Euskadi, y lo sigue siendo. ETA atenta contra una libertad tan básica como la de poder ser vasco como a uno le dé la gana, sin que nadie se pueda constituir en guardián de la esencia del buen vasco.

Pero el problema radica en que quien ha actuado en contra de la libertad de los vascos no ha sido sólo ETA, sino que el conjunto del nacionalismo, en especial el PNV -en la medida en que ha sido incapaz de distanciarse claramente de los fines de ETA, y en la medida en que ha sido incapaz de legitimar el poder constitucional y estatutario que ha estado ejerciendo-, también ha estado contra la libertad de los vascos.

La apuesta que el PNV selló en el acuerdo de Estella/Lizarra, optando por la unidad nacionalista y por la exclusión de los no nacionalistas para definir el futuro político de la sociedad vasca, no fue una casualidad. Era una derivada necesaria de la doble incapacidad citada y de su incapcidad de entender cuáles eran las condiciones necesarias de la libertad de los vascos.

Y, desde entonces, el PNV anda sin poder encontrar el camino a la democracia. El plan Ibarretxe era la manifestación de las dificultades para encontrar el camino a la democracia. Y la última propuesta de Ibarretxe, que no es otra cosa que su plan bis -y la consecuencia de que el PNV no haya enterrado oficialmente su apuesta de Estella/Lizarra-, es la consagración de la incapacidad del nacionalismo de entender en qué consiste la libertad de los vascos.

Si algo caracteriza a la cultura moderna es la apuesta por la libertad y por la autonomía personal. Conviene recordarlo en los tiempos que corren. La crítica de la tradición, la crítica de las iglesias y de las religiones, de la confesionalidad de los estados, la crítica de las costumbres y la proclamación de la igualdad, no tenían otro fin que asegurar y garantizar la libertad de los ciudadanos. La igualdad era, sobre y ante todo, la igualdad de todas las personas, independientemente de su condición social, cultural, lingüística o religiosa, ante la ley. Una ley universal, válida para todos los individuos por igual. Y por ello, base de la libertad de cada uno.

Lo que en los comienzos de la modernidad paradigmáticamente fue la libertad de conciencia -esto es, que nadie estuviera obligado a una fe religiosa concreta para poder gozar del derecho de ciudadanía- se traduce hoy en libertad de identidad: ni ETA, ni el PNV ni ningún partido nacionalista puede, sin atentar gravemente contra la libertad, decidir quién es buen vasco y quién no lo es.

En el fondo de la apuesta de Estella/Lizarra, en el fondo del plan Ibarretxe y en el fondo de la última apuesta del lehendakari por la consulta -pase lo que pase, el 25 de octubre de 2008- se encuentra la pretensión de que quienes tienen derecho a decidir el futuro político de todos los vascos, quienes tienen derecho a definir políticamente la sociedad vasca, son sólo los nacionalistas. Porque sólo ellos son los buenos vascos, Y, por ende, ellos sólo son los que constituyen el pueblo vasco del que se predica el derecho a decidir. Presuponiendo que son, al menos, el 50,1%.

Pero la cuestión no radica en saber si llegan a ese porcentaje o se quedan incluso lejos de él. El problema radica en que en la última década ha quedado claro que este nacionalismo vasco es incapaz de entender que no se puede contraponer la libertad de quienes quieren ser sólo vascos contra la de quienes quieren ser vascos y españoles en distintas gradaciones. El nacionalismo vasco no entiende que la apuesta y el reto de la cultura moderna y de la democracia radican en saber que existen distintas identidades, distintos sentimientos de pertenencia, distintas definiciones de las sociedades, distintos intereses lingüísticos, culturales, de creencias y económicos, pero que la convivencia es posible porque se puede alcanzar un acuerdo que permita, limitando y particularizando cada uno de ellos, la convivencia de esa pluralidad gracias a las reglas y las normas que constituyen un espacio público en el que tienen cabida todos ellos.

Para el nacionalismo vasco, la libertad sólo existe si un grupo determinado -el de los buenos vascos- puede decidir lo que quiera. Y no entiende que la libertad ciudadana radica en que todos, los supuestos buenos vascos y los que también lo son sin ser nacionalistas, puedan convivir porque respetan que los otros puedan, de forma limitada, particularizada e individual, cuidar su identidad, sin imponérsela a nadie.

El derecho a decidir de los vascos se ha convertido en un fetiche, y como tal contiene todas las contradicciones que acompañan a los fetiches ideológicos: presupone que existe aquello que materializando la exigencia contenida en el fetiche se trata de conseguir. No existe en Euskadi la sociedad vasca que presupone el discurso de Ibarretxe cuando habla del pueblo vasco milenario, sujeto del derecho a la autodeterminación. Esa entidad, ese sujeto no existe. En su lugar, hay una realidad social compleja, plural, rica, de un gran valor democrático si se la reconoce en su complejidad. Y el nacionalismo vasco nunca lo ha asumido. O se cede al imaginario de una sociedad que se corresponda con la comunidad etnolingüística que está en la base de la doctrina nacionalista, o se concede el derecho a decidir sobre todos sólo a la parte de la sociedad que cree en un tal imaginario. Y la consecuencia es la destrucción de la libertad. De todos. Porque en el momento en que se cediera a tal pretensión nacionalista se desataría el mecanismo interno del nacionalismo de dirimir por las buenas o por las malas quién es quien tiene derecho a definir la ortodoxia más pura.

Es claro que la última propuesta de Ibarretxe es contraria a la Constitución. Lo que es necesario añadir es que el valor supremo de ésta radica en garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos vascos. Es claro que la propuesta útlima de Ibarretxe está fuera de la legalidad, pero lo importante es subrayar que el respeto a la legalidad es el principio del respeto a la libertad de los ciudadanos. No hay libertad sin derecho. No hay libertad sin leyes. No hay libertad si no es por medio de la constitucionalización del poder. No hay libertad sin pluralismo. No hay libertad sin libertad de conciencia y sin libertad de identidad.

Si es verdad que nos estamos jugando el Estado, con mayúsculas, en el envite planteado por Ibarretxe, lo es porque el Estado democrático, el Estado de derecho -y España lo es, mal que les pese a los nacionalistas- es lo mejor que ha encontrado la Historia de la humanidad para defender las libertades personales y los derechos de los ciudadanos.

Si en estos momentos toca defender el Estado, si en estos momentos toca defender la Constitución, si en estos momentos toca defender el Estatuto de Guernica -¡qué confianza vamos a tener en que se cumpla el resultado de cualquier consulta popular si quienes ahora la reclaman se han caracterizado por no haber aceptado en serio el resultado de las que ya ha habido!-, si en estos momentos toca defender la legalidad y el derecho, no es por otra cosa que porque es el único camino para defender la libertad.

Joseba Arregui

Se busca culpable

No es sólo el desafío rupturista de Ibarretxe. Están apareciendo otros síntomas de desbordamiento del sistema por el lado nacionalista. ¿Qué clase de moderado es Artur Mas cuando dice que sin enfrentamiento con España "Catalunya habría desaparecido"? ¿Era posible para los socialistas navarros pactar con un partido, EA, cuya presidenta amenaza con recurrir a la "desobediencia civil" si no se acepta el referéndum ilegal de Ibarretxe? ¿Puede considerarse normal que un ex presidente socialista como Maragall defienda la celebración de un nuevo referéndum si el Tribunal Constitucional recorta en algún punto el nuevo Estatut (y que, en su estela, Carod Rovira, diga que en ese caso el referéndum debería ser de autodeterminación)?

Como suele ocurrir, la primera reacción ante esos desafíos ha sido la de buscar culpables. El PP lo tiene claro: lo ha sido Zapatero, con su política de concesiones a los nacionalistas. Es una respuesta simétrica a la de los socialistas cuando acusaban de la radicalización soberanista del cambio de siglo a la intransigencia de Aznar. De momento, la evidencia de que el efecto -la radicalización-, es idéntico cuando la política del Gobierno es receptiva a las demandas nacionalistas y cuando es de rechazo, quita la razón a ambos: ni puede culparse sin más a Aznar ni es posible echar toda la responsabilidad sobre Zapatero.

Tal vez, entonces, la radicalización obedezca a otras razones, propias de los nacionalistas. En El Estado autonómico (Alianza, 2003), Eliseo Aja, uno de los máximos especialistas en la cuestión, considera que esa radicalización fue una consecuencia paradójica de la culminación del proceso de transferencias: dejó a los nacionalistas sin apenas espacio para la reivindicación dentro del marco autonómico, lo que les hizo tantear la posibilidad de impugnar el marco mismo: desde una perspectiva independentista en Euskadi, para favorecer el frente soberanista de Lizarra; y desde la visión confederal de la Declaración de Barcelona, en Cataluña.

Según ese profesor, también los partidos estatales dudaron entre abordar una reforma en aquello que podría ser atendible (representación ante la UE y en organismos institucionales como el Tribunal Constitucional, atribución de todas las competencias de ejecución, etc.) o cerrarse en banda a cualquier reforma. Hasta poco antes, tanto el PP como el PSOE coincidían en la inoportunidad de abrir ese melón, pero desde la llegada de Zapatero a la dirección socialista hubo una mayor receptividad. Eso dio pie a la otra explicación en circulación sobre las causas de la radicalización: las limitaciones autonómicas introducidas por Aznar en su segundo mandato. Eliseo Aja afirma que, con los datos en la mano, no puede sostenerse esa explicación. Durante tal periodo culminaron transferencias esenciales, hubo acuerdo sobre el Cupo vasco y se siguió en términos generales el proceso de despliegue autonómico iniciado por Felipe González. Pero sí admite que hubo un cambio en el "tono de los discursos"y la utilización de los símbolos. Un factor que seguramente cargó de razones a los nacionalistas fue la postrera arrogancia de Aznar negándose a recibir en Moncloa a los presidentes autonómicos que no le gustaban.

Tal vez, sin embargo, exista otra forma de ver las cosas. Es muy conocido un texto de Tocqueville en el que, a propósito de la Revolución Francesa, sostenía que no fue tanto la ausencia de reformas como la insuficiencia de las mismas lo que, al frustrar las expectativas, había abierto paso a la revolución en lugar de impedirla. Tal vez la política intransigente (o percibida como tal) de Aznar creó las condiciones para que la transigencia de Zapatero -tanta que no pudo satisfacer las expectativas creadas- provocara esta radicalización. Zapatero, necesitado de aliados, eligó ese terreno a la hora de diferenciarse de su antecesor. Es posible que no midiera bien su entusiasmo, o que se le entendiera mal, pero lo cierto es que creó unas ilusiones superiores a lo que podía ceder. En Cataluña, sobre todo, lo que le obligó a una barroca rectificación pactada con Artur Mas que, sin embargo, se sintió más defraudado que nadie al ver que era otro quien se quedaba con el premio. Los efectos, a la vista están.

Pero si no es posible culpar de ellos sólo al PP o sólo al PSOE, ¿no deberían ambos partidos dejar de arrojarse las banderas y los sarcasmos a la cabeza y ponerse de acuerdo para hacer frente a los desafíos de Ibarretxe e imitadores?

Patxo Unzueta