opinión

Nacionalistas de todos los partidos

COMO se sabe, el Camino de Servidumbre -biblia del pensamiento económico liberal- de Friedrich August von Hayek publicado originalmente en 1944, está dedicado a los «socialistas de todos los partidos». Hoy, una posible biblia del pensamiento constitucionalista español merecería ser dedicada a los «nacionalistas de todos los partidos», porque el síndrome nacionalista ha penetrado profundamente en el modo de entender la política no sólo de los partidos nacionalistas, sino incluso de los partidos de ámbito nacional que más alejados podríamos suponer de aquél.

Varios ejemplos recientes lo confirman. Con alcance general, el socialismo que nos gobierna -contra una buena parte de la tradición no sólo histórica sino también reciente (Felipe González) del PSOE- se ha decantado por un gaseoso entendimiento de la llamada España plural, cuyos frutos tangibles corresponden sin embargo a la física del estado sólido, como el polémico Estatuto de Cataluña atestigua. Pero no sería justo limitar esa deriva al PSOE. Hemos asistido hace semanas a la propuesta del máximo dirigente de UPN de desvincular a sus parlamentarios del Grupo Popular al que pertenecen «para evitar que la única voz de Navarra que se escuche en el Parlamento sea la de Nafarroa Bai». Y horas después de expresar una sensata oposición a esa propuesta, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, justificó su interés de formar parte de la candidatura popular al Congreso en «dar más voz a Madrid en el Parlamento».

Cabe preguntarse si estamos ante una malformación ideológica inevitable, amargo fruto a largo plazo de la propia configuración del Estado de las Autonomías, o más bien, como pienso, se trata de una secuela no de esa configuración genética, sino de las malformaciones de su declinación política, que han dado lugar al surgimiento de una dinámica no ya de emulación entre Comunidades -lo que sería políticamente salutífero- sino directamente de confrontación de tipo «suma-cero» entre las comunidades autónomas.

Eso deriva de la percepción de que la capacidad de presión particularista sobre el Gobierno de la Nación es una función de la importancia de los grupos de identidad nacionalista en el Congreso de los Diputados, que inviste y ante quien responde ese Gobierno.

La desmesurada influencia alcanzada así por las minorías nacionalistas, especialmente en las frecuentes ocasiones en que ningún partido ha disfrutado de mayoría absoluta (cinco legislaturas, incluidas la Constituyente y la actual) manda la señal equivocada sobre incentivos y recompensas asociados a esa «voz propia» de las Comunidades, que excita un gen nacionalista de tipo instrumental, que se desarrolla inquietantemente en todos los partidos.

Hay que recordar en este punto una obviedad constitucional. Las Cámaras son la representación del pueblo español en su conjunto y, si bien el Senado se define como Cámara de representación territorial, ni siquiera los senadores lo son sólo de la provincia o Comunidad que les otorga el mandato. Pero desde luego, el Congreso de los Diputados es una arena política cuya función constitucional se relaciona más con la garantía de la libertad y la igualdad de los ciudadanos que con la exaltación de las diferencias territoriales. Eligiendo y controlando al Gobierno de la Nación, y aprobando las Leyes del Estado que deben hacer realidad los valores y principios que inspiran la Constitución, los diputados -desde el punto de vista del sistema político- realizan una función esencialmente nacional.

En todo caso, conviene preguntarse si esta situación tiene remedio. Para algunos, éste pasa por una reforma electoral encaminada a reducir al límite o eliminar la presencia nacionalista en el Congreso de los Diputados. Otros piensan que es más adecuado propiciar una reforma constitucional que «blinde» contundentemente las competencias estatales frente a la insaciabilidad de las pretensiones nacionalistas. Muchos no rechazarían una combinación de ambos tipos de iniciativas. Por último, hay quienes piensan que la solución más conveniente es propiciar un partido bisagra de ámbito nacional, que fuera una muleta alternativamente utilizable por los partidos hegemónicos de la derecha y la izquierda que evitara el que uno u otro cayera indefectiblemente en los brazos de fuerzas nacionalistas para poder gobernar.

Comenzando por esta última posibilidad -que actualiza estas semanas el nacimiento del partido que promueve Rosa Díez- lo cierto es que no se adivina cómo una formación de este tipo pudiera drenar votos nacionalistas a partir de una posición abiertamente anti-nacionalista. Si, como parece, no es ese el caso, nos encontraríamos al cabo de la calle respecto al problema que nos ocupa. Es decir, incluso un estimable resultado de esa nueva fuerza no tendría por qué aparejar una disminución del poder de los partidos nacionalistas, con lo que la suma de mayorías sin recurrir al nacionalismo adolecería de la misma dificultad que ahora, o incluso de una mayor, ya que la introducción de un nuevo elemento en el reparto entre los partidos de ámbito nacional reduciría la prima de representación de que ahora gozan los dos mayoritarios de ese alcance (PSOE y PP).

Una reforma electoral penalizadora de los partidos nacionalistas tiene graves problemas. Podría establecerse por ley, en efecto, un umbral de esterilidad nacional adicional al existente (que es de ámbito provincial) y que, si reprodujera el nacional (3 por ciento), dejaría hoy por hoy fuera a todas las minorías nacionalistas salvo a CiU. Pero ese escollo -cuya introducción podría suscitar cuestiones de constitucionalidad en relación con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución- sería además fácilmente salvable por la vía de las coaliciones de nacionalistas de distintas comunidades (tal como se viene haciendo en las Elecciones al Parlamento Europeo) y no tener efecto práctico alguno. Por encima de ello, la lógica democrática de esa barrera adicional sería en extremo cuestionable: el nacionalismo de cualquier tipo que hoy se sienta en el Congreso representa el 10,2 por ciento de los votos a candidaturas en las elecciones de 2004 y sus escaños suponen el 9,4 por ciento del total. No hay pues globalmente una prima de representación a los nacionalistas, sino simplemente un alto valor estratégico de esa representación.

La reforma constitucional sería una solución parcial, aunque importante. La ambigüedad consustancial al compromiso apócrifo alcanzado en la redacción de los artículos 148 a 150 de la Constitución, que regulan las competencias estatales y de las comunidades autónomas, precisa de una clarificación que haga indelegables las competencias centrales que el Estado debe reservarse y salvaguarde el mínimo de estatalidad que requieren el mantenimiento de la operatividad y la eficacia del propio Estado.
Pero lo importante va más allá. Lo importante es el acuerdo político de fondo entre los dos grandes partidos estatales para evitar el ser arrastrados por la deriva nacionalista que sus propias élites regionales empujan. En un sistema de Estado compuesto, en el que los mesogobiernos regionales tienen un gran peso político, la autonomía de esas élites y la persecución por las mismas de intereses propios es punto menos que inevitable. Su obligado contrapunto es la existencia de direcciones centrales fuertes capaces de imponerse a la presión permanente de esas élites.

Naturalmente ello requiere que las direcciones nacionales estén convencidas de esa necesidad de preservar el núcleo de competencias estatales y frenar el expansionismo natural del nacionalismo instrumental de sus dirigentes regionales. En esta legislatura se ha echado de menos esa convicción. En el ámbito del PSOE, por la ensoñación de la España plural y las vacilaciones nacionales de Zapatero. En el del PP, ciertamente en grado mucho menor, por falta de firmeza en la imposición de una conducta a las direcciones regionales coherente con el concepto de Estado defendido por la dirección nacional. Quizá las próximas elecciones brinden la oportunidad de una clarificación de estos asuntos que nos evite en los años venideros el triunfo definitivo de los nacionalistas de todos los partidos.

José Ignacio Wert es sociólogo.

El derecho como placebo

Asistimos hoy a un profundo deterioro del Estado de derecho, y su característica más paradójica es que se realiza, precisamente, mediante la constante invocación del Derecho. Podría definirse, parodiando la lejana época del uso alternativo del Derecho, como la época del uso populista del Derecho ¿Y en qué consiste? En haberse llegado a convertir el proceso burocrático y parlamentario de producción de leyes en un mero discurso propagandístico, cargado de mesianismo y rasgos salvíficos, con el que los actores políticos hacen creer a la sociedad que curarán todos sus males. Hacer leyes se ha convertido en una operación de imagen, una actuación orquestada para convencer a la ciudadanía de que la incansable actividad y la omnipotente capacidad de los gobernantes resolverá cualquier género de problemas... mediante la producción incesante de nuevo Derecho. No bien los medios introducen en la agenda un nuevo problema, los políticos se lanzan ávidos a legiferarlo y prometen con ello nada menos que su definitiva erradicación. Da igual que se trate de maltrato de género, accidentes de tráfico, contaminación, abusos infantiles o la paz mundial; en cualquier caso, la respuesta del sistema político es "el Derecho a bote pronto".

Este uso populista del Derecho, como todos los mecanismos perversos, se retroalimenta indefinidamente. Pues a una sociedad compuesta de ciudadanos impecables (como los definió Rafael del Águila) le fascina la limpia exactitud de la ecuación "problema social = norma = juez = solución". De forma que, al cabo de poco tiempo, no concibe otro método de resolución de problemas que no sea la ley y la justicia. Esta demanda la abastecen los políticos, encantados, incluso un poco maravillados en el fondo, por la facilidad con que se aplaca la opinión pública, pero en cualquier caso entusiastas de un sistema que les permite demostrar una capacidad de gestión superlativa. ¿Se resuelven de verdad los problemas, qué pasa después con todas esas normas jurídicas? Parece que eso es lo de menos, pues lo importante es el efecto placebo que posee la actitud legiferante: la ciudadanía se siente atendida, al tiempo que el sistema político se legitima simplemente por su estajanovismo normativo.

El populismo es especialmente acusado en el terreno del Derecho Penal. Aquí se ha abandonado toda reserva, toda cautela y, también hay que decirlo, toda ideología, de forma que no hay cuestión desagradable que no pueda abordarse y tratarse mediante el Código Penal. Se trata sólo de tipificar como delito más y más conductas que se perciben vagamente como molestas o inadecuadas, exacerbar las sanciones, proclamar la "tolerancia cero" con el villano de turno, considerar como auténticos enemigos del género humano a categorías enteras de personas, borrosamente definidas. Hasta cierto punto, entraba en la lógica que esto acabara sucediendo: pues si se propala la idea de que al hacer leyes tenemos en las manos el más poderoso de los martillos, la opinión tenderá a percibir la realidad social como un conjunto de clavos precisados de ellas. Y, efectivamente, a pesar de que las estadísticas dicen lo contrario la sociedad está convencida de que la criminalidad aumenta, de que la inseguridad ciudadana crece. El discurso de la seguridad compra votos, no hay más que escuchar a los políticos. Y compra también... más Derecho Penal.

En la práctica médica los placebos no curan, pero tampoco causan daño a la salud. Desgraciadamente, en la práctica política el uso populista del Derecho como placebo ocasiona severos daños, tanto al Derecho mismo como a la democracia. Para tener un ejemplo de lo primero basta mirar en derredor y observar las distorsiones a que se conduce a la opinión pública respecto a lo que es un proceso penal. Estremece que las palabras que el tribunal dirige amenazador a un acusado ("le permito hablar lo justito para cumplir su derecho de defensa, nada más") pasen sin más comentario que el de alabar su mano firme y, en cambio, la limitación de palabra al Ministerio Fiscal cuando desea introducir cuestiones periféricas sea motivo de críticos editoriales que reclaman su libertad de expresión. Estremece que el clima de exaltación de la víctima como nuevo fetiche social llegue a hacer olvidar que el proceso penal es la Carta Magna de los delincuentes y no la Carta Magna de las víctimas. ¿Cómo es que estamos olvidando tan rápido una verdad que costó tantos años construir? ¿Simplemente por un discurso populista sobre "el enemigo"?

Los griegos consideraban como índice de degeneración de una politeya el crecimiento desmesurado de su acervo de normas y leyes: "Se gobiernan bien aquellos que se atienen a leyes establecidas de un modo sencillo, no los que prevén en las leyes todos los casos posibles, para provecho de los sicofantes", decía Eforo, según recoge Estrabón. En nuestras modernas sociedades, donde la complejidad normativa es consustancial, este aviso podría sin embargo aplicarse todavía: cuantas más leyes, menos y peor Derecho; cuanto más placebo populista menos conciencia ciudadana.

José María Ruiz Soroa

Los caballos de Calígula

Algunos ciudadanos daríamos nuestro voto por un hearing. Nuestro voto a quien en las próximas elecciones nos prometa que obligará a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, a los miembros del Tribunal Constitucional y a los de todos los órganos colegiados que se eligen actualmente por cuotas de partido, a pasar por una audiencia parlamentaria pública en la que se conozcan y debatan sus méritos, sus opiniones y sus proyectos.

Como nuestra confianza sobre la capacidad de los parlamentarios para protagonizar esa tarea con suficiente independencia es relativa, nuestro voto iría, exactamente, a quienes prometieran una audiencia "a la anglosajona". Es decir, que se celebre un mes después de que se haga pública la identidad de los nominados por cada partido, para permitir que los medios de comunicación, y los ciudadanos en general, acopien información y obliguen a los parlamentarios a darse por enterados, quieran o no, de esos datos.

La idea es evitar el modelo de audiencia descafeinado y de guante blanco que inventaron el año pasado los partidos españoles para el estreno del consejo de administración de RTVE y que algunos querrían extender en el futuro. Salvo el diputado del PNV José Ramón Beloki, que indagó más en las opiniones de los nominados, los otros portavoces parecieron más interesados en dar la amable bienvenida a los consejeros que en demostrar que habían investigado sus obras y méritos.

Es cierto que ese sistema de audiencias, con tiempo e investigación pública previa, tiene, a veces, un efecto perverso y que en Estados Unidos, por ejemplo, donde se aplica con mucha frecuencia, ha dejado fuera a algunas personas extremadamente valiosas e idóneas para un cargo por cuestiones que eran claramente secundarias o, incluso, anecdóticas.

En nuestro caso, sin embargo, es poco probable que corramos ese riesgo. Nuestro problema no es que queden fuera de estos organismos algunas personas muy valiosas. Es que entran muchas personas nada competentes, ni prestigiadas, ni meritorias, personas que ocupan los cargos como "cuotas" de partidos y cuyo gran mérito es el puro sectarismo. El uso indecente de esas fichas en blanco, la frivolidad con la que se rellenan, no con nombres respetados, sino con los de los más serviciales, cuando no, simplemente, con el nombre de la propia hija, va a terminar por hundir el prestigio de unas instituciones, empezando por el propio Parlamento y por los tribunales de justicia, que son imprescindibles para el funcionamiento de cualquier democracia.

El problema no reside, como se ha dicho muchas veces, en que los partidos elijan para esos cargos a personas que se sientan próximos a sus proyectos. El problema no es que un juez sea liberal o conservador, se sienta próximo al PP o al PSOE o proceda del nacionalismo, sino que sea sectario, servicial o incompetente. Y desgraciadamente en este país hay cada vez más decisiones de jueces que no se explican salvo por su pertenencia a una determinada asociación judicial (¿no sería hora de plantearse también si es conveniente seguir con el actual pluralismo de asociaciones y con la impresión que tienen muchos magistrados de que no es posible hacer carrera si no se apuntan a una de ellas? ¿No sería más útil una única asociación judicial de defensa de intereses estrictamente profesionales, como ocurre en otros países europeos?).

Aunque el sistema de cuotas continuara en vigor, ¿funcionarían igual esos organismos si sus componentes hubieran tenido que pasar un examen público? ¿Hubiera votado la izquierda (incluso los más moderados de la derecha) por un magistrado claramente fascista, como lo hizo, si se le hubiera obligado a explicar en público su pensamiento y los votantes hubieran visto el espectáculo? ¿Votarían derecha e izquierda a un magistrado corrupto propuesto por los nacionalistas si se hubiera podido investigar antes sus negocios? ¿Votaríamos los ciudadanos a los partidos que consintieran que alguien manifiestamente ignorante ocupara uno de esos puestos?

Uno de los personajes de Albert Camus le reprochaba a Calígula su frivolidad en los nombramientos: "Hacer un senador sólo lleva un día. En cambio, para hacer un trabajador hacen falta diez años". Dejemos que los ciudadanos le vean la cara a los caballos de Calígula. [e-mail]

La hora del Tribunal Constitucional

Leo con preocupación que "se puede atrasar el fallo sobre el Estatuto catalán". Espero que sea una serpiente de verano. Sería bueno que el Constitucional dictara pronto sentencia sobre los nuevos estatutos. Bastante equivocación fue anteponer la última reforma estatutaria a la constitucional. Al final, hasta el propio Maragall lo ha reconocido. El error podría ser letal para la Constitución y para el Tribunal, si las decisiones se retrasaran. No se deben prolongar las incertidumbres. Lo exige la consideración debida a los ciudadanos.

Es cierto que al Tribunal tampoco se le guarda siempre el obligado respeto. Su imagen mediática resulta a veces estereotipada y lamentable. Según ella, la acción del Constitucional vendría regida por tres principios implícitos:

1. Todos los magistrados, o son "progresistas", o son "conservadores".

2. Sus posiciones al sentenciar estarían determinadas por esa presunta condición.

3. Al declarar inconstitucional un precepto, legal o estatutario, el Tribunal propinaría un "varapalo" al partido que lo hizo aprobar.

Si esto fuera así, poca falta haría un Tribunal Constitucional. Por fortuna, los tres principios son falsos. Dar a entender que de hecho funcionan redundaría en flaco favor a la institución y en falta de respeto para sus miembros.

La atribución de progresismo o conservadurismo a los magistrados es conjetura tentadora pero azarosa. Quienes penetran en tales jardines tienen gran peligro de patinar. Podría dar algún ejemplo divertido. Lo cierto es que se tiende a esta simplificación: cualquier magistrado propuesto por el PP es por necesidad "conservador"; en cambio, será "progresista" si fue apadrinado por el PSOE. Así de sencillo. En términos taurinos, habría dos hierros decisivos: los de la ganadería de Ferraz, con brillante trayectoria centenaria, o la genovesa, no tan antigua, pero de no menor relumbrón. Todos reconocen que entrambos vienen ofreciendo las mejores corridas políticas en nuestro ruedo ibérico. Para quienes rechazan la fiesta, la metáfora podría convertirse en deportiva y decir que los jugadores saltan al campo a defender los colores del club que los fichó. Un poco sorprendente, ¿no?

Más estupefaciente aún resulta el segundo principio: la posición de cada juzgador dependería de esa su condición progresista o conservadora. Funcionaría así un elegante sistema binario: si lo dice uno, entonces es sí; si lo afirma el otro, por supuesto que no. Luego bastaría añadir una fundamentación, más o menos incomprensible para la mayoría. Si esto fuese así, sobrarían en el Tribunal sus juristas de reconocido prestigio. Bastaría una inteligencia natural bien despierta y una buena aguja de marear. No quiero dar ideas. Pero alguna vez, oyendo a tertulianos, periodistas y políticos, con sus opiniones agudas, tajantes, inapelables y a bote pronto sobre lo que debería decir el Constitucional, me asaltó la pregunta: ¿no cabría aprovechar tanto talento desperdiciado? ¿No es maravilla que estas gentes no necesiten siquiera haber leído los escritos de las partes?

En realidad, la cosa no debe de ser tan elemental. El sesgo ideológico de un magistrado no es siempre la dimensión decisiva. No todo se dilucida en esas coordenadas, ni se agota la riqueza de una personalidad en ellas. Hay muchos otros aspectos relevantes. Así, proceder del ámbito judicial o del académico podría resultar incluso más influyente para juzgar ciertos asuntos; por ejemplo, una recusación o una inhibición.

Es más, parece lesivo para la dignidad del Tribunal suponer que sus decisiones dependan más de quiénes y cómo sean los magistrados o de quiénes son los recurrentes, que de la cuestión objetiva que se les somete. El voto del magistrado se convertiría así en un voto político, en un acto de voluntad y no de juicio. Cabría entonces que la misma cuestión resultase constitucional o inconstitucional, según estuviera o no tal o cual magistrado. O que idéntica materia fuese blanca o negra, según que se aplicase a Cataluña o Andalucía. Inquietante, ¿no es así?

Esto sería posible si no existiese la Constitución como norma vinculante. Pero existe. Y esa existencia complica mucho, porque fuerza a interpretar un texto concreto. La tarea de un magistrado constitucional sin Constitución sería la labor más feliz, creativa y fantástica que imaginar cupiera. Todo el monte sería orégano. ¡Qué privilegio fallar cada cualsegún sus personales ideales de vida! No se alcanzaría el "seréis como dioses", pero sí el "seréis como soberanos". Porque, en el fondo, se trata de soberanía. Si este concepto conserva hoy en día algún sentido jurídico fuerte, es como referente atributivo de las decisiones del poder constituyente. La Constitución fue decisión soberana de todo el pueblo español. Interpretar la Constitución viene a ser algo muy próximo a ejercer de soberano. Pero tiene sus límites. Se precisa mucha sensibilidad y cautela para ser la voz autorizada de la Constitución. Si se admitiera que todo cabe en el texto constitucional, querría decir que la Constitución no manda nada.

Eso me lleva al tercer punto, o sea, eso de que el Tribunal "se carga" un "Estatuto" y reparte varapalos. Tampoco resulta apropiada. En puridad, lo que hace el Tribunal, es decir, que si se quisiere establecer una regla, incompatible con la Constitución, pero que puede ser muy sana y conveniente, ha de intervenir antes ese sujeto soberano que aprobó la Constitución. O sea, el Tribunal preserva la soberanía de los españoles. Porque, dicho sea de paso, ni el Constitucional es soberano, ni lo es ningún Parlamento autonómico, ni lo son tan siquiera las Cortes Generales.

La conjunción astral de esos tres criticables principios tiende a erosionar y trivializar el trabajo del Constitucional. Este Tribunal, pese a que su prestigio no esté, acaso, hoy en cuarto creciente, ha rendido muy trascendentes servicios a la democracia y a la Constitución. Su labor ha resultado muy positiva en sí misma, y no digo nada en comparación con algún organismo otro, de cuyo nombre no quiero acordarme.

En el día de hoy siguen pendientes varias impugnaciones contra Estatutos de tercera generación con problemas peliagudos de constitucionalidad. Además, flota en el aire un nuevo Estatuto vasco tras el naufragio del proyecto Ibarretxe. La razón de ser del Constitucional cobra toda su trascendencia en esta hora.

Es momento de recordar que el Tribunal no se creó en su esencia para corregir a los Tribunales ordinarios, ni para instruir a la Sala de lo Penal del Supremo sobre cómo prescriben los delitos, ni para intercambiar collejas, si se me permite esta expresión, con la de lo civil del propio Supremo sobre asuntos menores. Lo esencial es lo de ahora.

Para juzgar Estatutos autonómicos hubiera sido deseable un pronunciamiento del Tribunal con carácter previo, sobre un texto ya definitivo, antes de su aprobación parlamentaria y del referéndum de ratificación por la Comunidad Autónoma. Eso pretendía el difunto "recurso previo", mal extendido a todas las leyes orgánicas, mal suprimido por el Gobierno de Felipe González y abusivamente instrumentalizado por los parlamentarios de Alianza Popular o del Partido Popular en la oposición. Con esa vía previa hubiera sido más difícil que una Comunidad Autónoma se sintiese agraviada si el Tribunal eliminaba, por inconstitucional, algún párrafo del proyecto de un Estatuto. Fue una lástima perder este valioso instrumento en el fragor de la reyerta partidaria.

El caso es que estamos como estamos. El Tribunal empezó señalando en un momento dado, con acierto, que era prematuro estimar una impugnación del PP contra el Estatuto de Cataluña antes de conocer el texto final. Consideró que era demasiado pronto para pronunciarse. Pero ahora preocupa que, por la inercia de los hechos consumados y con el rizo de las cuestiones previas, cuando dicte sentencia resulte demasiado tarde. El problema actual es que ya ha transcurrido tiempo sobrado y que del Tribunal no llegan síntomas de sentencia de fondo, sino señales varias dilatorias, que suenan a escaramuzas.

Para justificar el retraso flotan en el ambiente argumentos bastante débiles, a mi modo de ver. Ni el de la complejidad del asunto (produciría sonrojo acogerse a esa excusa al cabo de tantos meses), ni el de la impugnación por el PP de la nueva reforma de la ley del Tribunal (se debería respetar el orden de entrada), ni el lío procesal de las acumulaciones (asunto instrumental, que debería facilitar lo principal), ni la finalización del mandato de la presidenta (que, dicho sea de paso, es hoy la mejor candidata para el puesto que ya ostenta), etc.

En suma, ha llegado la hora de fallar. Todos debemos respeto al Tribunal, pieza insustituible en estos trances, lo que supone apartar los esquemas mediáticos y otorgar un voto de confianza a su autoridad. Pero los españoles también merecemos un respeto por parte del Tribunal, en forma de unas sentencias prontas, claras, coherentes con la jurisprudencia existente, bien fundadas en la Constitución y, por supuesto (yo diría, incluso, sobre todo), unánimes o por una mayoría tan contundente que nadie pueda interpretar como confirmación los disolventes principios antedichos. Es la hora del Tribunal Constitucional, sin duda. Si no la aprovecha, el riesgo es que le haya sonado al Tribunal su hora, pero esta vez en el sentido quevediano.

Juan Antonio Ortega Díaz-Ambrona es ex ministro de UCD.

Isegoría

El debate protagonizado por John F. Kennedy y Richard Nixon en las elecciones presidenciales norteamericanas de 1959 suele ser citado como ejemplo de la primera vez en que la televisión interviene de modo decisivo a la hora de determinar un resultado político. Lo cierto es que sólo unos meses antes, el 16 de julio, ese genio de la comunicación que es Fidel Castro había dado ya el aldabonazo de convertir la televisión en palanca de poder, nada menos que ejecutando un golpe de Estado desde la pantalla, con el efecto inmediato de provocar la deposición del presidente Urrutia. La alocución televisada de Fidel constituyó el núcleo de una maniobra iniciada en la mañana del mismo día jugando con otro medio, la prensa, al anunciar desde la primera plana de Revolución su dimisión como primer ministro -no como jefe de las Fuerzas Armadas, por si acaso-, para desencadenar la movilización de masas en torno al palacio presidencial, cuyos fundamentos serán proporcionados por el líder guerrillero en su intervención televisada, sin que por supuesto Urrutia tenga oportunidad de acceder al medio. Sólo le quedará huir y buscar refugio en la Embajada de Venezuela, mientras Fidel ponía en marcha su interminable monopolio de poder. Fue la muestra de que una eficaz manipulación de los nuevos medios, al conjugar el manejo de las masas por el líder con una implacable censura ejercida sobre el discurso del oponente, podía crear la ficción de una nueva forma democrática, la democracia de la plaza pública y de su difusión por la imagen, una falsa democracia que en la práctica arrancará de cuajo las raíces de la libertad política.

La entrada en escena de la televisión, a mediados del pasado siglo, es también un ejemplo del peso ejercido por los cambios tecnológicos sobre el ejercicio y los límites de esa libertad. Los conceptos de fondo permanecen inmutables desde la polis griega. Las dos condiciones para la existencia de la democracia son, en primer término, la isonomía, la capacidad de los ciudadanos para intervenir activamente en el proceso de toma de decisiones, y en segundo, la isegoría, el acceso a la palabra, que en las sociedades modernas incorpora el derecho a una información veraz. A lo largo de la historia, la isegoría irá experimentando mutaciones en el citado plano técnico, desde la intervención oral en la asamblea al blog, así como en cuanto al marco económico y organizativo en el cual se inscribe la comunicación, y, en fin, su contenido se verá afectado por la incidencia de las censuras. Y es preciso hablar de censuras en plural, ya que tan censoria es la interferencia del gabinete de censura clásico o de la Inquisición que veta la emisión de un mensaje o procede contra el mismo una vez emitido, como la llamada telefónica del asesor del ministro al editor de un telediario, o la oscura e implacable acción permanente dentro de un periódico del personaje encargado de garantizar la publicación de artículos y mensajes ajustados a los intereses económicos y políticos de la empresa. La primera censura es en gran medida visible; la segunda, críptica por naturaleza, rara vez descubre sus cartas al exterior. Ambas responden en sus actuaciones a la leyenda relativa a las horas de la vida, observable en el viejo reloj de la iglesia vasca de Urruña, que evocara Pío Baroja: todas hieren, la última mata.

Modernidad y manipulación enlazaron muy pronto, yendo más allá de las formas de periodismo de masas, cuya ilustración más conocida fuera recreada por Orson Welles en su Ciudadano Kane. Correspondió a los fascismos ensayar con éxito la configuración de un espectáculo permanente, de falsa interactividad, a efectos de ejercer un control absoluto sobre la mentalidad de los ciudadanos. Primero, con la radio. Pronto, gracias a la novedad del cinematógrafo, eficacia y esplendor se conjugan en las realizaciones de Leni Riefenstahl, pero faltan la inmediatez y la recurrencia que proporcionará el medio televisivo. Por añadidura, en la visión de los colaboradores de Goebbels, el discurso del otro sólo tiene cabida una vez sometido ala deformación que lo ridiculiza, de acuerdo con el principio de que más vale destruir al adversario que dar forma a una oferta propia: practicado también, con notable torpeza, por la iconografía soviética, dicho principio llegará a la propaganda electoral española, vía Norteamérica, con la imagen de Aznar transformado en dobermann dentro del corto electoral socialista de 1993.

En el mundo occidental, hasta la década de 1990, el imperio de la imagen, con la exigencia de unos altos costes para la emisión de todo mensaje eficaz, tuvo lugar una inevitable postergación de la galaxia Gutenberg. Quedaron lejos los tiempos en que el escaso capital exigido para publicar un diario convirtió al periódico en "el libro del obrero". Las leyes del márketing no sólo se aplicaron a la propaganda económica, sino al discurso político. La aspiración a la isegoría, contenida en los grandes textos del pensamiento y de la Constitución, se vio reemplazada por la generalización del ciudadano como consumidor pasivo. En el límite del poder que controla el medio, se pasó al medio que determina el poder, merced a un ejercicio permanente de manipulación de los mensajes: Berlusconi.

Hasta cierto punto, Internet ha hecho estallar este entramado. Vuelve la isegoría. Los emisores se multiplican con la facilidad para crear páginas web y poner en práctica la interactividad. De ahí la vocación censoria al respecto de regímenes como el chino o el cubano y, en sentido contrario, el importante papel que desempeñan los blogs a la hora de crear un discurso relativamente libre, a pesar del estado de vigilancia permanente, en países como Irán. Hasta el punto de que en la propia esfera del poder de los ayatolás se crean los blogs propios para llegar a sectores sociales renuentes frente a la lengua de palo empleada por los medios de comunicación oficiales. Mediante el blog, el censor toma entonces el disfraz de paladín de la libertad de expresión. Análogo riesgo afecta a la interactividad, convertida en emblema de una participación libre de los ciudadanos en los medios. Es algo que recuerda al elogio irreflexivo de la movilidad social ascendente como indicador de la democracia, sin tener en cuenta que todo depende de cuál es el sujeto que determina su funcionamiento. Ningún régimen favoreció más un ascenso social ilimitado que el despotismo otomano: un esclavo podía llegar a ser visir, eso sí, con el pequeño riesgo de que su amo y señor, el sultán, truncase la brillante carrera enviando un día al triunfador una cuerda de seda para que se ahorcara. Son demasiado amplias las posibilidades de manipulación en las secciones de cartas de lectores desde la dirección de los diarios o en las llamadas de personas anónimas, sobre todo en los programas de televisión. Cabe pensar que el ideal de un Gran Manipulador en los medios consiste hoy en un monopolio de emisión ejercido bajo la cobertura de un bosque de blogs, foros, etc., de significación final nula. Como siempre, y aquí con especial cuidado, el poder ha de estar sometido a control para no caer en una falsa isegoría.

Porque, en otro sentido, la trama constituida por la articulación de poder político, poder económico y medios de comunicación es hoy más tupida que nunca. A su modo, el Gobierno de Aznar emprendió con resolución un acercamiento al modelo de Berlusconi, poniendo a su servicio una red de intereses económicos y mediáticos, oculta a la mirada de la opinión, pero de gran cohesión. De ahí el cerco puesto en su día a PRISA y la persistencia con la cual, aun perdida La Moncloa, se han mantenido intoxicaciones tales como la teoría de la conspiración. Por su parte, el modelo socialista que le ha sucedido encaja más con la revolución tecnológica en curso, consumando la disolución del discurso político oficial en una sucesión de slogans -en relación con ETA, "el proceso de paz", "el diálogo", ahora "la unidad"-, dejando en manos de sus medios la responsabilidad de elaborar bajo su mando las explicaciones, dentro de un molde de extrema rigidez, y de proceder a la destrucción sistemática de la imagen del adversario (en justa correspondencia aquí con la labor permanente de satanización ejercida desde el PP).

¿Qué queda entonces de la isegoría, e incluso si la misma resulta inalcanzable, de la posibilidad de ejercer la disidencia ante los dos bloques? Pensando en el año electoral que nos aguarda, cabe vaticinar que por muchos blogs que sirvan de salsa al autoritarismo, bien poca cosa.

Antonio Elorza

Hablemos de salarios

En uno de los chistes de Forges de estos últimos días, un señor que lee una noticia económica de un periódico, se dirige a dos jóvenes diciéndoles: "¡Falsos: con 23.000 euros de renta per cápita y haciéndose pasar por mileuristas!". Es una de las paradojas de nuestra realidad sociolaboral. Una renta per cápita que alcanza la media europea, pero unos salarios que pierden poder adquisitivo. "La paradoja es que el sueldo real medio baja, pero todos ganan", decía Fernández Ordóñez aludiendo a algo incuestionable como es la mejora que experimentan amas de casa y jóvenes que se incorporan al mercado laboral y pasan de ganar cero euros a mileuristas o los inmigrantes que ganan el triple que en su país, aunque unos y otros reducen el salario real medio de los españoles un 4% en los últimos diez años, según ha señalado la OCDE.

Hablemos de salarios y hablemos de paradojas. ¿O deberíamos llamarlas injusticias? Nuestra boyante economía está produciendo algunos efectos contradictorios. El primero es la creciente dualización del mercado laboral. El importantísimo crecimiento del empleo en esta última década (ocho millones de empleos nuevos desde 1994, de los cuales cuatro son mujeres) ha generado una nueva "clase laboral" integrada por los trabajadores menos cualificados en los sectores económicos que más han crecido estos años: construcción, servicios, pequeño comercio, agroalimentario, etc. Junto a los inmigrantes, ese amplio colectivo laboral, está situado en niveles salariales bajísimos, separándose crecientemente de los trabajadores del conocimiento, como llama Alvin Toffler a los licenciados y trabajadores intelectuales en general.

Se consideran bajos salarios los que no alcanzan el 60% del salario medio del país. Pues bien, hoy y aquí esa cifra son 730 euros y aproximadamente dos millones y medio de nuestros trabajadores, el 12% de nuestra población ocupada, están por debajo de ese umbral. Es por eso que hasta Forges se equivoca en su denuncia llamando mileuristas a esos jóvenes ya que muchísimos de ellos no llegan a esa cifra extraordinaria. Se calcula que el 70% de los nuevos empleos de estos últimos años, son inferiores al salario promedio. Los bajos salarios no son sólo consecuencia de la baja cualificación profesional. Van también asociados a la población laboral precaria (más del 30%) y joven (seis de cada diez jóvenes son eventuales, el doble que la media de la OCDE). La precariedad impone menores niveles salariales, menor protección social y nula capacidad de denuncia a la vulneración de los derechos laborales mínimos.

Otra gran brecha salarial se está produciendo en el abanico salarial de las empresas. Ejecutivos, directivos y consejeros de las grandes compañías han multiplicado sus salarios abriendo este abanico hasta cifras inéditas. Hace veinte años un abanico de uno a diez o a veinte era relativamente normal. Hoy, sin embargo, es frecuente que los máximos directivos cobren hasta cien o doscientas veces más que el salario más bajo de la empresa. Y si añadimos salarios en especie, pólizas de seguro, fondos de pensiones y similares, ese abanico puede llegar a ser de uno a mil. Sólo el año pasado las retribuciones de los consejeros de las empresas cotizadas crecieron un 28% y la de los directivos, un 20%. Cuando se publicó hace unos meses la retribución del presidente de uno de los dos grandes bancos españoles (9’78 millones de euros, unas 500 veces el sueldo medio español, más 10 millones anuales para su fondo de pensiones) respondí a una pregunta de un periodista afirmando que tales cantidades rozaban el límite de lo moralmente aceptable. Más allá de valoraciones morales, Peter Drucker decía que un directivo que cobra veinte veces más que el trabajador de más baja categoría, sobrevalora su contribución al éxito de la empresa en oposición a la labor del más humilde de sus empleados.

Por último, interesa destacar la progresiva reducción del peso de los salarios en la renta nacional. Es un fenómeno bastante generalizado en Europa, como consecuencia de las políticas de moderación salarial y altos crecimientos de los beneficios empresariales. En España se calcula que el peso de los salarios sobre la renta total ha descendido del 54’9% en 2000 al 52’75% en 2005. Pero además debe recordarse que el peso de los salarios en Europa ronda el 64% del total de la renta, es decir, diez puntos más que en España. Por cierto, también la UE ha visto descender esa cifra estos últimos años desde el 68% al 64% citado. Dice la CEOE que los salarios no han disminuido poder adquisitivo estos últimos diez años si computamos el salario por hora trabajada. Pero aunque ese parámetro equipare IPC y evolución salarial, no ocurre así con la evolución de los beneficios, que entre 1999 y 2006 han tenido un crecimiento neto del 73% más del doble de la media de la UE (33%) y el dividendo repartido se ha incrementado en un 47%.

Hablemos de salarios y pasemos ahora de las musas al teatro. ¿Qué hacemos? Una primera medida debe ser el incremento progresivo del SMI. Este Gobierno tomó dos decisiones importantes. Desindiciar el SMI de toda una serie de referencias extrasalariales: pensiones, vivienda, becas, etc., y subirlo a 600 euros. Habrá que asumir, que el empleo de baja cualificación es más dependiente de esta medida gubernamental que de la negociación colectiva y por tanto habrá que incluir en él una mayor población laboral. Acercar el SMI al 60% de la media salarial española debe ser el objetivo de la próxima legislatura, es decir, 750 euros al mes. A su vez la negociación colectiva debe plantearse el objetivo de los 1.000 euros como salario mínimo en todos los sectores de actividad.

Sería también muy recomendable una congelación de los salarios directivos y una rebaja de los ingresos de consejeros y altos ejecutivos en general. Las autoridades económicas y los expertos de todo tipo y condición, no dejan de reiterar la necesidad de moderar los aumentos salariales y ajustarlos a los incrementos de productividad. No puedo estar más de acuerdo con esta recomendación, pero ¿no deberían ser los máximos directivos de las compañías quienes dieran ese ejemplo en vez de hacer todo lo contrario?

Por último, ¿para cuándo la progresiva participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas? En los tiempos de la flexibilidad laboral y de la moderación salarial, una nueva bandera de los trabajadores deberá ser la participación progresiva en los resultados económicos de las empresas. Una vez más, esa participación no puede corresponder sólo a los ejecutivos de las empresas. Hay que generalizarla y democratizarla en beneficio de todos.

Ramón Jáuregui es portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.