opinión

De muchos, uno

Es el lema que figura en el dólar estadounidense. E pluribus unum resume en tres palabras el espíritu del país, su unidad dentro de la más absoluta diversidad de ese crisol de razas y culturas que conforman los Estados Unidos de América. "No hay una América liberal, ni una América conservadora", clamaba el entonces candidato Barack Obama durante la campaña presidencial. "Sólo hay unos Estados Unidos de América". Nunca he oído nada similar en las campañas electorales europeas. Ni he visto que el candidato ganador de unas elecciones organice una cena de gala en honor de su adversario derrotado la noche antes de su toma de posesión, como hizo Barack Obama con John McCain el pasado martes. Ni recuerdo, para sólo remontarnos a la anterior Administración, que un presidente en ejercicio como George W. Bush haya utilizado los servicios de dos de sus antecesores en la Casa Blanca, su padre y Bill Clinton, en diversas gestiones de paz y humanitarias.

En efecto, Europa y EE UU son dos democracias, más partitocrática la primera que la segunda. Pero, como decía George Bernard Shaw de Reino Unido y su antigua colonia, "somos dos países separados por el mismo idioma". En el caso que nos ocupa, separados por una distinta concepción del mismo sistema, con la excepción de Reino Unido, donde las convergencias priman sobre las divergencias, quizás por aquello de la Magna Charta y el hábeas corpus.

Ese sentido de unidad, de orgullo nacional, de reafirmación democrática y de patriotismo republicano se puso de manifiesto una vez más a los ojos del mundo en la toma de posesión del 44º presidente de Estados Unidos con la entusiasta presencia de dos millones de ciudadanos de toda raza y condición social agitando la bandera de las barras y estrellas desde el Capitolio a las cercanías del monumento a Lincoln, más de tres kilómetros de recorrido con ocho grados bajo cero de temperatura. Y no eran rancios conservadores o ultraderechistas, como se les hubiera calificado aquí, sino ciudadanos orgullosos de pertenecer a la primera democracia del mundo moderno, congregados, no sólo por el hecho histórico de presenciar la toma de posesión del primer presidente negro de su país, sino por pertenecer a una nación donde ese hecho es posible. Una multitud, que superaba con mucho el millón de ciudadanos, presenció con igual entusiasmo la toma de posesión de Lyndon B. Johnson en 1965 para mostrarle su gratitud por la aprobación de la ley de derechos civiles, una decisión que le costó al Partido Demócrata la pérdida del sur hasta estas elecciones.

La llamada progresía de este lado del Atlántico se va a llevar una desilusión si cree que Obama es la versión estadounidense de un izquierdista europeo. Lean su discurso del martes y comprobarán que el contenido podría suscribirlo John McCain o cualquier líder del auténtico centro-derecha europeo desde James Cameron a Angela Merkel o Nicolas Sarkozy. Una gran parte de sus palabras estuvieron inspiradas por su ídolo y antecesor, Abraham Lincoln, fundador del Partido Republicano. Un partido secuestrado durante casi ocho años por la secta de los neocons, completamente ajena a la doctrina tradicional republicana expuesta por Lincoln y cuyos miembros procedían en su mayoría de la izquierda trostkista demostrando una vez más la peligrosidad de los conversos.

Familia, trabajo duro, responsabilidad, patriotismo, tributo a las fuerzas armadas, democracia, libertad y respeto a las ideas del oponente fueron los conceptos defendidos por Obama en una alocución verdaderamente presidencial y no de candidato en campaña. A lo que hay que añadir una fe religiosa sin complejos en un país con una separación total de Iglesia y Estado demostrada con el juramento sobre la Biblia, una primera visita a la llamada iglesia de los presidentes, frente a la Casa Blanca, antes de su toma de posesión y el tradicional "Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a América" con que se acostumbra a terminar todos los discursos en Estados Unidos.

Frente a esa unidad y a esa fuerza que dan las convicciones, Europa no sólo es incapaz de crear una fuerza militar conjunta y homogénea, sino que ni siquiera puede articular una política exterior común, como se acaba de demostrar en la crisis de Gaza y en la respuesta al chantaje gasístico ruso. Si el euro circulara ya en los 27 países de la Unión, el lema debería ser justo el contrario del estadounidense. No "de muchos, uno", sino de "uno, muchos". Y hablando de desilusión. Veremos cuánto dura la actual luna de miel transatlántica cuando el presidente Obama pida a sus socios europeos de la OTAN una mayor y más efectiva colaboración en Afganistán.

Carlos Mendo en El País.

Sobre la inocencia

...Se puede decir que la República era un régimen democrático entre cuyos apoyos había muchos asesinos. El movimiento salvador de la patria que encabezaba Franco, se puede definir como un sistema criminal al que también apoyaban personas decentes...

A cuenta de las responsabilidades exigidas o exigibles por crímenes cometidos durante la Guerra Civil, no está de más que se analicen en serio los comportamientos de los distintos actores que participaron en acciones de carácter genocida, que las hubo en todas las direcciones. Hay un amplio consenso entre los historiadores serios sobre el carácter esencialmente exterminador del movimiento rebelde. No sólo Franco, sino Queipo, Mola y bastantes militares y civiles más, coincidieron en dar a su actuación un decidido impulso asesino que fue bendecido por la Iglesia. El nacional catolicismo dio pie a la buena conciencia de aquellos asesinos sistemáticos. También es fácil coincidir en que no admite discusión la responsabilidad -investigada, pero también reconocida por muchos de sus protagonistas- de la Internacional Comunista en las decisiones que condujeron, por ejemplo, a la matanza de Paracuellos. Unas decisiones que fueron acompañadas por la colaboración personal y material necesaria de miembros de la dirección del PCE. Paracuellos, pero también Andreu Nin y otros numerosos casos.

Sin embargo, permanece en el aire una opinión generalizada que atribuye inocencia en torno a las posiciones de otros grupos políticos que, a lo más, cargan con la culpa de haber practicado una violencia ciega, espontánea y de respuesta, pero nunca de haber desarrollado esa violencia de forma científica y genocida. Dirigentes anarquistas y del POUM son, por lo general, los beneficiarios de esa benévola opinión generalizada.

Antonio Elorza es uno de los historiadores serios que adopta esta actitud compasiva, tanto hacia los comunistas españoles como hacia los anarquistas.

Sin embargo, los hechos parecen ir por otro lado. Basta leer la prensa de la época para comprobar que desde Solidaridad Obrera o La Batalla se hacían llamamientos directos al exterminio de religiosos o de burgueses. Hay incluso testimonios que avalan que la FAI, la rama pistolera del anarquismo, tenía en Barcelona un plan sistemático de eliminación de personas antes de que se produjera la sublevación del 18 de julio de 1936.

El caso extremo es el de Paracuellos. Porque si bien parece ser incontestable que la iniciativa partió de un agente de la Internacional Comunista como Vitorio Codovila, uno de los creadores del V Regimiento, la decisión se concretó por un acuerdo entre las cúpulas del Movimiento Libertario y las Juventudes Socialistas Unificadas en la Junta de Defensa de Madrid. Las sacas de noviembre y diciembre fueron ejecutadas por orden de Amor Nuño, un joven anarquista presente en la Junta y alguien no identificado de las JSU, organización ya de obediencia comunista, que sólo podía ser Santiago Carrillo o su segundo, José Cazorla. A Segundo Serrano Poncela le tocó obedecer y poner en marcha la matanza. Esta responsabilidad está comprobada en el acta de la reunión del Movimiento Libertario de Madrid celebrada el 8 de noviembre, que tuve la fortuna de encontrar en los archivos anarquistas hace tres años.

Pero hay más: Melchor Rodríguez, el ángel de las prisiones, estuvo presente en esa reunión, y no figura su opinión al respecto. Lo que sí sabemos es que fue destituido oportunamente por su jefe, Juan García Oliver, ministro de Justicia del Gobierno de Largo Caballero, seguramente porque no mostraría su acuerdo con las matanzas proyectadas. Rodríguez fue repuesto en su cargo el día 6 de diciembre, cuando las sacas se terminaron. García Oliver estuvo, por tanto, informado de que se iba a proceder a la matanza, aunque en sus memorias, repletas de fantasías y tardías justificaciones, intentara echar toda la responsabilidad sobre dirigentes como Margarita Nelken.

No hay ningún indicio serio, por el contrario, que avale que ni el Gobierno de la República ni la Junta de Defensa de Madrid conocieran esa voluntad de exterminio puesta en práctica por los comunistas y anarquistas madrileños. Como no hay nada que implique a Companys u otros dirigentes de Esquerra Republicana en las sistemáticas matanzas de curas, carlistas o militantes de la Lliga de Cambó, realizadas por la FAI y el POUM. Hubo voluntad y planificación, pero no del Estado republicano, sino de las direcciones de grupos políticos que lo apoyaban. Comunistas del PCE y del POUM, anarquistas de la FAI y, es posible, alguna fracción de los divididos socialistas, que fueron los actores del asalto a la cárcel Modelo en agosto de 1936.

Esa distinción es importante. Y justifica que se pueda decir que la República era un régimen democrático entre cuyos apoyos había muchos asesinos. El movimiento salvador de la patria que encabezaba Franco, se puede definir como un sistema criminal al que también apoyaban personas decentes.

La República, logró reimplantar un régimen legal de garantías, como evidenció el juicio contra los militantes del POUM en 1938. Aunque nadie se atrevió a investigar en serio los asesinatos de Andreu Nin o José Robles, porque eso podía comprometer las relaciones con la Unión Soviética de Stalin, único país que le suministraba armas.

Mientras, el Estado franquista no hizo sino legalizar el asesinato mediante el uso de los tribunales militares y los juicios sumarios.

Una diferencia básica que no nos puede llevar a repartir certificados vanos de inocencia. Lo que importa es la verdad.

Jorge M. Reverte es escritor.

Sobre la propuesta de financiación del Gobierno

Hace unos días, el Gobierno hizo pública su propuesta de bases para la reforma de la financiación autonómica. El documento propone aumentar significativamente el peso de las cesiones tributarias en relación con las transferencias estatales como fuente de financiación regional y esboza un sistema complejo de reparto con tres grandes bloques de fondos. Los dos primeros, los Fondos de Garantía y de Suficiencia, estarían ligados respectivamente a la financiación de los servicios públicos considerados fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales) y a la del resto de las competencias autonómicas, mientras que el tercero incluiría recursos complementarios que se repartirían con criterios muy diversos.

El objetivo del Gobierno es que el documento sirva de base para consensuar la estructura del sistema antes de pasar a concretar sus detalles. La estrategia es acertada, porque, una vez haya números sobre la mesa, la atención de los gobiernos regionales se centrará únicamente en cuánto le toca a cada uno. Antes de llegar a este estadio, parece razonable intentar acotar la discusión, fijando al menos el esqueleto del sistema.

El documento contiene elementos muy positivos. El incremento de los porcentajes de cesión tributaria supone una mejora importante en el nivel de autonomía financiera de los gobiernos regionales y es también una condición necesaria, aunque no suficiente, para aumentar su grado de responsabilidad fiscal, mejorando así la rendición de cuentas a sus ciudadanos. La estructura básica del Fondo de Garantía que se dibuja en la propuesta es razonable y supone un avance significativo sobre la situación actual. Este fondo, que absorberá el grueso de los recursos del sistema, se financiará con un porcentaje de los ingresos tributarios cedidos a las autonomías y se repartirá basándose en criterios objetivos actualizados anualmente, con el fin de asegurar que todas las comunidades disfruten de la misma financiación por unidad de necesidad en cada momento, eliminando así muchas de las distorsiones del sistema actual. También se mejora apreciablemente la fórmula utilizada para calcular las necesidades de gasto, introduciendo la población en edad escolar como criterio básico de reparto para las competencias educativas y mejorando el indicador que se utiliza para distribuir la financiación sanitaria.

Otras partes del documento son menos satisfactorias. En primer lugar, el diseño del nuevo Fondo de Suficiencia queda demasiado en el aire. El documento sugiere que las comunidades se quedarán con la parte de los tributos cedidos no destinada al Fondo de Garantía y que el Estado complementará la financiación de las que obtengan menos recursos por esta vía y garantizará que nadie pierda financiación en relación con el sistema actual, pero no especifica cómo se determinarán las necesidades de gasto en competencias no consideradas básicas o hasta qué punto se nivelará este componente del sistema. Dependiendo de cómo se resuelvan estas cuestiones, podemos terminar con sistemas muy diferentes.

En segundo lugar, resulta preocupante la proliferación de fondos ad hoc con objetivos contrapuestos dentro del tercer bloque del sistema. En la propuesta se habla de recursos adicionales para regiones pobres y para regiones con niveles de financiación per cápita inferiores a la media o a su capacidad fiscal tras el reparto de los dos grandes fondos. A esto hay que añadir recursos para "compensar" (no se sabe muy bien por qué) a las regiones con mayores y menores tasas de crecimiento de la población y a todas aquellas que no tengan acceso a otros fondos especiales. Dejando de lado el coste de todo ello y el hecho de que resulta muy difícil contentar a todos cuando lo que les preocupa en muchos casos es su posición relativa y no absoluta, el problema fundamental con esta estrategia es que el intento de hacer a cada región un traje a medida puede desvirtuar los esfuerzos de racionalización que han guiado el diseño del Fondo de Garantía y amenaza con terminar perpetuando el principal vicio del sistema actual: la arbitrariedad de sus resultados.

Finalmente, el documento no entra en dos temas espinosos. El primero es la dinámica de la cláusula de statu quo. Está bien que nadie pierda dinero con el cambio de sistema, pero no debe permitirse que esta garantía congele el reparto sine die, como ha sucedido hasta ahora. El segundo es el cálculo de la llamada recaudación normativa, esto es, de la recaudación teórica por tributos cedidos que se utiliza para realizar los cálculos del sistema. Tal como ésta se fija actualmente, su importe es muy inferior a la recaudación real, lo que deja fuera del sistema muchos miles de millones de euros que, además, se reparten de forma muy desigual entre comunidades, contribuyendo muy notablemente a aumentar la arbitrariedad del reparto.

Para que el documento del Gobierno pueda cumplir su propósito, la propuesta tiene que ofrecer un margen suficiente de flexibilidad, pero también debería concretar la arquitectura del sistema con claridad. La tentación de posponer los asuntos más complicados es comprensible, pero, mientras éstos no se aborden, resulta difícil determinar si realmente hemos avanzado algo. Espero equivocarme, pero me temo que el acuerdo está más lejos de lo que el Gobierno piensa.

Ángel de la Fuente es investigador del Instituto de Análisis Económico (CSIC).

Universidad: fin de un modelo

Con el plan de Bolonia la universidad europea concluye solemnemente un ciclo y comienza otro. Este cambio ya se estaba produciendo desde hacía un tiempo. Para poner una fecha, con lo atrevido que siempre resulta poner fecha, quizás podríamos escoger 1968. Desde principios de siglo XIX la universidad había sido, o pretendido ser, el centro de enseñanza superior por excelencia. A partir de ahora, cuando menos en parte, ya no será así: la universidad será una mezcla de bachillerato especializado y de formación profesional, con algún pequeño reducto de universidad a la antigua usanza. No digo que esta perspectiva esté mal ni bien. Seguramente es una solución que resuelve algunos problemas sociales y económicos de la actualidad. Pero también plantea otros y, en todo caso, comporta importantes consecuencias culturales y sociales.

Las primeras escuelas que se denominaron universidades datan del siglo XI. Algo después adquieren fama algunas de ellas (París, Oxford, Bolonia, Salamanca entre nosotros) y constituyen verdaderos centros de conocimiento, pero casi limitados a la teología, el derecho y la medicina. Pero ya en la edad moderna las universidades entran en una clara decadencia. Controladas en general por la Iglesia y por las monarquías absolutas, se limitan a enseñar un escolasticismo tradicional y nada innovador. Los nuevos métodos racionalistas y empiristas, decisivos en el alumbramiento del mundo moderno, discurren por otros cauces. Ni Montaigne, ni Hobbes, ni Descartes, ni Locke, ni Spinoza, ni Leibniz, ni los ilustrados franceses del XVIII son profesores de universidad.

Con el liberalismo se inicia una nueva etapa y la universidad será protagonista del saber moderno. Así, Napoleón establece una universidad estatal y burocrática que resulta muy eficaz; la Universidad de Berlín se funda en 1810 inspirándose en las nuevas ideas sobre la enseñanza de Fichte y Humboldt; Oxford y Cambridge evolucionan hacia el modelo que teorizará Newman. Con ello se ponen las bases de la universidad europea que ha durado hasta hace poco. En buena parte, el pensamiento, la cultura y la ciencia se producen dentro del marco de este nuevo tipo de universidad. Simplificando un poco, en esta universidad europea podemos distinguir dos grandes modelos de enseñanza: el británico y el alemán.

El modelo británico se basa en la idea de que la enseñanza debe ser generalista, es decir, que debe dotarse al estudiante de los conocimientos necesarios para que, tras su paso por la universidad, esté en condiciones de desempeñar cualquier profesión a la que se dedique. Los conocimientos específicos para dedicarse a una profesión o a la investigación científica deben adquirirse después, tras el paso por la universidad.

El modelo alemán es distinto: la universidad es una institución al servicio de la ciencia y la enseñanza debe ir encaminada al conocimiento del método científico, no a una formación general ni tampoco a la preparación para el ejercicio de una profesión. Por tanto, sólo un buen investigador puede ser un buen docente. Aquel profesor que no investiga y sólo se limita a transmitir lo ya conocido es incapaz de iniciar al estudiante en el saber científico, base de toda formación intelectual. Sólo con esta base científica puede el estudiante convertirse en un buen profesional.

El modelo español ha estado a caballo entre uno y otro modelo, con todas las evidentes insuficiencias pero también, ciertamente, coincidiendo en una cosa con ambos: en la universidad no se debía enseñar una profesión sino que debían ponerse las bases teóricas para que esta profesión pudiera aprenderse fuera de la universidad. Es decir, sin aprender los conocimientos que la universidad ofrece es imposible tener capacidad suficiente para ser después abogado, médico o arquitecto; ahora bien, en la universidad no te enseñarán a ser abogado, médico o arquitecto. Bien generalista, bien científica - dependía de la carrera, asignatura o profesor - en la universidad española no se enseñaba una profesión, simplemente se preparaba para que después se pudiera aprender una profesión.

Todo ello ha cambiado. En los últimos años, se ha ido creando un consenso implícito en que la universidad debe formar, antes que otra cosa y desde el principio, profesionales. Probablemente ello es debido a que, por una parte, de una universidad elitista hemos pasado a una universidad de masas, con necesidades distintas; por otra, la actual mentalidad de los jóvenes es muy pragmática y, desde el primer día, piden que se les enseñen cosas útiles para su rápida inserción en el mundo laboral. Las direcciones de las universidades, desde el ministerio hasta las consejerías autonómicas, los rectores y los decanos, incluso la mayoría de los profesores, también parecen estar en esta línea.

Las dudas sobre esta nueva orientación, sobre esta enseñanza dirigida tan exclusivamente a formar profesionales, son varias y casi no hay espacio para abordarlas. Enunciaré sólo dos, no sé si las más importantes. La primera, si dará buenos resultados prácticos, es decir, si ayudará realmente, aunque resulte paradójico, a formar buenos profesionales. La segunda, si será capaz de incitar a la investigación, al aumento del conocimiento innovador, ahora que tanto se habla de su necesidad.

Tengo la impresión de que el debate ha sido, y sigue siendo, pobre e insuficiente. Se ha hablado de muchas cosas menos de una, de la más importante: ¿hacia dónde va el nuevo modelo?

Francesc de Carreras es catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

Negros y judíos del País Vasco

PONGAMOS que no son tantos como cuarenta mil. Que son apenas la mitad. Un número escalofriante, en todo caso. Esa cifra, cualquiera de las dos, descubre una de las dimensiones del auténtico «conflicto vasco», del único real: millares de ciudadanos que ven anulados derechos elementales como consecuencia de las amenazas, la persecución y la extorsión. De ellos, más de mil no pueden desplazarse sin escoltas. Otro muchos no pueden ejercer libremente su derecho a voto. Hay una localidad guipuzcoana de casi dos mil habitantes donde en las últimas elecciones sólo votaron unos treinta electores. Los concejales electos renunciaron a su acta y, de esa forma, vio prorrogado su mandato la corporación regida por una alcaldesa de una formación ilegalizada. Ni e lectores ni concejales dieron un ejemplo ciudadano. Pero no se puede pedir que en cada pueblo controlado orwellianamente («Big brother is watching you») por el ejército de espías de ETA surja una heroína como la alcaldesa de Lizarza.

Y esa cifra -cuarenta mil, veinte mil, tanto da- sigue siendo considerablemente menor que la que incluye a otros muchos ciudadanos vascos que han decidido, sin armar ruido, resignadamente, marchar al exilio para escapar de la presión agobiante o de la amenaza directa. ¿Puede un gobernante vasco dormir plácidamente cada noche cuando miles de sus conciudadanos no pueden ir a tomar café, o al baño, sin la compañía permanente, sofocante, de una sombra ajena? Claro que puede.

Para quienes gobiernan en el País Vasco desde hace más de un cuarto de siglo la única merma de derechos que les quita el sueño es la de los cómplices de los asesinos y sus organizaciones títeres. O eso parece a juzgar por sus actos. «No se pueden ilegalizar ideologías». ¿Y quién ilegaliza tal cosa? Justificar el tiro en la nuca o el coche-bomba y prestar apoyo logístico y mediático a una organización terrorista no es una opción ideológica. Nadie defendería la legalización de un partido que justificase la persecución de los judíos o de los negros sólo porque una decenas de miles de insensatos o de ingenuos les votasen. Pues bien, los cuarenta mil o los veinte mil perseguidos, y los muchos otros millares que se exilaron para escapar de la persecución, son hoy los negros y los judíos del País Vasco.

¿Y puede un partido no nacionalista concebir siquiera la hipótesis de, llegado el caso, formalizar un acuerdo parlamentario o de gobierno con quienes, desde Ajuria Enea, no han sabido, o no han querido, librar a los negros y judíos del País Vasco de ese escandaloso pogromo durante todos estos años? Pues me temo que también puede. Y si no es así, que lo proclame bien alto en algún momento antes de las próximas elecciones vascas. No lo hará. Más allá de la hojarasca levantada por el vendaval de invectivas que se vienen dedicando socialistas y PNV en las últimas jornadas -que ambos necesitan para encorralar al ganado propio- revolotea una intención inconfesada o un cálculo electoral.

El PSE necesita picar en el electorado nacionalista para pasar al PNV en las urnas. Pero, una vez conseguido ese propósito, tendrá que apoyarse en algún otro grupo para gobernar. La intención no confesada sería reeditar el bipartito socialista-PNV de los años ochenta y noventa a pesar del engaño humillante que el PSE sufrió con los acuerdos de Lizarra de 1997. Pero el PNV tendría que aceptar un lendakari llamado López, una rueda de molino con la que difícilmente podría comulgar. O puede el PSE intentar un tripartido a la vasca con independentistas y eco-comunistas. La otra opción, el cálculo electoral, partiría de la convicción de que, tras la derrota por los pelos de 2001, una futura colaboración PSE-PP sólo puede prosperar a condición de que no se airee antes de las elecciones. Ojalá sea eso en lo que están pensando, pero ¿quién pone la mano el fuego? Sólo cabe pedir al PSE que, cuando sopese las opciones en caso de victoria electoral, no olvide a esas decenas de miles de conciudadanos condenados a una vida de parias. La mejor justicia que pueden recibir es que se envíe a la oposición a quienes convivieron cómodamente con esa ignominia.

Eduardo San Martín en Abc.

La placa de la discordia

Lo que subyace en la polémica sobre el homenaje a la Madre Maravillas es que la condición de religioso católico aún produce en amplios sectores de la izquierda una reacción emocional de rechazo

La polémica sobre la placa con la que la Mesa del Congreso quiso recordar que Santa Maravillas de Jesús había nacido en el lugar que hoy ocupan unas dependencias del Congreso ha sido sorprendente, tanto por su repercusión política y mediática como por el enconamiento con el que se han formulado las opiniones adversas. Aunque nunca lo he visto explicitado, parece lógico suponer que la placa se habría colocado en esas dependencias y no en el hemiciclo, y que el texto habría sido meramente conmemorativo. Esa atención pública, sin pretenderlo, le ha dado a la Madre Maravillas una notoriedad infinitamente mayor que la de cualquier homenaje.

Como un espejo, EL PAÍS, en portada, informaba de que el Congreso se había soliviantado ante la posible colocación de la placa; en un editorial se la calificaba de ignominia; una columnista, que atribuía equivocadamente a la santa una frase de san Juan de la Cruz, calificándola de contrato sadomasoquista, añadía: "¿Imaginan el goce que sentiría

al caer en manos de una patrulla de milicianos jóvenes armados y -¡mmm!- sudorosos?"; y, finalmente, en una Cuarta página, un monje consideraba la placa como esperpéntica, en un artículo plagado de inexactitudes. También en el periódico aparecieron opiniones distintas, como la de Muñoz Molina, quien en respuesta a la columna anterior escribió que "no hace falta imaginar lo que sintieron, en los meses atroces del principio de la guerra, millares de personas al caer en manos de pandillas de milicianos, armados y casi siempre jóvenes, aunque tal vez no siempre sudorosos. Azaña, Prieto, Arturo Barea... no les costó nada imaginar la tragedia de tantas personas asesinadas por esas pandillas, no siempre incontroladas, y todos ellos sabían el daño que esos crímenes estaban haciendo a la justa causa de un régimen legítimo asaltado...". Rosa Montero, en su columna, manifestó su sorpresa porque "una pobre monja muerta en la ancianidad hace 30 años y que no parece haber hecho mal a nadie haya suscitado tan enconado conflicto y recibido ataques tan violentos", achacándoselo a quienes no toleran al prójimo que piensa diferente y le arrebatan su humanidad, convirtiéndolo en una cosa violable y exterminable. Finalmente, Joaquín Leguina, lleno de inteligente sensatez, al ser preguntado por esta polémica, concluyó que "es una persona relevante que ha sido elevada a los altares, ¿por qué tenemos que discutir esta cuestión? Que se ponga la placa y ya está".

Intentemos aproximarnos a la persona que ha sido el involuntario sujeto de esta placa de la discordia para recuperar su figura humana. Santa Maravillas de Jesús nació en el siglo XIX en una de las familias más cultas e influyentes de la España de su tiempo. Profundamente inteligente, excepcionalmente culta y de una inagotable bondad, a los 27 años decidió ingresar en un convento de clausura para vivir en plenitud su vocación religiosa, siguiendo con fidelidad los pasos de santa Teresa. Renunció a una importante posición social para pasar el resto de su existencia manteniéndose sólo con el trabajo de sus manos, sin más bienes materiales que los escasísimos que pertenecían a su comunidad conventual. Desde la más absoluta pobreza, su vida entera estará inspirada por un amor solidario hacia sus semejantes y hacia su Dios. Se dedicó enteramente a la meditación, que es pensamiento, oración y contemplación, aunque también, con una asombrosa eficacia para sus pocos medios y su voluntario retiro, fundó 13 conventos; hizo construir una barriada de casas prefabricadas para quienes carecían de vivienda; promovió colegios en una España que tenía una tasa de analfabetismo superior al 50%; creó una clínica para las religiosas que carecían de toda asistencia social y llevo a cabo muchas otras obras humanitarias. Su comunidad, que se rige por una secular regla democrática, la eligió priora durante los últimos 48 años de su vida. Desde esta perspectiva, cabe preguntarse: ¿qué puede decirnos la espiritualidad mística en una cultura tecnológica y secularizada?, ¿qué sentido tiene la pobreza voluntaria en la sociedad de consumo?, ¿acaso el amor como vocación, la dignidad del trabajo manual, la pobreza elegida para compartir con los demás la totalidad de los bienes, la libertad de no necesitar nada porque nada se tiene ni se desea, y el ejercicio de la meditación, no son rasgos positivos de la condición humana? En su vivencia religiosa descubrimos una llama de verdadero humanismo, que viene de muy lejos, y que puede proyectar su luz y su calor sobre muchos trechos de nuestra propia existencia. El prestigioso cardiólogo Vega Díaz, que la atendió en las últimas décadas de su vida, siendo agnóstico reconocía que al conocerla sintió una "impresión anonadante" y que, desde entonces, "su espiritualidad ocupó todas las honduras de mi conciencia".

Los escritos de la religiosa impresionan a cualquier lector sensible, sea o no creyente. Siguiendo los pasos de la noche oscura de san Juan de la Cruz, padeció durante toda su vida "el abandono y el dolor de la ausencia de Dios, la soledad más radical, las dudas sobre todo". Pero junto a la desolación de estas vivencias, la Madre Maravillas conoció otras, gozosas e inefables, en forma de experiencias "cumbre", como las califica Maslow, sobre la presencia de Dios.

La cuestión no ha sido, obviamente, la personalidad de esta santa que a nadie ha interesado y cuya biografía el editorialista de EL PAÍS resumía como la de una religiosa perseguida en la Guerra Civil, cuando su vivencia del terror desatado en la retaguardia de Madrid fue privilegiada, al haberse refugiado con su comunidad en un piso donde algunos milicianos la protegieron. Lo que subyace en el trasfondo de esta polémica es el hecho incuestionable de que la condición de religioso católico aún produce en sectores de la izquierda española una reacción emocional de rechazo, impropia, por su intolerancia, de una sociedad moderna y laica. Conviene recordar la intervención de Óscar Alzaga en el Congreso de los Diputados, en la etapa constituyente, cuando se debatía la aconfesionalidad del Estado: "No vamos a defender, ni aquí ni en ningún momento, la confesionalidad del Estado ni pedir derechos para los católicos que no correspondan a los restantes españoles, es más, hacemos en este acto constituyente solemne expresión de que abjuramos de prejuicios históricos que en ocasiones han sostenido los católicos en España. Ahora bien, esperamos la misma modernidad de enfoque por la otra parte. Es decir, también en el juego de las dos Españas, en ese grave juego dialéctico que intentamos superar definitivamente, hay responsabilidades históricas, serias y graves para las fuerzas políticas de tradición más laica".

Católicos y no católicos deberíamos reflexionar sobre las causas de que perviva entre nosotros este sentimiento anticlerical. La Iglesia podría preguntarse por lo que está significando la pérdida del espíritu que encarnó el cardenal Tarancón, que en la transición democrática tanto la legitimó social y políticamente, y si su adaptación a la nueva realidad española, pluralista y aconfesional, está siendo o no adecuada. Los anticlericales podrían cuestionarse si su actitud responde a ese "espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas" que preconiza la llamada Ley de Memoria Histórica, que menciona expresamente a quienes padecieron agravios por sus creencias religiosas, y pensar sobre el hecho de que la mayoría de la sociedad española no participe de su beligerancia. En todo caso, sin tener presente este fenómeno resulta incomprensible que una placa para recordar el lugar del nacimiento de una mujer religiosa, que sólo ha hecho el bien en su vida y cuenta con un excepcional reconocimiento universal, soliviante a nuestros diputados y lleve a este periódico a calificarla de ignominia. Lo mismo escribiría si se tratase de un ilustre místico sufí o un prestigioso monje budista, porque entre nosotros nadie debe ser discriminado por su condición religiosa. Los verdaderos santos, los que han vivido haciendo el bien, católicos o de cualquier otra religión, creyentes o agnósticos, son ciudadanos ejemplares que conviene honrar y que a todos pertenecen. Causa sonrojo la inanidad intelectual de los argumentos opuestos ante la placa, incompatibles con la Constitución y el carácter pluralista de nuestra sociedad. No seamos el único país democrático occidental donde el arzobispo Romero, asesinado por la extrema derecha salvadoreña, la madre Teresa de Calcuta o el pastor protestante Martin Luther King, de haber nacido en un edificio público, por ser religiosos, no podrían contar con una discreta placa que los recordase. Me temo que quienes han terciado con tal enconamiento en esta polémica han defendido posiciones que recuerdan a algunas de las páginas más tristes de nuestro reciente pasado histórico.

Gregorio Marañón y Bertrán de Lis es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Europa necesita una sola voz

La Unión Europea no logra superar las pruebas de Gaza y de la crisis del gas. En política exterior, está más débil y dividida que nunca. ¿Por qué no somos capaces de hacer las cosas bien?

Débil, dividida, incoherente, hipócrita e irritante: así se oye calificar en privado a la UE en Pekín y Washington. Y los hechos de la primera semana de 2009 indican que nuestros críticos tienen toda la razón.

Fíjense en qué lío estamos. Europa afronta dos graves crisis que ponen en peligro nuestros intereses y nuestros valores. La guerra de Gaza es una negación de todos los principios que Europa asegura representar. Afecta directamente a nuestros intereses, entre otras cosas porque la última oleada de sufrimiento palestino (a la que contribuye la propia dirección palestina, dividida e irresponsable) exacerbará aún más la ira de los musulmanes que viven en Europa. En cuanto a la disputa entre Rusia y Ucrania por el gas, ya ha hecho que los ancianos de varios Estados miembros de la Unión Europea estén pasando frío en sus viviendas por falta de calefacción. Si evitar que nuestra gente muera de frío no es un interés vital, que me lo expliquen. Además de que esta situación es también una burla de los ideales europeos de resolución de conflictos mediante negociaciones pacíficas y bajo el imperio de la ley.

¿Y cómo reacciona Europa? Para nuestro gran ridículo, en Oriente Próximo ha estado representada no por una sino por dos misiones separadas: una oficial de la UE, encabezada por el ministro checo de Exteriores -dado que la República Checa acaba de tomar el relevo de Francia en la presidencia de la UE, todavía bajo el régimen de rotación cada seis meses-, y otra formada por el rey emperador Nicolas Sarkozy, que claramente ha disfrutado tanto siendo presidente europeo durante los seis últimos meses que tiene la impresión de que ni Europa ni el mundo pueden vivir sin él. Para adaptar la frase de Luis XIV, "L’Europe, c’est moi".

En un momento en el que Estados Unidos está suspendido entre un presidente saliente que no está dispuesto a hacer nada para detener la matanza y un presidente entrante que siente que no puede actuar aún, Europa tiene la oportunidad de demostrar qué puede hacer. Y aquí está: débil, dividida y tan irritante, pomposa y llena de autobombo como a principios de los noventa, cuando el ministro de Exteriores de Luxemburgo llegó a una Yugoslavia en plena desintegración y proclamó: "Ha llegado la hora de Europa". Como los Borbones, la Unión Europea parece no haber olvidado nada y no haber aprendido nada. La exigencia de alto el fuego inmediato de la UE se ha visto acogida con el rechazo. A Sarkozy hay que reconocerle que, por lo menos, ha trabajado urgentemente con el Estado limítrofe con el sur de Gaza, Egipto, para elaborar un plan concreto. No obstante, en el caso de que Israel acepte una versión del plan egipcio, lo hará por sus propios motivos operativos y de política interna y porque Washington ejerza presiones reales.

¡Ach Europa!, suspiraba el escritor alemán Hans Magnus Enzensberger hace unos 20 años, con afecto y exasperación. ¡Ach Europa!, grito yo en 2009, con más indignación que tristeza. Aunque el sufrimiento humano causado por la disputa del gas entre Rusia y Ucrania es menos grave que el de Gaza, el fracaso europeo en este caso es todavía más imperdonable. Europa, por más poder económico que tenga, no puede impedir la tragedia de Gaza sin la ayuda de Estados Unidos. En el caso del gas ruso, la situación es distinta. Si hubiéramos hecho lo que llevan pidiendo los expertos desde la última obstrucción del gasoducto ruso y hubiéramos empezado a crear un mercado único europeo de gas natural, si los 27 Estados miembros de la UE tuvieran siempre una misma postura frente a Rusia y Ucrania, nunca habríamos llegado a encontrarnos en esta miserable circunstancia. Ahora, cuando oigo a las autoridades de la Comisión Europea sacando pecho y protestando -esto es "inaceptable", dicen, "Rusia debe..."-, no sólo doy por descontada la reacción de desprecio de Gazprom y Vladimir Putin, sino que, en mi fuero interno, casi la comparto.

¿Por qué los europeos no podemos hacer las cosas como es debido en nuestras relaciones con el resto del mundo? En nuestro continente hemos hecho grandes cosas: hemos completado casi del todo la ampliación más ambiciosa en la historia de la Unión y acabamos de celebrar el décimo aniversario del euro. En política exterior hemos avanzado poco desde hace un decenio. Y el tiempo no está de nuestra parte. A medida que ascienden potencias como China e India, el poder relativo de Europa disminuye de forma inevitable, así que unir nuestros recursos no es, en cierto modo, más que la única forma de mantenernos a su altura. El calentamiento global y la proliferación nuclear no van a esperar a que acabemos nuestros interminables debates internos.

Hay dos elementos clave para que hagamos las cosas bien: el institucional y el político. En los últimos 10 años hemos prestado demasiada atención al institucional y demasiado poca al político. Las instituciones son importantes. Con todos sus defectos, Sarkozy ha demostrado, en el último semestre, el efecto que puede tener un presidente enérgico y seguro de sí mismo en representación de Europa. Sería todavía mejor contar con un presidente y un alto representante nombrados para un periodo más largo, tal como se prevé en el Tratado de Lisboa. Y, aunque sea menos visible, también ayudaría disponer de un solo "servicio de acción exterior" formado por funcionarios y diplomáticos que se encarguen de identificar sistemáticamente los intereses, valores e instrumentos europeos en todas las grandes cuestiones internacionales (Israel-Palestina, gas ruso, lo que sea).

Por eso, algunos dicen que estos hechos demuestran que verdaderamente necesitamos el Tratado de Lisboa y, por consiguiente, los irlandeses deben celebrar un segundo referéndum que produzca la respuesta adecuada. Me parece una postura antidemocrática en los principios y con pocas posibilidades de triunfar en la práctica. Si fuera irlandés, esa actitud me parecería intimidatoria y paternalista y, por tanto, me sentiría más inclinado a decir "no". Lo que deberíamos hacer es reflexionar sobre qué cambios institucionales son necesarios para contar con una política exterior más eficaz y cómo es posible ponerlos en marcha o añadirlos a los tratados que componen la constitución de la UE.

Las instituciones, en definitiva, no son más que instrumentos. Cuando existe voluntad política, hay una vía institucional. Cuando no existe voluntad política, los mejores ordenamientos institucionales del mundo no sirven para nada. A estas alturas es habitual que los grandes estadistas retirados -un recurso del que nuestro continente está más que dotado- se dediquen a lamentar la falta de "liderazgo" en la Europa de hoy (se da por sobrentendido que la situación era mucho mejor en sus tiempos). Francamente, no me parece que nuestros dirigentes actuales sean tan malos. Es verdad que todos quieren pavonearse y destacar en el escenario mundial; ¿qué político no quiere? El problema de fondo no está en estas estrellas políticas, sino en nosotros. Es culpa nuestra, porque premiamos su vanidad.

Mientras nosotros, los ciudadanos de los países de la Unión Europea, no nos despertemos y exijamos a nuestros dirigentes que se aclaren las ideas, en interés de todos y cada uno de nosotros, no tendrán ningún incentivo político para hacerlo. Puede que intelectualmente acepten (o no, en el caso de los conservadores británicos) los argumentos a largo plazo en favor de una Europa con una voz más fuerte y coherente en el mundo, pero, mientras ocupen cargos electos, ese análisis no significará nada frente a las posibles ventajas políticas a corto plazo.

Somos nosotros, los ciudadanos de Europa, los que debemos alterar ese cálculo de las ventajas. Eso significa abrir también nosotros los ojos al peligroso mundo en el que vivimos: un mundo en el que ahora afrontamos una larga lucha para conservar el modo de vida relativamente próspero, libre y civilizado que hemos construido durante los últimos 50 años. Hasta que los europeos no reunamos esas fuerzas, nuestros "amigos" norteamericanos, chinos y rusos tendrán verdaderos motivos para despreciarnos.

Timothy Garton Ash

Aquí no dimite ni dios

Del blog de Eduardo San Martín...

Si la dimisión de un cargo público no implicara necesariamente la admisión de una culpa directa sería más fácil exigir que esos cargos abandonen sus puestos como ejemplo de higiene política en determinados casos. Ejemplo: la ministra de Fomento no es la culpable de que una borrasca se desplazara unos cuantos kilómetros de las previsiones iniciales; tampoco de que muchos ciudadanos eligieran utilizar sus coches privados en una jornada amenazante para el transporte; y mucho menos de que otras administraciones no cumplieran con sus propias obligaciones. Pero es inadmisible que en un país con el nivel de desarrollo como España y en pleno invierno, cuando se supone que esas cosas suelen ocurrir, la capital del país se colapse, y su aeropuerto se vea obligado a cerrar, por una simple nevada; fuerte, pero una nevada al fin y al cabo. Y en una democracia, unos de cuyos principios básicos es la rendición de cuentas por lo poderes públicos, alguien tiene que asumir la responsabilidad de que las cosas no hayan funcionado como se espera que lo hagan en un país que, según nos recuerda el gobierno cada día, es “la octava potencia económica del mundo”. No estoy seguro de si, en el caso que nos ocupa, Magdalena Álvarez debe dimitir o no. Lo que quiero recordar es que en este país no dimite un cargo público importante (más allá de algún que otro infeliz alcalde) desde hace décadas. Y creo ocurre así porque no se ha establecido la necesaria distinción entre responsabilidad y culpabilidad. Los partidos suelen cerrar filas en torno a los suyos para evitar que la asunción de una responsabilidad determinada pueda entenderse como la admisión de una culpa. Dimitir puede ser injusto en determinados casos (ningún cargo público puede estar al tanto de absolutamente todas las funciones que se desarrollan bajo su responsabilidad) pero a veces es la única manera de que un gobierno corresponda a los ciudadanos indignados con un gesto que implique una rendición de cuentas: de acuerdo, no hemos podido evitarlo, los acontecimientos nos han sobrepasado, nadie lo habría previsto, pero nuestra responsabilidad es que estas cosas no ocurran y creemos que la única manera de que los ciudadanos entiendan que aceptamos esa responsabilidad es la sustitución de quien se situaba en el cúspide de la cadena de mando. Tampoco ayuda a que una actitud como la descrita entre dentro de los parámetros de la normalidad el hecho de que los partidos, cuando están en la oposición, exigen esas responsabilidades con tanta incontinencia como resistencia muestran en no aceptarlas cuando están en el gobierno. Se ha banalizado de tal forma la petición de dimisiones por cualquier bobada que, cuando se presenta un caso en el que estaría plenamente justificada, se contempla desde la filas del poder como una rutina más del ejercicio de la oposición. Y, entretanto, todos pegados a la silla.

Eduardo San Martín