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No tienen ni para comer

Casi 600.000 personas viven de la caridad en España al haber perdido el trabajo, los ahorros, las prestaciones del paro, la ayuda familiar o la vivienda

Poco antes de la medianoche, tres estudiantes de Derecho de la Universidad Autónoma, dispuestos a pasar la noche en blanco para lidiar con una asignatura hueso, se toparon en la zona de Arturo Soria de la ciudad de Madrid con un inmigrante senegalés que les pedía comida.

El examinando Sebastián volvió a su casa, muy cerca, y preparó un bocadillo de jamón, dos melocotones y tres galletas de chocolate. Durante la espera de la manduca, el africano relató a Santiago y Azul, los otros dos estudiantes, que su hermano había muerto durante una horrorosa travesía en patera hacia España. Él salvó la vida, pero las estaba pasando canutas. "No nos pidió dinero, sólo comida. Tenía hambre de verdad", recuerda Sebastián.

Una semana después del piadoso encuentro, el español Antonio también se declara hambriento, y maldice contra la inmigración en el comedor social Vicente Paul, en Madrid. Antonio es una de las 597.172 personas que vive de la misericordia desde el pasado año, casi 200.000 más que en el 2007, según el último informe de Cáritas Diocesana. "Como no llegues en patera estás jodido. Nadie te ayuda. Dice el Gobierno que no tiene más recursos. Claro, se los llevan los morenos y los sudacas", protesta. Los extranjeros son mayoría en el comedor de la abnegada Sor Ramona. "Antes dábamos de comer a unas 450 o 500 personas, pero este año hemos llegado a un pico máximo de 648. Son familias y gente que lo ha perdido todo. El 75% son inmigrantes. Una situación muy triste", dice la religiosa.

Antonio, que frisa los 50 años y nada tiene, ni siquiera cordura, arrebatada por las turbulencias de la crisis, encadena los insultos racistas y las imprecaciones contra José Luis Rodríguez Zapatero y, en su defecto, contra Mariano Rajoy. "No te alteres, el señor no tiene la culpa. Sólo ha venido a hacernos una entrevista", le tranquiliza otro español, Vicente, también en la cincuentena y en la lista de Caritas, que registra un aumento del 50% en el índice de menesterosos incapaces de atender por sí mismos sus necesidades básicas por no tener trabajo o haber agotado las prestaciones del desempleo. El abrupto descenso hacia la pobreza ha enrabietado a Antonio, soltero, torvo con los comensales africanos o latinoamericanos de las mesas próximas.  

"He cotizado casi treinta años y aquí me ve comiendo de lo que me den las monjas. Mi último trabajo fue encofrador, oficial de primera. Se hundió la empresa y todos a la puta calle". Se comió los ahorros, las prestaciones del paro y pernocta en casa de una hermana. "No sé por cuanto tiempo porque ella también tiene problemas. Menos mal que no me metí en una hipoteca porque sería peor". Su compañero de infortunio Vicente, carpintero, conductor, camarero, o lo que haga falta, exige amparo oficial: una masiva operación de rescate "Duermo en un cajero después de cotizar 25 años. Sólo cobro 350 euros para los mayores de 50. ¿Qué puedo hacer con eso? El Gobierno no puede permitir lo que estamos pasando. Mi ex se quedó con la casa y yo sin trabajo. Todo a la vez". ¿Su familia no le echa una mano? "Son obreros. Bastante tienen". Vicente trocea la ración de caballa y guarda una mitad en bocadillo. "Ya sabe, para cenar".

Los testimonios recogidos en albergues y comedores sociales, en los que impera la amargura o la rabia, certifican las conclusiones del informe La respuesta de Cáritas ante la crisis, que propone una protección equivalente al 80% del salario mínimo interprofesional como medida de subsistencia. La subida más impactante en los porcentajes de solicitudes de ayuda corresponde a la de alimentos: en el año 2008, un 89% más que en 2007; siguen las demandas para gastos de transporte, una subida del 87,3%, y de vivienda, un 65,2%. "El Estado y las comunidades autónomas deben llegar a un pacto para incrementar los recursos", pide Silverio Agea, secretario general de Caritas.

El veinteañero Bagayoko, de Costa de Marfil, que se acerca al centro de acogida San Isidro, también en Madrid, saltaría de gozo con algo más de la pedrea oficial en su poder. No teme a la pobreza porque nació con ella, pero sueña con un coche y un palco en el Bernabeu. "Sin papeles no hay esperanza. Espero que algún día llegue mi oportunidad". Sobrevive vendiendo pañuelos en los semáforos o de gorrilla, cuando le dejan, en los aparcamientos de la sede central del Ministerio de Hacienda.

El matrimonio peruano que recoge una bolsa de comida en el centro de Hijas de la Caridad llegó a España para ahorrar y montar un negocio en Lima, pero malvive en la madre patria. Imaginaron una realidad inexistente. Wilson y Esmeralda, que no llegan a los 40, entraron en barrena cuando ella quedó embarazada de su segundo hijo y fue despedida de un bar con un finiquito ya consumido. "El dueño de un taller que me contrató sólo cotizó por mí un mes, después de haber trabajado con él más de un año. No pude cobrar el paro", agrega Wilson. "Nunca me imaginé esta situación cuando cobraba casi 2.000 euros al mes. Pagábamos una hipoteca de 700 euros pero hace meses no lo hacemos".

El perfil de los peticionarios de ayuda suele cuadrar con estos patrones: familias de cuatro miembros, dos adultos y dos niños, con ingresos de 800 a 1.200 euros mensuales netos, y una hipoteca de 700. El hombre pierde el trabajo y la mujer sostiene el hogar con un empleo a tiempo parcial de doméstica. Los ingresos se reducen entonces hasta los 500 euros, mientras la hipoteca asciende hasta cerca de los 900 euros. Hay familias con 800 euros de ingresos e hipotecas de 1.400. La desesperación les conduce a los comedores sociales, antesala del probable retorno.

"¿Qué quieres que te diga? ¿No está viendo usted lo que me pasa?" Los inmigrantes son más receptivos al diálogo que los españoles, mayoritariamente atrapados por la crisis y el mal genio, reacios a la admisión de sus calamidades. "Por favor, déjeme en paz. Tengo muchos problemas". "No quiero hablar con periodistas porque después publican lo que les sale de los..."

La mayoría de quienes despiden al informador con cajas destempladas le cuentan de buen grado sus penas son damnificados de la construcción, la hostelería o, más recientemente, de la industria: también mujeres con problemas de conciliación de la vida laboral y familiar, hombres solos o divorciados, e inmigrantes sin papeles o a punto de perderlos al no poder renovar su tarjeta de residencia por carecer de empleo. Todos tienen una historia, incluso el hombre iracundo de una cola que invita al presidente del Gobierno: "¡Dígale a Zapatero que venga aquí, que venga a debatir con nosotros!".

Juan Jesús Aznarez para El País.

Los municipios ahogan a las constructoras

Las empresas de servicios abandonarán contratas de Ayuntamientos medianos por la deuda, que calculan en 3.425 millones - Los grupos prevén despidos tras el verano

Si Urbaser cumple su promesa, los 210.000 habitantes de Jerez de la Frontera se quedarán en unos meses sin servicio de recogida de basura y limpieza. Esta filial del grupo ACS , harta de que el Ayuntamiento estirara los pagos hasta el infinito, ha anunciado que abandonará la concesión el próximo 23 de enero. La alcaldesa negocia in extremis con la empresa el pago de la deuda de 29 millones de euros y está segura de que finalmente llegará a un acuerdo.

La ciudad gaditana, una de las primeras en plantear una regulación de empleo, padece como pocas la asfixia financiera municipal. Pero el de Jerez no es un caso aislado: grandes constructoras ya han avisado de que renuncian a prestar servicios si no cobran. "Nuestro sector vive ahora la situación más grave desde el inicio de la democracia", dice Francisco Jardón, presidente de Aselip, la asociación de empresas de limpieza pública. Este representante de la patronal añade los nombres de Humanes, Alcalá de Henares, Huelva, Lepe o Chipiona a la lista de municipios que han recibido amenazas de las empresas para rescindir los contratos. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares dice haber alcanzado ya un acuerdo para que no se vaya Sacyr, la empresa que le presta servicios.

El problema no es nuevo. Los primeros alcaldes de la democracia ya exigían al Gobierno a finales de los años setenta que se hiciera cargo de la deuda municipal. Pero si entonces las corporaciones locales debían a las contratas de limpieza, recogida de basuras y otros servicios medioambientales lo que hoy equivaldría a unos 150 millones de euros, la cantidad ascendía el pasado marzo a 3.425 millones de euros, según los datos que maneja Aselip, la asociación que reúne a gigantes como FCC , ACS , Ferrovial o Sacyr Vallehermoso , y cuyos miembros trabajan para 6.500 Ayuntamientos y dan empleo a 110.000 personas.

La patronal calcula que de estas facturas pendientes de pago con una antigüedad superior a 60 días, más de 1.000 millones de euros corresponden a servicios que se deberían haber pagado hace más de un año. FCC arrastra el fardo más pesado. Le siguen por orden de importancia las filiales de ACS , Ferrovial y Sacyr Vallehermoso . Las cuantías varían tanto como el paisaje de una localidad u otra. Mientras que San Sebastián de los Reyes y Aranjuez adeudan una decena de millones, Granada y Zaragoza llegan a los 40, y Alcalá de Henares, León o el Puerto de Santa María a los 50, según los datos de Aselip. Madrid, con una cantidad de varios cientos de millones, es la ganadora absoluta.

Hace meses que los números rojos se mantienen más o menos estables en torno a los 3.500 millones de euros, pero el sector denuncia que otros factores contribuyen a que la situación sea ahora más insoportable que nunca. Porque muchos municipios, asfixiados por la falta de fondos, han renegociado los cánones que pagan a las empresas. Un ejemplo destacado es el de Madrid, que ha reducido en un 15% la factura que paga a FCC por la recogida de basuras. Las empresas devuelven el golpe ofertando menos servicios y, en algunos casos, prescindiendo de trabajadores. Además, la sequía en los mercados internacionales de crédito dificulta que los grandes grupos obtengan la financiación necesaria para disimular este agujero en sus cuentas.

Todo ello hace que el presidente de Aselip y directivos de varias empresas que prefieren mantener el anonimato auguren un otoño caliente -despidos, empeoramiento sustancial en los servicios, quejas vecinales...- si no se soluciona el problema.

Tanto las empresas como las corporaciones locales están interesados en que se dé publicidad a esta situación -las primeras para que les paguen y las segundas para presionar al Gobierno con la esperanza de que les permita acceder a vías alternativas de financiación-, pero individualmente no les gusta ofrecer sus cifras: ninguno quiere aparecer señalado como el que más debe o al que más le deben.

"La morosidad es una lacra de las administraciones públicas españolas que no tiene parangón en ningún país europeo. Solo se podría acercar Italia. Ha sido siempre alta, pero con la crisis ha aumentado un 20%", sostiene Jardón, el presidente de Aselip. La diferencia entre Ayuntamientos es abismal. Es prácticamente inexistente en Navarra y País Vasco. Y Cataluña tiene unas tasas de morosidad aceptables. Pero en el extremo opuesto aparecen los municipios del sur y el levante. "Andalucía tarda en pagar una media de año y medio; y Madrid, casi nueve meses. Por el peso económico de la capital, este retraso tiene una importancia brutal", añade Jardón.

Por ejemplo, solo en jardinería Madrid debe 65 millones, de los que siete se deben únicamente a los intereses por el retraso, según denunció hace poco la patronal del sector para justificar los despidos que las empresas abordarán en los próximos meses. En toda España, la deuda por conservación y mantenimiento de jardinería pública asciende a 300 millones. "Las medidas legales ante las negativas del Ayuntamiento a pagar resultan ineficaces. Y la duración de los pleitos y demandas contra los deudores reclamando los intereses de demora hacen ineficaces las reclamaciones", aseguró el líder de la patronal del sector, Francisco Javier Sigüenza. Ni las reuniones entre los representantes de Aselip y los de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ni los escritos remitidos a la vicepresidenta Elena Salgado y a sus dos secretarios de Estado han dado por ahora el resultado esperado.

Los impagos más acuciantes se centraban hasta hace poco en municipios pequeños y algunos medianos. Pero la ola de facturas que nadie hace efectivas ha llegado a muchas ciudades donde antes se pagaba razonablemente a tiempo. Los Ayuntamientos asumieron con naturalidad durante los años de vacas gordas que los ingresos que les proporcionaba el sector inmobiliario durarían para siempre, en lugar de considerarlos como ingresos extraordinarios. Pero con el crash del ladrillo, esta fuente de financiación, que en algunos municipios alcanzó hasta el 40% o el 50% del total de ingresos, se desplomó. Lo que arrastró a empresas pequeñas, medianas y grandes, incapaces de asumir unos impagos tan elevados. "Nuestro trabajo ha cambiado totalmente. Antes nos preocupábamos de buscar clientes y ofrecerles los mejores servicios. Ahora la mayor parte del tiempo lo consumimos gestionando los cobros", admite un trabajador de un gran grupo constructor.

Empresarios del sector apuntan que, pese a la asfixia financiera, el número de despidos no será demasiado elevado. Las contratas acuerdan un número determinado de operarios con los Ayuntamientos. Y solo los pueden reducir si el municipio acuerda reducir el canon que reciben la empresa. Así, los despidos no llegarán aunque la morosidad siga por los cielos, sino por las nuevas condiciones que impongan los alcaldes a las empresas.

Y los poderes locales, ¿qué dicen de todo esto? "Estamos tomando medidas de ajuste en cada Ayuntamiento, pero con el ahorro no basta. Los Ayuntamientos hemos acordado pedir al Gobierno que nos permita endeudarnos para el gasto de reposición y para las inversiones ya aprobadas", asegura Pedro Castro, presidente de la FEMP y alcalde de Getafe. Pero esto son parches que no solucionan el problema. Castro considera fundamental la aprobación del estatuto de autonomía local y la financiación local. "Aunque estos se pusieran en funcionamiento en 2014, permitiría a los entes locales ir a una entidad financiera y decir que tienen un plan viable para obtener recursos", añade Castro.

Mientras la nueva financiación local llega -y las restricciones de gasto para los próximos años hacen prever que esto no va a suceder en un futuro cercano- las empresas pequeñas, medianas y grandes esperan el próximo cobro por los servicios que ofrecen. "Es muy injusto. Ahora que los ingresos de los Ayuntamientos se han desplomado, nos hemos convertido en una vía de financiación fácil para ellos. Y actúan desde la mayor impunidad, porque son inembargables. Si un ciudadano deja de pagar su hipoteca, tiene sus consecuencias. Pero eso no ocurre cuando eres una administración pública", protesta Francisco Jardón, que pretende acercar las tasas de morosidad de las administraciones públicas españolas a los niveles europeos. Los municipios alemanes y los holandeses pagan a 30 días. Eso aún queda muy lejos.

Una factura milmillonaria

- La asociación de empresas de limpieza, que agrupa a los grandes grupos del país, estima en 3.425 millones de euros el dinero que les deben los Ayuntamientos. La deuda total de todas las Administraciones Públicas con los empresarios asciende a 12.300 millones, según los datos de Gestha, el sindicato de los técnicos de Hacienda.

- Las facturas pendientes de pago con una antigüedad que oscila entre dos y seis meses llegan a 1.698 millones de euros. De seis a 12 meses, 675 millones. Y los Ayuntamientos adeudan 1.052 millones desde hace más de un año. Solo los Ayuntamientos de Grecia superan a los españoles en los plazos de pago, según la patronal catalana Pimec.

- Las empresas de Aselip ofrecen sus servicios de limpieza, recogida de basura, jardinería, etc. a 6.500 Ayuntamientos con unos 110.000 operarios (fijos y eventuales).

- Aselip tiene registrados 11 millones de euros de deuda en Aranjuez y San Sebastián de los Reyes; 19 en la Diputación de Granada; 20 en Algeciras y Palma de Mallorca; 25 en Las Palmas; 28 en Valencia; 33 en Benidorm; 36 en Huelva; 40 en la Diputación de León y Granada; 42 en Zaragoza; 50 en Parla, Alcalá de Henares, León y Puerto de Santa María; 65 en Jaén...

- Las empresas que trabajan en Humanes, Huelva, Lepe, Alcalá de Henares, León, Chipiona y Jerez de la Frontera han iniciado los trámites para rescindir sus contratos con los Ayuntamientos.

- FCC es la más afectada por la morosidad. Le siguen Urbaser (filial del grupo ACS), Cespa (Ferrovial), Sufi S. A. (Sacyr Vallehermoso) y S. A. Agricultores de la Vega de Valencia.

- Los Ayuntamientos de Andalucía tienen una morosidad media que ronda los 18 meses. La asociación empresarial atribuye a Madrid una tardanza de "nueve meses largos", aunque el Ayuntamiento reduce esta cifra a seis o siete. Barcelona, con cuatro o cinco meses, está en una situación mucho mejor.

- El sector de la limpieza pública es intensivo en mano de obra; en algunas ramas como la de limpieza de las calles llega a invertir el 80% de sus gastos en pagar a sus operarios.

Luis Doncel para El País.

Ascensor social: fuera de servicio

La movilidad entre clases se ha estancado en España desde los años sesenta - El origen familiar es aún determinante y los cambios son de corto alcance

Sergio acaba de cumplir 32 años. Cada mañana coge la bicicleta para llegar a su trabajo en la Universidad Centroeuropea, en Budapest. Es investigador, uno de los pocos que trabaja en Europa en el campo de la pobreza energética. Largo camino desde que terminó la carrera de Ciencias Ambientales en la Universidad de Alcalá. Pero más largo aún desde que su abuelo se marchara a trabajar en una fábrica de Baviera de gastarbeiter -como llamaban los alemanes a los jornaleros extranjeros- y su padre comenzara de ayudante de fontanero a los 14 años, mientras vivía en el Pozo del Tío Raimundo, un barrio madrileño de chabolas que acogió a muchos emigrantes que venían a buscarse la vida desde toda España.

Una sociedad abierta es aquella sociedad ideal en la que los orígenes de los padres no determinan el destino de sus hijos. La historia de Sergio podría ser un ejemplo del camino hacia este horizonte final. Pero la realidad es diferente. En España, las posibilidades de remontar de clase social son las mismas que durante la industrialización de los sesenta, según una reciente investigación de los sociólogos Ildefonso Marqués y Manuel Herrera, publicada en el último número de la revista del Centro de Investigaciones Sociológicas. Se trata del tercer gran estudio sobre la cuestión que se hace en el ámbito nacional y el primero que se centra en las generaciones que adquirieron su madurez laboral desde 1965 en adelante.

A pesar de los profundos cambios estructurales de las últimas décadas -paso de una sociedad agrícola a una industrial y luego a otra posindustrial- no hay un mayor grado de apertura: "Por supuesto que en la España de hoy en día hay un mayor número de directivos y funcionarios y menos campesinos y obreros que en la mitad del siglo XX. Pero, si en los ochenta había cuatro plazas de directivos, estas venían ocupadas por tres hijos de las élites y solo una por alguien de una clase más baja. Ahora hay ocho plazas y la relación es de seis a dos; en este sentido España es un país inmóvil, no ha aumentado la igualdad", explica Marqués.

En las antípodas de Sergio se encuentra Julián, que también tiene 32 años. Su padre dejó los abruptos barrancos de una zona agrícola de Tenerife para mudarse a La Laguna a buscar un futuro mejor. Ahí terminó de asalariado en una empresa de seguros y viviendo en uno de los barrios obreros de la ciudad. Julián, que acabó la secundaria, pasa ahora los días intentando lidiar con la crisis y trabajando de forma precaria en la compraventa de repuestos de coche. Su situación académica y laboral es muy similar a la de sus padres, como le ocurre al 32,9% de los españoles. "Si no tienes estudios universitarios no hay nada que hacer. Llevo trabajando desde los 16 años porque mis padres no podían pagarme nada y 15 años después las perspectivas son iguales o peores", según Julián.

El porcentaje de adultos que a los 30 años -la edad que los sociólogos consideran el principio de la madurez laboral- pertenece a una clase social diferente a la de sus progenitores es del 67,1 %. Los movimientos entre clases sí son frecuentes, pero no de largo recorrido y se producen en su mayoría entre clases limítrofes.

La situación en España se encuentra en el entorno de la media europea, según la European Social Survey sobre el periodo 2002-2006. Mejor que Italia o Portugal. Pero aún lejos de los países escandinavos o Gran Bretaña. En este último país, por ejemplo, la posibilidad de que el hijo de un obrero poco cualificado llegue a ser directivo es mayor que la que tiene el hijo de un trabajador español. "En España se produce un ejemplo marcado de lo que Max Weber llama cierre de clase. Las élites intentan mantener sus privilegios subiendo los requisitos para entrar en ellas", dice Marqués.

"Por mucho que estudies, los hijos de papá siempre lo tendrán más fácil. Ellos son los que pueden hacer una formación extra que les asegura un buen puesto. Para acceder a esto, nosotros tenemos que endeudarnos con un banco", afirma Carmen, madrileña de 26 años. En 2008 acabó la carrera de Filología Inglesa y desde entonces hace todo tipo de trabajos precarios. Su situación es un avance, si se piensa que sus padres empezaron a trabajar con 11 y 14 años y su abuela vivió parte de su vida en una cueva murciana con sus ocho hijos.

Con mucho esfuerzo, su madre ha conseguido llegar a ser administrativa, pero Carmen siente que hay un tapón social difícil de sortear. "La educación hace que la desigualdad no aumente, pero ella sola no puede disminuirla. Cuando hay una inflación de títulos universitarios, los representantes de las clases altas defienden su estatus mandando a sus hijos a MBAs [Master of Business Administration] o a estudiar al extranjero y los colocan gracias a su entorno social", señala Marqués.

Carmen es la mileurista paradigmática: joven universitaria que vive en una gran ciudad y cuyo salario mensual no supera los 1.000 euros. La pertenencia a una determinada clase social también influye en la configuración del mileurismo. "No es simplemente una cuestión de gente joven. Es sobre todo un problema de gente humilde", afirma José Saturnino Martínez, profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna. Un estudio que presentó recientemente demuestra que entre los jóvenes de 25 y 35 años esta condición se da mucho menos en los universitarios tradicionales -varones hijos de universitarios- y más en los nuevos universitarios -mujeres y jóvenes de familias de bajo nivel de estudios-. En el primer caso, el porcentaje de mileuristas es del 26,1 %. En el de los varones hijos de no universitarios, del 42,3 %. En lo que se refiere a las mujeres, la diferencia es menor: 44,1% frente al 53,6%. "A las mujeres de orígenes populares, le pesan más sus orígenes, pero para las de clases altas, les pesa más el género", afirma Saturnino.

Para Julio Carabaña, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, el problema fundamental no es el entorno social sino el tipo de estudio que se elige: "Las carreras de Ingeniería y Medicina son frecuentadas más por hijos de las clases altas. La familia determina más el ingreso a la universidad, pero a la salida el título de estudio vale más que las diferencias de clase. Un médico hijo de obreros tiene en ese momento las mismas perspectivas cara al mundo laboral".

El estancamiento de la movilidad social coincide sin embargo con el desarrollo del Estado de bienestar en España. Para Ildefonso Marqués, la familia y ciertos mecanismos de la economía de mercado determinan más los movimientos entre clases que cualquier política equilibradora: "El único caso en el mundo occidental donde se ha producido una auténtica movilidad ha sido Suecia, sobre todo entre los años treinta y setenta del siglo pasado, aunque ahora se ha estancado. Pero para ello se necesitaron varias décadas de Gobierno socialdemócrata que permitieron a la cultura de lo público hacer brecha en la sociedad. En España, esta mentalidad está aún muy poco madura y ha sido cuestionada desde sectores liberales desde su nacimiento".

No se pueden negar, sin embargo, los beneficios de muchas de las políticas públicas que ha habido en España. Solo en el ámbito educativo, el número de titulados universitarios entre 25 y 35 años ha pasado de 812.000 en 1991 a casi dos millones en 2008. Para Saturnino, no hay que reducir todo a una lógica monetarista: "Aunque un título universitario no se traduzca en una mayor riqueza, sí garantiza el acceso a la educación, a la cultura e, incluso, a mejor calidad de vida y salud".

Una de las cuestiones más curiosas es que EE UU, donde el modelo de políticas distributivas públicas europeas se mira con recelo, mantiene tasas de movilidad muy similares. "La tierra de las oportunidades no lo es más que Europa", afirma Marqués. Pero también se puede ver de otra manera; la ética de la autorrealización individual, la mística de la eterna frontera estadounidense es tan imperfecta como el espíritu social que nutre el modelo europeo, pero cumple las mismas funciones.

Para el sociólogo Luis Moreno, profesor de investigación del CSIC, lo que caracteriza al modelo estadounidense de movilidad social son los acusados itinerarios de "arriba-abajo". Es decir, los individuos con movilidad ascendente se dan más que en el viejo continente, pero también se empobrecen con más rapidez cuando la movilidad es descendente. El modelo europeo ofrece una mayor seguridad contra los riesgos sociales a los ciudadanos con rentas bajas, situación posibilitada por sus sistemas redistributivos de progresividad fiscal.

¿Cómo facilitar la movilidad y aumentar la igualdad? Para Carabaña la educación sigue siendo el verdadero determinante: "Lo único que hay que hacer es seguir apostando por ayudas al estudio y facilitar el acceso al mundo universitario". Para Saturnino, sin embargo, es necesario también profundizar en las políticas redistributivas: "No solo basta con una educación pública, porque la escuela es un reflejo de las desigualdades que hay en la sociedad. Hay que ir más allá y universalizar cuestiones claves en el ascenso social como el acceso a los idiomas". También es importante una política distributiva equilibradora; según datos del OCDE de 2007, el total de los impuestos sobre el PIB es del 48,9% en Dinamarca y del 20,5% en México. En España es del 37,2%. "La cuestión es si queremos ser daneses o mexicanos", zanja Saturnino.

Desde Budapest, Sergio no cree que su éxito profesional se deba exclusivamente a una cuestión de esfuerzo personal. Los procesos sociales y políticos que ocurrieron en el Pozo de Tío Raimundo cambiaron la vida de su familia: la llegada en los años cincuenta del cura José María Llanos , que luego fundó la Escuela Profesional 1º de Mayo, permitió que mucha gente sin recursos pudiera estudiar. De ayudante de fontanero, su padre pasó a trabajar en una pequeña imprenta y consiguió sacarse allí el graduado escolar. "Gracias a eso, mi padre no fue albañil, sino trabajador cualificado y a largo plazo yo también he salido beneficiado", relata Sergio. Para él, lo que ocurrió en su barrio durante los años sesenta y setenta fue mucho más allá de lo económico: "La educación siempre fue fundamental. Pero además, se formó un capital social y cultural para que la gente tuviera un aprecio por todo lo que va más allá de lo material e inmediato".

"El padre Llanos llegó al Pozo siendo franquista y queriendo adoctrinar a la clase obrera. Y se fue de este mundo cristiano y comunista", cuenta Carlos Méndez, director de la Escuela 1º de Mayo. Alrededor de mil personas acuden hoy a este mítico centro, entre ellas 500 chavales de entre 12 y 16 años que cursan la secundaria y otras 500 personas en cursos de formación ocupacional para intentar salir del paro. Méndez es maestro industrial y dejó su puesto en la compañía de teléfonos Ericsson para volver a trabajar por el barrio. Según él, la movilidad entre clases que se produjo aquellos años en El Pozo hay que enmarcarla dentro de un contexto de transformación política que impulsó otras aspiraciones sociales. Ellos tuvieron "la suerte, si se puede llamar así" de nacer en una dictadura y vivir el cambio hacia la democracia. Hoy quizá, esas garantías que da el Estado de bienestar adormecen ese afán de conquista: "La búsqueda de los intereses personales tiene mucho más sentido cuando se expresa dentro de la lucha de los derechos colectivos".

Riccardo Iori y Jorge Berástegui para El País.

Su hijo es un bien de interés público

El equilibrio del Estado de bienestar peligra con el envejecimiento de la población - La inmigración no es la solución - Urge una política de natalidad multidireccional y paritaria

No es verdad que las mujeres españolas hayan dejado de tener hijos. Pero sí que tienen menos de los que les gustaría -1,4 de media-, según declaran ellas mismas. Tampoco es verdad que la inmigración sea la solución para subir la natalidad. Apenas eleva el índice que mide el número de hijos por mujer que nacen en España. La media de alumbramientos está por debajo de la media europea, aunque algunos países, como Italia, Portugal o Hungría, tienen el mismo problema. Las tendencias demográficas de las sociedades más evolucionadas son insostenibles a medio y largo plazo, insisten los expertos, sobre todo en el sur y el este de Europa, pero también en naciones del centro como Alemania o Austria. El cálculo es que España necesita alcanzar la tasa de 1,9 hijos por mujer para que el Estado de bienestar sea sostenible en esta cuestión, que no es menor. El desequilibrio entre la baja natalidad y la larga esperanza de vida puede hacer tambalear en el futuro todas las prestaciones, incluidas las vinculadas a cuatro derechos universales: educación y asistencia sanitaria gratuitas, pensiones y atención a las personas dependientes. Se olvida que los niños son también personas dependientes. Y, dada la escasez de ayudas y políticas dirigidas a su atención, parece que se cuidan solos. ¿Es sostenible una sociedad con unas tasas de envejecimiento del 25% o 30%, como predice la tendencia actual, con una natalidad tan baja? O se emprenden reformas sustanciales o esa situación se pagará cara, económica y socialmente, advierten los expertos. Hace falta un nuevo modelo y también una nueva mentalidad. El mensaje es multidireccional: a los poderes públicos, las empresas y las familias. El análisis de los expertos ayuda a romper tópicos. La demógrafa del CSIC Margarita Delgado, una de las principales expertas en fecundidad del país, empieza por resquebrajar el primero: el confiar en que se produzca una recuperación de la natalidad gracias a la inmigración. "Una cosa es la natalidad, es decir, el número de nacimientos que se producen, y otra la tasa de fecundidad. Las mujeres extranjeras contribuyen a aumentar la natalidad. Así, el porcentaje de nacimientos en España de extranjeras en 1996 representaba el 3,26%, mientras que en 2008 suponía el 20,82%", explica Delgado. "Sin embargo, lo que las extranjeras contribuyen a la fecundidad representa poco más del 6 centésimas". Y lo explica: "El promedio de hijos por mujer en España, con datos de 2008, era de 1,44; entre las españolas es de 1,36 y entre las extranjeras, de 1,85. La diferencia entre ambas es, por tanto, del 6%, que es la contribución de las extranjeras. Si pensásemos en fiar la recuperación de la natalidad en España a la aportación de las extranjeras sería una meta inalcanzable", sentencia Delgado cifras en mano. La inmigración tiene un impacto en la demografía que es su propia presencia. Otro dato es el que refleja cómo las extranjeras adoptan, al poco tiempo de llegar, los patrones españoles: en 1996, tenían de media 2,2 hijos por mujer, ahora tienen 1,85. Las inmigrantes acuden a España a trabajar y se encuentran con los mismos problemas (o mayores) que las españolas a la hora de compatibilizar el trabajo y el cuidado de los hijos. Cabe resaltar que no se puede meter a todas las inmigrantes en el mismo saco, tampoco en esta cuestión. Algunas proceden de países que ya tienen una tasa de natalidad baja. Destaca el ejemplo de Rumania, con una tasa de hijos por mujer de 1,3. "No es panacea el efecto de la inmigración. Puede aliviar la situación, pero no puede frenar el envejecimiento, solo ralentizarlo", explica el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en inmigración y demografía, Joaquín Arango. "Para que la inmigración afectara a la tasa de fecundidad tendría que haber flujos muy caudalosos, muy sostenidos y mucho más grandes. Pero, además, si vienen para volver luego a sus países, entonces no contribuyen a largo plazo al envejecimiento de la población, pero, si se quedan en España, se convertirán en perceptores de pensiones, con lo cual aumenta la población pasiva", expone este experto. Situando el tema de la natalidad en el marco europeo, España está por debajo del nivel medio de reemplazo de la UE, que es de 1,5 niños por mujer. Con 1,44 de tasa de fecundidad, es uno de los países de la Europa comunitaria que la tiene más baja, según datos de Eurostat. Pero hay otras naciones en una situación parecida, con una tasa que ronda el 1,4: Austria, Bulgaria, la República Checa, Alemania o Grecia. E incluso peor que España, rondando 1,3 nacimientos por mujer, están Italia, Hungría, Portugal, Rumania o Rusia. Los ejemplos a seguir están, como suele ocurrir en la mayoría de las políticas sociales, en los países nórdicos (donde la tasa de fecundidad es de 1,8 a 2,1 hijos por mujer). En este caso, también se encuentran en Francia (2,0) y en Islandia (2,1). Visto el mapa, el siguiente paso es analizar qué han hecho los que tienen esas tasas más altas. "En Francia tienen dos hijos por mujer de media. Y eso que ha descendido, pero es que nunca estuvo tan baja como la de España", explica Margarita Delgado. "Los nórdicos tienen políticas más generosas que en el sur de Europa, por ejemplo, a la hora de la reserva de puestos de trabajo, dar recursos para la maternidad o programar una amplia oferta de plazas de guardería". "Lo que pasa es que han cambiado los modelos familiares en el mundo desarrollado. El tradicional, con una división sexual estricta, ha saltado por los aires y el trabajo de las mujeres fuera de casa es cada vez más irrenunciable para la economía familiar", resalta la politóloga Laura Nuño, que dirige la cátedra de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. "Pero la incorporación de las mujeres al espacio público sigue sin estar secundada de forma generalizada por la de los hombres al trabajo doméstico. La consecuencia de esta situación es que las mujeres tienen menos hijos y más tarde", explica. Esta experta hace hincapié en otra cuestión: "El bebé es un dependiente, por lo tanto, alguien lo tiene que cuidar. Sin embargo, las políticas públicas se organizan a espaldas de esta realidad". "El problema es que la gestión social del cuidado se ha trasladado a las unidades familiares y apenas hay permisos retribuidos. Con el modelo laboral que tenemos, los trabajadores deben estar disponibles totalmente para el mercado laboral y hay una mano invisible que se ocupa del cuidado de los niños y del trabajo doméstico". Nuño también habla de "chantaje emocional" a las mujeres: "El Estado, el mercado y los hombres se resisten al cambio y se sigue sobrentendiendo que el cuidado es una obligación moral de las mujeres, se les hace un chantaje emocional tremendo, sea consciente o inconscientemente". La situación es complicada y la solución pasa por emprender cambios eficaces, más que gigantes. "Hacen falta políticas sociales como las denominadas en los países anglosajones family friendly policies, es decir, amistosas para la familia, que la ayuden", opina Joaquín Arango. "Son políticas sociales que se justifican por sí mismas porque el bien de los hijos es un bien de interés público. Pero además pueden ser muy eficaces. Hacen falta más guarderías públicas y una política fuerte que concilie la vida familiar con la profesional, con excedencias adecuadas, permisos de maternidad y paternidad relevantes, flexibilidad horaria en los trabajos...", prosigue Arango. "Iniciativas de este tipo son las que crean un entorno apropiado para la reproducción, pero también deberían sumarse a ellas otras medidas como una mayor seguridad laboral, la disminución de la precariedad y de los contratos de poca duración, la promoción de los contratos a tiempo parcial, como hay en Holanda. Porque la reproducción necesita de cierta seguridad, de estabilidad en el empleo y de flexibilidad en los horarios laborales". ¿Y qué se puede hacer mirando los ejemplos de otros países? "Si se quiere potenciar la fecundidad, las personas deben poder tener los hijos que quieran y cuando quieran", defiende Delgado. En este punto se rompe otra de las creencias: la de que las españolas han dejado de tener hijos. La realidad es que solo entre el 8% y el 12% de las mujeres que han acabado su ciclo reproductivo se quedan sin tener hijos. Y este dato no ha variado con el tiempo. Lo que sí ha variado, y es aquí donde está el problema fundamental, es en que tienen menos que antes, como se ve en la Encuesta de Fecundidad y Familia 2006, del CIS, una reveladora muestra, ya que analiza la situación de las mujeres de más de 15 años, con lo que se ve el comportamiento de las distintas generaciones. Las españolas tienen además los hijos más tarde, básicamente por el nivel educativo más alto de las mujeres, con un tiempo más prolongado dedicado al estudio, y por el aumento de las mujeres trabajadoras, que además luchan por tener empleos gratificantes y bien remunerados. A esto se une la falta de ayudas como permisos de maternidad más largos, escasa oferta pública de plazas de educación infantil de cero a tres años y de actividades extraescolares educativas y de ocio públicas, que cubran la jornada laboral de los padres. La encuesta muestra que es abismal la variación en número de hijos entre generaciones y cruza, además, ese dato con el nivel educativo. Se ve, por ejemplo, que las mujeres nacidas entre 1966 y 1970, que tenían en el momento de la encuesta entre 35 y 40 años, habían tenido su primer hijo de media a los 27 años, cuando tenían un nivel de estudios elemental; a los 28, cuando tenían estudios medios, y a los 33,5, con estudios superiores. Además, la encuesta revela qué pasaría si se adoptaran políticas efectivas para el fomento de la natalidad: las mujeres jóvenes dicen que tienen menos hijos de los que desearían y las mayores, más de los que hubieran querido. Las jóvenes lo relacionan con problemas económicos y organizativos, como las dificultades para conciliar horarios. Lo primero que habría que promover, por tanto, son políticas que favorecieran que las mujeres tuvieran hijos más jóvenes. Para ello harían falta medidas que promovieran, por ejemplo, la formación y el empleo a tiempo parcial; las ventajas en el acceso a la vivienda para las parejas que quieren convivir, facilitar el acceso al primer empleo, compensar el aumento del tiempo dedicado a la formación con posibilidades de empleo y dirigir todas estas medidas tanto a los hombres como a las mujeres, porque se ha visto ya que las mujeres de las nuevas generaciones no van a renunciar a sus aspiraciones laborales por tener más hijos. Los datos reflejan que se sacrifican hasta que tienen uno, pero no más. Arango apunta hacia dónde deben ir las soluciones: "Hay que hacerse a la idea de promover cambios, como el aumento de la edad de jubilación, porque es una evidencia que la esperanza de vida es mucho mayor y, a la vez, se deben diseñar unas políticas de admisión de inmigrantes más sensatas y equilibradas y menos restrictivas. Un ejemplo sería Canadá. Cada año fija un número y establece un proceso de selección pensando en las necesidades de la sociedad a medio plazo, y busca los perfiles más convenientes, compensando además a los países de origen del inmigrante con políticas específicas". Margarita Delgado apunta los ámbitos en los que se debe actuar: "En todo este asunto hay tres actores y tres niveles en los que incidir. En primer lugar están los poderes públicos, que deben aumentar las medidas de calado que favorezcan que las personas puedan tener los hijos que quieran, legislando con medidas efectivas, no con incentivos directos, como el de los 2.500 euros". Ese incentivo, el desaparecido cheque-bebé, benefició a cerca de un millón de españoles en los dos años que estuvo en vigor, y costó unos 2.500 millones de euros. En segundo lugar, continúa Delgado, están los empleadores, y "en este terreno se deben promover medidas de conciliación y se debe modificar la cultura empresarial, eliminando estereotipos. Y en tercer lugar están las familias. Debe haber una transformación en el ámbito doméstico para que haya una responsabilidad real compartida en la crianza de los hijos, lo que a su vez ayudaría a romper estereotipos en el ámbito laboral. En la familia hace falta también un cambio, que es siempre difícil y tiene costes emocionales. Porque muchas parejas han sido educadas por mujeres que no tenían estos patrones". Estos comportamientos familiares son, a veces, inconscientes, pero se reflejan en el día a día. Un ejemplo cercano para terminar: cuando se pregunta en un colegio de quién es el teléfono de contacto que tienen de cada niño para las emergencias, la respuesta es unánime, en casi todos los casos es el móvil de la madre.

Susana Pérez de Pablos para El País.

Derecho a la huelga, sí; servicios mínimos, también

La única ley orgánica prevista en la Constitución sin desarrollar es la que regula la huelga - El decreto en vigor es de 1977 - El escollo es definir qué servicios mínimos son esenciales y cuáles abusivos

Largas caminatas para llegar al trabajo. Esperas interminables bajo las atestadas marquesinas de las paradas de autobús. Multitud de taxis con la luz verde apagada. Son las imágenes que dominaron Madrid el pasado martes y miércoles. La huelga del metro en la capital tras la ruptura del convenio por la Comunidad de Madrid ha acabado provocando un paro total del suburbano madrileño, en el que los trabajadores tan siquiera han respetado los servicios mínimos. La consecuencia más visible ha sido el caos e imágenes que recordaban las vividas hace 18 años, también en Madrid, con la huelga salvaje de los autobuses públicos que se prolongó durante 66 días. Pero también ha traído un debate viejo: la falta de una ley de huelga.

"Puedo entender parte de lo que dicen pero no puedo aceptar en ningún caso que se tenga que parar una ciudad", empezó por clamar el presidente del Senado, el socialista Javier Rojo, el miércoles, para reclamar que se "abra un debate sobre esta cuestión". Un debate que necesariamente pasa por cumplir uno de los mandatos de la Constitución: elaborar una ley orgánica de huelga, algo que casi 32 años después de que se aprobara el derecho todavía ningún Gobierno ni Parlamento ha sacado adelante.

"Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad", reza el artículo 28.2 de la Constitución. Ahí se enmarca con claridad por dónde debe discurrir el debate que reclama Rojo: tratar de conjugar dos derechos que, como se ha visto estos días, pueden colisionar entre sí.

Hasta ahora, la legislación española sobre un derecho fundamental, como es el de huelga, y sobre los servicios mínimos, se asienta en un decreto ley de 1977. No obstante, como se apresura a apuntar Enrique Lillo, abogado laboralista vinculado a Comisiones Obreras, esta norma está adaptada a la legalidad democrática por sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, como explica el catedrático de derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz Villalón, "la existencia de servicios mínimos no puede impedir que haya huelga. No pueden dictar que se funcione al 100%. Incluso se tiene que determinar si el servicio es esencial o no. Y, en el caso del transporte, si hay vías alternativas o no".

Pero lo cierto es que lo sucedido en Madrid estos días con el metro, o lo visto hace años en huelgas de los servicios de basuras o de autobuses urbanos demuestra que hacen falta cambios. "El sistema actual no funciona", concluye el profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense, Jesús Lahera. Su opinión, y la necesidad de sacar adelante la única ley orgánica que resta en la Constitución -la ley de huelga- es amplia entre la comunidad académica. "Hay unanimidad", concluía el pasado miércoles Cruz Villalón. Contesta al teléfono desde el aeropuerto de Barajas, donde está de paso. "Tenía intención de acercarme a la ciudad, pero me han dicho que es un caos".

El académico se ha convertido en uno más de los dos millones de afectados por el paro que ha provocado un debate guadiana en la democracia española. "Siempre que se produce un episodio de estos, surge", explica Juan Carlos Aparicio, antiguo ministro de Trabajo con el Partido Popular. La misma queja plantea Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical de UGT. "Siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena", refranea el sindicalista, para argumentar que este es un tema sobre el que conviene no legislar "en caliente".

Y lo cierto es que ahora el ambiente se ha calentado en exceso. Lo sucedido en Madrid ha desembocado en la apertura de expediente a 400 trabajadores de Metro. ¿Por qué? "Una vez se fijan los servicios mínimos estos se tienen que cumplir. El trabajador tiene el deber de cumplirlos. Si no lo hace, incumple el contrato. Eso puede dar lugar a una sanción que puede pasar por la suspensión de empleo y sueldo o por el despido", explica Lahera. Y los trabajadores de Metro incumplieron los servicios mínimos el martes y el miércoles.

La norma actual es difusa. Para empezar no fija en qué sectores son necesarios los servicios mínimos. La Constitución habla de "servicios esenciales para la ciudadanía". El decreto de 1977, de "cualquier género de servicio público o de reconocida e inaplazable necesidad". En un artículo de 2008, Raquel Quintanilla, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, detalla cómo la jurisprudencia y los diferentes Gobiernos han ido declarando esenciales sectores como eléctrico, la radio o la televisión. También lo es el transporte, estratégico en las sociedades modernas capaces de provocar escenas como las vividas en Madrid estos días. Esto provoca una de las primeras quejas sindicales con la norma. "Es la autoridad gubernativa, como dice el decreto, la que dicta que es un servicio esencial", declara Lillo.

La otra queja es la más escuchada estos días. "La Administración se ha instalado en imponer servicios mínimos abusivos para que las huelgas no tengan efecto. Y estas se tienen que notar, si no se merma el derecho", argumenta Ferrer, de UGT. Es su justificación sobre lo sucedido en Madrid.

Una justificación y apoyo a los trabajadores de Metro que no solo ha llegado del número dos de UGT. También los líderes de los dos sindicatos mayoritarios, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, lo han hecho. Y con el mismo argumento: las comunidades autónomas y el Gobierno suelen dictar servicios mínimos que en la mayoría de ocasiones los jueces estiman "abusivos". Pero, sobre todo, los sindicalistas lamentan que la sentencia llega tarde. Con años de retraso, cuando la huelga y sus efectos han quedado muy atrás, con lo que el derecho de huelga ha quedado dañado. Fue el caso de los servicios mínimos del sector eléctrico fijados para la huelga general de 2002 que se declararon abusivos años después.

"Tan constitucional es el derecho a la huelga como asegurar el mantenimiento de los servicios mínimos fundamentales. Está en el mismo artículo de la Constitución, pero hay quien lee la constitución de forma sesgada", responde el ex ministro Aparicio.

No obstante, José Manuel Ruiz, juez de lo contencioso-administrativo de Madrid, admite que "las sentencias siempre llegan con posterioridad a la huelga". Cierto que se pueden tomar medidas cautelares, pero no son habituales. Los plazos y los trámites propios de todo procedimiento jurídico y los "juzgados desbordados", son los argumentos que esgrime Ruiz.

Así que la primera reclamación sindical a la hora de fijar los servicios mínimos es que se negocien. La tradición y los consejos de los tribunales dictan que se haga. De hecho, cuando una huelga afecta a un servicio esencial, el periodo de consultas es de 10 días, el doble que para una huelga ordinaria. Pero lo cierto es que las autoridades no tienen la obligación de hacerlo.

Precisamente por este punto comienzan las recomendaciones de los académicos a la hora de elaborar una ley de huelga. Lahera habla de "autorregulación" para implicar a los sindicatos en el establecimiento y cumplimiento de los servicios mínimos.

Cruz Villalón propone que se elabore una lista de sectores "esenciales para la comunidad" y que se cree algún tipo de órgano mediador. Las tres iniciativas se miran en el espejo italiano, donde más desarrollada está la legislación sobre las huelgas, con la participación de las centrales a la hora de fijar los límites de los paros.

Esas propuestas también se apoyan en el único intento serio de sacar adelante una regulación sobre el asunto en España. Un intento que decayó justo en el último paso, su votación en el Congreso de los Diputados, cuando el proyecto, pactado por el grupo parlamentario socialista y los sindicatos, ya había vuelto del Senado. Justo entonces, en 1993, Felipe González disolvió las cortes y no tuvo interés en recuperar el proyecto en la siguiente legislatura.

Entre los contenidos de este proyecto se establecía una lista de 17 sectores que se consideraban esenciales: entre ellos figuraban la sanidad, la recogida de basuras, los transportes, la radio y las televisiones públicas o los servicios eléctricos. También se daba un plazo de un año para que en cada uno de estos sectores se fijaran criterios básicos a la hora de fijar los servicios mínimos antes de que llegaran los conflictos.

Si el modelo a seguir fuera el apuntado hace casi dos décadas, los sindicatos no tendrían inconveniente en negociar una ley de huelga. "No tenemos ningún problema en sentarnos a hablar sobre esto. Pero cuando hablan de regular el derecho de huelga, en realidad piden recortarlo. Y es un derecho fundamental", explica Ferrer. Trata así de responder a quienes, desde instancias académicas y políticas, les señalan como los principales responsables de que hasta ahora no se haya ido más allá.

Aparicio, el antiguo ministro del PP, duda de esta disposición. "En 2002 propuse esto en la mesa del diálogo social y no vi ánimo por ninguna de las partes", se arranca, "nunca ha habido buen ánimo, y ahí incluyo a sindicatos y a patronal. Estamos en una situación anómala".

Un antiguo responsable de relaciones laborales de CEOE y actual consejero de Cuatrecasas Abogados, Fernando Moreno, admite que por parte de la patronal nunca ha habido una apuesta unánime por entrar en este terreno: "Hay quien piensa que la mejor ley de huelga es la que no existe", pero él no está de acuerdo. Cree que "algún tipo de concreción legal tiene que haber", sentencia. Pero conforme avanza en sus argumentos se distancia de los sindicatos. "Los daños no pueden ser desproporcionados con los fines que se exigen. El problema es que muchas huelgas devienen en ilegales cuando comienzan por la acción de los piquetes". Dicho de otra forma, para este abogado, el problema fundamental no reside en los servicios mínimos.

Menos entusiasta de la regulación es el ex secretario general de Empleo Valeriano Gómez. Para él, la existencia de una ley preconstitucional ha frenado el desarrollo de una nueva. Pero apunta que problemas como el de estos días en el metro de Madrid no tienen solo su origen en el ámbito legal, también apunta a los medios de comunicación. "Cuando hay una huelga y se cumplen los servicios mínimos, la prensa no debería de hablar de normalidad, sino destacar el cumplimiento de los servicios mínimos", argumenta, tratando de explicar que los conflictos laborales también se dirimen en el ámbito de la opinión pública, y que poner el acento en la normalidad no refleja la disputa.

Tampoco es muy partidario uno de los negociadores de la ley nonata de 1993, Francisco González de Lena, antiguo alto cargo del Ministerio de Trabajo. "No sería bueno que una regulación se centrara solo en el cumplimiento o incumplimiento de los servicios mínimos. Además, no hay un vacío legal. En el anteproyecto se planteaba fijar criterios, pero no se establecía un catálogo detallado. Siempre habrá que establecerlos para cada caso y en cada huelga, haya o no una nueva regulación: por ejemplo, no es lo mismo una huelga de una hora, de media jornada, de un día, que sea en fin de semana. Todo eso requiere un tratamiento específico que no puede determinar una ley. Pensar que desaparecerá el conflicto porque haya una ley es un error".

Manuel V. Gómez para El País.

Retar a la crisis

Tenemos que ser críticos con los liderazgos nocivos aunque combatamos con organismos poderosos

La mayor parte de los 36.000 asociados y cerca de 100.000 antiguos alumnos de Deusto, Comillas-Icade y Esade son actuales directivos, ejecutivos y profesionales que tejen el entramado social y empresarial de nuestro país. Lo que une a las tres instituciones es un pasado común, las tres están vinculadas a la Compañía de Jesús, y un futuro representado por un proyecto amplio y compartido y por esos 100.000 antiguos alumnos, el valor más preciado para una universidad o escuela de negocios. El proyecto en el que queremos caminar juntos pasa por retar al futuro. Retar a la crisis debe ser la tarea de nuestras instituciones y del mundo universitario en general. Estas nacen para retar a la cultura y las prácticas dominantes y para proponer constantes mejoras en ellas, no para "reproducirlas". Con una última intención: hacer la empresa y la economía entornos más humanizados, que generen "valor económico" y también "valor social".

Las tres instituciones que representamos, y especialmente sus respectivas asociaciones de antiguos alumnos, acaban de firmar un acuerdo para constituir una gran confederación. La idea es que, partiendo de unos mismos valores, esta confederación promueva una alianza estratégica. No olvidemos que si en España nuestras organizaciones docentes representan un potencial importante al servicio de la sociedad, a nivel internacional la red es, sin duda, la más numerosa, con 100 escuelas y 202 universidades. Es una alianza, no una fusión.

Pero ¿qué pueden aportar las universidades y las escuelas de negocios vinculadas con la Compañía de Jesús a la sociedad española? Porque esta es, en definitiva, la razón de fondo de aunar los esfuerzos de Deusto, Comillas-Icade y Esade, partiendo de la base de la defensa de unos valores humanistas comunes que reten a la crisis para ayudar a superarla entre todos.

Es frecuente oír que la gran crisis económica que padecemos hunde sus raíces en una crisis de valores. Nosotros también lo creemos. Por eso, como un elemento característico de nuestra formación empresarial, introducimos y queremos introducir cada vez más las dimensiones de responsabilidad social, personal y corporativa, nacional e internacional, como parte de la solución en la construcción de un modelo económico y social más justo y solidario. Siguiendo a Peter Hans Kolvenbach, anterior prepósito general de la Compañía de Jesús, "en un mundo globalizado como este, con sus inmensas posibilidades y sus profundas contradicciones, la ’persona completa’ se entiende de manera diferente a como se entendía en la revolución industrial o en el siglo XX".

En nuestro ADN existe una fuerte y constante petición de humanizar la realidad económica y empresarial. Por eso nuestras instituciones y el mundo universitario en general deben seguir con su compromiso de favorecer esa humanización.

Más allá de las modas, lo que hay detrás de la responsabilidad corporativa, de los valores dominantes actualmente y la necesidad de liderazgos responsables deben ser temas de estudio y, sin duda, de formación. En nuestro espacio universitario debe favorecerse una seria crítica a las malas prácticas de liderazgo empresarial y a todos aquellos liderazgos nocivos que buscan más el seguimiento de la persona que los objetivos empresariales o institucionales o la propia finalidad de la empresa. Hemos de ser críticos con ellos aunque tengamos que combatir con situaciones difíciles u organizaciones poderosas.

Nuestras aulas y despachos deben ser lugares de formación y de reflexión sobre aquel liderazgo que es más útil a la sociedad, un liderazgo eficaz, que es un liderazgo de éxito, pero a la vez consciente de su impacto social y humano, un liderazgo que tiene una conciencia cívica claramente desarrollada.

La sociedad española debe salir de la crisis cuanto antes. Y tan importante como esto es que el camino que se elija sea el apropiado desde un punto de vista económico-empresarial. Dentro de este enfoque, el espíritu emprendedor como dinamizador de la sociedad es básico. Pues es un activo de las sociedades y distingue a las que progresan de las que se estancan. El primer compromiso de nuestras instituciones debe ser con la creación y el estímulo emprendedor a través de la docencia y la investigación. Porque de la miseria, de la crisis económica, se sale de la mano de más empresa, no de menos empresa.

Hay otros dos retos que nuestro país tiene pendientes: la competitividad y la productividad. En economías avanzadas como la nuestra, se debe competir desde un buen número de palancas de productividad; a través de la innovación de servicios, productos y procesos, y a través de la internacionalización. Internacionalización e innovación deben ser otros dos compromisos propios de nuestras instituciones si queremos aportar algo al tejido productivo.

Quizá aquí vendría bien el "magis ignaciano" (no conformarse con lo que hacemos bien, sino buscar siempre un mejor servicio y de más calidad y excelencia).

Ante los grandes retos de este siglo, caracterizado por la globalización, la profunda crisis económica y la búsqueda de un nuevo modelo económico y social más justo, solidario y sostenible, debemos unir las fuerzas de nuestras universidades y escuelas de negocios para poder ofrecer a esta sociedad una formación empresarial excelente. A eso nos comprometemos las tres instituciones.

Jaime Oraá es rector de Deusto, José Ramón Busto es rector de la Universidad Pontificia de Comillas y Carlos Losada es director general de Esade.

Las grandes colmenas

Urbanistas, sociólogos, políticos, arquitectos y otros profesionales tienen el desarrollo de las grandes urbes en el punto de mira. La ciudad está enferma, pero sus síntomas son analizados paso a paso mediante studios de todo tipo. Se conocen los problemas y las soluciones. Lo que hace falta son decisiones políticas.

No nos engañemos, la ciudad ideal para vivir no existe. Aunque algunas se acercan más que otras a esa antigua aspiración humana. Según estudios realizados por distintos medios y empresas que evalúan anualmente la calidad de vida en cuanto a estabilidad, infraestructuras, sanidad, educación, cultura y medioambiente, Canadá es el país con mejores condiciones en tres de sus grandes ciudades (Vancouver –en el primer puesto–, Toronto y Calgari), seguido por Australia, con Melbourne en el tercer lugar y otras cuatro ciudades australianas (Sydney, Perth, Adelaida y Auckland) en los puestos del 7 al 10, según el Mercer Quality of Living Survey para el Economist Intelligence Unity en el último año. Viena, en el segundo lugar, es la ciudad más votada en la encuesta como la que elegirían para vivir. En esta lista, Barcelona ocupa el lugar 42, y Madrid, el 48.

El reverso de la moneda estaría en las que el citado estudio señala como las peores ciudades para vivir entre 140 urbes encuestadas. Estas son: Dakar (Senegal) y Teherán (Irán) –empate en el lugar 130–, Colombo (Sri Lanka), Katmandú (Nepal), Douala (Camerún), Karachi (Pakistán), Lagos (Nigeria), Port Moresby (Papúa Nueva Guinea), otro empate en el 139 entre Argel (Argelia) y Dhaka (Bangladesh), y en último lugar, Harare (Zimbabue).

Los arqueólogos no se ponen de acuerdo sobre el salto entre la aldea y la ciudad que tuvo lugar hace unos 5.000 años. Lo cierto es que los restos de las primeras grandes civilizaciones aparecieron ya plenamente desarrolladas, con palacios, edificios de uso público y murallas que los protegían tanto de los ataques enemigos como de la inmigración descontrolada. Porque las ciudades son desde su origen un importante foco de atracción para gente en busca de mejores condiciones de vida y más libertades. Las grandes concentraciones urbanas han tenido más o menos los mismos problemas desde el principio, en distinta medida: la necesidad de agua para el consumo de sus habitantes, la eliminación de los desperdicios y basura, la contaminación, la circulación de vehículos y el peligro de desórdenes públicos.

El crecimiento demográfico es cada día más preocupante y el crecimiento de las megaurbes un tema al que es indispensable prestar mayor atención y previsión. En 2050 el 70% de la humanidad vivirá en ciudades, cuando en 1900 sólo lo hacía un 10%. Tokio, México DF, Mumbai, Nueva York, São Paulo, Delhi, Calcuta, Yakarta, Buenos Aires y Dhaka (Bangladesh) son hoy, en ese orden, las ciudades más pobladas del mundo. Se calcula que en 2020 cerca de 1.400 millones personas vivirán en zonas chabolistas en todo el planeta, según resultados del Urban Age Project, una organización que ha tomado como referencia seis ciudades (Nueva York, Shangai, Londres, México DF, Johanesburgo y Berlín) para el seguimiento tanto de su expansión arquitectónica como de los factores sociales y económicos en juego, resumidos en el libro The Endless City (Phaidon).

El espectáculo que nos presenta ahora con toda facilidad una herramienta como Google Earth puede ser escalofriante. El ser humano ha dejado su huella en el 80% del territorio del planeta. Somos una plaga . Las ciudades son gigantescas manchas que se extienden como un líquido depredador. Y siguen creciendo. La población urbana ha aumentado en el siglo XX de 220 millones de personas a 2.800 millones. Según las previsiones la escala de crecimiento seguirá en alza especialmente en Asia y África, donde las grandes ciudades llegarán a duplicar su población para 2030, según un informe de la ONU. Se estima que 120.000 personas llegan cada semana a vivir en ciudades asiáticas. En Dubai el 80% de habitantes son extranjeros. Movimientos migratorios extremos para los que los gobiernos locales deberían ir preparándose porque, según recomienda este documento, no será posible detenerlo con medidas de exclusión. Las ciudades fueron el nido de la civilización, el lugar que permitió (y necesitó) que surgieran las leyes, se perfilaran los derechos cívicos, que avanzara la ciencia, el comercio, la industria y las artes. Hoy parecen hormigueros o colmenas, aunque menos organizados que los de los simples insectos. Sin embargo, los directores del Urban Age Project, Ricky Burdett y Philipp Rode, no ven que esto sólo tenga un fin apocalíptico. “Las ciudades no representan sólo la concentración de los problemas –aunque así sucede–, sino que son los lugares donde esos problemas se pueden resolver”.

Fietta Jarque para EPS.

 

Matriculado en la euforia y licenciado en el desastre

España vive el drama de una generación que termina la carrera sin apenas perspectivas de trabajar - Buscan desesperadamente empleo sin importar ya las condiciones, el sueldo o la precariedad

El día que Cristina Carbó asistió a su primera clase en la escuela superior de diseño Elisava, el 3 de octubre de 2005, el Ibex-35 de la Bolsa española alcanzó los 10.880 puntos. La tasa de paro estaba en uno de los niveles más bajos de las últimas décadas, en el 9,33%. La fábrica inmobiliaria española puso en marcha aquel año hasta 716.035 viviendas, un dato esperanzador para una estudiante como ella, recién llegada a los estudios de diseño, con especialidad en interiorismo, en Barcelona. España, en definitiva, sacaba pecho en Europa, con un crecimiento económico del 3,4% aquel año, casi el triple que la zona euro.

Tres años, ocho meses y 13 días después, el 16 de junio de 2009, Cristina presentó su proyecto de fin de carrera en la escuela y, al salir de ella con su título de graduada superior bajo el brazo, el escenario había cambiado: el desempleo castigaba al 17,93% de la población activa y España cumplía su primer año en recesión, con una caída del 4,2% respecto al junio anterior. El número de viviendas que se iniciarían en todo 2009, decían esos días los constructores, no pasarían de las 200.000. Y la Bolsa, que probablemente a ella le importaba poco, estaba en 9.498 puntos. El llamado "milagro económico español", en resumen, fue dado por muerto por todos aquellos expertos que en su día lo jalearon.

Desde entonces, Cristina ha enviado al menos una treintena de currículos. A constructoras: agua. Estudios de diseño: agua. Bolsas de trabajo: agua. Ni una sola llamada de respuesta, ni una entrevista de trabajo, ni un proceso de selección en marcha.

Hay casi 1,3 millones de jóvenes de entre 20 y 29 años en España que buscan un trabajo, un 52% más que hace un año. Son más de millón y medio si contamos desde los 16 años. Casi 127.000 de ellos buscan su primer empleo, según los datos del tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA), el mejor termómetro del mercado laboral. Y si se acerca la lupa a esos jóvenes en paro, más de 290.000 tiene formación superior, de los que 26.000 no ha trabajado nunca (ver cuadro).

Los licenciados sufren menos paro que los que tienen formación inferior. Aunque la gente de menos de 30 años tiene mayor tasa de desempleo (de casi el 30%) que la media (17,9%).

Perdida en la ensalada de estadísticas, la de Cristina es esa generación de universitarios que se matriculó en los años de la euforia económica, la más duradera época de bonanza que vivió España en décadas, y ha ido a aprobar su último examen ahora, en el desastre. "Al principio oías noticias de la crisis y pensabas que eso no iba contigo, pero el miedo nos empezó a entrar en febrero, cuando empezamos a preparar el proyecto. Lo peor es que también tus padres creen que cuando acabes la carrera ya empezarás a ganar tu dinero, a tener una nueva vida", reflexiona esta barcelonesa a punto de cumplir los 22 años.

El acceso al primer empleo ha sido un trance difícil para todas las promociones de universitarios, por el círculo vicioso de que sin experiencia, no hay trabajo, y, sin un trabajo, nunca se logra esa experiencia. Pero ahora, con la crisis, aquel primer empleo precario -contrato de prácticas y ayuda al empresario mediante-, ha caído en picado en las bolsas de trabajo. Con lo que muchos jóvenes optan por alargar su etapa educativa.

Ayer, una encuesta de la Fundación Bertelsmann señalaba que la mayor inquietud de los españoles de 18 a 30 años es el paro y ni siquiera les preocupa que el trabajo que encuentren esté mal pagado y sea precario. Y a más de la mitad le gustaría constituir su propio negocio frente a los que quieren ser funcionario.

El catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid Fernando Vallespín, que ha dirigido el estudio, recordó que España ocupa los primeros puestos europeos de desempleo juvenil. Por ello, consideró lógico que sólo a un 4% y 7% de los jóvenes, respectivamente, les parezca un problema los salarios bajos o los contratos precarios: "Hay tal ausencia de empleo que lo único que importa es tener trabajo, aunque esté mal pagado".

Pero es que ese primer jornal en prácticas ya no es tan accesible. Para muestra, un botón: la Fundación Universidad y Empresa suele facilitar un primer empleo de prácticas a entre 1.500 y 2.000 titulados, pero este año calculan que la oferta está bajando un 30%. Y en el Servicio de Orientación Laboral de la Universidad de Las Palmas, por ejemplo, el número de empresas que se ha acercado por allí solicitando titulados universitarios ha caído un 40%, mientras que los jóvenes pidiendo ayuda han subido un 15%. Además, "hemos notado un importante aumento en la demanda de formación por parte de los estudiantes, tanto en especialización de posgrado como en las solicitudes de acceso a la universidad", explica el vicerrector Nicolás Díaz. En este último caso, "en lo que respecta a los alumnos mayores de 25 años, se ha duplicado la demanda con respecto al año anterior, y rondan las 2.000 solicitudes sólo en este colectivo", añade Díaz.

Y es que, con este panorama, muchos jóvenes han optado por estudiar un posgrado o master de turno para progresar ante la tan esperada recuperación económica. "La población activa se ha reducido desde el tercer trimestre de 2007 y, en concreto, entre los menores de 30 años hay 440.000 personas que ha dejado de trabajar o buscar trabajo, debido en buena parte a que la gente alarga sus estudios", apunta Antoni Espasa, el director del Boletín de Inflación y Análisis Macroeconómicos de la Universidad Carlos III.

Si hubiese que poner nombres y apellidos a todos esos números, los de Cristina serían unos de ellos: "Me llevo moviendo desde junio y no he encontrado nada, así que ahora me he metido en un posgrado de Perímetros privados [traducción para profanos: interiorismo, pero específico para el sector residencial]. Seguir estudiando te da la oportunidad de conseguir prácticas en empresas, aunque con menos sueldo".

La crisis no ha pasado de largo por ningún sector y ningún grupo de población, pero el paro sí se ha cebado especialmente con los jóvenes. De los 1,4 millones de puestos de trabajo que se han destruido desde hace dos años, el 90% lo ocupaban personas de menos de 30 años. "Los jóvenes se están llevando la peor parte de la crisis porque es más fácil despedirles a ellos que a los mayores. Es necesaria una reflexión sobre el mercado de trabajo a la que, si se hace de forma pausada, rigurosa y con la intención de llegar a conclusiones consensuadas, nadie se debiera oponer. Si tenemos una tasa de paro que dobla a la europea, algo estaremos haciendo mal", reflexiona Espasa.

La psicosis se instala ya en las conversaciones de las pandillas de amigos. El paso del tiempo sólo le hace a uno desesperarse. Marta Giménez, de 22 años, estudió Psicología en la Universidad de Barcelona y acabó sus prácticas en febrero. "Primero buscaba trabajo de lo mío, pero apenas había y, si había, requerían experiencia. Cuando llegó abril, volví a coger trabajos puntuales como azafata de ferias y congresos, como hacía cuando estaba estudiando. Al principio no quería, pero ahora voy cogiéndolos", explica.

José (nombre ficticio) es ingeniero técnico de Obras Públicas en Valencia y su currículo estuvo en la lista de espera de McDonald’s durante casi un año. "Pero ni de allí me llamaban, tenía gente por delante. Desde que acabé los exámenes en septiembre de 2008, busqué empleo en todas partes", relata el joven de 26 años.

Hace menos de un mes, le llamaron de una constructora y le ofrecieron un trabajo de becario, por 600 euros al mes. La suya y la de sus compañeros de estudios es una situación peculiar: "Preferimos no presentar nuestro proyecto de final de carrera porque entonces tendremos la licenciatura y ya no nos podrán contratar en prácticas, que les sale más barato. Tendrían que pagarnos más de 600 euros y nos podrían echar". José prefiere no decir su nombre para no tener problemas en esa empresa.

Ampliar los estudios, opina Antoni Espasa, es una buena estrategia, ya que la crisis pasa una factura muy desigual en función del nivel formativo. Mientras los jóvenes de entre 20 y 24 años con formación superior tienen una tasa de paro del 29,9%, los que se quedaron con la educación secundaria la tienen del 36,7%. Lo mismo ocurre de los 25 a los 29 años, la tasa de paro se sitúa en el 16,3% para los licenciados, pero alcanza el 28% para los de secundaria.

Las cifras son tozudas: a mayor formación, menos paro. Y, en general, más dinero. Otra cosa es que esta última diferencia, la brecha salarial entre licenciados y no licenciados, es decir, el incentivo económico para seguir estudiando, se haya estrechado en los últimos años, tal y como puso de manifiesto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que agrupa a los países más desarrollados.

Pero los más formados siguen siendo menos vulnerables a la crisis. Otro de los elementos que critica la OCDE es que el 22,7% de los trabajadores indefinidos y el 40,27% de los eventuales de entre 16 y 30 años desarrolla un trabajo que requiere menos preparación de la que tiene.

Jordi Planas, licenciado en Economía y doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), acaba de realizar un estudio sobre las universidades catalanas y asegura que "la mayor parte de los estudiantes afirma que su formación sí le sirve en el trabajo". Otra cosa es que cada licenciado se dedique exactamente a aquellos para lo que teóricamente estudió. "Pero yo no creo que haya un empleo predeterminado para un tipo de titulación. ¿Qué debemos pensar? ¿Pobre Javier Solana, que por formación es físico, y no ha conseguido ser físico, sólo ha llegado a secretario general de la OTAN o a representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores?", espeta. "O Jordi Pujol, que no pudo ejercer de médico y sólo fue presidente de una comunidad autónoma durante 20 años...".

El director gerente de la Fundación Universidad y Empresa, Fernando Martínez Gómez, explica que los licenciados en carreras de humanidades suelen tener más incertidumbre al principio, pero defiende que el mundo de la empresa debería abrirse más a este perfil de futuro profesional: "Les explicamos a los empresarios que los licenciados en Filología inglesa, por ejemplo, pueden trabajar en el departamento de internacional, o los psicólogos en el de recursos humanos".

Más de 1,3 millones de jóvenes se matricularon en las universidades españolas el año pasado, para el curso 2008-2009. Ellos, al revés que Cristina, Marta o José, empiezan sus estudios superiores en la recesión, y la cuestión es cuál será el clima económico cuando acaben. Dice la Comisión Europea que España soportará una tasa de desempleo superior al 20% hasta 2011, aunque sitúa la salida de la recesión para la segunda mitad de 2010. El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, la adelanta a finales de este año o principios de 2010.

Amanda Mars para El País.