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Otra política (y II)

Otra política (y II)

Continuación de otro post anterior de hace mucho tiempo...

La función principal de la política es la producción y distribución de los bienes colectivos necesarios para el desarrollo de una sociedad, para lo que se requiere adoptar una serie de decisiones, en un tiempo limitado, con escasez de datos y recursos, en un medio extremadamente complejo que las nuevas condiciones sociales no parecen sino embarullar. El perfil que define la competencia profesional del político es una capacidad especial para tomar decisiones colectivas en situaciones de elevada complejidad. La política es un ámbito de innovación y no sólo de gestión. Y la creatividad tiene mucho que ver con el hallazgo de un lenguaje apropiado para hacerse cargo de lo nuevo. Aquí podríamos encontrar un nuevo eje para delimitar la izquierda de la derecha, un indicativo para reconocer el progreso frente a la tradición. Lo innovador es la capacidad de descubrir problemas, nombrarlos y hacerles frente; lo conservador sería la seguridad indiscutible que oculta la dificultad y disimula las propias perplejidades. Es avanzada aquella política que recoge las preguntas incómodas que la pereza mental no quiere hacerse por miedo a tener que cuestionar sus cómodos esquemas, sus prácticas habituales y su falta de atención hacia las cosas que se mueven, La verdadera demarcación política es la que distingue a los que no encuentran más que motivos para confirmar cuanto sabían frente a los que son capaces de incertidumbre. Las nuevas situaciones recuerdan a la política que ante cada reforma ha de plantearse la pregunta de si está ante problemas que simplemente puede solucionar o si se trata de transformaciones históricas que exigen una nueva manera de pensar. La innovación procede siempre de que alguien se preguntó si lo hasta entonces dado por válido se ajustaba a las nuevas realidades. Quien sea capaz de concebir el cambio como oportunidad, verá cómo la erosión de algunos conceptos tradicionales, de su rigidez y angostura, hace nuevamente posible la política.

La política consiste, fundamentalmente, en hacerse una idea del conjunto y compatibilizar en lo posible los elementos que están en juego. Para ello es necesario disponer de una visión general (o imaginársela, actuando un poco a ciegas, tentativamente, asumiendo riesgos, como suele ser el caso). Las circunstancias lo han puesto todo más complicado porque esta abarcabilidad es el recurso más escaso en una sociedad que se ha vuelto más opaca, en la que se ha multiplicado casi todo: los niveles de gobierno, los sujetos que intervienen en los procesos sociales, los escenarios sociales, las exigencias contradictorias (economía, política, cultura, seguridad, medio ambiente...), las materias que son objeto de decisión, los impactos de cada intervención. Aunque haya todavía quien encubre su perplejidad con retóricas simplificadoras, nuestros problemas no se solucionan buscando un culpable porque no se deben a la mala voluntad de unas elites conspirativas, a la maldad de la clase dominante o a la ignorancia culpable de quienes gobiernan. Todos los agentes colectivos padecen de una cortedad de vista. Muchos son los motivos que avalan la dificultad de conseguir un orden social inteligente e inteligible.

No es extraño que, estando así las cosas, la mayor aceleración social coincida con el menor interés por ensayar fórmulas innovadoras; cuando las cosas cambian demasiado, la gente no se mueve, huye de la experimentación. Precisamente una de las características más decepcionantes de nuestra práctica política es su estancamiento casi ritual, el temor a salirse de las fórmulas convencionales que han funcionado hasta ahora. De ahí su tendencia a la tecnocratización, el convencionalismo y la inmovilidad. Es llamativo que en el mismo mundo convivan la innovación en los ámbitos financieros, tecnológicos, científicos y culturales con una política inercial y marginalizada (Vallespín). El repliegue de la política frente al vigor de la economía o al pluralismo del ámbito cultural es un dato que merece ser tomado como un punto de partida de cualquier reflexión acerca de la función de la política en el momento actual.

Hasta la enumeración de los males es muy poco original. Hace ya tiempo que se insiste en llamar la atención sobre las dificultades que proceden de los límites de la política, los costes de la burocracia y la inestabilidad de la economía. En el mundo avanzado se da la paradoja de que el desarrollo de la ciencia y de la técnica producen una realidad social menos gobernable. Y quizá sea ésta una de las claves para entender lo que nos pasa. En otras sociedades la catástrofe ha sido algo ocasional; la desestabilización, una amenaza eventual y pasajera. En las sociedades contemporáneas los procesos adoptan configuraciones inestables e incluso caóticas. La democracia y el mercado son instituciones que viven en medio de las crisis y desequilibrios. Por eso la incertidumbre y la inestabilidad son características normales de los actuales procesos políticos, sociales y económicos. Y por eso mismo se debilitan los instrumentos clásicos del gobierno, que ya no sirven para una sociedad radicalmente desordenada e inordenable.

Las vías de solución más clarividentes apuntan hacia la conveniencia de pasar del ideal de un gobierno fuerte a lo que podría llamarse “un gobierno débil del cambio social”. Toda fórmula de gobierno fuerte (soberano, del centro hacia la periferia, de arriba hacia abajo, directo) es pretenciosa y poco realista. “Las potencias vinculadas al dinero y a la tecnología prevalecen y modifican el papel de la política. Si bien ello libera a las sociedades más desarrolladas de la pesadilla de tentaciones autoritarias y planificadoras del cambio, las deja también relativamente indefensas ante esas fuerzas que conjugan dinero, mercado global y tecnología” (Donolo). Pero en este concepto no desaparece la política; tan sólo se desvanece la posibilidad de confiarlo todo en el recurso a sus mecanismos tradicionales: control, protección homogeneizadora, domesticación social. La riqueza de un gobierno está en otra parte: en su capacidad de promover la cooperación, en su atención a criterios como la sostenibilidad y la compatibilidad. Por esta línea parece discurrir la posibilidad de dar con el sentido de la política en una sociedad en que se han multiplicado los procesos de autoorganización y fraccionamiento social.

Un mundo que está pidiendo ser interpretado nos exige contemplar la política de forma no convencional, abrir nuestra mirada a una realidad mucho más compleja. Para lo cual resulta útil el consejo de Hirschman de “abordar causas públicas con entusiasmo, pero son el arrebato y las expectativas milenaristas que garantizan el fracaso y la decepción generalizada”.

Si es verdad que estamos obligados a pensar de nuevo la función de la política en el siglo XXI, la primera tarea consiste en volver a pensar los lugares comunes, el concepto que nos hemos forjado del oficio político. La primera parte de este libro examina precisamente esas prestaciones básicas que esperamos de la política: su capacidad de tramitar posibilidades, oportunidades y compromisos, su función mediadora y de atención al bien común, la necesidad que tiene de limitarse a sí misma y generar una ética interna. En la segunda parte se inspeccionan algunos rasgos de la sociedad contemporánea que invitan a una transformación de la política. Determinadas modificaciones del pluralismo o la identidad, así como los cambios generados por las nuevas funciones de la opinión pública, por las dificultades planteadas en materia de seguridad o el tratamiento político de la naturaleza parecen estar exigiendo un replanteamiento de los tópicos habituales de la política. Esa nueva cultura política –tal es el tema del que trata la tercera parte del libro- supone una transformación en la manera de entender el estado y el gobierno, así como una nueva diferenciación ideológica entre la derecha y la izquierda que posibilita síntesis inéditas y altera no pocas de nuestras cómodas instalaciones. Es imposible hablar de política de manera imparcial, como un notario que registrara meramente lo que pasa, sin introducir valoraciones y juicios, que en estos asuntos adquieren siempre una cierta dimensión de adivinación del futuro. El tratamiento filosófico de los temas políticos no se sitúa al margen de esa parcialidad. Su contribución no consiste en hablar desde alguna posición privilegiada, sino en justificar y argumentar. La filosofía política tiene además una especial obligación de atender para entender lo que pasa. En un mundo que parece más complejo e incomprensible que los anteriores, comprender es un bien escaso. En otras épocas, interpretar la realidad era una pérdida de tiempo, una distracción de las exigencias de la praxis; ahora es un modo de actuar sobre la realidad, una verdadera actividad política que comienza desenmascarando aquellas formas de pseudoactividad cuya aceleración y firmeza se deben precisamente a que no se tiene ni idea de lo que pasa.

Daniel Innerarity en Introducción a La transformación de la política.

Fragmentos de vida evangélica

Creer de corazón y de palabra.
Creer con la cabeza y con las manos.
Negar que el dolor tenga la última palabra.
Arriesgarme a pensar
que no estamos definitivamente solos.
Saltar al vacío
en vida, de por vida,
y afrontar cada jornada
como si Tú estuvieras.
Avanzar a través de la duda.
Atesorar, sin mérito ni garantía,
alguna certidumbre frágil.
Sonreír en la hora sombría
con la risa más lúcida que imaginarme pueda.

Porque el Amor habla a su modo,
bendiciendo a los malditos,
acariciando intocables
y desclavando de las cruces
a los bienaventurados


José María R. Olaizola

La ingravidez de la ley

La ingravidez de la ley

En España se legisla rematadamente mal. Las normas se están volviendo inútiles y testimoniales

Ya se empieza a mirar con incredulidad esa suerte de voluntarismo que exhiben las autoridades ante cualquier atropello de que se tiene noticia, sea un acto de terror, un episodio de corrupción urbanística, un desastre de tráfico o un caso de malos tratos a la mujer. Para todas las calamidades tienen la misma respuesta: sobre los responsables -repiten una y otra vez- caerá todo "el peso de la ley". Lo que sucede es que de unos años a esta parte la ley está perdiendo peso sin que los principales interesados en mantenerla en forma parezcan preocupados por ello. Y al paso que va terminará por pesar tan poco que pueda ser considerada una entidad ingrávida.

Cuando uno es gobernante y esgrime todo el peso de la ley no está expresando sentimientos. Eso vale para el universo simbólico del poder, pero si no va acompañado de una panoplia eficaz de medios, acaba en un puro brindis al sol. Una cosa es anunciar leyes, amenazar con ellas, proyectarlas y publicarlas en la Gaceta, y otra muy distinta aplicarlas. Hace ya muchos siglos que resuena la voz sabia de Sófocles: no des órdenes que no puedas hacer cumplir. Pues bien, parecemos estar asistiendo a un incremento de prescripciones legales y admoniciones públicas que tienen algo de baladronadas jurídicas, porque no van a poder hacerse cumplir. El problema es serio, porque el cumplimiento espontáneo de la ley, que es producto de la deferencia ciudadana hacia su letra, está empezando a debilitarse a la vista de tanta frustración. Las promesas que se hacen en el mundo simbólico de la publicidad jurídica resultan fallidas en la vida cotidiana de la aplicación de la ley. Y la gente está empezando a desconfiar.

Lo más paradójico de semejante situación es que ha sido producida por la incuria de quienes tienen necesidad de la ley para llevar adelante sus programas. En efecto, todos los partidos políticos, cualquiera que sea su esfera de acción (estatal o regional), aspiran a ganar el favor de los electores con el objetivo de transformar su programa y sus ideas en normas jurídicas, en leyes. Y la paradoja es que al condescender con el estado lamentable en que se encuentra la legislación como herramienta de gobierno, están castrando sus propias posibilidades de actuar. La alternancia en el gobierno no ha servido en este punto para nada. Siempre se detecta la misma incoherencia moral: cuando se está en la oposición se demandan medidas sobre el proceder legislativo que nunca se aprueban cuando se está en el Gobierno. Todos los grupos parlamentarios exigen con gesto severo cosas que no hacen cuando gobiernan. En las Cortes Generales se prefieren las escenas de desacuerdos y broncas, cuanto más sonadas mejor, porque con ellas

se excita la sinrazón del ciudadano, que es lo que la política-espectáculo persigue. Nadie se ocupa de mejorar la elaboración de las leyes ni de hacer más efectiva su aplicación porque eso no hace ruido, lleva tiempo y demanda raciocinio. El resultado es que el poder de legislar reside en dos Cámaras que carecen de los indispensables medios y resortes técnicos para hacer las cosas bien. Sí, en España se legisla rematadamente mal. Tras más de 15 años ocupándome de la ley y su impacto social creo poder afirmar que se está tornando poco a poco una herramienta normativa testimonial e inútil. Y lo que pueda pasar cuando, ante el anuncio de una nueva ley, la gente empiece a encogerse de hombros, es algo cuya gravedad es difícil de exagerar.

Tomemos, si no, como ejemplo un característico paquete de leyes del Gobierno actual: las relativas a la violencia de género, la persecución de conductores imprudentes, la ayuda a la dependencia, o la erradicación del tabaquismo. Son políticas generalmente aceptadas, aprobadas además con amplios consensos. Si se hicieran realidad en la vida cotidiana, supondrían un importante avance en las condiciones de vida de los españoles. Pero no acaban de hacerse realidad. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ha habido que formularlas como leyes, y las leyes son en España un vehículo torpe y lento de afectar la realidad. Sus deficiencias técnicas y las enormes carencias de los órganos que han de aplicarlas hacen de ellas mandatos normativos que operan muchas veces en el vacío.

En el proceso de elaboración de las leyes aparecen siempre demagogias, presiones, ideas encontradas, intereses en conflicto, problemas de encaje en el ordenamiento, condicionamientos formales y materiales, y muchos otros inconvenientes. Pero por eso mismo es preciso reconducir en algún momento ese proceso hacia alguna institución solvente que ponga orden en el proyecto y trate de salvar las dificultades. Nosotros, lamento decirlo, carecemos de esa institución. Porque las Cortes Generales no se ocupan de tales cosas. Y por eso aparecen en la Gaceta esos engendros deformes que ha dado en alumbrar nuestro proceso legislativo. Leyes puramente simbólicas, contradictorias muchas veces, imposibles de aplicar otras, carentes de apoyo económico con frecuencia, meros deseos tantas otras, y así hasta decir basta. No exagero. Juristas de todas las convicciones están ya hartos de denunciarlo. Y tampoco atañe a este o aquel Gobierno. Todos ellos parecen pugnar por caer más y más en las politiquerías cotidianas en lugar de cultivar la altura de miras necesaria para acometer una política seria sobre los instrumentos fundamentales de la gobernación.

Y luego viene la segunda parte. Una vez que la ley está en la pacienzuda Gaceta hay que aplicarla. Y aquí simulamos habernos caído súbitamente del guindo. De pronto ha hecho eclosión en la prensa lo que todo el mundo sabía pero nadie quería saber: el lamentable estado de nuestra justicia como organización institucional. Miles de causas sin ejecutar por aquí, descoordinaciones elementales por allí, ignorancia de los más elementales criterios de organización institucional, dilaciones de años en cualquier procedimiento, ineficacia palmaria de las leyes aprobadas, episodios de sectarismo judicial, escandalosas anécdotas sobre pérdida de causas, rebelión de los cuerpos judiciales, sobrecarga insoportable de jueces y funcionarios, y una interminable lista de averías y goteras (metafóricas y reales).

Desde que se aprobó la Constitución con sus exigentes parámetros jurídicos hemos estado practicando la falacia del nirvana: pensar al legislador y al Gobierno como actores importantes pero corruptibles, dispuestos a traspasar límites, a ceder a tentaciones. A su lado, por fortuna, estaba la judicatura, a la que se encomendaba toda garantía, todo control jurídico, toda vigilancia de los valores constitucionales. Nadie estaba ya al arbitrio de ningún poder porque allí estaban los jueces. Entre unos poderes viciosos y unos jueces puros, capaces, trabajando sin límites de tiempo e información, y adornados con todas las virtudes del gran jurisconsulto, ¿quién iba a dudar? Pero resulta que eso era el nirvana; la realidad es otra que nadie, ni siquiera su famoso órgano de gobierno, ha abordado con seriedad. No es que nos salga súbitamente al paso ahora; ya estaba ahí hace demasiados años (hace ¡ocho! nada menos la llamé aquí La cuestión de Estado (EL PAÍS, 21/2/2001). Y revela su cruda verdad: una justicia administrada por juzgadores desbordados, sin apoyo económico, sometidos -sí- al imperio de la ley, pero de una ley muchas veces endeble, hueca, sin peso, ingrávida. Sin duda, un problema de Estado, pero ¿dónde están los estadistas?

Francisco J. Laporta es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.

La Universidad gratis es posible: pagan los vagos

La Universidad gratis es posible: pagan los vagos

Los estudiantes tardan dos años más en acabar la carrera de lo que deberían, pero sólo abonan el 10% de lo que vale cada curso - Los expertos aconsejan combatir la alta permanencia, ajustar los precios y dar más becas - El gobierno busca un modelo más eficiente

Que lleguen todos los posibles, pero que no se eternicen allí más tiempo de la cuenta. Porque la querencia de miles de alumnos a las aulas universitarias hace que las cuentas no cuadren. Ellos no tienen la culpa. Es del sistema financiero en el que está basada la Universidad española, que se lo permite. Ni es eficiente ni está pensado para incentivar al estudio y al esfuerzo. La educación superior gratis para los que aprueben la carrera entera en primera matrícula, como planea el Gobierno, sirve de punto de partida para un debate más amplio sobre los cambios estructurales y financieros que necesita la Universidad española, no sólo para ser más eficiente, sino también más racional. La inminente puesta en marcha del espacio europeo de educación superior, que arranca oficialmente en 2010, contemplado en la declaración de Bolonia, es una oportunidad para revisar la situación.

Los expertos hablan de las diversas opciones que existen. Mientras unos son más partidarios de que paguen los vagos, encareciendo las segundas y terceras matrículas, otros advierten que esta medida tendría que ser muy estudiada y controlada. En lo que coinciden todos es en que no hay que olvidarse de que, ante cualquier revisión de precios o de exigencias académicas, hay que proteger debidamente a los pobres. Se echa de menos la puesta en marcha de una vez por todas de un potente sistema de becas.

Al entrar en el análisis de la situación se ve que un relevante tema es cómo influyen en el rendimiento de los alumnos la docencia y la evaluación de los profesores. Hay carreras (las técnicas, sobre todo) y universidades en las que incluso los estudiantes mejores suspenden y pierden la beca. La consecuencia es que se produce una selección natural, según la cual los que necesitan una beca para estudiar (los alumnos de familias con menos renta) descartan de partida las carreras con más índice de suspensos. El resultado: muchas profesiones no se mueven de estrato social.

El cambio del modelo de financiación para dar a los estudiantes que aprueben o incluso a otros, como los que trabajan o los que proceden de familias con pocos recursos, la posibilidad de estudiar gratis es perfectamente posible. Un sistema combinado de gratuidad por rendimiento, de ayudas a los que trabajan y de becas adaptadas a la situación de cada alumno (según la universidad, la carrera en la que esté, y la exigencia media que esté habiendo en ese centro).

Una de las opciones más claras la expone en un informe el economista, experto en financiación universitaria, Juan Hernández Armenteros, que es el autor de los diversos estudios La Universidad española en cifras en la Conferencia de Rectores. Hernández Armenteros ha realizado un estudio sobre la financiación de los centros públicos presenciales por comunidades autónomas entre 1996 y 2004, en el que concluye que la situación es poco racional e "ineficiente" y sugiere como solución precisamente un sistema de gratuidad según los resultados académicos.

Este economista llama a su propuesta "sistema de gratuidad en las enseñanzas universitarias de grado para un comportamiento académico responsable" y dice que supondría la reducción a medio plazo de las "elevadas tasas de ineficiencia que, salvo en la excepción de un destacado número de titulaciones de ciencias de la salud, se vienen dando en las universidades españolas, con lo que se mejoraría el nivel de gasto por estudiante".

Hernández Armenteros propone que para que el sistema sea más eficiente se premie el rendimiento académico devolviendo el dinero a los estudiantes que aprueben en la primera matrícula toda la carrera (que en la actualidad son el 10%) e ir encareciendo progresivamente a lo largo de varios cursos las segundas y terceras matrículas hasta que la segunda represente el 50% del coste real de los estudios y la tercera el 100%. En la actualidad, los alumnos pagan de media alrededor del 10% del coste real de sus estudios, la segunda matrícula les sale por un 30% más que la primera y la tercera y sucesivas por aproximadamente un 50% más.

Como referencia, si el sistema de gratuidad que plantea Hernández Armenteros se hubiera aplicado en las universidades de Andalucía en el curso 2005-2006, éstas hubieran facturado un 66% más de lo que obtuvieron. El cálculo en Andalucía (que agrupa el 20% del sistema universitario español y ofrece todo tipo de titulaciones) es extrapolable, según el autor de este informe, a toda España.

Cualquier reforma de la financiación del sistema debería ir acompañada, según los especialistas, de un refuerzo de la política de becas a medio plazo. Con dos objetivos: fomentar la movilidad (para que el lugar de residencia no sea un impedimento para estudiar una carrera) y compensar las desigualdades (que todo alumno que tenga una renta baja familiar o personal tenga una beca "compensatoria" que le permita vivir, similar al salario mínimo interprofesional).

España destina a becas sólo un tercio (el 0,08% del PIB) de lo que dan de media los países de la Unión Europea (0,24% del PIB) del PIB, según los últimos datos oficiales (de 2006). Este porcentaje puede haber aumentado en los últimos dos años a alrededor del 0,11%, lo que sigue estando muy alejado de la referencia europea.

La primera medida sería aumentar la cuantía de las llamadas becas compensatorias para que sean verdaderos salarios. Esta ayuda ahora representa unos 2.200 euros al curso, lo que impide a muchos alumnos mantenerse con ella. Para evitar este problema tendría que ser similar al salario mínimo interprofesional.

"Las dos medidas, la de incentivar el rendimiento y la modificación de los precios públicos, deben ir unidas a una importante revisión de las políticas de becas", considera otro de los principales expertos españoles en financiación universitaria, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, Jorge Calero. "Es bueno que los usuarios sepan hasta qué punto está subvencionada su plaza, de su coste real, y esto ya se especifica en el impreso de matrícula de algunas universidades, como la de Barcelona. Como principio general está bien enfocado que se quiera incentivar la eficacia, pero también hay que tener en cuenta que no es indiferente cómo se haga", advierte Calero. "En un mundo ideal se dice que si se suben las matrículas para los que suspendan se cubrirá a los que lo necesiten porque tengan pocos recursos con becas, pero ya sabemos que el impulso de éstas está tardando en llegar, y no hay que olvidar que lo primero es preocuparse por la situación de los estudiantes sin recursos que puedan perder oportunidades de seguir la carrera".

El catedrático introduce más elementos de precaución. "Es verdad que con el sistema de encarecer las siguientes matrículas el sistema se ahorraría un montón, pero éste tendría que ser un proceso muy estudiado, con mucha cautela. Habría que estudiar a fondo, antes de poner en marcha un sistema de ese tipo, las situaciones particulares, saber qué tipo de estudiante puede estar afectado por esta medida".

Respecto al rendimiento, José Antonio Pérez -economista, gerente de la Universidad Politécnica de Valencia y economista que conoce bien estas cuestiones- apunta un interesante dato: "Se habla mucho del bajo rendimiento de los universitarios españoles, pero si se compara con los resultados de otros países de la OCDE es discutible que sea un problema diferencial de España respecto a los sistemas universitarios en conjunto. Es decir, es verdad que estamos en rendimiento peor que Reino Unido, Suecia, Noruega o Australia, que están entre los mejores, pero Alemania, Francia e Italia, por ejemplo, están peor que nosotros".

A este economista le parece "un buen mensaje" el de incentivar a los estudiantes con mejor rendimiento con la gratuidad de la matrícula. "La responsabilidad social y el esfuerzo es para todos, también para los estudiantes", argumenta. "Pero prácticamente en toda Europa los estudiantes pagan poco por sus matrículas, excepto en el Reino Unido, desde que Tony Blair subió las tasas a cerca de 2.000 libras [unos 2.200 euros]. Otra cosa es el ejemplo de Estados Unidos, donde tienen un sistema de ayudas brutal tanto para estudiar en una universidad pública como privada, pero claramente ligado al rendimiento".

José Antonio Pérez sí está a favor de que se suban las tasas. "Estoy totalmente de acuerdo con que haya incentivos por rendimiento, pero me inclino por un sistema en el que a la vez la gente sepa lo que cuesta de verdad su carrera, en que se suban las tasas, todas, pero complementado con un sistema de becas potentísimo. La gente que trabaja y estudia a la vez debería tener una beca-salario y tendría que haber amplios programas de ayudas a los estudiantes de ámbito estatal, autonómico y local".

¿Un precio alto de las matrículas no perjudicaría a los estudiantes de un entorno familiar y social de pocos recursos que no tienen los mismos referentes y apoyos culturales y sociales que otros jóvenes? Pérez es rotundo. "El que llega a la Universidad es porque quiere ir y ha pasado ya esa mili". Es cierto que donde más se pierden por el camino los estudiantes de estratos bajos es justo antes, en el Bachillerato y la FP.

También está de acuerdo con los incentivos al rendimiento otro experto en esta cuestión, el profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, José Sánchez Campillo. "Incentivar la eficacia y también hacer que la duración real de las carreras se aproxime a la teórica son importantes, pero ante cualquier reforma de este tipo no hay que perder de vista una cuestión: en los estudios sobre el acceso de los alumnos se ve que a determinados estudios más caros los que más acceden son los de las clases sociales medias y altas, y muchas de esas carreras (como las técnicas) son de las más caras. Es decir, la parte que paga el Estado por ellas es mucho mayor que en las titulaciones menos experimentales (las de humanidades, por ejemplo). Así, no se justificaría la ampliación de las subvenciones por rendimiento a esas clases sociales medias y altas".

Campillo detalla más el análisis. "Quien tiene que estudiar con una beca no elige carreras que sabe ya que son muy exigentes, sino otras en las que cree que puede no perder la beca. La realidad es que se produce un proceso de autoselección que se ve en los datos de acceso a las carreras: las clases humildes escogen carreras de ciclo corto o muy vinculadas al sector productivo que creen que pueden acabar con beca", es decir, con más fácil salida laboral. "Donde hay que impulsar la equidad, es logrando que más estudiantes sin recursos completen los estudios posobligatorios (Bachillerato y FP)", resalta este experto. La conclusión es la ya apuntada por otros. "Esto sólo hay manera de compensarlo, con una política de becas muy generosa en los niveles posobligatorios y en el acceso a la Universidad y habría que analizar si los requisitos académicos deben de seguir siendo globales para todo el país".

Aparte de las ayudas, otra de las cuestiones que puede mejorarse es la tasa de evaluación, es decir, la cantidad de alumnos matriculados que se presentan a examen. En la mayoría de las universidades no les corre convocatoria (la de junio y septiembre, o la de febrero en algunas materias cuatrimestrales). Las universidades tienen autonomía para decidir si corre convocatoria aunque no se presenten al examen. Tienen seis oportunidades para aprobar cada materia de la carrera, que serían dos por curso si les corriera automáticamente a los matriculados, se presenten o no.

Hernández Armenteros cuenta un ejemplo real. En la clase de introducción a la economía de la carrera de Turismo de la Universidad de Jaén se han matriculado este curso 130 estudiantes, se han presentado al examen 61, de los cuales han aprobado 47. Estas proporciones no son excepcionales, son habituales en numerosas materias y titulaciones. ¿Son razonables? Para la mayoría de los expertos, en absoluto. No sólo por cuestiones económicas. La cultura del esfuerzo también importa.

Susana Pérez de Pablos en El País.

La policía británica, a examen

La policía británica, a examen

Los países libres necesitan unas fuerzas de seguridad fuertes contra el crimen y el terrorismo, pero los agentes no pueden violar las libertades individuales en el desempeño de sus funciones

www.timothygartonash.com

Hay dos clases de países: aquellos en los que la gente normal y decente tiene miedo a los criminales, pero confía en la policía, y aquellos en los que la gente normal y decente tiene miedo a los criminales y a la policía. He pasado mucho tiempo en países de este segundo tipo, que seguramente siguen siendo mayoritarios en el mundo. En cambio, crecí con una idea muy de clase media británica de que mi país era un ejemplo clásico del primer grupo, más afortunado. En los últimos años, como muchos otros británicos, he empezado a dudarlo.

Ahora han ocurrido dos cosas que me han arrebatado cualquier resto de conformismo que pudiera tener. Una es el vídeo de aficionado en el que se ve al pacífico quiosquero Ian Tomlinson arrojado al suelo por un miembro del Grupo de Apoyo Territorial de la Policía Metropolitana el día de la reunión del G-20 en Londres. Aunque no supiéramos que Tomlinson murió poco después, la violencia de la agresión, repentina y sin provocación, ya sería de por sí indignante. Es como si el policía en cuestión pensara que arrojar a ciudadanos corrientes al suelo es lo más normal del mundo. Me gustaría saber si alguna persona es capaz de ver el vídeo y no sentirse conmocionada.

El otro suceso es la detención, por parte de agentes de la sección de Operaciones Especializadas de la Policía Metropolitana (y en concreto, al parecer, su Mando Antiterrorista), del portavoz del Partido Conservador en materia de inmigración, Damian Green: la intromisión que supuso el registro de su casa, sus papeles privados, su cama, su despacho parlamentario y sus ordenadores, incluida la búsqueda de las claves para obtener correos electrónicos a o de gente como Shami Chakrabati, de la organización Liberty -que no tenían nada que ver con las filtraciones que estaban investigándose- y que justificaron por lo que, según ha concluido ahora un comité parlamentario formado por todos los partidos, fue una alegación falsa de la Oficina del Gabinete -el órgano de coordinación ministerial del Gobierno- de que existía una amenaza contra la "seguridad nacional".

Es para pensar: si le puede ocurrir algo así a un destacado parlamentario de la oposición, si le puede ocurrir algo así a un transeúnte inocente, entonces le puede suceder a cualquiera. Seguramente, una persona de clase media que vive confortablemente debería tener más imaginación y saber extrapolar a partir de la experiencia de otros que sufren la brutalidad o las intimidaciones de la policía, pero los seres humanos, en general, no son capaces de eso, y la mayor parte del tiempo estamos pensando en otras cosas. Ahora, de pronto, más gente ha adquirido conciencia del problema. El presidente de la Federación Británica de Policía dice que sus colegas se sienten aplastados por una caravana de críticas antipoliciales. Críticas que no sólo proceden de los órganos de la izquierda, sino también de The Daily Telegraph, The Economist, The Spectator y The Daily Mail, publicaciones que no son precisamente bolcheviques ni suelen atacar a los polis.

Alguien puede decir que la culpa es de los propios policías. No es del todo cierto. Por supuesto, siempre hay que preocuparse por las líneas maestras de actuación, la formación y la cultura interna de unidades como el Grupo de Apoyo Territorial y el Mando Antiterrorista. Hasta en los Estados más democráticos y respetuosos con la ley existe el peligro de que los hombres y mujeres de esas unidades desarrollen una mentalidad de acoso o de guerra, se distancien de los valores y el sentido común de la sociedad que les rodea. Pero el partido político que ocupa el poder desde hace 12 años (se cumplen la semana que viene) y los funcionarios que teóricamente trabajan de manera imparcial para asegurar un buen gobierno son también responsables.

Desde 1997, el nuevo laborismo de Tony Blair y después de Gordon Brown ha estado inmerso en una especie de carrera armamentística con los conservadores para demostrar a la opinión pública lo duro que puede ser contra el crimen. Desde 2001 ha incorporado una agenda de "guerra contra el terrorismo" y se ha inclinado prácticamente siempre más hacia el lado de las restricciones que hacia el de las libertades. Hace poco, un grupo formado fundamentalmente por estudiantes paquistaníes fue objeto de una detención espectacular y acusado, nada menos que por el primer ministro, de participación en "una trama muy importante". Cuando resultó que no había pruebas suficientes para justificar los cargos, ni siquiera con arreglo a nuestras vagas leyes antiterroristas, el comisario jefe de Manchester dijo que eran "inocentes", pero, aun así, decidieron deportarlos. Se pueden imaginar las reacciones paquistaníes. ¿De verdad sacrificar su libertad ha servido para aumentar nuestra seguridad? ¿O tal vez, a largo plazo, la ha puesto todavía más en peligro?

A la policía no le ha ido mal estando en primera línea de ambas campañas, contra el crimen y contra el terrorismo. Como dijo Blair en 2004, "preguntamos a la policía qué poderes quería, y se los dimos". Se ha trazado una línea continua entre las cuestiones de seguridad nacional y la seguridad individual. Se ha llegado a pensar que la clave de la seguridad residía en tender la mayor red posible para obtener información, una red que abarcara también a personas no sospechosas de ningún delito ni propósito terrorista.

Con demasiada frecuencia, en una cultura burocrática basada en los asesores políticos y la manipulación de la información, las autoridades y los oficiales de policía no han sabido distinguir con claridad entre los intereses genuinos de la seguridad nacional y los intereses del partido que ocupa el Gobierno. ¿Cómo, si no, se explica una carta del director de seguridad de inteligencia de la Oficina del Gabinete, Chris Wright, en la que pedía una investigación policial (en vez de la habitual investigación de la propia oficina) sobre las filtraciones -políticamente embarazosas- vinculadas a Damian Green, con la hiperbólica afirmación de que "no tenemos la menor duda de que ya se ha causado un daño considerable a la seguridad nacional"?

Es preciso que ocurran varias cosas para restablecer el equilibrio. En primer lugar, la policía debe poner orden en sus propias filas. Tras las investigaciones que ya están en marcha, debe volver a descubrir cómo llevar a cabo la tarea que verdaderamente le corresponde, resumida por el inspector jefe Denis O’Connor con las palabras de la reina grabadas en la medalla de la policía: "Proteged a mi pueblo". "Mi pueblo" significa nosotros, los que vivimos en el Reino Unido; no significa que la policía se proteja a sí misma ni ahorre vergüenzas al ministro del Interior. Hay que eliminar cualquier politización incipiente de la Administración y la policía.

Es necesario reforzar el escrutinio independiente de la policía. En esta crisis, la Comisión Independiente de Quejas a la Policía debe hacer honor verdaderamente a esa I de independiente. Tendrá que haber procesamientos si las pruebas lo justifican. The Economist informa de que "nunca se ha condenado a ningún policía por asesinato ni homicidio tras una muerte producida por contacto entre la policía y la gente, pese a que sólo en los últimos 10 años ha habido más de 400 muertes de ese tipo". De ello se deriva una cuestión constitucional más amplia: necesitamos una separación de poderes como es debido en el Reino Unido, con una legislatura elegida democráticamente y un poder judicial independiente que tengan unas potestades más fuertes y más definidas para controlar a un Ejecutivo excesivamente poderoso.

En los casos recientes, esa función de control la han ejercido sobre todo los medios de comunicación, con la ayuda de ciudadanos que han hecho fotografías con sus cámaras digitales y sus teléfonos móviles. La prensa ha hecho honor a su nombre de cuarto poder. Esta colaboración positiva entre los ciudadanos y los medios independientes es algo que hay que aprovechar, no limitar. Recordemos que este Gobierno pretende convertir en delito el hecho de hacer fotos de agentes de policía, con la excusa de que podrían ser útiles para los terroristas. No cuesta nada imaginar cómo un policía enardecido habría podido abusar de ese poder y haber confiscado la cámara que grabó la agresión a Ian Tomlinson.

Hagamos estas cosas, y más, y entonces los británicos podremos volver a pensar que vivimos en un país que está en el grupo de los mejores.

Timothy Garton Ash

¿Un nuevo pacto para Europa?

¿Un nuevo pacto para Europa?

Si no existiera la UE habría que inventarla, porque no hay recetas nacionales para retos globales

Si no existiera la Unión Europea, ante la gravedad de la crisis y la magnitud de los retos globales que enfrentamos, seguramente habría muchos responsables políticos tratando de crear ese espacio público compartido para enfrentarlos con más eficacia. Sin embargo, disponemos del instrumento y lo vemos con creciente escepticismo y renacionalización de las políticas.

La necesidad del espacio de la Unión y de pactos entre todos los agentes sería más evidente si asumiéramos la magnitud del desafío que tenemos por delante con todas sus implicaciones: económico-financieras, de sostenibilidad de nuestro modelo de cohesión social, energéticas y de cambio climático. En realidad deberíamos encarar esta situación como si nuestra sociedad y nuestro aparato productivo estuvieran ante una emergencia global. Algo como una guerra incruenta que tenemos que ganar, movilizando nuestras energías contra el cambio climático, contra el paro, el hambre y la enfermedad, con los instrumentos de la sociedad del conocimiento, de la investigación, el desarrollo y la innovación en todos los campos.

Sin embargo, temo que ni la percepción de los actores es ésta ni el estado de ánimo tampoco. Hay, sin duda una grave preocupación ante la crisis y temor e incertidumbre por los efectos para amplias capas de la población. Pero seguimos insistiendo en nuestras peleas en escenarios locales nacionales, ni siquiera europeos, a la búsqueda de los chivos expiatorios sobre los que cargar responsabilidades por el paro, la pérdida de renta, la dificultad de pago de las deudas de familias y empresas.

Por mucho que se insista en la dimensión global de los desafíos, esta persistente ceguera domina nuestros debates nacionales y los medios de comunicación. Por eso, la principal tarea es explicar lo que pasa a la opinión pública, su dimensión en lo global, en lo regional europeo y en cada una de nuestras naciones. Sería un paso adelante que las campañas para los próximos comicios al Parlamento Europeo fueran explicativas y con propuestas para enfrentar la crisis, en lugar de campañas de descalificaciones y consignas arbitristas.

Es cierto que hay que aprovechar y utilizar todos los márgenes disponibles en cada lugar para minimizar las peores consecuencias de esta crisis mundial, pero es inútil creer o confiar en que tenemos recetas locales autónomas para resolver desafíos que son globales. Es cierto que podemos actuar en cada país sobre el fondo de reformas estructurales que nos preparen para un futuro que va a ser diferente a partir de esta crisis. Sistemas educativos y de formación de capital humano, relaciones industriales sobre bases nuevas, políticas que corrijan la deriva demográfica, cambios de fondo en las políticas energéticas

desde la producción hasta la distribución y el consumo.

Pero es imprescindible una política de la Unión Europea como espacio público compartido, concertada con Estados Unidos y con otros actores internacionales como los reunidos en el G-20.

Como no es éste el enfoque, la confusión aumenta y se residencia cada día más en los políticos locales, sean del color que sean, las responsabilidades sobre lo que está ocurriendo, olvidando que ha sido la ausencia de una normativa aplicable global y localmente, lo que está en origen de esta gran burbuja financiera que nos ahoga con su implosión. Enfrentamos una crisis de gobernanza global sin instrumentos para corregirla.

La convicción dominante durante años de que el mercado se autorregulaba a través de su "mano invisible" apartó a la política de su función reguladora como un estorbo para el crecimiento, con la misma fuerza que ahora se exige a los políticos que reparen el desastre. Ya no hay más responsables que los Gobiernos de turno. Ya se habla poco de los autores del desaguisado y menos de las causas profundas que nos han llevado a esta situación. Sólo queda la exigencia de responsabilidad a los Gobiernos, la búsqueda irracional de chivos expiatorios en el ámbito en el que no estaban esos responsables, en el de la política.

El mundo ya cambió y nosotros no. La crisis pone de manifiesto la existencia de un antes y un después que se viene gestando desde hace más de dos décadas, con la revolución tecnológica y la caída del muro de Berlín.

No es racional ni sostenible un sistema financiero que funciona con todas las tecnologías de la sociedad de información, creando productos sin bases reales, sin contabilidad, en un mercado mundial interconectado y permanente que no tiene reglas ni, por tanto, previsibilidad o control. Sus flujos han sido diez veces más que los de la economía real o el comercio.

No es racional ni sostenible el modelo productivo basado en el consumo masivo de energías no renovables que nos abocan a una crisis de oferta inevitable y que aceleran el cambio climático hasta lo irreversible.

No es racional ni sostenible una distribución del ingreso tan desigual entre los seres humanos, más allá de la incorporación en esos años de una parte considerable de la humanidad al consumo, porque estallarán los conflictos, ahora agudizados por el incremento de la pobreza y la marginalidad.

La Unión Europea como tal y los países que la componen tienen que hacer un esfuerzo, acompañado de acuerdos sociales, económicos y políticos con todos los actores. Para incrementar las medidas anticíclicas, que rescaten y saneen el sistema financiero, capitalizándolo, y que aumenten la inversión pública generadora de empleo, porque la recesión sigue profundizándose y pocas áreas económicas tienen márgenes para cambiar la tendencia. Tiene razón Obama cuando pide ese esfuerzo mayor y coordinado.

Para revisar ya la Agenda de Lisboa, activando negociaciones para un pacto por la productividad y la competitividad en la economía global. Con políticas que mejoren en capital humano y orienten la formación hacia más y mejor investigación, desarrollo e innovación. Y ese pacto para avanzar hacia el frustrado objetivo de la Agenda de convertir a Europa en potencia económica y tecnológica de primer orden debe ir ligado al modelo de cohesión social que deseamos preservar y que debemos poder financiar sosteniblemente con una estructura productiva para el siglo XXI.

Para desarrollar una política energética nueva, que aumente nuestra autonomía y seguridad, mejore la eficiencia y cumpla los objetivos de aumentar la participación de las energías limpias y renovables, hasta producir un modelo cargado de oportunidades tecnológicas y de empleo, capaz de combatir eficazmente el cambio climático.

Para desarrollar políticas migratorias más allá de la coyuntura en la que se asuma su necesidad, teniendo en cuenta nuestra demografía, se implementen políticas de frontera, de cooperación para el desarrollo de los países emisores y de lucha contra el tráfico de personas.

Para conseguir estos objetivos necesitamos una política exterior y de seguridad que nos haga relevantes ante el mundo y contribuya a luchar contra el crimen organizado, el terrorismo internacional y las situaciones de conflicto.

El nuevo Parlamento Europeo y las demás instituciones que se habrán de renovar tienen la oportunidad de impulsar estas políticas y superar la desconfianza y el distanciamiento de los ciudadanos de la Unión.

Felipe González es ex presidente del Gobierno español.

El capitalismo se ha convertido en un cadáver

El capitalismo se ha convertido en un cadáver

En septiembre de 2007, cuando salió a la luz la gigantesca problemática económica creada por las hipotecas de alto riesgo, empezó a constatarse que el ritmo del crecimiento económico actual es totalmente insostenible. Desde entonces, cada vez hay más desempleo, más compañías que suspenden su actividad y más entidades financieras con dificultades.

En opinión de Santiago Niño Becerra (Barcelona, 1951), catedrático de Estructura Económica de la Facultad de Economía IQS, de la Universidad Ramón Llull, "la deuda acumulada por el actual modelo económico no va a resolverse con más deuda, sino con profundas transformaciones estructurales". Autor de El crash del 2010 (Los libros del Lince) afirma que "se avecina una crisis de proporciones gigantescas, totalmente inevitable, muy parecida a la de 1929, salvo por la diferencia de que ahora la caída está produciéndose a cámara lenta".

Pregunta. Según ha dicho, todavía estamos en periodo de precrisis...

Respuesta. Sí, lo peor está por llegar. Aunque no queramos reconocerlo, este sistema ya ha cumplido con su función en la historia de la evolución de la humanidad y se halla en vías de agotamiento. La crisis de las hipotecas basura, los niveles descontrolados a los que se ha llevado la economía financiera y los montos de deuda privada desmesurados e inasumibles son indicadores de este agotamiento, cuyo punto de no retorno se alcanzó en 1973 y su máximo entre 2003 y 2006. A partir de ese año comenzó a gestarse el crash que se producirá a mediados de 2010.

P. ¿No se puede evitar?

R. No, es algo que tiene que suceder para que la evolución natural de los acontecimientos siga su curso.

P. ¿Y qué opina de usar dinero público para capear la situación?

R. Comprendo por qué y para qué se hace, pero no servirá de nada. La economía mundial lleva años funcionando por inercia, con el piloto automático, sin tener que enfrentarse a una verdadera crisis. De ahí que el sistema no esté preparado para actuar en situaciones de verdadero riesgo, como la actual. Por ello, las medidas que están adoptándose tan sólo servirán para ir tapando agujeros, sin un plan determinado, intentando salvar la situación y creyendo que se trata de un revés temporal y superable.

P. Pero no será así...

R. La crisis que se avecina no será como las de 1993 o 2000. Lo que viene ahora no va a poder taparse. Es algo gordo de verdad: una crisis sistémica.

P. ¿Crisis sistémica?

R. Sí, es aquella que da lugar a un cambio que afecta de forma profunda e irreversible al modo de organización y producción del sistema, así como a su manera de atender y entender su realidad social. Al transformar completamente la forma en la que se han venido haciendo las cosas, esta crisis supondrá un trauma para la sociedad. Pero es algo cíclico, totalmente natural. De hecho, la crisis sistémica que se iniciará en 2010 será la decimonovena que se ha producido en los últimos dos mil años.

P. ¿Significará el final del capitalismo?

R. No, pero sí el principio de su fin. Los sistemas económico-sociales, con ligerísimas variaciones, suelen durar unos 250 años. Y dado que el capitalista comenzó su andadura oficial con la llegada de la Primera Revolución Industrial, en 1820, terminará aproximadamente en 2070. De ahí que se esté convirtiendo en un cadáver económico.

P. ¿Qué pasará a partir de 2010?

R. Por mucho que políticos, banqueros y empresarios intenten hacernos creer que aquí no va a pasar nada, vamos a vivir el hundimiento de la economía entre 2010 y 2012, seguido de un periodo de estancamiento hasta 2015 y, posteriormente, una lenta recuperación hasta 2020. Así, cuando se produzca el crash de 2010 comenzará la paulatina imposición de limitaciones en el uso y el consumo de recursos, tanto a través del aumento de sus precios, como de la restricción o denegación de su consumo, lo que acarreará la muerte de algunas actividades, que se revelarán ineficientes.

P. Y los ciudadanos, ¿qué podemos hacer?

R. Ha llegado el momento de responsabilizarnos de nuestra propia vida. Mi recomendación es que cada persona se dedique a trabajar en algo que le apasione, que realmente tenga sentido y que sea verdaderamente útil y necesario para la sociedad. Lo digo porque sólo quienes sean los mejores en su campo de especialización y aporten verdadero valor añadido a sus organizaciones tendrán garantizado un empleo a tiempo completo. Esta nueva filosofía tendrá su eje en el concepto de responsabilidad personal, que comienza con el autoconocimiento y el desarrollo personal y tiene consecuencias sobre la elección de nuestra profesión, nuestro estilo de vida y nuestro consumo.

P. ¿Algún consejo más?

R. Quien tenga deudas, que las cancele cuanto antes o que las reduzca cuanto pueda, y que no se endeude más. Y antes de comprar cualquier cosa, que cada cuál se pregunte si verdaderamente lo necesita. La crisis de 2010 va a obligarnos a vivir de acuerdo con nuestras necesidades y no nuestros deseos. Dado que vamos a dejar de ir a más para empezar a ir a menos, lo necesario va a volver a ser lo único importante. Conceptos como "utilidad", "eficiencia" y "aprovechamiento" van a ser protagonistas, así como "colectivo", "coordinación", y "colaboración". No va a quedar más remedio que abandonar el individualismo y trabajar conjuntamente para lograr una mayor optimización en la gestión y el uso de los recursos. Como ha ocurrido siempre, este tipo de cambios se producen debido a una necesidad económica.

Santiago Niño Becerraes Catedrático del IQS, Universidad Ramón Llull.