opinión

Sin estrépito de ley

Hace siglos los juristas decían que había cosas que se podían resolver sin "estrépito de juicio", es decir, sin ostentación, sin observar las solemnidades de un proceso plenario, sino "de plano, breve y sumariamente". Ahora, quizás, se podría hablar de cosas susceptibles de resolverse sin el "estrépito de ley". Sería el caso, por ejemplo, de la proyectada y casi negociada Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, un texto muy ostentoso que va a servir para resolver muy pocas cosas.

El proyecto de ley, más conocido como de Memoria Histórica, tiene un preámbulo muy llamativo, digno casi de una Constitución: "Es hora de que la democracia española (...) honre y recupere para siempre a todos los que padecieron las injusticias y agravios producidos por unos u otros motivos ideológicos en aquellos dolorosos periodos de nuestra historia".

El articulado no traduce, sin embargo, tan sentidos principios en cuestiones concretas. Más bien, arregla unas cuantas cosas que podrían haberse resuelto "de plano, breve y sumariamente" y deja en el limbo lo único que hubiera tenido sentido, de haber podido hacerse sin vulnerar principios jurídicos en vigor: anular de un plumazo todos los juicios llevados a cabo por la dictadura franquista por "auxilio a la rebelión" (es decir, por auxilio a la legítima República), por asociación política o por delitos de opinión.

"Honrar y recuperar" se va a traducir en una declaración genérica y en dar a los ciudadanos que se sientan implicados el derecho a solicitar una "declaración de reparación y reconocimiento personal" expedida por el Ministerio de Justicia, como si se tratara de un certificado de "no penales". Poco contenido para tanta solemnidad.

Es verdad que la mayoría de los artículos del proyecto de ley se refieren a mejora de prestaciones, como pensiones, asistencia médica y farmacéutica, orfandad, tributación de indemnizaciones y ayudas para localizar e identificar los restos de los fusilados durante y tras la Guerra Civil. Nada de esto necesitaba, sin embargo, el estrépito que ha rodeado y rodea este proyecto de ley, ni desde luego el enfrentamiento político que provoca.

Como muy bien demuestran los documentos anexos al proyecto de ley, elaborados por la propia Presidencia del Gobierno, todo lo relacionado con esas prestaciones e incluso con la localización de fosas comunes ha sido ya aprobado, sin estrépito y por consenso, durante los últimos 30 años.

Como se trata de mantener viva la memoria, convendría resaltar que, de hecho, lo que queda por hacer en ese sentido es minúsculo en comparación con el esfuerzo que ya ha realizado la sociedad española en su conjunto para devolver sus derechos a quienes fueron despojados violentamente de ellos por el golpe de Estado del 18 de julio y por la dictadura franquista subsiguiente. En los últimos 30 años, se han resuelto favorablemente 574.000 expedientes de pensiones e indemnizaciones destinadas a personas que fueron castigadas injustamente por auxiliar a la República y por oponerse a la dictadura, con un valor total de 16.356 millones de euros, salidos del Erario Público. El volumen total de las nuevas ayudas o mejoras, ridículamente inferior, podría haberse aprobado, incluso, en la nueva ley de presupuestos, como se ha hecho en otras ocasiones, por unanimidad.

Algunos opinan que, en el fondo, el objetivo del nuevo proyecto de ley es reiterar y formalizar el reconocimiento del Parlamento a quienes sufrieron prisión, exilio, depuración o persecución por su defensa de los valores de la II República. Se trata de una petición legítima, pero, quizás, quienes asistimos a la aprobación de la Constitución de 1978 no tenemos duda alguna respecto a lo que pasó aquel día: triunfaron los valores que inspiraron la II República y se honró a quienes los defendieron. Aquella sí fue, realmente, la hora de la memoria.

Soledad Gallego-Díaz

Reforzar los municipios

Las elecciones locales del 27 de mayo serán las octavas desde la restauración de la democracia en España. Son casi treinta años de democracia local y aun así, los municipios siguen siendo considerados muchas veces como administraciones periféricas, dependientes y subsidiarias. El goteo diario de escándalos financieros e inmobiliarios no ayuda precisamente a que esa realidad se modifique, sino que, al contrario, refuerza la opinión de aquellos que se afanan en proclamar los grandes beneficios de la centralidad estatal o autonómica como expresión de racionalidad superior frente a lo que se percibe como irresponsabilidad y baja catadura moral de los electos locales. Tampoco ayuda a un cambio de perspectiva el que, como denunciaba este mismo periódico el pasado martes, sigan permaneciendo en las listas de las candidaturas, tanto del PP como del PSOE y de otros partidos que se presentan en algunos de los más de ocho mil municipios españoles, decenas de cargos públicos implicados en causas judiciales. Y a pesar de todo ello, déjenme decirles que creo firmemente que sólo reforzando a los municipios y creando auténticos gobiernos locales, podremos garantizar y mantener la cohesión social del país, sin que ello impida que las labores de control y redistribución de recursos sigan siendo patrimonio de otras esferas de gobierno.

La reivindicación del concepto de gobierno local no es sólo un problema de terminología, sino que expresa la voluntad de reivindicar un demos propio, una verdadera autonomía local. Si a finales de los setenta y ochenta la cantidad de cosas que era necesario afrontar en los pueblos y ciudades hacía casi innecesarias las elucubraciones sobre prioridades, protagonismos institucionales o maneras de hacerlo, todo ha cambiado mucho desde entonces. Se han ido resolviendo muchos problemas y carencias, pero ahora lo que está en juego es qué tipo de ciudad o pueblo se quiere, qué tipo de gobierno se precisa, o qué distribución de protagonismos y de responsabilidades entre iniciativa pública, iniciativa social y respuestas mercantiles es la preferida en cada caso.

Es en este contexto en el que se han ido transformando en los últimos años las políticas públicas en general y las locales en particular. Cada vez se hace más difícil desde ámbitos centrales o autonómicos de gobierno dar respuestas universales y de calidad a las demandas de una población menos indiferenciada, más consciente de sus necesidades específicas. Y esto hace que el foco de tensión se traslade hacia niveles más próximos al ciudadano, asumiendo así los gobiernos y servicios descentralizados una nueva dimensión como distribuidores de bienestar comunitario, pasando de una concepción en la que el bienestar era entendido como una seguridad en el mantenimiento de los derechos sociales para toda la población (indiferenciación-redistribución), a ser entendido como una nueva forma de ver las relaciones sociales de manera integradora y solidaria (especificidad-participación). Las políticas de bienestar han tendido a hacerse desde lejos y con lógicas de "negociado". Los enseñantes a los suyo, los sanitarios por su lado y los de servicios sociales de atención primaria recogiendo lo que los demás no eran capaces de tratar. En el ámbito local, la presión de los problemas obliga a ser más flexible. La proximidad se ha ido configurando como un factor que ayuda a integrar las respuestas concretas a demandas que requieren abordajes integrales. Y por tanto no es extraño que hoy los municipios sean espacios decisivos en el bienestar individual y colectivo. Es en el territorio donde conviven el personal sanitario, los trabajadores sociales, los empresarios y los trabajadores, los psicólogos, los policías, el personal de la administración de justicia, los dinamizadores económicos, los periodistas, los tenderos y los políticos. La gente que en el territorio, desde la proximidad, sabe y comparte la importancia de lo que pasa en el municipio en relación al futuro de la comunidad, del colectivo que vive y convive en un territorio específico, donde la gente mantiene vínculos de pertenencia e implicación en los asuntos comunes.

Es evidente, no obstante, que el tamaño del municipio es también una variable a tener muy en cuenta, y que por tanto no siempre la autonomía de decisiones es igualmente posible en municipios legalmente considerados de manera casi homogénea, pero con características reales muy distintas entre sí. Ello subraya la necesidad de avanzar y reforzar en las fórmulas mancomunadas, y en nuevos roles de las diputaciones como red de municipios. Pero también es cierto que las agendas locales siguen fuertemente condicionadas por las limitaciones que impone el hecho de que las políticas escolares y sanitarias, la formación profesional y ocupacional, y los servicios sociales especializados no forman parte hoy por hoy de la base competencial de los municipios. La participación de los municipios españoles en el gasto público global está todavía lejos de la que es en la mayoría de países europeos, y mientras las comunidades autónomas han pasado de no existir a controlar más de una tercera parte del gasto público, los municipios siguen anclados en cifras que rondan el 15% de ese gasto público total.

En definitiva, el gobierno local se enfrenta al futuro desde una agenda de actuaciones más compleja y heterogénea de lo que lo hacía años atrás. El cambio de época en el que estamos inmersos resitúa la significación y la capacidad de gobierno de los ayuntamientos. La vida de los ciudadanos y ciudadanas está hoy más llena de incertidumbres y de dudas sobre su trabajo, su familia, su vida, de lo que lo estaba hace unos años. Estas incertidumbres planean sobre la realidad social y afectan la vida de pueblos y ciudades. La política local tiene que ver hoy en día con cotidianeidad, estilos y formas de vida. Y son los ayuntamientos y sus equipos de gobierno los que desde posiciones de primera fila deben gestionar y tratar de implicar conjuntamente a la ciudadanía en la gobernación de la vida local, y en la resolución de unos problemas cada vez más complejos y más difíciles de resolver desde los recursos y las estructuras de gestión de que disponen los gobiernos locales.

Hemos de aceptar que el bienestar individual y colectivo de los ciudadanos, depende cada vez más de la capacidad de servicio y de la capacidad de gestionar servicios y recursos desde la cercanía de los gobiernos locales. Los problemas de la gente requieren políticas pensadas y gestionadas desde la proximidad, con lógicas transversales y con mecanismos y estilos de gobierno y gestión participativos. En definitiva, sin reforzar los ayuntamientos no aseguraremos el bienestar ciudadano.

Joan Subirats

Moral e ideales cristianos

EN una carta publicada en Abc, don Joaquín Silos Millán me acusaba un tanto truculentamente de «haber perdido el equilibrio mental y la elegancia» por afirmar, en un artículo sobre las repulsivas fotitos publicadas en un catálogo sufragado por la Junta de Extremadura, que «las jerarquías eclesiásticas actúan de mamporreros en trifulcas políticas que benefician a la derecha». Don Joaquín me aclara superfluamente el significado de la palabra «mamporrero», que yo en aquel artículo utilizaba en un sentido figurado. Y me ratifico en la afirmación: aquel catálogo, ofensivo para las creencias de los católicos y de una sordidez estética impronunciable, fue publicado originariamente en 2003; que cuatro años después de su publicación, y en vísperas de unas elecciones, provoque el escándalo de la facción opositora me hace sospechar que dicho escándalo no sea del todo sincero. Convendría recordar que, hace algún tiempo, se estrenó en el Círculo de Bellas Artes, con subvención de la Comunidad de Madrid, una piltrafa teatral escrita por un cuñadete o primo de Esperanza Aguirre en la que también se ofendía -cito a don Joaquín- a «Dios nuestro Padre, Creador del Universo entero, como sabemos y sentimos quienes nos consideramos cristianos»; y, sin embargo, no se exigieron entonces dimisiones, ni se le reclamaron a Aguirre tantas explicaciones como en estos días se han reclamado a Rodríguez Ibarra.

Dicho lo cual no hará falta que reitere la opinión que me merecen tan abyectas fotitos. Pero en su carta al director don Joaquín introducía asuntos de mayor calado. Sostenía que, cuando aludía a la utilización política que se estaba haciendo de las jerarquías eclesiásticas, imaginaba que me estaba refiriendo «a la emisora de radio conocida por la COPE, que aun dependiendo de la Conferencia Episcopal está dirigida por seglares, con total libertad dentro de la moral e ideales cristianos». Para ser más precisos, don Joaquín, me estaba refiriendo tan sólo a unos pocos programas de dicha emisora. Programas que no sólo acampan extramuros «de la moral e ideales cristianos», sino que abiertamente los refutan y pisotean. Quiero recordarle a don Joaquín Silos que, desde dichos programas, se han proferido brutalidades sobre los inmigrantes y apologías del liberalismo económico más desenfrenado contrarias a la doctrina social de la Iglesia, y aun al concepto de justicia natural que Dios nuestro Padre inscribió en el corazón del hombre. Quiero recordarle también que en tales programas se ha defendido la Guerra de Irak, que Su Santidad Juan Pablo II condenó sin ambages, como no podía ser de otro modo, tratándose de una guerra injusta. Quiero recordarle, en fin, que desde tales programas se incita al odio y se vierten expresiones de una brutalidad mucho más sangrante que la venial inelegancia que yo deslizaba en aquel artículo; incitaciones y expresiones que, más allá de consideraciones ideológicas, constituyen una negación del ideal de misericordia cristiana, que de forma tan sublime ilustra el pasaje del Evangelio de San Juan que mañana se proclamará en las iglesias católicas, las mismas iglesias que los responsables de dichos programas no pisan ni de casualidad.

Creo, como decía en aquel artículo que ha provocado la indignación de don Joaquín, que las jerarquías eclesiásticas están alimentando un monstruo que apartará a muchos católicos españoles de la Iglesia, a la vez que contribuirá a dar alas a una derecha sin Dios al menos igual de adversa a «la moral y los ideales cristianos» que esa izquierda anticlerical y laicista que soy el primero en combatir. Y creo, además, que las jerarquías eclesiásticas están dejando pasar una ocasión apasionante, en la que los valores cristianos, en su inabarcable Belleza y apetito de Verdad, podrían conquistar a mucha gente desnortada que necesita encontrar un sentido trascendente a sus días. A cambio, sólo encuentran enconamiento e hipótesis rocambolescas sobre el 11-M. Y es que, como nos advirtió Jesús, «el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca».

Juan Manuel de Prada

Hartazgo

Desconozco a qué partido vota mi empleada del hogar. Nunca se me ocurriría inquietarla con ese tipo de preguntas, aunque sí sé algo de sus profundas creencias religiosas. Desconozco cuál es la tendencia política del dueño de mi restaurante favorito, que tan amablemente me trata cuando llego a España, haciéndome sentir que el verdadero regreso no se produce hasta que no me pone delante su célebre tortilla "babosita". No entra dentro de mis curiosidades más urgentes saber de qué pie cojean mi asesor fiscal, los tenderos del mercado, los profesores de mi hijo, los que fueron sus maestros o sus canguros, el médico que le salvó la vida, mi ginecóloga, el camarero que me pone la caña, el dentista o incluso algunos profesionales del negocio del que vivo. No es falta de conciencia política, al contrario, es puro ejercicio democrático. Observas a la gente establecer sus relaciones diarias en base a cosas fundamentales como la honradez y la bondad (la vida depende de la gentileza de los desconocidos) o al interés económico o laboral. Finalmente, el mejor vecino se nos define por cómo se comporta, no porque te haga una declaración de principios en la escalera, como el inefable Juan Cuesta de la serie. La vida de la ciudadanía española vibra sobre un equilibrio que difícilmente se rompe, y es que, a pesar de todo, el interés general trata (todavía) de que aquello que nos une no se quiebre. Hay, según las encuestas, un hartazgo de política. Uno de los factores, señalan, es la desconfianza. Hace bien el ciudadano sensato en desconfiar de este ambientazo en el que cada noticia se presta de inmediato a un plebiscito mediático y los opinadores corren prestos a situarse enfrente del enemigo. Esa concordia a la que el ciudadano se aplica parece no significar nada para los que tienen presencia pública. Hoy la corriente ideológica dominante consiste en despreciar a cualquier individuo que no sea de tu pelaje. Exactamente lo contrario al esfuerzo que la mayoría de los ciudadanos practican. No sabemos dónde está el fin de esta tensión insoportable, pero lo preocupante es que los partidos y sus palmeros nos están contagiando. Dicen que no hablamos de política, cómo hablar si en estos momentos podríamos acabar a hostias.

Elvira Lindo

Lo están empeorando

Fernando Savater escribe sobre la medida tomada por el Gobierno a favor de De Juana Chaos

Las explicaciones que ofrece el Gobierno socialista para justificar su decisión de excarcelar (llamemos a las cosas por su nombre) a De Juana Chaos me recuerdan al viejo cuento del caldero prestado. ¿Se acuerdan? Un hombre presta su caldero al vecino y días más tarde éste se lo devuelve agujereado; ante sus protestas, el vecino responde: a) que el caldero no está agujereado; b) que ya tenía agujeros cuando se lo prestaron; c) que no le han prestado ningún caldero. Contradicciones interesadas del mismo calibre estamos oyendo estos días para explicar o tratar de hacer digerible ante una opinión pública cuyas tragaderas son anchas pero no hasta el infinito la cesión del Ejecutivo por razones políticas ante el chantaje del terrorista en huelga de hambre.

Todas son increíbles o superfluas, pero algunas también resultan repugnantes porque juegan con la mala conciencia o la bobaliconería bondadosa que todos queremos tener en el corazoncito. Tal es el caso, por ejemplo, de insistir en supuestas razones humanitarias y en el valor supremo de la vida humana para los santos que nos gobiernan. Que la vida humana es un altísimo valor nadie lo pone en duda: por eso precisamente quien asesina a veintitantos seres humanos y no se arrepiente de ello ni nos da garantías de que no va a volver a empezar mañana cuando le suelten está mejor en la cárcel que en ninguna otra parte. ¿Humanitarismo? Una de sus características es respetar la libre voluntad de las personas, es decir, ayudarlas a vivir bien y, cuando prefieren morir, no obstaculizar tiránicamente su voluntad (caso de Ramón Sampedro o de la paciente granadina cuyo respirador va a ser desenchufado). Iñaki de Juana debía estar en la cárcel pero él prefería morir antes que seguir allí: lo humano hubiera sido respetar su voluntad y también la ley que le condena. Por cierto, el mismo día que se ‘alivió’ su prisión sacándole de ella (¿se ha molestado alguien en justificar por qué se le llevó al País Vasco si el caldito reconstituyente también pueden darlo en el Doce de Octubre de Madrid?) oí por la radio que una señora hospitalizada en La Paz con cuatro costillas rotas murió en un pasillo del hospital, probablemente mal atendida por la saturación del centro. Si el Gobierno acaba de descubrirse vocación humanitaria, no le faltará dónde ejercerla sin necesidad de plegarse a las exigencias de los asesinos.

Los que dicen que la excarcelación del etarra en huelga de hambre se debió a razones humanitarias -empezando por el propio Zapatero, la directora de Instituciones Penitenciarias y los propagandistas afines- mienten como bellacos: o peor, mienten como si fuésemos bellacos los ciudadanos y no nos mereciésemos más que mentiras. Pero, naturalmente, tras hablar de humanitarismo enseguida mencionan que así se han evitado otras muertes o situaciones de violencia en el País Vasco: es decir, conveniencias políticas. La nota oficial del Gobierno vasco auguraba que esto relajaría la tensión en Euskadi; y Patxi López, ni corto -bueno, un poco corto sí- ni perezoso proclamó ante la asamblea socialista que la excarcelación hacía que se viviera mejor aquí. O sea que la tensión, la crispación y la incomodidad se acaban cuando se da gusto a los violentos que tienen por héroe a un asqueroso ’serial-killer’. Que las víctimas, sus familiares, los que no han perdido aún el sentido moral por culpa de la obcecación política, es decir, los ciudadanos vascos decentes que todos éstos estén crispados y sientan que viven peor desde que el criminal y sus amigos se pavonean triunfantes ante ellos, eso no es un problema ni entra en consideración. Lo importante es que estén sosegados los que dan miedo, los demás ya se apañarán.

Y luego dice Miguel Buen (a quien los dioses, tras negarle los demás dones, le concedieron como compensación una ausencia total de sentido del ridículo) que a él le da más miedo pasearse por ciertos barrios de Madrid que por Renteria ; claro, porque aquí las víctimas no dan la lata ni siquiera a los zafios más patosos, lo que en cambio en otras partes de España ya va siendo algo más frecuente. Por cierto, ahora muchos se quejan de que por sacar un encendedor del PSOE o llevar ‘El País’ debajo del brazo uno se puede buscar hostilidades en ciertos lugares públicos. No es que yo desee que a nadie le molesten los intransigentes en ninguna parte de España, pero quizá así algunos ‘modelnos’ se hagan una pálida idea en carne propia de cómo viven muchos ciudadanos vascos desde hace décadas en este país.

La argumentación más inconsistente y menos convincente para apoyar el disparate gubernamental con De Juana es apelar a las supuestas excarcelaciones de etarras antes del plazo debido por parte del Gobierno de Aznar o los acercamientos de presos realizados en el mismo período, para probar la ‘hipocresía’ de la oposición (la palma se la lleva la ‘Ser’, que siempre bate el récord de bajura con este tema, proclamando la gran noticia de que ‘el Gobierno de Aznar’ no actuó contra De Juana cuando el miserable pidió ‘champán y langostinos’ para celebrar el asesinato de Tomás Caballero: ¿sólo le falta decir que se los envió Aznar pagados de su bolsillo!). Como sabe cualquiera que se moleste en enterarse de las cosas, el PP insistía en cambiar la legislación para hacer cumplir íntegras las penas pero entretanto, como no podía ser de otro modo, cumplía con la legislación vigente y sus reducciones de condena. En cuanto a los acercamientos de presos, no respondían al chantaje de ningún recluso, sino a reiteradas peticiones parlamentarias y de medios ilustrados de comunicación. Pero en fin, aunque no fuera así: ¿y qué? Si el Gobierno Aznar lo hizo mal entonces (aunque lo que hizo nada tiene que ver con la excarcelación mediante chantaje de De Juana Chaos) ¿por qué el PSOE no se lo reprochó en su día, cuando tantas cosas le censuraba en otros campos? Aún peor: si aquello fue un error, ¿por qué ahora se utiliza como justificante en lugar de haberlo tomado como advertencia de lo que no debe hacerse, visto el resultado? Es floja excusa para equivocarse el que otros se hayan equivocado antes y uno repita de buena fe los errores.

Pues no, las explicaciones del Gobierno no hacen más que empeorar las cosas. Y las de sus propagandistas que se empecinan en informarnos día y noche de lo malo que es el PP, que no gobierna, en lugar de explicarnos por qué gobierna mal quien gobierna, tampoco mejoran ni ánimos ni inteligencias. ¿Que hay crispación? Claro, como la hubo cuando Aznar metió al país en la invasión de Irak. La gente se indignó con razón y se echó a la calle (los decentes junto a representantes del peor lumpen extremista del país) lo mismo que hoy otra decisión errónea gubernamental subleva a tantos, que se manifiestan junto al indeseado Inestrillas y compañía. Ya ven, la historia se repite y la histeria también. Entretanto seamos optimistas y esperemos que Batasuna, con su nombre o con otro postizo, no termine por poder presentarse a las elecciones de mayo, como le solicitan al Gobierno sus aliados parlamentarios en contra de lo que quiere la inmensa mayoría del país (por cierto, nunca tan pocos han fingido representar a tantos como hoy sucede en el Parlamento español). Si finalmente sucediera tal cosa, como algunos temen que la excarcelación de Iñaki de Juana preludie, habrá llegado la hora de ponerse serios de verdad. Basta de juegos con lo que no es de jugar.

Fernando Savater

Fatiga de identidad

La clase política recibe un varapalo a propósito de los nuevos estatutos de autonomía SI SE TRATABA DE iniciar una segunda, auténtica, transición -ya que la primera, por lo visto, se llevó a cabo en una España aterrorizada, sumergida en el silencio y desorientada por la ablación de la memoria histórica-, entonces la clase política que se metió en faena con la promesa de nuevos estatutos ha recibido un merecido varapalo. Cuando vivíamos aterrorizados, silenciosos y amnésicos, salíamos masivamente a la calle por aquello de libertad, amnistía y estatuto de autonomía, un clamor suficiente como para que en tres años se sometieran a referéndum los estatutos, comenzando por el de Cataluña, enseguida el de Euskadi y después todos los demás.

Aquella transición, hoy tan denostada, se dio buena maña para desplazar en sólo cinco años al conjunto de la clase política franquista de sus posiciones de poder: gente nueva, nacida después de la Guerra Civil, ocupó el poder político en el Estado y en las comunidades autónomas. Gracias a los estatutos entonces aprobados se desarrolló una ingente obra de descentralización administrativa, desde luego, pero también política, que ha transformado por completo el Estado español, no ya el franquista, sino el Estado que salió, conducido por los moderados, de la revolución liberal con sus provincias y regiones.

Al mismo tiempo, los estatutos de la primera transición afincaron en sus territorios a unas nuevas clases políticas regionales, si se perdona el concepto, utilizado aquí sólo a efectos geográficos. Esa nueva clase dio a la cuestión secular de la estructura del Estado una respuesta que, no por pragmática, resultó menos eficaz. Como Cataluña, igual que en la República, tiró del carro autonómico, todos los demás se dieron prisa por saltar a él. Todos los demás es fácil de saber quiénes eran: los mismos que en los años setenta del siglo XIX se identificaron como Estados de un Estado federal; los mismos que en la República de los años treinta del siglo XX habrían llegado a ser en poco tiempo regiones autónomas de un Estado calificado de integral: Galicia, Andalucía, Navarra, Valencia, Aragón las dos Castillas, Vieja y Nueva... qué nombres de resonancias históricas, qué materia para formar un Estado federal.

¿No se atrevieron los constituyentes de 1979? Ése es el expediente de moda para dar cuenta del pasado, el más fácil y perezoso: atribuir a sensaciones las prácticas políticas. En realidad, el Estado español no salió federal de la transición porque los partidos nacionalistas no sólo no estaban interesados, sino que sentían verdadera repugnancia ante la idea de que todos aquellos fragmentos de Estado valieran igual en sus mutuas relaciones y en las de cada cual con el Estado. Admitir que todos eran iguales y que todos juntos podrían ser fragmentos de un Estado federal caía por completo fuera de su perspectiva de futuro; es más, negaba radicalmente su perspectiva de futuro.

En tal tesitura, que Andalucía haya sido -entre las presuntamente no históricas, destinadas a fundirse en un magma castellano- la primera en pegar el salto y decir aquí estoy yo, marcó el camino. Y ahora estamos en las mismas, sólo que 30 años después y arrastrando la fatiga -en el polisémico significado del término, que los andaluces conocen bien: sentir fatiga no es allí lo mismo que estar fatigado- del interminable debate identitario. No es extraño que la fatiga haya podido más que el talante y que la mayoría de la gente haya pasado en esta ocasión de las urnas. Cataluña ya había avisado: la participación no llegó al 50%, 11 puntos menos que en 1979. En Andalucía, donde la cuestión de ser o no ser nación no es la cuestión, la caída ha sido doble: 36%, 28 puntos por debajo de 1980. Y menos mal que ahora ya no estamos aterrorizados, silenciosos ni amnésicos, y contamos con un montón de rapsodas dispuestos a cantar las excelencias del Imperio Austro-Húngaro, en otro tiempo prisión de naciones.

Si se considera con alguna perspectiva lo que ha ocurrido con el poder en la España de los últimos 30 años es evidente que al proceso de descentralización ha acompañado el despliegue de los poderes de sus numerosas realidades nacionales. Ese poder es hoy, en todas las parcelas que cuentan para la vida de las gentes, más sólido y extenso que el poder estatal. Subidos a las azoteas de sus instituciones, esos poderes creyeron llegado el momento de ocupar nuevas aguas y más territorios. Desde el Estado se dejó hacer, sin una idea clara ni oscura de hacia dónde se encaminaba la conquista. Hoy ya lo sabemos: a consolidar, ante la abstención de la mayoría, los poderes nacional-autonómicos edificados sobre lo que Pasqual Maragall llamó con toda intención y su pizca de mala leche "residuos de Estado".

Santos Juliá

Nunca caminarás solo

Por Ignacio Camacho

VE a cuerpo limpio, como decía Celaya; ve a bañarte en el río de la libertad, a sentirte parte de ese caudal resuelto que corre por las calles y que esta tarde va a fluir con la fuerza de un torrente de rabia serena. Sin equipaje, sólo cargado de tus ideas claras, tus emociones nobles, tus sentimientos transparentes. Tu recta voluntad de hacerte oír cuando no te escuchan, tu incólume determinación de hacerte ver cuando te ignoran.

¿Sabes? A veces, en democracia también se vota con los pies. Ocurre cuando los que mandan cierran los ojos y se tapan los oídos, cuando el designio de la política choca con el parecer del pueblo. Cuando los gobernantes se sumergen en la oscuridad para muñir infamias a espaldas de los ciudadanos, cuando se parapetan tras las murallas del poder y tratan de dirigir la Historia ellos solos, cuando se enclaustran en la campana del sectarismo y la soberbia. Entonces, sólo queda la calle, el ágora abierta donde resuena el eco del descontento y de la queja.

Mira, ellos saben muy bien lo que tú piensas, lo que tú sientes. Lo desdeñan, pero lo saben. Por eso les molesta que lo expreses, porque la política es pensamiento y es acción, y juntos tienen en democracia una fuerza devastadora. Se llama participación, y es lo que más temen los chamanes que han convertido el ejercicio político en un sindicato de intereses y en una bitácora de despropósitos. Parecen blindados, pero no lo están; nadie lo está cuando los ciudadanos irrumpen en el campo abierto de la libertad. Cuando piensan y actúan sin miedo, cuando se rebelan para abrirse paso entre el silencio y el desprecio. Cuando son libres y saben recordarlo.

Lo triste, ya lo sé, es que tengas que salir para esto. Para pedir que los asesinos cumplan su pena y para que las víctimas no se sientan solas. Para clamar contra una sinrazón tan manifiesta y para reivindicar una verdad tan sencilla. Malos son los tiempos en que hay que luchar por lo evidente, escribió un poeta. Pero mucho peor sería condescender con la arbitrariedad, transigir con la injusticia y acomodarse en un vago conformismo resignado. Darse por vencidos, encogerse de hombros, mirar para otra parte, delegar la conciencia y abandonar a los que se sienten humillados. Aceptar la ignominia como paisaje moral.

No será en tu nombre. Que la acepten otros, si quieren. Pero tú no saliste otras veces para llegar hasta aquí de este modo. No levantaste las manos cuando mataron a Tomás y Valiente, ni encendiste velas en la dramática vigilia de Miguel Ángel Blanco, ni guardaste tantos minutos de silencio para seguir callado ahora, cuando algunos pretenden que todo eso no sirvió para nada. No caminaste a través del viento y de la lluvia, con la cabeza alta y el corazón herido, para acabar renunciando a la justicia.

Porque es de eso de lo que se trata: de justicia. No de ira, ni de rencor, ni de discordia. Y sabes que mientras te guíe el afán de justicia, mientras te mueva un soplo de dignidad, nunca caminarás solo. Te acompañará, al menos, el aliento honorable de la decencia.

Ignacio Camacho