opinión

¿Qué globalización sobrevivirá?

La economía no es lo único de dimensión planetaria. Salud, clima, violencia y cultura son mundiales

El proteccionismo puede acabar con la globalización buena y reforzar la mala

En este año en que la economía mundial se contraerá por primera vez desde 1945 a algunos economistas les preocupa que la actual crisis pueda significar el principio del fin de la globalización. Las épocas de dificultades económicas y el proteccionismo van de la mano, puesto que cada país culpa de los problemas a los demás y trata de proteger sus empleos internos. En la década de los treinta del pasado siglo, las políticas consistentes en "empobrecer al vecino" empeoraron la crisis. Hoy, a menos que los líderes se resistan a ofrecer respuestas de ese tipo, el pasado podría convertirse en el futuro.

Irónicamente, sin embargo, esa perspectiva tan sombría no significaría el fin de la globalización definida como un aumento de las redes mundiales de interdependencia. La globalización tiene varias dimensiones. Aunque los economistas a menudo se refieren a ella y a la economía mundial como si fueran una sola y misma cosa, otras formas de la globalización también tienen efectos significativos -no todos benéficos- en nuestras vidas cotidianas.

La manifestación más antigua de la globalización fue ambiental. Por ejemplo, la primera epidemia de viruela se registró en Egipto en el año 1350 antes de Cristo. Llegó a China en el 49 después de Cristo, a Europa después del 700, a las Américas en 1520 y a Australia en 1789. La peste bubónica, o peste negra, se originó en Asia, pero al propagarse mató entre un cuarto y un tercio de la población de Europa en el siglo XIV.

En los siglos XV y XVI los europeos llevaron enfermedades a las Américas que destruyeron al 95% de la población nativa. En 1918, una pandemia de gripe causada por un virus de las aves acabó con la vida de 40 millones de personas en todo el mundo, mucho más que las que habían muerto en la guerra mundial que acababa de terminar. Actualmente, algunos científicos predicen que se repetirá la pandemia de gripe aviar.

Desde 1973 han surgido 30 enfermedades contagiosas que se desconocían y otras, más familiares, se han propagado geográficamente con nuevas formas resistentes a los medicamentos. En las dos décadas posteriores a la identificación del VIH/SIDA en los años ochenta han muerto 20 millones de personas y 40 millones más están infectadas en todo el mundo. Algunos expertos prevén que esa cifra se duplicará para 2010. La propagación de especies foráneas de flora y fauna a nuevas zonas ha aniquilado a las especies nativas y podría provocar pérdidas económicas de varios miles de millones de dólares al año.

El cambio climático global afectará a la vida de todo el mundo. Miles de científicos de más de cien países informaron recientemente de que hay nuevas y sólidas evidencias de que la ma-yor parte del calentamiento observado en los últimos 50 años es atribuible a las actividades huma

nas, y se prevé que las temperaturas promedio a nivel global aumenten entre 1,3 y 5,5 grados centígrados en el siglo XXI. El resultado podría ser una variación aún más severa del clima, con demasiada agua en algunas regiones y escasez en otras.

Entre los efectos, habrá tormentas y huracanes más fuertes, inundaciones y sequías más prolongadas y más desprendimientos de tierras. En muchas regiones el aumento de la temperatura ha alargado la estación de deshielo y los glaciares se están derritiendo. El ritmo al que subió el nivel del mar en el último siglo fue 10 veces más rápido que el promedio de los últimos tres milenios.

También está la globalización militar, que consiste en las redes de interdependencia en las que se utiliza la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Las guerras mundiales del siglo XX son un ejemplo. La anterior era de globalización económica llegó a su cúspide en 1914 y las dos guerras mundiales significaron un retroceso. Pero si bien la integración económica global no recuperó el nivel que tenía en 1914 hasta medio siglo después, la globalización militar creció a medida que la económica se contraía.

Durante la guerra fría, la interdependencia estratégica global entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue aguda y clara. No sólo produjo alianzas que abarcaban todo el mundo, sino que cualquiera de los bandos pudo haber utilizado misiles intercontinentales para destruir al otro en menos de 30 minutos.

Éste fue un rasgo distintivo no porque fuera totalmente nuevo, sino porque la magnitud y la velocidad de un potencial conflicto derivado de la interdependencia militar eran enormes. Actualmente, Al Qaeda y otros actores transnacionales han formado redes globales de agentes y desafían los enfoques convencionales de la defensa nacional mediante lo que se ha dado en llamar la "guerra asimétrica".

Por último, la globalización social consiste en la propagación de pueblos, culturas, imágenes e ideas. La migración es un ejemplo concreto. En el siglo XIX, alrededor de 80 millones de personas atravesaron los océanos para buscar un nuevo hogar, muchas más que en el siglo XX. Al inicio del siglo XXI, 32 millones de los residentes en Estados Unidos (el 11,5% de la población) habían nacido en el extranjero. Además, aproximadamente 30 millones de personas (estudiantes, empresarios, turistas) entran cada año a este país.

Las ideas son un aspecto igualmente importante de la globalización social. La tecnología hace que la movilidad física sea más fácil, pero las reacciones políticas locales contra los inmigrantes ya estaban creciendo antes de la actual crisis económica.

El peligro actual es que las miopes reacciones proteccionistas a la crisis económica puedan contribuir a asfixiar la globalización económica que ha distribuido crecimiento y ha sacado de la pobreza a millones de personas en el último medio siglo. Pero el proteccionismo no frenará las demás formas de globalización.

La tecnología moderna significa que los patógenos viajan más fácilmente que en periodos anteriores. Las facilidades para viajar aunadas a los tiempos de dificultades económicas implican que las tasas de migración podrían acelerarse hasta el punto de que las fricciones sociales superen el beneficio económico general. De manera similar, las dificultades económicas pueden empeorar las relaciones entre Gobiernos y los conflictos internos que podrían llegar a la violencia.

Al mismo tiempo, los terroristas transnacionales seguirán beneficiándose de la tecnología de la información moderna como Internet. Y si bien la depresión de actividad económica puede desacelerar en cierta medida el ritmo de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, también desacelerará el tipo de programas costosos que los Gobiernos deben aplicar para abordar las emisiones ya existentes.

Así pues, a menos que los Gobiernos cooperen para estimular sus economías y se resistan al proteccionismo, el mundo podría encontrarse con que la crisis económica actual no significa el fin de la globalización sino sólo de la del tipo positivo, con lo que quedaríamos en la peor de las situaciones posibles.

Joseph S. Nye, Jr. es profesor en la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard.

Crisis e información

Ampliar la cobertura de las noticias internacionales en un mundo interconectado puede resultar imprescindible para mejorar el entendimiento entre los países

http://www.timothygartonash.com/

Durante una estancia reciente en China oí expresar la queja de que los medios de comunicación occidentales ofrecen una imagen distorsionada de lo que ocurre allí. Creo que hay algo de verdad en ello, pero no por los motivos que los miembros del Partido Comunista Chino y los internautas nacionalistas se imaginan. En realidad, no es más que un ejemplo de un problema internacional más amplio.

Los lectores de periódicos y telespectadores con un interés moderado por lo que sucede en China leen y ven seguramente, en su mayoría, un montón de noticias sobre Tíbet, el próximo aniversario de las protestas de 1989 en Tiananmen, la corrupción y el descontento popular. Ven menos historias sobre el grado de apoyo popular al régimen, los estudiantes brillantes que siguen afiliándose al Partido Comunista y los experimentos de reforma económica y política, sobre todo en el ámbito local y provincial.

Sin embargo, esa tendencia no se debe a una política ni a prejuicios anti China, como denuncian las autoridades chinas. Aunque a muchos de ellos les cueste creerlo, porque sus medios reflejan las posiciones políticas de su Estado unipartidista, los Gobiernos occidentales no tienen prácticamente nada que ver con ello. La causa fundamental reside en la economía y la dinámica profesional del negocio de la prensa comercial en Occidente, que está atravesando una de esas "tempestades de destrucción creativa" que, según Joseph Schumpeter, eran características del capitalismo.

En su feroz competencia por el favor de los lectores y los espectadores, los medios dominantes en Occidente tienden a aferrarse a unas cuantas noticias que les resultan familiares e interesantes. Hablan tanto de Tíbet no porque quieran criticar a China desde un punto de vista ideológico, sino porque a sus consumidores les fascina y les preocupa Tíbet. Es verdad que sus noticias sobre la política china suelen ser sensacionalistas y negativas, pero también suelen serlo sus noticias sobre la política interna de sus propios países. Quienes editan y seleccionan las noticias se limitan a seguir las normas de su negocio, que se rige por el mercado. Lo morboso vende. Un periódico que critica es un periódico que vende. Las buenas noticias no interesan. "Muchos ciudadanos chinos están moderadamente satisfechos con el ascenso de su nivel de vida" no es un titular que ayude a vender muchos ejemplares.

El problema general de las informaciones sobre China en los medios occidentales no es que sean negativas; es que son demasiado pocas, si se tiene en cuenta la importancia creciente de China y el hecho de que la cultura y la sociedad chinas son tan diferentes de las nuestras. Los medios occidentales no deben escribir menos sobre el Dalai Lama o el 4 de junio de 1989, pero sí deben escribir más sobre las demás noticias que constituyen el complejo drama que se desarrolla en China.

Por desgracia, la tendencia es la opuesta: menos noticias internacionales en los periódicos y los canales de televisión nacionales, que son los que lee y ve la mayoría de la gente. También aquí el motivo es sobre todo económico. Hacer información internacional es caro. A medida que caen los ingresos por publicidad, las delegaciones en el extranjero van cerrando. Es malo para la información, pero también para las relaciones internacionales.

En un magnífico ensayo publicado en The New Republic, el profesor de Princeton Paul Starr afirma que la información es un bien público. Cuando la gente tiene acceso a las noticias puede pedir cuentas a su Gobierno. La información, como el aire limpio y las buenas carreteras, es algo que no sólo beneficia a los que las pagan de manera directa. Y ese argumento me vale también para la política exterior. En el mundo interconectado de hoy es más importante que nunca que los países se entiendan entre sí. Para que haya ese entendimiento es preciso conocer las realidades sociales y las historias humanas individuales que constituyen la esencia de una corresponsalía en el extranjero. Si recibimos ese bien público en menor cantidad precisamente ahora que lo necesitamos más, los resultados no serán sólo deprimentes. Podrían ser claramente peligrosos.

Ante esta situación, como nos enseñó a preguntar el camarada Lenin, ¿qué hacer? Un ejemplo excelente de lo que no debe hacerse es lo que ha hecho el embajador chino ante la UE, Song Zhe. En un discurso citado hace poco en China Daily, el embajador Song decía que los corresponsales europeos y chinos "deberían ser más conscientes de su responsabilidad en el fomento de las relaciones entre China y la UE" y deberían "hacer que sus informaciones y comentarios promuevan el consenso, la confianza y la cooperación", además del "respeto a la teoría del desarrollo, la opción política y los valores culturales del otro". No. Ésa es quizá la tarea de los embajadores. Pero no de los periodistas y, sobre todo, no de los reporteros. Su trabajo es informar veraz, imparcial y gráficamente sobre lo que ven, oyen, huelen y leen. Contar las cosas tal como son. Es decir, para recordar una máxima china que le gustaba a Deng Xiaoping: "Buscar la verdad a partir de los hechos".

El antiguo responsable de la Oficina de Información del Consejo de Estado chino, Zhao Qizheng, escribe en un libro llamado One world, que acabo de leer en el vuelo de regreso de Pekín: "Cuando hablo con periodistas extranjeros les pido que sean lo más objetivos posibles al informar de China. Por ejemplo, en China hay muchos coches en las calles, pero mucha gente ignora las normas de tráfico y cruza cuando le parece. Ésos son hechos objetivos y hay que informar de ellos. En cambio, no se puede decir que China no tiene coches. Eso sería un error. Mientras cuenten la realidad, todo está bien".

Estoy más de acuerdo con la escuela de periodismo de Zhao que con la de Song; lo que hay que hacer es poner eso en práctica. Pero la verdad es que si uno está interesado y sabe dónde buscar, ya se está haciendo. Un par de horas en Internet, con unas cuantas pistas, permiten llegar a una auténtica cueva de Aladino llena de informaciones y análisis variados y detallados sobre China (prueben chinadigitaltimes.net y danwei.org como primeros abretesésamos). Muchas de las cosas que dicen no tienen el grado de comprobación ni el equilibrio profesional de un New York Times, pero están sujetas a otro tipo de escrutinio, el de los blogueros que señalan de forma despiadada lo que consideran errores, distorsiones y omisiones.

Mientras tanto, las grandes revistas occidentales como The Economist, The New Yorker y The Atlantic Monthly publican artículos largos, originales y llenos de datos perfectamente comprobados sobre China. Cuando estaba en Pekín, vi en BBC World News un reportaje fascinante sobre los agricultores de un pueblo que habían abandonado sus hogares rurales para ir a disfrutar del desarrollo urbano, porque les habían prometido una nueva escuela en la que educar a sus hijos para una vida mejor. Todavía no se había cumplido la promesa. ¿Tendenciosidad anti China? En absoluto. La BBC busca la verdad a partir de los hechos, y de esa forma mantiene alto el estandarte del pensamiento de Deng Xiaoping.

¿Cuál es la trampa entonces? En mi queja al principio de este artículo tenía cuidado de referirme a lo que la mayoría de los lectores y espectadores occidentales ve casi todo el tiempo. Starr, en su ensayo, hace una útil distinción entre la disponibilidad y el contacto. El material está disponible. Los ansiosos de noticias sobre China pueden disfrutar a diario. Lo que corre peligro es el contacto diario, general y casual con las noticias del mundo que se produce cuando uno hojea el periódico mientras desayuna (siempre que ese periódico no sea un tabloide sensacionalista).

No sirve de nada lamentarse por las glorias pasadas de una edad de oro -probablemente mítica- de los corresponsales en el extranjero. Se trata de descubrir cómo explotar hoy las tremendas posibilidades de los nuevos medios para que más gente pueda entrar en contacto más tiempo con noticias internacionales fiables e interesantes. De ello dependerá algo más que el futuro del periodismo. -

Timothy Garton Ash

Un veredicto muy inquietante

La anulación de la candidatura de la coalición II-SP para las elecciones europeas suscita graves dudas

Un auto de la Sala Especial del Supremo, a la que la ley orgánica 6/2002 atribuye la competencia de disolver partidos a instancias de la Abogacía y de la Fiscalía General del Estado, resolvió el 16 de mayo anular la candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo presentada por la coalición Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (II-SP), integrada por dos pequeños partidos regionales denominados Izquierda Castellana y Comuner@s. El alto tribunal adoptó esa decisión en el marco procesal de la ejecución de las sentencias ilegalizadoras dictadas el 27 de marzo de 2003 y el 22 de septiembre de 2008 contra Batasuna (y sus numerosas segundas marcas) como brazo político de ETA; la ley 6/2002 extiende el alcance de ese tipo de interdicción a cualquier variante fraudulenta que "continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto".

Tras el examen de las pruebas -básicamente indiciarias- aportadas por la abogacía y la fiscalía del Estado, la mayoría de la Sala llegó a la convicción de que la candidatura II-SP ha sido instrumentalizada con un designio defraudador por la trama de la izquierda abertzale vinculada al terrorismo etarra. El auto afirma rotundamente que "la candidatura impugnada no es más que un instrumento de ETA/Batasuna". ¿Tan evidentes son las pruebas? Hay razones para ponerlo en duda: por vez primera en los juicios de este género celebrados hasta ahora, el fallo no ha sido unánime: aun sin hacer públicas las motivaciones de los votos discrepantes, cinco de los 16 magistrados se han desolidarizado de tan taxativa conclusión.

La lectura del auto suscita -como poco- serios interrogantes sobre el pronunciamiento de la mayoría del tribunal, que incluso desconoció la jurisprudencia existente acerca de la manera correcta de interpretar los silencios o la falta de condena de los portavoces de la coalición respecto a los atentados terroristas; para mayor confusión, el recurso ante el Constitucional de II-SP declara de forma clara y sin ambigüedades que "el uso de la violencia es completamente ajena a su forma de acción y cultura política". En cualquier caso, no existen datos abrumadoramente fehacientes de que los dos grupúsculos radicales de Castilla-León crearan la coalición II-SP por órdenes de ETA o la pusieran a su disposición.

La chapucera técnica jurídica de la ley de partidos 6/2002, los momentos dramáticos que precedieron a su nacimiento y las aceleradas prisas que acompañaron a su tramitación parlamentaria despertaron desde el principio temores y recelos sobre la posibilidad de una mala aplicación de su articulado. La puesta en marcha procesal de esa norma de incierto género (a caballo entre el derecho civil, el derecho administrativo y el derecho penal) queda reservada a órganos dependientes en la práctica del Gobierno (la abogacía y la fiscalía del Estado); su interpretación jurídica corresponde a una Sala Especial del Supremo de carácter mixto. La ilegalización de la coalición II-SP, cuyo recurso ante el Constitucional será resuelto esta misma semana, es un ejemplo de los riesgos sembrados por una deficiente labor legislativa incapaz de prever la eventualidad de los casos difíciles y de garantizar la seguridad jurídica.

Las anteriores resoluciones de la Sala Especial del Supremo, que ilegalizaron a Batasuna y a sus numerosas banderas de conveniencia sinónimas, apenas dejaron margen razonable de duda (cosa distinta son las paranoides denuncias del mundo nacionalista contra cualquier decisión judicial adversa) respecto a la solidez de las pruebas aportadas contra unas organizaciones o candidaturas al servicio estructural y funcional de la banda terrorista. El auto de 16 de mayo, sin embargo, puede contaminar con efectos retroactivos la limpieza de esos previos pronunciamientos judiciales recurridos ante el Tribunal de Estrasburgo, así como suministrar material pirotécnico a las campañas de ETA dirigidas a hacer de la mentira verdad.

Las fuerzas democráticas deberían extraer de esta desgraciada experiencia la inquietante conclusión de que la ley de partidos podría facilitar en el futuro un deslizamiento todavía mayor hacia aberrantes aplicaciones antidemocráticas de su articulado. Resulta necesario emprender cuanto antes una reflexión sobre la forma de impedir esa deriva con una adecuada reforma de su contenido.

Javier Pradera

La píldora

Un artículo de Pilar Rahola...

La píldora era controlada, gratuita y pública, y ahora será descontrolada, costosa y privada; ¿es un progreso?

Mi primera reacción, ante la noticia de la gratuidad de la píldora del día después, fue la de manual. ¡Bien!, me dije. Ahora los jóvenes estarán más protegidos ante el embarazo no deseado; es una medida avanzada, necesaria, bla, bla, bla. Es decir, reacción pavloviana, generada, no en la materia gris del cerebro, sino en algún recoveco de la zona reptiliana, allí donde habitan las obviedades y las consignas. Sin embargo, dos minutos después, superada la salivación automática, conseguí la conexión entre algunas neuronas indolentes y cometí el peor pecado de estos tiempos: me hice algunas preguntas. Veamos.

¿Realmente se trata de una decisión que evitará embarazos no deseados?; ¿es más avanzada socialmente que la situación que teníamos hasta ahora?; ¿se beneficiarán los jóvenes? Y más allá del hecho coyuntural, ¿esta medida ayudará a entrar en la sexualidad adolescente con mayor seguridad y madurez? Y a partir de aquí, desechadas las respuestas precocinadas, propias de los que dividen el mundo entre "progres y carcas", sin saber que el mundo es más transversal, y mucho más equívoco, a partir de aquí, decía, mis propias respuestas resultaron francamente incómodas. No. La decisión del Gobierno de permitir la compra sin receta de esta píldora ni me parece una medida útil, ni me parece progresista - es decir, no me parece un progreso para la sociedad-ni me parece nada buena para las jóvenes a las que va dedicada.

Primero, por la intención. Estoy convencida, y perdonen mi tendencia a mal pensar -es mi vacuna contra la propaganda-, de que esta medida es de la misma factura de otras que abundan últimamente. Es decir, tenemos una grave crisis económica, nadie del Gobierno sabe qué hacer, aparte de ir vaciando las arcas públicas, las encuestas envían el talante a la zona oscura de la fuerza, y ante la desesperación, algún brujo de Ferraz cree que ir sacando conejos provocadores de la chistera es una forma de desviar la atención, por la vía de cabrear a la derecha más irredente. A Zapatero siempre le han funcionado las tres patas del catecismo: meterse con la Iglesia, contentar a los colectivos gais y dar alegrías al lobby feminista.

Ello no significa que muchas de sus decisiones no sean acordes con el deseo de una sociedad más justa, pero es evidente que otras presentan el tufillo del oportunismo político. Debe de pensar ZP que, en tiempos de ahogo económico, buenas son las tortas ideológicas. A pesar de ello, si la medida fuera socialmente buena, tendría poco que decir. Pero no sólo me parece un burdo tactismo. También me parece una medida harto arriesgada. Estamos hablando de ofrecer una importante carga hormonal, nada inocua, sin receta ni control ninguno, a un colectivo especialmente joven. Hasta ahora teníamos una píldora controlada, gratuita y pública. Ahora tendremos una píldora descontrolada, costosa y privada. ¿Dónde está el progresismo? ¿En abandonar a las jóvenes a su suerte, sin ningún consejo ni control médico? ¿En enviar un mensaje que banaliza un medicamento hormonal, con el equívoco de que se trata de un método anticonceptivo? ¿O se trata de vender la idea de que la sexualidad es buena a cualquier edad y de cualquier manera, yel único problema es el embarazo? ¿Dónde dejamos, entonces, las enfermedades de sexual? Personalmente, la me parece otra, alejada del empacho de pijoprogresismo que nos afecta.

Primero, es necesario hacer una prevención pública contra el sexoinseguro, mucho más seria que la que se hace en la actualidad. Segundo, cualquier medicamento hormonal debe tener un mínimo control médico, especialmente si va dirigido a jóvenes. Y tercero, no es bueno banalizar las relaciones sexuales, y menos banalizar los riesgos. ¿Qué hay de malo en controlar los medicamentos? ¿No lo hacemos con aquellos que van dirigidos a los adultos? ¿Entonces? Por supuesto, hay que luchar contra los embarazos adolescentes. Pero nunca por la vía de descontrolar la medicación hormonal, convertirla en una especie de aspirina y dar una imagen banal de un gran problema. ¿Medida, pues, progresista? Sólo si el progresismo se basa en hacer progresar la irresponsabilidad.

Pilar Rahola en La Vanguardia.

Consejeros

En Europa los políticos buscan en sus consejeros el consenso, no el debate abierto y sincero

Es alto y delgado, tiene los ojos pequeños y la mirada astuta. Con 82 años el paso es algo precavido, pero firme. La chaqueta blazer azul y las gafas Ray-Ban parecen haber estado siempre ahí; de hecho, da la impresión de que su aspecto no desentonaría nada en las calles de Saigón en los años sesenta. Se trata de Zbigniew Brzezinski, consejero de Seguridad Nacional del presidente Jimmy Carter entre los años 1977 y 1981, toda una leyenda de la política exterior, alguien cuya fama sólo rivaliza con la de Kissinger, el consejero de Seguridad Nacional de Nixon.

Estamos en Estocolmo, donde el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores se ha reunido para analizar las consecuencias que la crisis está teniendo sobre la política exterior de la Unión Europea. Timothy Garton Ash resumió con su especial brillantez lo allí discutido, así que obviaré deprimir aún más al lector con los pronósticos sobre la irrelevancia de Europa que allí se manejaron.

Pero más allá de su análisis sobre el radical giro emprendido por Obama en política exterior (y las enormes dificultades que enfrenta), la personalidad de Brzezinski me lleva a una reflexión más general sobre el papel de los consejeros de Seguridad Nacional, esos hombres (y mujeres, en el caso de Condoleezza Rice) a quienes se ha descrito como "los arquitectos del poder americano", unas personas cuyo trabajo es asegurarse de que el presidente reciba todos los días la información que necesita para entender el mundo, los desafíos que enfrenta su política exterior, las opciones que tiene ante sí y, sobre todo, una visión clara de sus consecuencias.

Se trata quizá de uno de los puestos más difíciles de la Administración: no es el jefe de Gabinete, ni tampoco dirige los servicios de inteligencia o está al frente de los departamentos de defensa o exteriores, por lo que está obligado a navegar entre unos pesos pesados que pueden hacer enormemente difícil su trabajo. Cada consejero ha respondido a un estilo diferente: unos, como Kissinger, lograron un ascendiente sobre Nixon que nadie ha igualado, y otros, como Rice, han sido criticados por carecer de influencia. Sin embargo, parece evidente que cada tándem es único y que su carácter depende tanto de la personalidad del presidente como de la de su consejero, por lo que las combinaciones posibles son múltiples. Véase si no el contraste actual entre el presidente Obama, un afroamericano con un pasado como voluntario en los barrios más difíciles de Chicago, y James Jones, un general de marines que exuda disciplina militar por todos los poros.

Más allá de las personalidades, todos ellos tienen, en palabras de Brzezinski, una única obligación: "Ser brutalmente sinceros con el presidente". Se trata de una necesidad del puesto, forjada en los días de la guerra fría cuando su trabajo consistía en localizar al presidente a los cuatro minutos de haberse detectado un lanzamiento de misiles balísticos por parte de la Unión Soviética; junto con él, estudiar las opciones de respuesta y lanzar una represalia nuclear que, siete minutos después, sería imposible de detener, todo ello con pleno conocimiento de que provocaría unos cincuenta millones de muertos por cada lado.

En Europa carecemos de una tradición similar, en parte porque nuestros Gobiernos se rigen por una tradición administrativa en la que los políticos buscan en consejos y consejeros el consenso, no el conflicto entre diversas opciones y visiones. Ello repercute en instituciones de asesoramiento y análisis que carecen de valor alguno, por lo que languidecen o nunca son convocadas. En nuestro país, el Consejo de Política Exterior es un ejemplo claro: todos los Gobiernos han intentado hacer algo con él, para a continuación ignorarlo. El coste, sin embargo, es evidente: sin instituciones que canalicen la voz de los diferentes actores involucrados en un problema, que sean capaces de debatir abiertamente diferentes visiones y servir para el intercambio franco de opiniones contradictorias, la coordinación de la política exterior (como de cualquier otra) será débil y se producirá a posteriori. El resultado será una política fragmentada, que sólo puede ser analizada desde las decisiones adoptadas, nunca desde el diseño que inspiró dichas decisiones. La política así ejecutada se convierte en lo que Charles Lindblom describiera en un clásico trabajo de 1959 como "la ciencia de salir del paso".

José Ignacio Torreblanca en El País.

Euskadi, tiempo de descompresión

El Gobierno de Patxi López deja atrás el paradigma de la identidad y se centra en la ciudadanía

El nuevo Gobierno Vasco ha sido recibido por muchos, y no sólo en Euskadi, como un experimento fundado una vez más sobre lo identitario, sólo que esta vez invertido en su sentido habitual. Para estos críticos, la entente que soporta el Gobierno se basaría sólo en el antinacionalismo vasco.

Éste es un diagnóstico que, incluso cuando se formula de buena fe, resulta superficial y apresurado, porque desconoce la lenta pero sostenida evolución del pensamiento y del sentimiento no nacionalista en el País Vasco. Una evolución que les ha llevado a alejarse de antiguos planteamientos antinacionalistas primarios y puramente negativos para profundizar en el valor de la ciudadanía como vínculo primario de la esfera pública. Patxi López no presenta hoy la ciudadanía como una alternativa al sentimiento nacional vasco, sino como una praxis capaz de integrar este tipo de sentimientos, aunque sea trascendiéndolos a otro plano diverso. Por eso, resulta probablemente más correcto leer el nuevo Gobierno como un ejercicio de verdadera descompresión identitaria que como uno de mera sustitución de hegemonías de esa naturaleza. El socialismo vasco puede hacer lo que el catalán no ha sabido llevar a cabo, salir del paradigma absorbente de la identidad, quizás porque su maduración ha sido más áspera, más lenta y más exigente.

La sociedad vasca ha vivido sometida a una fortísima presión identitaria, ejercida desde el poder político nacionalista con un doble objetivo: por un lado, el de hacer creíble una demanda incremental de autogobierno que culminaba en la autodeterminación de facto; para ello era necesario que la población percibiera como urgente y trágico lo que en realidad era más que opinable en su conveniencia y más bien aburrido en su administración. Por otro lado, las políticas fuertes de construcción nacional insistían machaconamente en los rasgos diferenciales a costa de los comunes, en lo concreto a costa de lo abstracto. Los últimos diez años han sido así la apoteosis de una sobretensión inducida desde el Gobierno, en gran parte de naturaleza artificial e impostada.

El nuevo Gobierno aporta, por el contrario, una bajada de tensión. Las acusaciones de que en el fondo practicará la política desde otra identidad diversa (la cruzada de que habla Ibarretxe) parecen responder más a una frustración que proyecta sus sentimientos en el otro que a una predicción verosímil. En realidad, es el nacionalismo el que corre el riesgo de constituirse en cruzada de oposición étnica. Porque la orientación socialista, más que en el frentismo identitario, se inspira en la teorización de Mario Onaindía acerca del posnacionalismo, considerado como una etapa en la que Euskadi se ha constituido por fin como comunidad política autogobernada en la que las tradicionales demandas nacionalistas han hallado satisfacción y cauce razonable para ejercerse en plenitud.

Por otro lado, éste es un Gobierno marcado por la necesidad, tanto en su origen como en su futuro. En su origen, porque los resultados electorales no dejaban a socialistas y populares otra posibilidad que la adoptada, salvo la de suicidarse políticamente. Y en su desarrollo, la necesidad aparece como némesis amenazante: difícilmente volverá a existir una segunda oportunidad para demostrar que el País Vasco puede gobernarse desde el no nacionalismo. Por tanto, PSE y PP se la juegan a una sola carta, no caben errores, y lo que es más importante, lo saben. No ya porque los partidos nacionalistas serán implacables en la denuncia de cuanto les disguste, que lo serán en todo caso (clamarán incluso contra lo que les guste); sino sobre todo porque la ciudadanía vasca está harta de sobretensión y sectarismo, y espera árnica identitaria. En pocas ocasiones como aquí y ahora se cumplirá tan a rajatabla la idea de que la política es el arte de hacer bien lo que de todas formas es lo único que se puede hacer.

¿Un Gobierno débil? Todos los Gobiernos desde hace muchos años han sido minoritarios en Euskadi, lo que quita peso a la acusación. Por mucho que amague en esa dirección, difícilmente se embarcará el PNV en una política de tierra quemada o de apoyo a un polo soberanista de oposición sistemática. Por ahí nada tiene que ganar, sino sólo aplazar y emborronar un debate interno siempre pendiente. Apelar a la mayoría sociológica vasca como argumento para contradecir a la mayoría democrática es tanto como aceptar que ETA y sus acólitos cuentan como ciudadanos normales, y que el PNV puede liderar a tan arriscados socios. Una ilusión sin recorrido político real. Al final, el placer por exhibir músculo patriota puede volverse en contra del nacionalismo, como la próxima huelga convocada por el sindicalismo soberanista y apoyada por Batasuna probablemente demostrará. La sociedad vasca está cansada de intransigencia, y eso se va a aplicar al nuevo Gobierno (cómo no), pero también a la oposición.

Descompresión identitaria, respeto por la legalidad y por los consensos básicos que se pretendieron superar alocadamente a golpe de referéndum, poner a trabajar a la Ertzaintza a tope en lo que sabe y puede hacer, y utilizar los márgenes de maniobra que el Cupo permite para orientar una recuperación económica. Con esos pocos mimbres se puede hacer un buen Gobierno. Un Gobierno que sea capaz de reconocer humildemente qué es lo necesario, en lugar de encandilarse con lo deseable. Pura ética de la responsabilidad.

José María Ruiz Soroa es abogado.

Treinta años gobernando la proximidad

En abril de 1979 nacieron los ayuntamientos democráticos. Su trabajo en la mejora de las ciudades y pueblos de España ha sido crucial. Ahora afrontan muchas tareas nuevas sin los correspondientes recursos

Los gobiernos locales necesitan fondos propios que los emancipen de la economía del ladrillo

Es decisivo su papel en el empleo, la protección social y la integración de los inmigrantes

El 19 de abril de 1979 tomaron posesión los primeros alcaldes democráticamente elegidos en los más de 8.000 municipios españoles. Treinta años después estamos redescubriendo a los municipios. La pieza clave del Gobierno de Zapatero para combatir la crisis han sido los miles de millones de euros entregados a los gobiernos locales para animar y mantener la ocupación. Constatamos que lo que hacen los municipios tiene que ver cada vez más directamente con el bienestar de la gente. Y crece la convicción de que el factor de la proximidad es un elemento clave para mejorar la calidad y la eficacia de los servicios públicos.

Pero los gobiernos locales malviven con precariedad de recursos, acumulación de tareas sin el adecuado reconocimiento legal o financiero y trabajando sin red, cara a cara con los ciudadanos. Hace años que se viene hablando de configurar un nuevo escenario para el poder local. Se han sucedido ministros, comisiones y borradores de ley, y no se ha desatascado el tema. En este inicio de siglo, los municipios españoles siguen esperando un nuevo marco competencial y financiero que reconozca y potencie su papel central en el bienestar ciudadano. La gente sabe que tener un gobierno local eficaz y eficiente es garantía de mejor calidad de vida, y no es ajeno a ello que los gobiernos locales sean la esfera de gobierno mejor valorada por los ciudadanos.

En estos 30 años, después de reconstruir ciudades y pueblos abandonados durante décadas, la agenda municipal se ha ido complicando. A los clásicos temas de urbanismo y servicios se han añadido los problemas ambientales y la perspectiva de sostenibilidad, el impacto de la inmigración, la irrupción de las nuevas tecnologías y las carencias educativas, junto con exigencias de mayor participación social. Todo ello en un proceso marcado por la creciente individualización y la crisis de las estructuras familiares tradicionales. En todos estos temas han estado implicados los ayuntamientos, y a pesar de ello, sólo han sido noticia por problemas de corrupción política y urbanística. Problemas que eran el espejo administrativo en el que se miraba un "modelo" económico de desarrollo basado en el ladrillo y el pelotazo inmobiliario.

Es evidente que el poder próximo es también el más vulnerable. Las carencias presupuestarias de los ayuntamientos encontraron alivio en las recalificaciones y las plusvalías que generaban. Pero ese "círculo virtuoso" en el que todos parecían ganar, acabó generando espacios grises en los que ya nadie sabía a quién se estaba pagando, ni desde qué base legal. Se necesitan reformas institucionales que lo eviten, sin convertir a los ayuntamientos en menores de edad institucional. Y para ello es importante dignificar la estructura financiera municipal. Con fondos propios, no condicionados a la condescendencia coyuntural y graciable del Gobierno del Estado o de las Comunidades Autónomas.

La realidad es que los gobiernos locales deben hacer frente a nuevas necesidades sociales en las que concurren competencias de otras esferas de gobierno. Se van aprobando nuevas leyes y decretos que inciden en la autonomía municipal y en su capacidad de actuación. Existen infinidad de materias en las que intervienen el Estado, las Comunidades Autónomas y los gobiernos locales y el sistema de atribuciones competenciales deja casi siempre a los municipios a merced de normas sectoriales, estatales o autonómicas. Leyes sobre sanidad, educación, vivienda, ocupación, equipamientos comerciales, seguridad ciudadana, inmigración, por poner algunos ejemplos, provocan un debate político y social que olvida la realidad municipal. Los gobiernos locales, sin competencias formales específicas y significativas en muchos de esos campos, está constantemente bregando para hacer frente a las necesidades de la ciudadanía en estos terrenos, mientras se le va cargando con nuevas responsabilidades que no van acompañadas de los recursos suficientes. En este contexto, deberíamos descentralizar determinadas competencias a los entes locales, dando sentido a los principios de proximidad y de subsidiariedad, como han hecho algunos de los nuevos Estatutos de Autonomía.

No es sólo un problema de reequilibrar las esferas de gobierno y administración. Lo significativo es que los gobiernos locales ejercen una aportación específica y cualitativamente significativa en la reestructuración de los modelos de bienestar, y lo que reclaman es que ello se reconozca, formal y financieramente. En educación quién mejor que la esfera municipal para vincular formación y cohesión social, para adaptar la escuela al entorno y establecer alianzas sociales, para integrar la diversidad de recursos locales en el proceso educativo a lo largo de toda la vida. Igualmente, en el mercado de trabajo es innegable la conveniencia de la descentralización de las políticas activas de ocupación dada su dimensión integradora y su capacidad para aprovechar mejor las oportunidades de empleo, como reconoce el Plan Zapatero de inversión local. Igualmente, en política de vivienda el gobierno local debería tener más protagonismo, dada la estrecha relación que vincula proceso urbanístico y oferta de vivienda.

Asimismo, es en la esfera local donde se identifican mejor las situaciones de marginación y exclusión, muy relacionadas con problemas de degradación de barrios específicos. La experiencia de la llamada Ley de Barrios en Cataluña y sus secuelas en otras comunidades autónomas, muestran la potencialidad de la concertación entre gobiernos autonómicos y gobiernos locales en procesos integrales de regeneración urbana. Sin el esfuerzo de los ayuntamientos, la gran transformación que implicó la llegada súbita de millones de inmigrantes no hubiera sido manejable. Porque no hemos tenido políticas de inmigración, hemos tenido políticas de extranjería. Y sólo los gobiernos autonómicos, y sobre todo los locales, han asumido la tarea de articular día a día los procesos de acomodación e inclusión de los nuevos residentes, y ese papel debe ser reconocido institucionalmente.

Por otro lado, al lado de la mayoritaria España urbana, se precisan políticas específicas para los municipios rurales que aborden la baja densidad, la falta de economías de escala que hagan rentables inversiones de infraestructura o de comunicaciones, la baja cobertura técnica de sus instituciones o la necesidad de repensar su desarrollo. Y son también los municipios los principales bancos de prueba de metodologías de desarrollo comunitario y de nuevas formas de participación ciudadana.

Como reclama la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en su declaración sobre el 30 aniversario de la democracia local, el debate sobre los ayuntamientos deberá no sólo establecer su papel institucional, sino también incorporar el tema de la financiación. Es necesario considerar fórmulas de financiación como la participación de los entes locales en el IRPF autonómico. Esta vía incrementaría la transparencia del sistema de financiación municipal y ayudaría a establecer una mejor vinculación del IRPF con los servicios que financia. Convendría, asimismo, que se les permitiera un endeudamiento controlado y que se les eximiera del IVA en ciertos casos, reforzando al mismo tiempo los incentivos a mancomunarse y los controles que sean necesarios.

Pero éste no es un asunto estrictamente español. El debate sobre la necesidad de fortalecer y mejorar el rendimiento del gobierno local para contribuir al bienestar y la cohesión social, tiene una dimensión global. Así se desprende del Primer Informe Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (www.cities-localgovernments.org), aparecido hace unos meses. En uno de sus trabajos, Amartya Sen afirma: "El indigente desesperado que desea simplemente seguir vivo, la mujer de hacer faenas que busca algunas horas de respiro, el ama de casa sometida que lucha por un poco de autonomía individual, probablemente todos ellos han aprendido a formular deseos que corresponden a sus situaciones". Sus deseos nos pueden parecer pequeños, pero, como concluye Sen, "en algunas vidas, los pequeños espacios, las pequeñas cosas, importan mucho". He ahí la clave del valor de la proximidad, y el valor diferencial que pueden aportar unos gobiernos locales, dispuestos a compartir protagonismo con la ciudadanía, dotados de competencias y recursos suficientes y de los controles necesarios.

Joan Subirats es director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la UAB.

La ingravidez de la ley

En España se legisla rematadamente mal. Las normas se están volviendo inútiles y testimoniales

Ya se empieza a mirar con incredulidad esa suerte de voluntarismo que exhiben las autoridades ante cualquier atropello de que se tiene noticia, sea un acto de terror, un episodio de corrupción urbanística, un desastre de tráfico o un caso de malos tratos a la mujer. Para todas las calamidades tienen la misma respuesta: sobre los responsables -repiten una y otra vez- caerá todo "el peso de la ley". Lo que sucede es que de unos años a esta parte la ley está perdiendo peso sin que los principales interesados en mantenerla en forma parezcan preocupados por ello. Y al paso que va terminará por pesar tan poco que pueda ser considerada una entidad ingrávida.

Cuando uno es gobernante y esgrime todo el peso de la ley no está expresando sentimientos. Eso vale para el universo simbólico del poder, pero si no va acompañado de una panoplia eficaz de medios, acaba en un puro brindis al sol. Una cosa es anunciar leyes, amenazar con ellas, proyectarlas y publicarlas en la Gaceta, y otra muy distinta aplicarlas. Hace ya muchos siglos que resuena la voz sabia de Sófocles: no des órdenes que no puedas hacer cumplir. Pues bien, parecemos estar asistiendo a un incremento de prescripciones legales y admoniciones públicas que tienen algo de baladronadas jurídicas, porque no van a poder hacerse cumplir. El problema es serio, porque el cumplimiento espontáneo de la ley, que es producto de la deferencia ciudadana hacia su letra, está empezando a debilitarse a la vista de tanta frustración. Las promesas que se hacen en el mundo simbólico de la publicidad jurídica resultan fallidas en la vida cotidiana de la aplicación de la ley. Y la gente está empezando a desconfiar.

Lo más paradójico de semejante situación es que ha sido producida por la incuria de quienes tienen necesidad de la ley para llevar adelante sus programas. En efecto, todos los partidos políticos, cualquiera que sea su esfera de acción (estatal o regional), aspiran a ganar el favor de los electores con el objetivo de transformar su programa y sus ideas en normas jurídicas, en leyes. Y la paradoja es que al condescender con el estado lamentable en que se encuentra la legislación como herramienta de gobierno, están castrando sus propias posibilidades de actuar. La alternancia en el gobierno no ha servido en este punto para nada. Siempre se detecta la misma incoherencia moral: cuando se está en la oposición se demandan medidas sobre el proceder legislativo que nunca se aprueban cuando se está en el Gobierno. Todos los grupos parlamentarios exigen con gesto severo cosas que no hacen cuando gobiernan. En las Cortes Generales se prefieren las escenas de desacuerdos y broncas, cuanto más sonadas mejor, porque con ellas

se excita la sinrazón del ciudadano, que es lo que la política-espectáculo persigue. Nadie se ocupa de mejorar la elaboración de las leyes ni de hacer más efectiva su aplicación porque eso no hace ruido, lleva tiempo y demanda raciocinio. El resultado es que el poder de legislar reside en dos Cámaras que carecen de los indispensables medios y resortes técnicos para hacer las cosas bien. Sí, en España se legisla rematadamente mal. Tras más de 15 años ocupándome de la ley y su impacto social creo poder afirmar que se está tornando poco a poco una herramienta normativa testimonial e inútil. Y lo que pueda pasar cuando, ante el anuncio de una nueva ley, la gente empiece a encogerse de hombros, es algo cuya gravedad es difícil de exagerar.

Tomemos, si no, como ejemplo un característico paquete de leyes del Gobierno actual: las relativas a la violencia de género, la persecución de conductores imprudentes, la ayuda a la dependencia, o la erradicación del tabaquismo. Son políticas generalmente aceptadas, aprobadas además con amplios consensos. Si se hicieran realidad en la vida cotidiana, supondrían un importante avance en las condiciones de vida de los españoles. Pero no acaban de hacerse realidad. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ha habido que formularlas como leyes, y las leyes son en España un vehículo torpe y lento de afectar la realidad. Sus deficiencias técnicas y las enormes carencias de los órganos que han de aplicarlas hacen de ellas mandatos normativos que operan muchas veces en el vacío.

En el proceso de elaboración de las leyes aparecen siempre demagogias, presiones, ideas encontradas, intereses en conflicto, problemas de encaje en el ordenamiento, condicionamientos formales y materiales, y muchos otros inconvenientes. Pero por eso mismo es preciso reconducir en algún momento ese proceso hacia alguna institución solvente que ponga orden en el proyecto y trate de salvar las dificultades. Nosotros, lamento decirlo, carecemos de esa institución. Porque las Cortes Generales no se ocupan de tales cosas. Y por eso aparecen en la Gaceta esos engendros deformes que ha dado en alumbrar nuestro proceso legislativo. Leyes puramente simbólicas, contradictorias muchas veces, imposibles de aplicar otras, carentes de apoyo económico con frecuencia, meros deseos tantas otras, y así hasta decir basta. No exagero. Juristas de todas las convicciones están ya hartos de denunciarlo. Y tampoco atañe a este o aquel Gobierno. Todos ellos parecen pugnar por caer más y más en las politiquerías cotidianas en lugar de cultivar la altura de miras necesaria para acometer una política seria sobre los instrumentos fundamentales de la gobernación.

Y luego viene la segunda parte. Una vez que la ley está en la pacienzuda Gaceta hay que aplicarla. Y aquí simulamos habernos caído súbitamente del guindo. De pronto ha hecho eclosión en la prensa lo que todo el mundo sabía pero nadie quería saber: el lamentable estado de nuestra justicia como organización institucional. Miles de causas sin ejecutar por aquí, descoordinaciones elementales por allí, ignorancia de los más elementales criterios de organización institucional, dilaciones de años en cualquier procedimiento, ineficacia palmaria de las leyes aprobadas, episodios de sectarismo judicial, escandalosas anécdotas sobre pérdida de causas, rebelión de los cuerpos judiciales, sobrecarga insoportable de jueces y funcionarios, y una interminable lista de averías y goteras (metafóricas y reales).

Desde que se aprobó la Constitución con sus exigentes parámetros jurídicos hemos estado practicando la falacia del nirvana: pensar al legislador y al Gobierno como actores importantes pero corruptibles, dispuestos a traspasar límites, a ceder a tentaciones. A su lado, por fortuna, estaba la judicatura, a la que se encomendaba toda garantía, todo control jurídico, toda vigilancia de los valores constitucionales. Nadie estaba ya al arbitrio de ningún poder porque allí estaban los jueces. Entre unos poderes viciosos y unos jueces puros, capaces, trabajando sin límites de tiempo e información, y adornados con todas las virtudes del gran jurisconsulto, ¿quién iba a dudar? Pero resulta que eso era el nirvana; la realidad es otra que nadie, ni siquiera su famoso órgano de gobierno, ha abordado con seriedad. No es que nos salga súbitamente al paso ahora; ya estaba ahí hace demasiados años (hace ¡ocho! nada menos la llamé aquí La cuestión de Estado (EL PAÍS, 21/2/2001). Y revela su cruda verdad: una justicia administrada por juzgadores desbordados, sin apoyo económico, sometidos -sí- al imperio de la ley, pero de una ley muchas veces endeble, hueca, sin peso, ingrávida. Sin duda, un problema de Estado, pero ¿dónde están los estadistas?

Francisco J. Laporta es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.