opinión

Explorando los límites

DE TODA LA VIDA, el papel ha sido el campo en que se han librado las batallas por la libertad de expresión: las dictaduras y los Estados totalitarios han tenido en periódicos, panfletos y hojas volanderas su peor enemigo. Si circulaban libremente, los cimientos del despotismo comenzaban a resquebrajarse. Por eso, la conquista de la libertad de expresión ha dejado en el camino cientos, miles de lo que la tradición liberal canonizó como "mártires de la libertad". A nadie, a ninguna sociedad, se le ha regalado la libertad de escribir, de difundir las ideas, de denunciar privilegios. Menos que a nadie, a los españoles. Conquistada por vez primera en el Cádiz de la guerra y de la revolución, derogada luego y mil veces conculcada, los últimos combates dignos de nota tuvieron lugar en los años de transición a la democracia.

La dureza de tanta batalla convirtió a la libertad de expresión en un bien sagrado, un tesoro con sangre conquistado, que no se podía malgastar. No cualquier cosa era libertad de expresión: para ser auténtica tenía que reconocer sus límites. Distinguir lo público de lo privado, considerar inviolable la intimidad de las personas, garantizar los derechos que asisten a cada individuo a no ser impunemente injuriado. Como escribía John Stuart Mill, encontrar y defender los límites contra la invasión en la esfera individual, en la independencia del individuo, es tan indispensable a una buena condición de los asuntos humanos como la protección contra el despotismo político.

Por eso resulta irónico -ironía: invocar una cosa seria para decir lo contrario de lo que se piensa, por definirla con Fontanier en sus Figuras del discurso- oír a los dibujantes de El Jueves, cuando entre nosotros las batallas por la libertad de expresión contra poderes despóticos son cosas del pasado, asegurar que su empeño al publicar la portada de marras consistía en "explorar los límites de la libertad de expresión". Hombres de frontera, nada menos, avanzando siempre en el filo de la navaja, asediados por los enemigos de la libertad, descubriendo y conquistando nuevos territorios: tal se presenta la heroicidad de unos periodistas recibidos en loor de multitud por sus colegas tras declarar durante diez minutos ante un juez reticente a comerse un marrón; tal es la única sátira de una historia que en sí misma nada tiene de satírica.

Lejos de ahí, esta historia es paradigmática de la carrera para alcanzar aquel nivel "cada vez más bajo" sobre el que Adorno advirtió hace décadas. Hoy, en efecto, cuando hemos recorrido un camino que ni el más pesimista de los sociólogos pudo imaginar, la lucha por la libertad de expresión, que en sus momentos heroicos siempre tuvo por compañera a la lucha por el reconocimiento de sus límites, ha culminado en la exaltación del principio de la libertad de mercado como único regulador de las relaciones humanas. En realidad, estos dibujantes saben bien que disfrutan de una irrestricta libertad de expresión y que su exploración se dirige a tantear las posibilidades ofrecidas por el mercado como norma suprema de lo que se puede o no se puede decir. Si una historia vende habrá que seguir ahondando. Lo prueba la televisión, que en multitud de programas ahonda y ahonda, hasta llegar -Adorno de nuevo- down to earth, a "vivir como los antepasados zoológicos antes de que comenzaran a alzarse".

Pero si la televisión abrió ventanas para arrojar por ellas a la decencia que, en la aurora del liberalismo, se consideraba inseparable de la libertad, Internet ha abierto posibilidades infinitas en la misma dirección. Ahí se ha convertido en pan de cada día no ya explorar, sino borrar los límites de la libertad de expresión, injuriando y calumniando a quien se ponga por delante en miles de blogs donde cada cual puede dar rienda suelta a sus rencores o frustraciones invadiendo aquello que la tradición liberal consideraba garantía de la auténtica libertad: la intimidad de lo privado, el derecho que asiste a cada persona a lo que sólo puede nombrarse con lenguaje de otros tiempos: el honor, la fama, la dignidad.

Todo vale si el mercado funciona; más aún, nada vale cuando el mercado no funciona. Eso es lo que nos espera. Pero nada de melancolías: la libertad de expresión habrá alcanzado entonces su última victoria: mientras más venda una imagen, menos palabra, sólo la precisa para que la imagen se venda. Y la imagen se vende sin límite cuando un fiscal impaciente solicita el secuestro de un papel, viejo y querido terreno en el que nació la libertad de expresión.

Santos Juliá

Obama y el sueño americano

El año pasado dicté un curso semestral en la Universidad de Georgetown, en Washington DC. La gran mayoría de mis estudiantes tenía un absoluto desinterés por la política, con excepción de tres de ellos -dos mujeres y un varón, los tres blancos- que iban a clases con insignias del senador Barak Obama, quien en ese entonces todavía no había anunciado que se presentaría a la pre selección por el Partido Demócrata de su candidato a la Presidencia. Los tres jóvenes se habían ofrecido ya como voluntarios si se confirmaba su candidatura y me los imagino ahora trabajando afanosamente entre los 9.500 voluntarios que, según leo en Time Magazine de esta semana, han realizado la proeza de conseguir para su candidato, a través del teléfono, las cartas y sobre todo el internet, donaciones de 32 millones y medio de dólares en el segundo trimestre de este año, es decir unos l0 millones de dólares más que las obtenidas por Hillary Clinton. Pero acaso esta ventaja no lo diga todo. Lo importante es que la suma alcanzada por Obama procede de pequeñas cantidades enviadas por unas 258 mil personas, la mayoría de medianos y pequeños ingresos, en tanto que la de la senadora neoyorquina se origina en donantes menos numerosos y de más altos ingresos.

Según las encuestas, hoy Hillary Clinton ganaría la nominación demócrata a Barak Obama por 37% a 23%, pero todavía queda mucho pan por rebanar. El factor decisivo puede ser el voto negativo, que es despiadado contra la senadora -la mitad de los electores votarían por cualquiera para impedir que ella ganara- en tanto que la hostilidad del electorado contra el senador es muy reducida y se concentra sobre todo en minorías racistas, en tanto que su radio de simpatía o no antipatía (no es lo mismo) abarca por igual amplios sectores de blancos, negros e hispanos. Todas las encuestas señalan, por ejemplo, que del 12% de votantes que respaldan a John Edwards la gran mayoría apoyaría a Obama si su candidato abandona la partida. Yo, personalmente, creo que sería muy bueno para el Partido Demócrata tener al senador como su candidato y todavía mejor para los Estados Unidos si éste ganara los comicios presidenciales.

La razón mayor que se esgrime en contra de su elección es su falta de experiencia ejecutiva en cuestiones de gobierno. La tenía todavía menos que él John Kennedy cuando fue elegido y en su breve gestión resultó un magnífico estadista que inyectó a la sociedad estadounidense un formidable dinamismo y un contagioso idealismo a toda la generación joven. Y eso es lo que necesita a gritos Estados Unidos después de este período de mediocridad, confrontación y desgarramiento: un líder nuevo, no contaminado con la politiquería menuda, que, trascendiendo la mera coyuntura, hable con un lenguaje genuino y persuasivo de los grandes problemas y sea capaz de transmitir un mensaje de esperanza, de confianza en el sistema y en el futuro, de solidaridad con los que sobrellevan la peor parte de la sociedad de la abundancia, y que toque por igual a los norteamericanos de todas las razas, culturas y estratos económicos. Creo que ningún otro candidato, ni demócrata ni republicano, es capaz de semejante empresa, con la sola excepción de Barak Obama.

Las credenciales de éste y de su esposa Michelle no pueden ser mejores. Hijo de un inmigrante negro africano y de una mujer blanca de Kansas, Obama se educó en Hawai y pasó una temporada larga en Indonesia, donde vivió la experiencia de un país subdesarrollado y musulmán. Gracias a sus méritos consiguió llegar a la universidad más prestigiosa del mundo, Harvard, donde fue un alumno estrella de la Law School cuya revista dirigió (por elección de toda la escuela, donde tanto los estudiantes blancos como los de color lo apoyaron). Michelle, por su parte, nacida en una familia modesta de Illinois, consiguió también gracias a sus sobresalientes estudios ser aceptada en Princeton y en Harvard, donde se graduó con honores. Ambos se conocieron haciendo trabajo social en las comunidades marginales de Chicago, de modo que, antes de que Barack Obama iniciara su carrera propiamente política, postulando a una representación local, ya llevaban ambos varios años de trabajo comunitario, inmersos en los sectores más violentos, pobres y desesperanzados de la sociedad estadounidense.

Desde que descubrí el entusiasmo de mis tres estudiantes de Georgetown por Obama, del que hasta entonces no sabía nada, he procurado seguirlo, escucharlo y leerlo. No es un político al uso, sino una personalidad singular, excepcionalmente franca y persuasiva, que evita los estereotipos y las banalidades y no vacila en ir contra la corriente en defensa de sus convicciones. Su discurso frente a la comunidad negra, sobre todo, es tan riesgoso como principista: nada de victimismos ni lloriqueos, con todas sus limitaciones el sistema es suficientemente flexible y abierto como para vencer el infortunio, progresar y alcanzar unos niveles de vida decentes. Los negros no deben perder el tiempo lamentándose por los horrores del pasado, sino remangarse las camisas y ponerse manos a la obra para erradicar los males del presente, al igual que los hispanos, los demás inmigrantes y las decenas de decenas de americanos blancos que padecen escasez, abusos o viven por debajo de sus anhelos. El "sueño americano" no es un eslogan, sino una realidad que puede sufrir recesos momentáneos, como el actual, pero puede volver a funcionar como un marco de justicia y libertad para todos si los ciudadanos invierten en ello mucho trabajo e ilusión y los gobernantes dictan leyes justas y saben hacerlas respetar. Los términos claves de su discurso son reconciliación, solidaridad, abrir más y más oportunidades para todos y emprender una lucha implacable contra la corrupción, los favoritismos, el privilegio y el abuso.

El senador Obama estuvo desde un principio contra la intervención armada en Irak, algo que es una credencial ante los votantes de izquierda, pero, sin embargo, sobre este delicado asunto se muestra ahora sumamente pragmático y prudente, pues, en vez de exigir un retiro inmediato e incondicional de las fuerzas militares estadounidenses, propone una salida gradual y correlativa a la cesión de responsabilidades a las autoridades y fuerzas militares iraquíes, a fin de evitar el caos y, sobre todo, el aniquilamiento por los fanáticos de distintos pelajes de ese amplio sector de la sociedad iraquí que apostó por la democratización y se ha visto destrozado a mansalva por los extremistas suníes, chiíes y las distintas sectas y grupúsculos terroristas.

La buena salud del sistema político norteamericano consiste en haber hecho realidad aquello que Karl Popper sostenía era el ideal de una democracia: una institucionalidad que impidiera a los gobiernos hacer mucho daño. Estados Unidos ha tenido algunos malos presidentes, cuyos desafueros dejaron dramáticas secuelas en los ámbitos económicos, sociales y morales. Pero estas consecuencias hubieran podido ser infinitamente peores si el sistema de contrapesos, balances y, sobre todo, la descentralización del poder, de sus instituciones, no hubiera servido de freno y corrección de aquellos errores. Por eso, pese a todo lo malo que se le pueda achacar -y vaya si hay un país sobre la tierra que es sometido a un escrutinio sesgado y feroz por la miríada de enemigos con que cuenta- cada vez ha conseguido rehacerse a sí mismo desde sus raíces. Por eso sigue siendo tan próspero, libre y poderoso.

Aunque no gane la nominación demócrata y por lo tanto quede fuera de la carrera presidencial, Barack Obama ha conseguido ya un logro impresionante: volatilizar aquel prejuicio según el cual pasarían muchas generaciones antes de que un negro pudiera ser elegido presidente de los Estados Unidos. El interesante informe que presenta esta semana la revista Newsweek al respecto es concluyente. Una encuesta nacional llevada a cabo por la Newsweek Poll, da estos sorprendentes resultados: un 92% de las personas consultadas declaran que ellas sí votarían por un negro para la Presidencia y un 59% creen que el conjunto de la sociedad sí está preparada para aceptar un mandatario de color. El mensaje interracial que ha sostenido el senador Obama desde el inicio de su campaña no puede haber dado mejores frutos: pese a haber un candidato de color, la raza no va a ser un factor decisivo a la hora de votar para los ciudadanos norteamericanos en esta elección.

A diferencia de lo que ocurre en otras partes, como América Latina, donde en cada consulta electoral es el sistema mismo el que se pone a prueba, en Estados Unidos, una sociedad con una capacidad autocrítica pugnaz e ilimitada, la confianza en el sistema está sin embargo profundamente arraigada en la inmensa mayoría de la colectividad y quienes lo cuestionan y quisieran erradicarlo han sido siempre minorías insignificantes, sin la menor gravitación electoral, de existencia efímera. Por eso, aunque ha padecido crisis profundas, como el crack del 29 o la era de McCarthy y la caza de brujas, Estados Unidos no ha tenido nunca dictadores y su democracia se ha autoregenerado cada vez, con ayuda de líderes sanos, idealistas e incorruptibles. Ya era hora de que una de estas figuras renovadoras de la democracia americana fuera un joven de piel oscura, salido de uno de esos bolsones sociales deprimidos y conflictivos de la sociedad, al que el sistema permitió, pese a sus taras, superar la adversidad, salir adelante y dedicar su vida a luchar para que otros millones de norteamericanos desfavorecidos pudieran seguir su ejemplo.

Mario Vargas Llosa

Shot at 2007-07-16

Perder la razón

ESTABA EN SU derecho, y tenía la obligación de pedir explicaciones; claro que sí. El Gobierno había solicitado a las Cortes autorización para iniciar lo que se ha llamado proceso de paz, y en las Cortes es donde debía haber dado cuenta de las vicisitudes del naufragio. No lo ha hecho, mientras la otra parte del proceso no ha dejado de hablar. De lo que ha ocurrido sólo tenemos hoy un relato, el que ha ofrecido en varias entregas el diario Gara. Será veraz o no, será creíble o no, pero es un relato, una historia contada por un testigo. El Gobierno carece de relato, no sabe qué historia contar y se refugia en una especie de admonición para gentes crédulas: ¿acaso vais a creer más a una banda de terroristas que a un Gobierno democrático? Pues si el Gobierno democrático no nos cuenta nada, ¿qué querrá que hagamos? ¿Nadie recuerda Rashomon? No importa qué pasó; lo que importa es contarlo.

Pero entre tener el derecho y cumplir la obligación de pedir explicaciones y exigir que le entreguen no se sabe qué clase de actas hay un abismo al que el líder de la oposición se ha lanzado de cabeza, perdiendo, como es habitual, el adarme de razón que pudiera asistirle ante la reacción del Gobierno tras la ruptura del alto el fuego. Y esto es lo que resulta inexplicable: esa demostrada contumacia en saltar de la razón parcial a la total sinrazón. Inexplicable porque en éste, como en tantos otros casos, la oposición habría sacado mucho más partido si hubiera regresado al terreno en el que tienen lugar los debates en las democracias -el terreno de centro-, en lugar de permanecer encerrada en el extremo.

Esa política -consuelan a Rajoy los medios amigos- ha confirmado el voto de quienes le votan. Pues menuda hazaña: así se puede pasar toda la vida, confirmando votos ya ganados. Si Felipe González se hubiera dedicado a confirmar el voto de quienes siempre votaban PSOE, nunca habría obtenido mayorías absolutas; si Aznar se hubiera dedicado a cultivar el voto de la derecha montaraz, que era lo suyo por origen y por querencia, el PP nunca habría accedido al Gobierno. Las batallas políticas en las aburridas democracias jamás se ganan desde los extremos; se ganan avanzando por el centro, atrayendo a quienes, por las razones que sean, sienten cierta frustración ante cómo lo hace el partido gobernante -el que ha obtenido la mayoría en las anteriores elecciones- y no les importaría votar a la oposición en las siguientes.

En España, esa franja de electores no es muy amplia: a los votantes españoles les cuesta muchísimo trabajo saltar la línea divisoria izquierda / derecha. Si no pueden votar a los suyos, prefieren abstenerse, a no ser que los otros rebajen todo lo posible su umbral de rechazo. Esto, que lo saben hasta los niños de pecho, hace que generalmente el partido de la oposición muestre su faz más atractiva, o menos hosca, a medida que se acercan las elecciones, abandone los tonos apocalípticos y las posiciones extremas. Tenemos ya una historia de 30 años a las espaldas que siempre va por ahí, enseñando cada vez una lección que hasta los más lerdos han aprendido.

El PP, sin embargo, lleva enquistado en el rincón extremo de la oposición desde que perdió unas elecciones que había dado por ganadas. Como no se ha curado del trauma, pasan los años, uno, dos, tres y ¡venga!, más de lo mismo. Rajoy, Zaplana, Acebes han estado ahí, una y otra vez, confiados en que la emisora episcopal y su diario amigo lograrían convertir a ETA en autora del atentado islamista del 11-M. Como eso ha acabado donde tenía que acabar, ahora quieren las actas de ETA en una muestra de empecinamiento en el error que sólo puede tener una explicación: ni agitar el fantasma ni exigir las actas de ETA son estrategias electorales; es que ellos, los actuales dirigentes del PP, son así; es, como en el escorpión de la fábula, su naturaleza: prefieren matar a la rana que alcanzar la otra orilla.

Por eso les importa un bledo convencer a electores dubitativos: fuera, que no los queremos. Lo que a ellos les importa es que el universo mundo sepa lo que son de verdad: unos extremistas de derechas. Y así van a conseguir dos cosas: que les voten los de siempre y que quienes podrían tal vez, a lo mejor, vaya usted a saber, votarles o abstenerse, acudan solícitos a apoyar al Gobierno. Aunque el Gobierno haya cambiado la canción del proceso por el concierto España octava maravilla y siga sin contarnos lo que pasó.

Santos Juliá

¿Ciudadanos o feligreses?

En los últimos tiempos han proliferado los libros en torno al fenómeno religioso o, más bien, contra la religión: Daniel Dennett, Richard Dawkins, Michel Onfray, Sam Harris, André Comte-Sponville, Christopher Hitchens... En ese catálogo, los autores anglosajones destacan por su agresividad y también por un cierto candor misionero en su refutación de las viejas creencias. Incluso dedican numerosas páginas a demoler las pruebas tradicionales de la existencia de Dios (que no han mejorado desde Tomás de Aquino), empeño que a estas alturas del siglo XXI, y con Hume, Kant y Freud a nuestras espaldas, resulta casi conmovedor de puro antiguo, como bordar fundas para almohadas o algo así. Al parecer dan por descontado que aportando razones lograrán librar a los ilusos de convicciones que, ay, ninguno de ellos ha adquirido por vía racional. Dicho sea en su descargo, los autores citados son más bien científicos (o partidarios de subordinar la filosofía a la ciencia, como antaño fue "criada de la teología"), o sea, expertos en el manejo de los números y en la experimentación con los hechos, pero deficientes en la comprensión de los símbolos.

También hace simpática su irritación la obstinación oscurantista con que los creyentes norteamericanos se emperran en convertir la Biblia en un tratado de geología o de paleontología inspirado por la divinidad. Que hoy todavía, cuando tanto ha llovido ya desde el Diluvio, en el país científicamente más desarrollado del mundo, el llamado "diseño inteligente" tenga el triple de aceptación popular entre la población que lo enseñado por la biología actual sobre la evolución de las especies es como para impacientar a cualquiera. Sobre todo cuando este abuso de piedad tiene efectos prácticos peligrosos, pues uno de cada tres norteamericanos piensa que no es urgente tomar ninguna medida contra el cambio climático porque en esas cosas hay que fiarse de la voluntad de Dios...

Como en Europa tal uso fundamentalista de la religión no es corriente, el acercamiento que incluso los más críticos tenemos al fenómeno de la creencia religiosa suele ser más matizado. A mi libro La vida eterna algunos le han reprochado un planteamiento demasiado comprensivo de la fe (otros muchos lo han censurado por lo contrario, desde luego). Una reseña acaba con gracia lamentando que "a este paso, acabar con la religión nos va a costar Dios y ayuda". La verdad es que no considero tal liquidación un objetivo deseable (además de que lo tengo por imposible). Me parece que la religión es un tipo especial de género literario, como la filosofía, y combatirla como una plaga más sin atender los anhelos que expresa es empobrecedor no sólo para la imaginación, sino hasta para la razón humana. Temo que tan crédulos son quienes utilizan la Biblia para combatir a Darwin como los que dan por sentado que una dosis adecuada de neurociencia disipará todas las brumas teológicas. Además, he vivido lo suficiente para no pretender privar a nadie de ningún consuelo que pueda hallar frente a la desbandada del tiempo y el dolor, aunque yo no lo comparta. El único consejo adecuado que se me ocurre para los que padecen exceso de celo religioso es el que, inútilmente, ya formuló hace mucho Santayana: "Las doctrinas religiosas harían bien en retirar sus pretensiones a intervenir en cuestiones de hecho. Esta pretensión no es sólo la fuente de los conflictos de la religión con la ciencia y de las vanas y agrias controversias entre sectas; es también la causa de la impunidad y la incoherencia de la religión en el alma, cuando busca sus sanciones en la esfera de la realidad y olvida que su función propia es expresar el ideal".

Sin embargo, parece que los jerarcas eclesiásticos no están dispuestos a que nos olvidemos en España de los aspectos más nefastos de la influencia religiosa en el orden social. La campaña contra la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que incluso lleva a algunos orates de confesionario a promover nada menos que la objeción de conciencia de alumnos y profesores, constituye una muestra abrumadora de la manipulación descarada de la ignorancia popular que ha sido durante siglos marca de la Santa Casa. Se engaña con descaro a la gente diciendo que esta materia interfiere con el derecho de los padres a educar moralmente a sus hijos, que sólo los padres poseen tal derecho y que, si el Estado intenta instruir en valores, se convierte en totalitario o al menos en partidista (esto último por culpa de Gregorio Peces-Barba, al que creíamos un bendito). ¡Cuánta ridiculez! Por supuesto, no faltan los que invocan enseguida a la Constitución en su apoyo. Después de que ciertos abogados del Gobierno de Zapatero nos han enseñado asombrosamente que los ciudadanos españoles tienen derecho constitucional a votar a partidos que excusan o amparan el asesinato de sus adversarios ideológicos, he aquí que los antigubernamentales pretenden que la Constitución reserva el monopolio de la educación moral a los padres, sean de la ideología que fuere. A este paso, la gente terminará cogiendo miedo a la Constitución, a la que se presenta como cueva original de tales disparates...

Afortunadamente, en este caso basta con consultar el texto constitucional para salir de dudas. En efecto, el punto tercero del artículo 27 de nuestra Carta Magna establece que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Pero antes, el segundo dice que "la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". Los padres tienen derecho a formar religiosa y moralmente a sus hijos, pero el Estado tiene la obligación de garantizar una educación que desarrolle la personalidad y enseñe a respetar los principios de la convivencia democrática, etc. ¿Acaso esta tarea puede llevarse a cabo sin transmitir una reflexión ética, válida para todos sean cuales fueren las creencias morales de la familia? También los padres tienen derecho a alimentar a sus hijos según la dieta que prefieran, pero, si el niño a los ocho años pesa 100 kilos o sólo seis, es casi seguro que los poderes públicos intervendrán, porque -más allá de los gustos de cada cual- existe una idea común de lo que es un peso saludable. De igual modo, existe una concepción común de los principios de respeto mutuo y de pluralismo valorativo en que se funda la ciudadanía, y hay que asegurar que sean bien comprendidos por quienes mañana tendrán que ejercerlos. La libertad de conciencia, por fin aceptada por la Iglesia tras perseguirla durante doscientos años, admite perspectivas morales distintas, pero enmarcadas dentro de normas legales compartidas, como mínimo común denominador democrático.

Este planteamiento nada tiene que ver con los excesos del sectarismo izquierdista, como creen o fingen creer los ultramontanos. En su libro La justicia social en el Estado liberal, Bruce Ackerman lo describe así: "El sistema educativo entero, si se quiere, se asemeja a una gran esfera. Los niños llegan a la esfera en diferentes puntos, según su cultura primaria; la tarea consiste en ayudarles a explorar el globo de una manera que les permita vislumbrar los significados más profundos de los dramas que transcurren a su alrededor. Al final del viaje, sin embargo, el ahora maduro ciudadano tiene todo el derecho a situarse en el punto exacto donde comenzó, o puede también dirigirse resueltamente a descubrir una porción desocupada de la esfera". El proyecto de Educación para la Ciudadanía va en esta dirección liberal, y probablemente hará falta cierto rodaje hasta que perfile sus contenidos y los profesores acierten con el método de enseñanza. No todos los manuales serán igual de adecuados (ya rueda alguno deplorable por ahí, junto a otros buenos), pero lo mismo pasa en historia, literatura... o ética, asignatura que nadie consideró totalitaria a pesar de que "competía" con la enseñanza moral familiar.

Lo que me asombra es la postura del PP en este asunto. La presidenta de la Comunidad de Madrid se enorgullece (entrevista en Abc, 1-VII-07) de haber dispuesto de tal modo los asuntos educativos en sus dominios que no se dará Educación para la Ciudadanía. ¡Enhorabuena! Pero ¿qué diríamos si escuchásemos tal muestra de rebelión imbécil a Ibarretxe o Carod Rovira? Si los defensores de la unidad de España -que es la igualdad ante la ley del Estado de Derecho- piensan así, no es raro que prospere el separatismo. Por lo demás, lo de esta asignatura no es más que un síntoma de la complacencia con lo peor del clericalismo y el integrismo antiliberal. Ya he tenido ocasión de leer a César Vidal y a algún otro carca apologías de los gemelos polacos por su firmeza reaccionaria frente al "pensamiento único" progresista. ¿Son realmente éstos los ideólogos de choque del PP? ¿Su proyecto político va a dirigirse hacia la sana y vaticana "polaquización" de España? Pues si es así nada, con su pan se lo coman.

Fernando Savater es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

Unidad, para qué

Que la unidad básica de los principales partidos constitucionalistas (es decir, los que representan a la inmensa mayoría de la ciudadanía española) resulta fundamental para llevar a buen término la derrota del terrorismo es algo de lo que bastantes hemos estado convencidos desde hace mucho. O sea, que no necesitamos ahora que nos lo griten al oído como si fuésemos sordos quienes hasta hace poco predicaban contra el indeseable ’seguidismo’ que uncía al PSOE con el PP en el siempre fastidioso camino de la sensatez. Pero claro, una cosa es la unidad democrática y otra que los ciudadanos de este país debamos imitar en sus hábitos suicidarios a los lemmings, esos unánimes roedores que por mor de la armonía social se tiran todos a una desde un acantilado al mar. Vayamos todos juntos, y yo el primero, por la senda constitucional pero siempre que no se utilice esa conjunción de voluntades para ocultar los errores políticos cometidos en el pasado -de cuya responsabilidad política no disculpa la buena intención, que sólo tiene efectos morales- y sobre todo para enredar a todo el mundo en nuevas equivocaciones que confirmen, prolonguen y agraven las cometidas en el pasado que aún no se han reconocido. No se trata de pedirle a Zapatero que se haga el harakiri, como pretenden los extremistas (en caso de apuro, con la dimisión basta), sólo sencillamente que admita la necesidad de rectificar si no el pasado -eso lo dejaremos para la próxima Ley de Memoria Histórica-, al menos los pasos futuros en la lucha antiterrorista. Porque ése debe ser el objetivo y no ningún otro: acabar con el terrorismo liquidando a ETA. En cuanto ésto se logre vendrá la paz, no la de los cementerios ni la de la rendición a ideas inconstitucionales, sino la de la polémica política, incómoda y a veces agria pero incruenta. Afortunadamente, parece que ahora todo el mundo se apunta ya a la idea de que debe haber vencedores y vencidos, siendo ETA la que ha de perder para que todos ganemos la libertad. Algo vamos progresando.

Los hinchas mediáticos progubernamentales tratan de convencernos de que la ruptura por ETA de la tregua que nunca existió demuestra que el Gobierno no hizo concesiones políticas a la banda. Hombre, es cierto que las truculentas acusaciones de ‘alta traición’, ‘rendición’ y otras semejantes resultan exageradas, hasta el punto de que a veces -sobre todo cuando se hicieron de modo anticipado a los acontecimientos- terminaron minando bastante la credibilidad de los críticos. Pero que hubo concesiones, imprudentes concesiones, indebidas concesiones, resulta evidente: lo único que demuestra la ruptura de la tregua es que no fueron suficientes para lo que deseaba el equipo terrorista. ETA es como otras fieras de mejor índole: se la puede rendir por hambre, pero si se la alimenta a poquitos se le despierta a cada bocado un apetito más voraz. La fundamental concesión política fue admitir (al principio, en cuanto acabase la violencia y después, ya aunque no acabase del todo) que habría una segunda mesa para reinventar junto a los demás partidos, pero fuera del Parlamento, la nueva hegemonía nacionalista en el País Vasco. En esa mesa es obvio que debía hablarse de política, es decir, de la política que conviene al nacionalismo radical porque de la otra, de la que nos conviene al resto de los ciudadanos, ya se habla en el Parlamento. Y a lo largo del verano de 2006 se mantuvieron contactos con los portavoces etarras (uno de ellos público, la célebre entrevista de los líderes socialistas con Otegi y sus comisarios de armas tomar: ¿Acaso ese reconocimiento como interlocutores ‘normalizados’ no es una concesión política?). Por lo que ahora se ha sabido y publicado (pero ¿desde cuando se sabía todo esto? y ¿por qué si se sabía no se publicaba?), estos encuentros culminaron en una reunión en Loyola, durante el mes de septiembre, en la que se acordó un borrador de trabajo político entre los socialistas, Batasuna y un reticente Josu Jon Imaz llegado a última hora. Después ETA subió la apuesta -ya se sabe, el apetito de la fiera- y todo se fue al traste. Pues bien: ¿Por qué no se publica ese borrador? Si no se hicieron ni se pensaban hacer concesiones políticas, ese documento es la mejor forma de demostrarlo. A ver, que aparezca el borrador y que sepamos de una vez de qué iba a ir la mesa de partidos Por cierto, en ese mismo mes de septiembre tuvo lugar el akelarre encapuchado de Oiartzun, con cientos de convocados vitoreando a ETA, cuyo vídeo educativo hemos podido conocer hace poco. Y a pocos kilómetros, San Sebastián en pleno festival de cine lleno de periodistas que por lo visto acababan su período de vacaciones.

Sacar ahora a relucir estos trapos sucios no es afán de enturbiar las felices aguas de concordia entre Gobierno y oposición. Pero la necesaria unidad no consiste en que la oposición renuncie solemnemente a ‘obstruir’ la política del Gobierno (como parecen creer la Ser e Iñaki Gabilondo), sino en que el Ejecutivo se replantee los errores de una trayectoria que ha fracasado en sus objetivos y ha tenido por efecto indeseado revigorizar a ETA. Y a tal fin es imprescindible replantearse el escenario político de la lucha antiterrorista, como hacía el Pacto por las Libertades. Todavía se siguen repitiendo tranquilamente sobre este documento fundamental dos mentiras: que en su redacción original estaba cerrado a la adhesión de los otros partidos y que en él hay aspectos que obligan a renuncias ideológicas a los nacionalistas democráticos. Ni lo uno ni lo otro: y si no, que nos señalen el párrafo rechazable (recientemente, un necio citaba la mención a no utilizar la lucha antiterrorista como arma política -en la que más o menos todo el mundo está de acuerdo- como argumento en contra del pacto, con el pretexto de que no se ha cumplido ¿viva la lógica!). Porque no sólo hay que derrotar a ETA, sino también a las falsas hegemonías y al nacionalismo obligatorio impuesto a su resguardo. El final de ETA debe significar una oportunidad igualitaria para todas las opciones políticas, no un blindaje compensatorio del nacionalismo reinante. El cual ya vuelve a torcer el gesto ante el acercamiento PSOE-PP, como siempre ha hecho, y a protestar por que se retorne a ‘fórmulas del pasado’, es decir, a la insumisión ante lo para ellos inevitable de su eterno predominio. Lo de siempre: repudio de la violencia pero miramientos y resguardo interesado a los violentos. ¿Hasta cuándo seguiremos así? Menos mal que los prebostes insisten en decirnos que ‘la sociedad vasca’ luchará a pecho descubierto contra ETA, como luchó contra otras tiranías del pasado, por ejemplo la dictadura de Franco. Pues vaya, sin duda bastantes vascos se han enfrentado a la opresión, pero la sociedad, lo que se dice la sociedad , si la sociedad vasca muestra la misma fiereza contra ETA que mostró contra Franco, tenemos terrorismo para el próximo siglo y medio.

De modo que está muy requetebién que Zapatero y Rajoy cierren filas cuando amenaza tormenta contra el crimen organizado y sus legitimadores políticos. Repito: contra los criminales y sus legitimadores, porque con luchar sólo contra los primeros y tratar de complacer políticamente a los segundos no se consigue nada. En cuanto a los demás, que no tenemos responsabilidades directas con los asuntos públicos, nos costará un poco volver a hacer manitas con quienes tantos cuentos y tantas falsas razones han repartido durante la no menos falsa tregua: en las radios, en las columnas de los periódicos, en las televisiones. Pero de eso hablaremos despacio y sin tapujos otro día.

Fernando Savater

La derrota de ETA

"Fue quizá mi hijo quien me ha ayudado muchísimo en estos años. Pero ha sido desde luego la personita que en primer lugar me ha ayudado a enfrentarme a la realidad. Y lo más importante ha sido, y es, su mirada. Su mirada que interroga. Su mirada que pregunta. Y lo más importante ha sido, y es, saber responder a sus preguntas. Javier fue creciendo y me iba preguntando: dónde está papá, cómo ha muerto mi padre, quién ha matado a mi padre, dónde está el asesino de mi padre. Es difícil contestar a estas preguntas. He aprendido a hacerlo y desde luego la respuesta sigue estando pendiente en muchos casos. Pendiente como quedan muchos temas pendientes en esta sociedad por solucionarse. Y ojalá que un día, cuando Javier sea todavía un poco más mayor -Javier tiene ahora 11 años- y me vuelva a preguntar, yo sea capaz, y la sociedad sea capaz, de darle la respuesta a Javier que se merece. A Javier y a tantos huérfanos como ha dejado el terrorismo de ETA en este país".

Así concluía Ana Iribar el documental de homenaje a su esposo realizado diez años después de que ETA asesinara a Gregorio Ordóñez. Sus certeras reflexiones reflejan con sencillez las consecuencias sociales y políticas del terrorismo y cómo la consideración de éstas debe guiar siempre los esfuerzos de gobernantes y ciudadanos por la erradicación de la violencia. Oportuno resulta rescatarlas en el décimo aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuando muchas víctimas del terrorismo no están recibiendo las respuestas que merecen. A menudo se eleva retóricamente la categoría de las víctimas del terrorismo equiparándolas con héroes, recurso que, sin embargo, es utilizado para reclamar injustas renuncias de seres humanos particularmente vulnerables y necesitados de protección. Ese heroísmo con el que se destaca su comportamiento ensombrece derechos y justas reivindicaciones de quienes han sido victimizados por criminales que persiguen unos determinados objetivos políticos, minimizándose por tanto la dimensión política de las víctimas del terrorismo.

Del ineludible carácter político de las víctimas se derivan lógicas y necesarias reclamaciones que constituyen incómodas exigencias para quienes desean aplicar una impunidad inherente al ‘proceso de paz’. Con esta engañosa terminología se ha buscado cobertura ideológica y social para la negociación entre el Estado y ETA en condiciones contrarias a las exigidas por el Congreso, irresponsable iniciativa cuyo éxito reclamaba la neutralización de uno de los frentes fundamentales en la lucha contra la banda, como es el de la movilización ciudadana.

Fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco el detonante de un contundente desafío desde la sociedad civil que serviría para complementar una eficaz política antiterrorista basada en la firme aplicación de instrumentos políticos, policiales, sociales y judiciales contra ETA. La combinación de estas variables en torno al Pacto por las Libertades se tradujo en la más eficaz respuesta de nuestra democracia contra el terror, resquebrajando el mito de la imbatibilidad de ETA. Tan relevante victoria se logró a pesar de los esfuerzos del nacionalismo institucional por consolidar una narrativa en la que la derrota etarra era presentada como imposible con el fin de legitimar la negociación con terroristas. La desmotivación que dicho modelo generaba en una sociedad amenazada y forzada a negociar con quienes la coaccionaban fue contrarrestada por el sólido respaldo que la ciudadanía intimidada recibió desde un Estado obligado a presentarse como implacable. Los perversos efectos de la violencia sobre el tejido político y social hacían imprescindible ese posicionamiento que erigiera al Estado en modélico referente de aquéllos a los que injustamente se les reclamaban heroicidades.

Pero ni eran ni son héroes, sino seres humanos que a pesar del sufrimiento y la provocación siempre han eludido la venganza, confiando al Estado su seguridad y su derecho a la justicia, como recuerda Maite Pagazaurtundua: «Imaginemos lo que pasaría si en plena adolescencia los huérfanos de los asesinados por ETA que siguen viviendo en el País Vasco dejaran de asumir la regla no escrita del silencio y el disimulo. O si lo hubieran hecho los que quedaron huérfanos de niños y ya son adultos. Si no se hubieran contenido, estos jóvenes harían frente a los jóvenes rabiosos y violentos, en cualquier calle, porque los cachorros de ETA ponen carteles a la luz del día, se manifiestan y muestran sus emblemas de forma arrogante. Nos habríamos asimilado, entonces sí, a los estándares de los expertos internacionales en conflictos».

El ‘proceso de paz’ ignora tan determinantes factores que deben condicionar la respuesta antiterrorista de una sociedad democrática como la nuestra, en la que las violaciones de derechos humanos son responsabilidad de una organización terrorista y no del Estado, como ocurre en otros escenarios instrumentalizados con el fin de aportar coartadas a la negociación con ETA. Esa negociación todavía alentada por ciertos sectores se apoya en la marginación de las víctimas del terrorismo mediante la tergiversación de sus reivindicaciones para así limitar su relevancia. Con esa intención se defiende que las víctimas no deben condicionar la política antiterrorista de un gobierno, si bien no son éstas las interesadas en ejercer condicionamientos, sino más bien quienes les acusan de ello, pues las reclamaciones de aquéllas aluden simplemente al cumplimiento de la legalidad, exigiendo tan sólo que ésta no quede supeditada a cambiantes voluntades políticas.

En consecuencia, y como escribía Reyes Mate para la Fundación Alternativas, «la justicia a las víctimas pasadas es la condición necesaria para una política futura sin violencia», pues «la justicia a las víctimas no es sólo un problema moral, sino también político». Sin embargo, los partidarios del ‘proceso de paz’ niegan esa justicia a las víctimas propugnando su doble victimización al anteponer a los criterios jurídicos decisiones políticas arbitrarias. Enaltecen además a los victimarios sobre las víctimas, negándoles a éstas un papel activo en el ‘proceso de paz’ a la vez que se reclama todo lo contrario para terroristas legitimados como ‘interlocutores necesarios’.

No es ése un mecanismo eficaz de resolución de conflictos, sino un método de instaurar gradualmente el olvido en una sociedad para la cual la memoria constituye un arma fundamental en su combate contra ETA. La negociación al margen de las instituciones democráticas propugnada por el Gobierno español y el nacionalismo vasco transforma sutilmente la realidad del terror, pues el terrorista logra finalmente lo que persiguió mediante el asesinato de Gregorio Ordóñez, Fernando Buesa y otros representantes políticos, esto es, la deslegitimación del sistema democrático. Por ello, la enorme injusticia que define la negociación con ETA alienta irremediablemente la perpetuación de una coacción convertida en eficaz por quienes son responsables de su contención, como revela la vuelta de ETA a las instituciones.

En esas circunstancias, imposible resulta la «erosión mediante la deslegitimación social» del «discurso totalitario» de ETA que Josu Jon Imaz reclamaba recientemente. Así es porque, si bien el presidente del PNV aseguraba que «nunca» aceptará «el más mínimo avance del autogobierno vinculado a la presión de la violencia», la negociación expone lo contrario: quienes han desafiado violentamente el autogobierno son eximidos del respeto a los procedimientos democráticos, deslegitimándose así a quienes fueron asesinados por defenderlos, favoreciéndose por tanto el desistimiento de la sociedad. Vacía de contenido queda esa aparente firmeza cuando la coacción obtiene el rédito de la cesión fruto del miedo, como corrobora la reciente actuación del nacionalismo al constituirse los ayuntamientos.

Ante el temor a convertirse en objetivo terrorista, algunos nacionalistas han reconocido la injusticia padecida por quienes vienen sufriendo durante décadas una intolerable privación de derechos y libertades precisamente por no compartir su ideología. No obstante, ante la amenaza contrasta la resistencia de unos con la sumisión de otros. Semejante desigualdad, que fortalece al totalitarismo debilitando seriamente la democracia, debería llevar al nacionalismo y a quienes desde el socialismo han mimetizado su fallido modelo de negociación a comprender que el diálogo con ETA es incompatible con la indispensable contestación social en la que debe sustentarse una derrota del terrorismo posible e irrenunciable.

Próximo ya el décimo aniversario del espíritu de Ermua, puede recordarse que, durante unos días, la unidad frente al terror trascendió ideologías antes de que el nacionalismo sucumbiera a la tentación de una contraproducente negociación con ETA luego replicada por el socialismo. En aquellos días la imprescindible derrota de ETA que las víctimas merecen y que la sociedad necesita dejó de ser especulación.

Rogelio Alonso es profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos.